El Gobierno promueve la deshonestidad

Por Elena Valero Narváez.-

El nivel de vida de un país depende de su capacidad de producir bienes y servicios, por lo tanto, el ahorro es un importante determinante, a largo plazo, de la productividad. Si aumentáramos la tasa de ahorro, la del PBI también aumentaría y los ciudadanos disfrutaríamos con el tiempo de una mejor calidad de vida.

La baja tasa de ahorro es atribuible, en gran parte, a la legislación tributaria. El problema a corregir es que el Gobierno recauda ingresos gravando la renta. Habría que modificar la legislación tributaria para fomentar el ahorro, tener una legislación que permita proteger, parte de ellos, de los impuestos. De esta manera la gente ahorraría más, consumiendo una proporción menor de su renta, para aumentar sus depósitos en los bancos, o para comprar más bonos, por ejemplo. La resultante de la modificación de la ley tributaria, en éste sentido, reduciría los tipos de interés y aumentaría la inversión. También, podría establecerse una reducción fiscal a toda empresa que construyera una nueva fábrica.

Reduciendo el déficit presupuestario, nuestro problema más apremiante, se detendría el crecimiento de la deuda pública. La consecuencia de no haberlo hecho es la peligrosa disminución de las inversiones al comprimirse la oferta de fondos prestables, para financiarla. Por este problema ha subido la tasa de interés, desanimado a los inversores, y el Estado sigue expulsando a prestatarios privados, o sea, expulsando inversión y reduciendo el crecimiento de la productividad y del PBI.

Pero ¿cómo cambiar el sistema que nos ahoga e ir hacia un mercado libre y competitivo realizando las reformas tributaria, laboral y del Estado necesarias para regresar a la línea recta, en el ambiente de deshonestidad actual?

¿Quién ha alterado el mecanismo de mercado? ¿Quién abusa de su fuerza para envilecer la moneda y el ánimo de progreso? ¿Quién convirtió en respetables a aventureros y ladrones y en tontos a los hombres que tenía hábitos de ahorro y de trabajo? ¿Quién hizo de la deuda crónica y del desprecio al trabajo bandera de reivindicaciones? Fueron los gobiernos, que con pocas excepciones, se sucedieron desde el 43 en adelante. Nos han hecho caer en un régimen institucional de valores trastocados, convertido en legal. Hoy se considera constitucional lo anticonstitucional, y el cínico juego de las palabras disfraza hechos reales apelando a la democracia, la igualdad, y la justicia. Tanto, el nuevo vocabulario que confunde a los que tienen menos instrucción, como enmarañar normas constitucionales, son expresiones concretas de deshonestidad, formas corrientes de fraude político y económico, que se aceptan como hechos consumados, y permanentes, sin más análisis ni critica. Combatirlos no es tarea sencilla para quienes lo intentamos.

La evasión fiscal en Argentina es superior a muchísimos países, y además es aceptable: los contribuyentes obligados a absorber los gastos del Estado se ven sometidos a la violencia y presiones fiscales buscando la forma de eludirlos. Dejan así de ser sujetos pasivos ante tanta carga tributaria- ni los más ricos pueden cubrir los barbaros requerimientos de los gobiernos- para iniciar el camino obligado de la deshonestidad. En resumen, para mantener la integridad patrimonial y no ser robados legalmente por el Estado, los contribuyentes deben convertirse en deshonestos obligados. Malgastan tiempo y esfuerzo en aprender cómo escaparle al fisco. El comerciante, cuando compra a los proveedores, debe hacer arreglos espurios que beneficia a ambos. Documenta algunas ventas sin facturar, el comprador hace lo mismo, y de esta forma, crean un mercado paralelo. Evitan IVA y Ganancias. La gente acaba por corromperse, porque “todos lo hacen” y terminan pensando que es normal.

Los pobres dan argumento a los funcionarios intervencionistas para aumentar la carga fiscal, sin hablar de la inflación, impuesto adicional que no es como los demás, porque no se emite, por él, una factura. Cuando el gobierno imprime dinero, el nivel de precios sube, por lo que los billetes que tenemos en la billetera valen menos, por lo tanto, es un impuesto sobre todas las personas que tienen dinero. No olvidemos los controles de cambio que despojan al productor quitándole la mitad, o más, del producto bruto, cobrándosele, además, el impuesto a los réditos, a las ventas, a las actividades lucrativas, y otros.

Empresas importantes en lo económico y comercial, que no gozan de ningún monopolio creado por el proteccionismo estatal, terminan sin poder aguantar esta maligna estructura económico -financiera, convirtiéndose en deudoras del Estado. Durante el gobierno del ex presidente Macri, vimos desfilar a varios de ellos, acusados de ser socios, en la deshonestidad, del Estado. Un ejemplo claro, fue el de Cristóbal López, con el tema de los combustibles. Amparado por AFIP no realizó los aportes correspondientes, utilizando ese capital proveniente de impuestos retenidos para otras inversiones, Evidentemente en connivencia con el Gobierno. Es el sistema el que corrompe.

¿Cómo han podido ignorar los gobiernos que ese despojo a unos es el subsidio a otros? La deshonestidad juega un papel preponderante en este sistema donde se deja de lado la operatividad del mercado. El dirigismo y planificación de la economía, crea medidas incumplibles, por lo cual están destinadas a ser violadas, convirtiendo, a todos los ciudadanos, en infractores y defraudadores. El contribuyente, salvo el que tiene protección oficial, está destinado a la ruina, por ello, termina por no cumplirlas violando la ley, después de intentar una defensa legal, casi siempre no exitosa, ya que el sistema hace que los jueces crean en la omnisciencia del Estado o lo sostienen por temor a empeorar su situación, y la de sus familias.

El Gobierno es quien debería rectificar el rumbo de la mejor manera posible: devolviendo su valor social a todas las virtudes que son pilares de la organización social en lugar de continuar agraviándolas. Nuestros representantes en el Congreso deben terminar con la arbitrariedad y abuso en la legislación corrigiendo, como medio de restablecer los valores éticos, las relaciones afectadas, entre el fisco, el contribuyente y los funcionarios del gobierno.

La ética debe presidir todo el quehacer humano, incluso el político- económico. La deshonestidad no es un clima propicio para desempeñar ninguna actividad ya sea individual o social. Cuando la sociedad no ofrece al hombre, sino desorden e incertidumbre, el comportamiento humano resulta profundamente modificado, se alteran las perspectivas tradicionales de los destinos individuales, la moralidad cambia, los valores aceptados se derrumban.

El presidente y su equipo no parecen decididos a cambiar el rumbo. Lo muestra claramente la gente en la calle considerando al país menos estable que antes y el repentino movimiento de salida de capitales. Cuando los inversores de todo el mundo observan que hay problemas políticos deciden invertir en otros países.

La política del gobierno basada en hacer crecer el mercado interno no se llevará bien con la realidad, implica cerrar la economía imponer aranceles y restricciones comerciales .La orientación de la economía hacia adentro hará que Argentina no se beneficie de las ganancias derivadas del comercio. Argentina orientó, de esta manera, su política durante buena parte del siglo XX. En cambio, Corea del Sur, Singapur, y Taiwán, disfrutaron de elevadas tasas de crecimiento económico por el camino inverso. Los ciudadanos de todos los países compran cada vez más bienes producidos en otros países y producen bienes que venden en el extranjero. Para entender nuestra economía debemos comprender como se interrelaciona con otras economías del mundo.

El Gobierno kirchnerista tiende a culpar, como responsables de la política económica, a los extranjeros, son un blanco fácil, culpándolos se evita asumir responsabilidades sin insultar al electorado nacional. Pero, en realidad, nuestros problemas son nacionales. Considerar, por ejemplo, que la competencia es un enemigo del nivel de vida de un país, es un error enorme. Se queja de que no se invierta, culpando a los argentinos que tienen sus ahorros en el exterior o debajo del colchón. La gente quiere comprar dólares porque constituyen un depósito de valor más estable. El bajo ahorro impide que crezca el capital, la productividad y el nivel de vida.

Por la crisis, el Gobierno ha emitido una enorme suma debido a sus elevados gastos, ingresos insuficientes y una reducida capacidad para obtener préstamos, por lo tanto, seguirá recurriendo a la emisión espuria para financiarse. Solo puede morigerar los índices de inflación recurriendo a reformas fiscales como la reducción del gasto público que eliminaría el desagradable impuesto de la inflación. Si sigue recurriendo a la emisión monetaria hay riesgo de una hiperinflación.

No podremos progresar sin que llegue al poder un gobierno que avale el ahorro y la inversión, la productividad, el conocimiento y cualificación de los trabajadores, por medio de la educación, la formación, y la experiencia. También los conocimientos tecnológicos para producir bienes y servicios, las inversiones propias y del extranjero, respete la propiedad privada y las instituciones republicanas y nos permita beneficiarnos de las ganancias del libre comercio con otros países. Buena parte de la población lo sabe, por eso hay tanta preocupación por el futuro.