Por Hernán Andrés Kruse.-

En su edición del viernes 21 de octubre, La Nación publicó un artículo del investigador Oscar Oszlak titulado “Calidad democrática, la hora de los ciudadanos”, en el que analiza una inquietante cuestión: en qué medida es posible la democracia si los ciudadanos no lo son. Gran parte de las investigaciones en torno a la democracia se han basado en el examen de la calidad democrática desde el punto de vista procedimental, es decir, de las reglas de juego y de los estilos de gestión de los gobernantes. Pero casi brillan por su ausencia las investigaciones sobre la cultura política ciudadana, las percepciones, actitudes y comportamientos de los ciudadanos. Oszlak resume la cuestión formulando la siguiente pregunta: “¿es concebible una democracia si los ciudadanos no son verdaderamente democráticos?” Oszlak hizo, junto a otros investigadores, un estudio que ayuda a reflexionar sobre esta pregunta.

El politólogo O´Donnell tildó a la democracia argentina de delegativa. Una vez que el gobernante accede al poder mediante el voto popular, cree que está legitimado para gobernar sin límite alguno, cree que el pueblo le extendió un cheque en blanco para ejercer el poder a su antojo. Consideró que dentro de la Argentina hay zonas donde la democracia brilla por su ausencia, los ciudadanos no son tales, los caudillos imponen su voluntad (las zonas “marrones”). Oszlak hizo su investigación basada en datos recogidos entre 2003 y 2009 por el Programa de Auditoría Ciudadana, que encuestó a ciudadanos de 47 municipios de todo el país(unos 10 millones de habitantes), logrando demostrar que así como hay zonas “marrones” también hay zonas donde la ciudadanía se siente más identificada con los valores de la democracia. El equipo de investigadores conducidos por Oszlak se valió de las encuestas para hacer un análisis de la cultura cívica y grados de participación de los ciudadanos, el trato de los gobernantes y rendición de cuentas a la ciudadanía. De esa forma logró detectar profundas diferencias entre poblaciones en función del nivel socioeconómico, nivel de educación, tipo de ocupación, momento del ciclo económico, tamaño del municipio y el partido político en ejercicio del poder. La investigación sugiere que la calidad de la democracia se ve afectada por una serie de factores: a) la personalidad de los encuestados, b) la coyuntura económica vigente, c) el sistema local de dominación política, d) la envergadura del municipio y e) el signo político del partido que está en el poder en ese momento.

Oszlak rememora el momento en que le tocó asumir a Néstor Kirchner. En mayo de 2003 el país estaba bajo los efectos devastadores de la crisis de 2001. En consecuencia, la ciudadanía sentía poco afecto por los valores democráticos. Con el correr del tiempo y a medida en que fueron mejorando los indicadores de la economía, la democracia comenzó a ser más valorada por la ciudadanía. En 2004 las encuestas señalaban que el 58,9 por ciento consideraba que la democracia era el mejor gobierno posible mientras que un 18% creía que en situación de debacle económica es preferible tener un gobierno autoritario. Además, un 15% manifestó que le daba lo mismo vivir en democracia que en dictadura. En 2009, cuando se habían esfumado los coletazos de la crisis, el 70,7% manifestó su apoyo a la democracia mientras que un 19,1% se mostraba partidario de la dictadura. Por su parte, se redujo al 10,2 por ciento el grupo de ciudadanos que consideraba que les resultaba indiferente uno u otro régimen. La economía constituye, pues, un factor fundamental de la cultura democrática. En 2004 también se preguntó a los ciudadanos si la democracia podía prescindir del Congreso y los partidos políticos. En ese entonces una tercera parte respondió por la afirmativa. Cinco años después esa proporción había bajado ostensiblemente. Las encuestas demostraron que la preferencia por la democracia se incrementa a medida que es mayor el nivel socioeconómico y educativo de los ciudadanos. El 28,1% de los encuestados se mostró muy convencido de la capacidad de la democracia para mejorar la calidad de vida y un 34,0 por ciento se mostró bastante confiado. Por su parte, apenas el 7,9 por ciento reconoció no estar para nada convencido. Los sectores de menores recursos económicos demostraron un mayor descreimiento respecto al rol de las instituciones educativas en la promoción de los valores democráticos. Las encuestas demostraron que “la calidad democrática se halla inversamente correlacionada con gobiernos populistas, mientras que los ciudadanos que habitan en pequeños municipios gobernados por partidos vecinalistas aparecen apoyando más la democracia que sus conciudadanos habitantes de localidades más grandes y gobernadas por partidos políticos nacionales”.

El estudio concluye afirmando que “no todos los ciudadanos argentinos son igualmente democráticos. El ciclo económico proporcionó una explicación parcial de este resultado. El tamaño del municipio y partido político gobernante agregó algunas otras claves. El nivel socioeconómico y educativo de la población incorporó otras dimensiones críticas para explicar las diferencias, en tanto que la cultura de la participación parece tener un impacto menor sobre la calidad democrática que los otros factores. De los 47 municipios analizados, el “más democrático” resultó ser la pequeña localidad de Libertador San Martín en la provincia de Entre Ríos, un pueblo adventista gobernado por un partido vecinalista. Y el “menos democrático”, Comodoro Rivadavia, ciudad dependiente de la actividad petrolera, gobernada entonces por el justicialismo y con población relativamente reciente y con escaso arraigo” (…) “En definitiva, la cuestión de la calidad democrática y la pregunta acerca de por qué algunos ciudadanos son más democráticos que otros son de suma relevancia y deberían recibir mayor atención de los investigadores. La democracia no es simplemente una cuestión institucional de carácter puramente procedimental. Su calidad también depende de la cultura, los valores y el comportamiento de su contraparte, los ciudadanos” (fuente: Oscar Oszlak, “Calidad democrática, la hora de los ciudadanos”, La Nación, 21/10/016).

Según el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, con el bono extraordinario de fin de año (2000 pesos) “los trabajadores que se vieron afectados durante el primer semestre, hoy se ven compensados”, lo que “permitirá arrancar 2017 con una inflación más controlada y que la paritaria no lleve el arrastre de la inflación anterior”. De esa forma Cambiemos consideró cubierta, en buena medida, la caída del poder adquisitivo ocasionada por la inflación de este año. Dijo el ministro que “teniendo en cuenta que el promedio de la negociación paritaria salarial fue del 34 por ciento, habilitamos que se negocie con las partes con una base de referencia de 2000 pesos”. La realidad es muy diferente. Esa “reparación” de la pérdida del valor del salario a realizarse a fin de año debería ser varias veces mayor a la propuesta. Según un estudio dado a conocer por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) el gremio metalúrgico debería recibir un bono, si pretende empatar la caída del valor del salario, de 14.867,60 pesos, cifra que es casi siete veces y media superior a la del bono. Si se tratara de los gastronómicos, el bono ascendería a los 13.435,71 pesos mientras que en caso de tratarse de los empleados de Comercio el bono debería ser de 12.975, 08 pesos. Con el argumento del bono de fin de año, el gobierno ha actualizado su argumento de no reabrir las paritarias. A comienzos de agosto Triaca expresaba que “no hay motivos para reabrir paritarias”, ante la andanada de reclamos y la existencia evidente del desfasaje de las paritarias en relación con la inflación. En septiembre el presidente de la nación afirmó de manera tajante que “no vamos a reabrir las paritarias, ya fueron negociadas”, a pesar de la decisión del nuevo triunvirato cegetista de no abandonar esa bandera. La semana pasada tuvo lugar el primer encuentro entre el gobierno y la cúpula de la CGT, que continuó esta semana con la constitución de la Mesa de Diálogo. En la primera reunión el gobierno propuso por su cuenta un bono de mil pesos para las jubilaciones mínimas, los beneficiarios de planes sociales y las familias que son recipiendarias de la AUH. En la segunda reunión surgió la propuesta del bono de 2000 pesos para los trabajadores privados, sujeto a discusión entre empleadores y empleados. En las últimas horas el Indec dio a conocer el valor actualizado de la canasta básica de alimentos para un matrimonio con dos hijos, que trepó hasta los 5.287,67 pesos mensuales (la línea de indigencia). A fin de año ese valor representará unos 170,60 pesos diarios. Ello significa que el bono de 1000 pesos no le permite a una familia tipo cubrir durante seis días sus necesidades más elementales.

El bono de fin de año tampoco ayuda a los asalariados a saldar la pérdida del valor de su salario, incluso si se produjera el milagro de que todos los empleadores decidieran otorgarlo. Según el estudio de CEPA, hecho sobre la base de los convenios colectivos correspondientes a 13 sectores diferentes durante dos períodos paritarios (2015/16 y 2016/17), surgen relevantes conclusiones respecto a la caída del poder adquisitivo frente a la espiral inflacionaria verificada a partir de fines del año anterior, es decir desde que el flamante presidente Macri decidió devaluar el peso. Durante el primer período (2015/16) los 13 gremios en cuestión perdieron en promedio un 7,02 por ciento, teniendo en cuenta diferentes meses base-entre abril y julio del año anterior, según la fecha de puesta en vigencia del convenio de cada sector-. El gremio que mayor pérdida del valor del salario sufrió fue el petrolero (13 por ciento), la que se explica por el incremento de salarios del 27,8 por ciento (julio del año pasado a julio de este año) contra una inflación que trepó al 46,9 por ciento. Lo notable del caso es que si el ritmo inflacionario detectado entre enero y octubre del año pasado se hubiera mantenido a lo largo de 2016, el acuerdo del gremio petrolero hubiera arrojado un incremento del valor de su salario del 1,36 por ciento. El proceso devaluatorio desatado por Macri provocó el derrumbe del valor del salario de los petroleros, en suma. Camioneros, Encargados de Edificios y Estatales de UPCN también sufrieron duras pérdidas salariales: 10 por ciento. Son gremios que no hubieran sufrido semejante caída de su poder adquisitivo de no haberse acelerado el proceso inflacionario. Gastronómicos y Sanidad negociaron en junio del año pasado. Un año después su poder adquisitivo bajó del 8 al 9 por ciento. Por su parte, los gremios que firmaron en abril y mayo tuvieron mermas de su poder adquisitivo no tan pronunciadas (3 al 5 por ciento) a raíz de la menor cantidad de meses de alta inflación al que se vieron expuestos. Son los gremios de la metalurgia, el papel, el comercio, la construcción, la gráfica y la alimentación. Sólo el gremio bancario, cuyo acuerdo está vigente de enero a febrero, logró empatarle a la inflación. Para el próximo período (2016/17) los 13 gremios han negociado aumentos que van del 30 por ciento para papeleros y petroleros al 39 por ciento para el comercio y la construcción. Según el IPC de la CABA la inflación proyectada hasta agosto oscila entre un 40,25 por ciento para bancarios (el período negociado comienza en enero de 2016) y un 21,29 por ciento para petroleros y camioneros (el período comienza en julio). Si se verifica ese panorama inflacionario optimista once de los trece gremios lograrían recuperar parte del poder adquisitivo que perdieron durante el período anterior, pero si se suman ambos períodos de paritarias los sectores que se ven beneficiados son únicamente tres (ganan menos del 2 por ciento) y el resto se ve perjudicado (casi el 7 por ciento). Una vez más se confirma la teoría económica: la inflación termina por corroer el poder adquisitivo del salario del trabajador mientras una élite obtiene pingües ganancias a costa del deterioro general de vida de la población (fuente: Raúl Dellatorre, “Pérdida salarial de 14 mil se compensa con 2000”, página 12, 21/10/016).

Federico Sturzenegger se mostraba exultante. Durante los primeros días de octubre las reservas internacionales aumentaron 11 mil millones de dólares. Aprovechó la ocasión para expresar jubilosamente que la autoridad monetaria tenía sobrada capacidad para sumar activos en moneda extranjera a su hoja de balance. Sin embargo, no todo lo que reluce es oro. Lo que el funcionario calló fue que este incremento se debió no a la capacidad para generar superávits comerciales o atraer inversiones foráneas directas para fomentar la producción, sino al ingreso de deuda a las cuentas del sector público. En un artículo publicado por Página 12 el 21 de octubre Federico Kucher (“El viejo truco de la deuda”) expresa que el Banco Central dio a conocer en los últimos días dos informes que son vitales para comprender la lógica económica del gobierno de Cambiemos. Uno es el balance cambiario y el otro es el informe sobre bancos. En el primero quedó constatado el incremento sin interrupciones de la salida de capitales a raíz del atesoramiento de divisas de los sectores de altos ingresos y el giro que realizan las multinacionales de sus utilidades a sus respectivas casas matrices. El segundo sirvió para confirmar un “secreto” que todos conocían: el negocio financiero obtuvo una impresionante rentabilidad a lo largo del año. En el último día hábil de septiembre las reservas alcanzaron los 29.902 millones de dólares. El 20 de octubre las reservas se elevaron a 40.630 millones, lo que significa que en 20 días se registró un incremento de 10.782 millones. De esa forma las reservas se situaron en el nivel más alto desde el año 2013. Estos nuevos dólares-10.782-no son más que deuda del gobierno. El 3 de octubre ingresaron 2776 millones de dólares en concepto de Letras del Tesoro-Letes-que luego fueron registradas en el rubro “otras operaciones del sector público”. Nueve días más tarde (octubre 12) entraron otros 2748 millones de dólares vinculados a la colocación de títulos en euros en el mercado de capitales internacional. El 17 (justo el día de la lealtad peronista) entraron a las cuentas del sector público 3970 millones de dólares provenientes de acreedores internacionales. Esta ola de endeudamiento fue aprovechada por los gobernadores para incrementar sus pasivos en moneda extranjera. Por su parte, el balance cambiario puso en evidencia un marcado deterioro de las cuentas públicas. La cuenta corriente es aquella en la que se registran las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, y también se anotan los pagos de los intereses de la deuda externa y el envío de utilidades al exterior de las multinacionales. Entre enero y septiembre dicho balance arrojó un déficit de 11.418 millones de dólares, unos 5000 millones de dólares más que el déficit del año anterior (6229 millones). Las transferencias de dividendos a las casas matrices ascendieron a 2179 millones de dólares (182 millones el año anterior) mientras que el pago de intereses de la deuda ascendió a 9057 millones (en 2015 había sido de 4268). Por último, la fuga de capitales también puede explicarse por la formación de activos. Mientras que el año pasado se compraron 7035 millones de dólares para ahorro, este año la cifra ascendió a los 18.533 millones de dólares. Según Kucher “estos desequilibrios por la salida de dólares del mercado interno fueron cubiertos con endeudamiento y explica que las reservas del Central no hayan anotado una fuerte contracción este año”.

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