Por Carlos Pissolito.-

El término sinergia fue utilizado por primera vez por Émile Littré en el marco de la fisiología médica, definiéndola como el concurso de varios órganos que trabajan asociados para cumplir con una función determinada. Luego se popularizó y pasó a ser usado por varias ciencias para significar al incremento de la energía de un proceso mediante la concurrencia de varios factores.

Por los general la sinergia se da en el marco de los denominados fenómenos irreversibles. Aquellos que tienen un principio, un desarrollo y un fin. Por extensión, puede haber sinergia, tanto en procesos que tiendan al orden como al desorden.

Por ejemplo, a fines del 2013 sufrieron 21 provincias argentinas el fenómeno conocido como huelgas policiales. Uno que vino acompañado por varios hechos de violencia y de saqueos a diversos negocios, especialmente supermercados.

Esa vez el saldo fue de 18 muertos, aunque algunos dudan que esta haya sido la cifra definitiva, cientos de heridos y un costo de unos $600 M de pérdidas estimadas por la Confederación Argentina de la Empresa que afectaron a unos 2.000 comercios.

Nos preguntamos qué magnitud podría adquirir este fenómeno si concurrieran sinergéticamente otros factores. Tales como: un creciente malestar social, la manipulación política por parte de grupos, interesados signos de indisciplina policial y la ausencia de medidas efectivas para conjurar la crisis.

La obvia respuesta sería un fenómeno de magnitud superior a los conocidos. Analicemos a cada uno de los factores involucrados.

Para empezar, podemos decir, objetivamente, que uno de cada tres argentinos vive en condiciones de pobreza. Sin que ello, por sí solo implique que los que lo sufren se sientan inclinados a conductas criminales. No puede negarse, la posibilidad de que -al menos- un pequeño porcentaje de ellos sí lo esté.

Llegado a este punto, poco importa si lo hará en forma espontánea o a caballo de otras situaciones que bien pueden ser manipuladas por grupos interesados en generar desorden. Como, por ejemplo, la promoción de saqueos que podrían ser iniciados en forma programada, pero continuar fruto del impulso sinérgico de la necesidad de muchos.

Un factor importante es admitir, porque lo han reconocido ellos mismos, es que hay grupos políticos interesados en generar desorden por aquella vieja consigna de: «cuanto peor, mejor». Pues, a los interesados en la revolución, aun en las imaginarias y postizas, le interesan más las condiciones revolucionarias subjetivas que las objetivas, tal como lo reconociera el padre de todos ellos, el ruso V.I. Lenin.

Otro factor que puede funcionar como el catalítico de toda la situación es la posibilidad de la extensión de huelgas policiales simultaneas en varias provincias. Diversos y numerosos actos de indisciplina en varias de ellas, incluida la Policía Federal, son un claro indicio de su deterioro institucional y que las sucesivas reformas no han hecho más que incentivar.

Este es un factor clave, pues si se diera en forma simultánea dificultaría o hasta impediría la concurrencia de fuerzas federales para proveer seguridad.

Aunque no puede descartarse que esas mismas fuerzas federales, también, puedan sumarse ellas mismas a la huelga policial como ya ha sucedido en el pasado.

Llegado a este punto, cabe preguntarse qué hacer.

Si el desorden se extendiera por la generalización de saqueos y otros hechos de violencia concomitante y la paz y la tranquilidad de los argentinos se viera en peligro. Solo restaría el recurso del empleo de las fuerzas armadas en resguardo, no solo de la vida, los bienes y las libertades individuales; por sobretodo, de la supervivencia del Estado mismo.

Para este caso extremo, nuestra Ley de Seguridad Interior prescribe la necesidad del dictado previo del “Estado de Sitio” en la Provincia o región afectada.

Como tal, el estado de sitio es considerado una medida excepcional y extraordinaria cuya declaración compete a los poderes políticos del gobierno federal. Corresponde al Poder Legislativo la declaración del mismo; mientras que al Ejecutivo proclamarlo mediante la emisión de un DNU.

Pero más allá de las importantes cuestiones constitucionales existen otras de carácter operativo. Pues si la política tiene su lógica, la estrategia, tiene su gramática.

Para empezar, hay que decir que ninguna fuerza armada puede ser empleada sin una preparación acorde con la misión a cumplir.

Nadie en su sano juicio estratégico puede pretender que una fuerza adiestrada y equipada para la guerra convencional pueda lidiar con la misión de restablecer el orden público. En palabras sencillas, sería como un elefante en un bazar.

Dicho esto no es menos cierto que una cantidad apreciable de integrantes, especialmente, del Ejército y de la Infantería de Marina, poseen una amplia experiencia en operaciones de paz complejas, como fue el caso de Haití.

Llegado el caso, no veo otra solución que nuestras brigadas dispongan de una fuerza de magnitud batallón conformada para manejo de crisis urbanas bajo el paradigma del manejo prudencial de la fuerza según claras normas de empeñamiento y el respeto irrestricto de los DDHH.

Tampoco, estaría de más disponer de una suficiente cantidad de medios de transporte estratégico para efectuar los traslados de tropas que sean necesarios.

Lo ideal sería, obviamente, no tener que llegar a esta situación extrema. Para evitarlo hemos propuesto medidas concretas y posibles que sería urgente implementar. Ver: https://www.informadorpublico.com/opinion/hay-que-sacarle-el-agua-a-la-pecera.

Pero, no estaría mal disponer de un plan B. Pues, seguramente que para las autoridades políticas y para los comandantes destinados a aplicar estas medias no les será nada sencillo manejarse en tan compleja situación. Pero, creo que sería muchísimo peor tener que enfrentarla sin preparación alguna. Pues, como lo hemos dicho siempre y lo repetimos, las batallas se ganan en los preparativos. Esperemos no perder ésta, si se diera el caso.

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