Por Jorge Augusto Cardoso.-

Bloqueo de empresas y de calles. Vandalismo y usurpaciones en el sur. Toma de edificios públicos, de escuelas. Violencia urbana cotidiana. Paros justificados sólo por la ideología. Todo se permite; por eso el escalamiento de la protesta y el desborde. La dimisión de las autoridades a actuar, la pusilanimidad de las sanciones y, sobre todo, el retardo con que se aplica, crean inevitablemente un clima propicio al contagio de la agresión con saña y la delincuencia. Trabajar por un salario modesto, acorralado en los largos viajes al empleo ¿para qué, cuando amotinados, cortando calles, tomando edificios y parando la producción se obtiene del gobierno lo que desean?

Antes, la falta de civismo se castigaba; hoy se resarce; todo comenzó con quienes en la década del 70 se alzaron contra un gobierno constituido; en la actualidad fueron indemnizados; así, se concluye que la violencia es pagadora; ¿Por qué detenerse? ¿Por qué no imitarla?

El Estado, poder público, tiene el deber de hacer respetar las reglas de convivencia y la ley. No debería mirar para otro lado a la espera de que la providencia resuelva.

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