Macri, Prat Gay y Peña, imputados por la justicia

Mauricio Macri, Alfonso Prat-Gay y Marcos Peña firmaron el decreto que modificó la ley de Sinceramiento Fiscal habilitando el banqueo de capitales de familiares de funcionarios públicos. A raíz de ello el polémico fiscal Guillermo Marijuán dictaminó que se los investigue penalmente por esa decisión. La decisión del fiscal surge a raíz de una denuncia efectuada por la diputada Victoria Donda que plantea el carácter ilegal de ese decreto ya que es contrario a la ley que había expresamente excluido a los parientes del beneficio del blanqueo. La imputación es por posible “abuso de autoridad” por violar “la voluntad expresa del legislador”. Para Donda el decreto firmado por el presidente y los funcionarios mencionados sólo persigue favorecer a los funcionarios macristas y a sus familiares con empresas “offshore” en paraísos fiscales que, como se sabe, son utilizados para ejecutar acciones ilícitas: evasión tributaria y/o lavado de dinero. Marijuán solicita a) los originales de la documentación utilizada para la elaboración del decreto y b) la versión taquigráfica de la discusión en el Congreso donde el tema en cuestión fue tratado. El proyecto original del Ejecutivo autorizaba el ingreso al blanqueo a los gobernadores, intendentes, jueces, legisladores y familiares de los funcionarios. Fue precisamente este último punto el que duramente criticado por la oposición. Felipe Solá, diputado renovador, exigió que fuesen sacados del beneficio del blanqueo los cónyuges, padres e hijos, exigencia que fue finalmente aceptada por Cambiemos para facilitar la aprobación de la ley.

Donda denunció que el decreto viola el artículo 248 del Código Penal sobre abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”. El jefe de Gabinete defendió la decisión presidencial: “Tenemos la plena convicción”, aseguró en el Centro Cultural Kirchner, “de que lo que se hizo con el decreto de los familiares no está dentro de esas tipificaciones que plantea el fiscal. Hay una enorme tranquilidad por la medida que hemos tomado”. También hizo una denuncia similar la diputada K María Emilia Soria, presidenta de la comisión de Justicia, quien recibió el respaldo de once diputados de su bancada. Quienes recibieron su denuncia son el juez Sebastián Ramos y el fiscal Gerardo Pollicita. Ambas denuncias coinciden en acusar a los imputados por el mismo delito y aseguran que el decreto no ha tenido otro objetivo que favorecer intereses personales. Lo más alevoso de este decreto es la identidad de uno de los privilegiados: nada más y nada menos que el señor padre del presidente de la nación, Franco Macri, cuyas relaciones con los paraísos fiscales salió a la luz luego de la investigación penal que comenzó a raíz del informe conocido como Panamá Papers, elaborado por el consorcio Internacional de Periodistas. Para evitarle problemas al presidente Franco Macri decidió presentarse ante el juez Sebastián Casanello asegurándole que era responsable de la creación y funcionamiento de las sociedades Fleg Trading y Kagemusha. Ahora resta aguardar la decisión que tomará el juez de la causa. ¿Considerará el magistrado que la sola firma de un decreto es un hecho ilícito o no queda otro camino que demostrar que se produjo algún ilícito con posterioridad a la firma? Vale decir que el juez deberá establecer si el planteo es de carácter político o si, por el contrario, se trata de una cuestión que puede ser materia de un juicio y una imputación (fuente: Irina Hauser, “Lo que cuesta que Franco se ponga en regla”, Página/12, 14/12/016).

Finalmente la presión gubernamental rindió sus frutos. Ayer (martes 13) por la tarde el oficialismo logró frenar el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias aprobado en Diputados la semana pasada. El Senado intentó en las últimas horas un acercamiento al oficialismo, planteando la necesidad de un diálogo fructífero entre las partes (que, incluye, obviamente, al mismísimo presidente). Mientras tanto, el Poder Ejecutivo mantuvo una serie de reuniones con diferentes atores por separado. En un ambiente plagado de incertidumbre y mientras las conversaciones se sucedían sin solución de continuidad, el gobierno logró lo que tanto ansiaba: la postergación del tratamiento del proyecto en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Hoy, miércoles 14, a partir de las once de la mañana se retomará la reunión de todos los presidentes de bloque del Senado. Quizás ahí comenzará a aclararse un poco más el panorama. Miguel Ángel Pichetto, jefe de la bancada mayoritaria, advirtió que si oficialismo no brindaba alguna demostración de estar dispuesto al diálogo, los senadores avanzarían con el dictamen sancionado en Diputados.

El martes 13 fue una jornada dominada por el nerviosismo y la tensión. La dirigencia política de todo el país mantuvo reuniones para negociar el proyecto de Ganancias. También hubo una lluvia de llamadas telefónicas. De esa forma el gobierno logró lo que tanto aspiraba: ganar tiempo para frenar la embestida opositora en el Senado. Por un lado, Rogelio Frigerio dialogaba con 21 ministros de Economía provinciales; por el otro, la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado escuchaba a Alberto Abad (titular de la AFIP), ocho gobernadores y las tres centrales de trabajadores. Abad y siete gobernadores dijeron que la propuesta de Ganancias de la oposición tendría un impacto fiscal negativo, tanto para la nación como para las provincias. Hubo, pues, coincidencia entre los oficialistas Gerardo Morales (Jujuy) y Diego Santilli (vicejefe porteño), y los opositores Juan Manuel Urtubey (Salta), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Schiaretti (Córdoba), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilnek (Río Negro). El problema estriba en el hecho de que la mayoría de estos gobernadores tienen escasa capacidad para influir en el Senado porque muy pocos senadores les responden. Fue llamativa la ausencia de varios gobernadores peronistas que no quisieron aparecer como contrarios a un proyecto que beneficia a cientos de miles de trabajadores pero que tampoco pretenden enemistarse con Macri. Sólo Mario Das Neves (Chubut) rechazó el proyecto públicamente. Como era de preverse, el poder sindical apoyó el proyecto opositor de Ganancias de manera monolítica. La CGT, la CTA de los Argentinos y la CTA de los Trabajadores recordaron que el presidente había prometido en la campaña electoral que eliminaría el impuesto a las ganancias si llegaba a la Casa Rosada. En la Cámara Alta advirtieron que la diferencia entre el costo fiscal del proyecto opositor y el proyecto que originalmente había presentado el Ejecutivo se aproxima a los 60 mil millones de pesos. El FPV-PJ salió con los tapones de punta: “a las empresas eléctricas les condonaron 20 mil millones de deuda por decreto y ahora no quieren poner 60 mil millones para beneficiar a los trabajadores”.

Finalmente, el dictamen de comisión sólo contó con cinco firmas, cuatro menos que las necesarias para convertirse en despacho de mayoría. Quienes firmaron fueron los senadores del FPV-PJ Juan Manuel Abal Medina, Omar Perotti, Graciela De la Rosa, María Labado y Pedro Guastavino. Quienes no firmaron fueron los senadores Juan Manuel Irrazábal, Rodolfo Urtubey, Dalmacio Mera y Carlos Caseiro. A las cinco de la tarde todos los jefes de bloque del Senado realizaron la reunión de Labor Parlamentaria donde acordaron que el miércoles, a partir de las 15 horas, sesionara el Senado para debatir la Ley de Emergencia Social y la modificación de la ley de ART. Además, decidieron ejecutar la última táctica para evitar entrar en guerra con el macrismo. Pichetto propuso pasar a un cuarto intermedio hasta hoy (miércoles 14) y designar a Federico Pinedo como emisario de los senadores para que le transmita al presidente de la nación el pedido de calmar las aguas. Al respecto Pichetto señaló que “hay que bajar el conflicto, el Gobierno también. Si al Gobierno le preocupa ordenar las cuentas, resolver el problema, tiene que hacer un esfuerzo y tener una actitud en esa línea”. Criticó también el discurso, bastante agresivo por cierto, del jefe de Gabinete y elogió la carta que le envió a Macri el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Por último, remarcó que el compromiso del peronismo “es con los trabajadores” y que, en caso de no lograrse un acuerdo que satisfaga los intereses de los gobernadores, avanzarían con la media sanción del proyecto. El martes a la noche el bloque del FPV-PJ creía factible que el proyecto podía ser tratado la semana que viene ya que en esa oportunidad no son necesarios los dos tercios de los votos, lo que significa que con 37 votos podrían el miércoles 21 convertir en ley la reforma de Ganancias y obligar al presidente a un eventual veto en un momento económico delicado (fuente: Sebastián Abrevaya, “Una propuesta que dejo Ganancias en stand by”, Página/12, 14/12/016).

En su edición del miércoles 14 Página/12 publicó un artículo del economista Sergio Arelovich titulado “Los números de Ganancias”, en el que explica con meridiana claridad lo que significa en números el proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias que fue aprobado la semana pasado en Diputados. Dice el docente de la Universidad Nacional de Rosario: “La aprobación del proyecto de modificación del impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados volvió a encender un debate de varias dimensiones. La realidad es que un conjunto importante de trabajadores, jubilados y pensionados quedaron atrapados en el pago del impuesto, teniendo ingresos similares a los mínimos necesarios para una vida digna en Argentina o aun poseyendo ingresos algo mejores, expuestos a las más altas tasas del gravamen fruto del congelamiento de las escalas del mismo. Alguien que cobra 50.000 pesos al mes paga la misma tasa que otro que cobra 500.000 o 1.500.000 pesos. Las cartas están echadas, los diputados se han expresado mediante su voto mayoritario y el gobierno nacional, en otra de sus promesas incumplidas en campaña electoral que quizá hayan influido en el voto entre los trabajadores, ahora afirma que es irresponsable la iniciativa legislativa, sin ofrecer evidencias. El 71 por ciento de la recaudación del impuesto a las Ganancias este año, alrededor de 300 mil millones de pesos, proviene de lo abonado por las sociedades. Las personas físicas representan el 29 por ciento restante. En ese grupo se encuentran el aporte que realizan los trabajadores comprendidos en convenios colectivos de trabajo. Suman el 12 por ciento del total de lo que recauda la AFIP, una suma que durante 2016 alcanzará los 51.098 millones de pesos. Cuando se contempla la totalidad de las categorías del impuesto es posible proyectar, en base a los datos disponibles hasta octubre, que la recaudación global por Ganancias-sociedades y personas físicas-alcanzará los 423.559 millones de pesos este año” (…) “Si como propuso en campaña ningún trabajador pagase el impuesto a las ganancias por sus salarios de convenio, o sea una reducción del 100 por ciento, la caída en la recaudación sería de 51.089 millones de pesos en 2016. Una reducción del 80 por ciento equivaldría a retirar de la recaudación 40.878 millones de pesos, si la rebaja llega al 60 por ciento los ingresos fiscales por ese impuesto se contraen en 30.658 millones de pesos y una reducción del 50 por ciento implica 25.549 millones de pesos. Antes de ofrecer una serie de comparaciones odiosas, es necesario remarcar que esos montos constituyen un incremento en la capacidad de consumo de los asalariados, lo cual implica una inyección de fondos en la actividad económica e incremento de las ventas, recaudación y fondos coparticipables. Antes de finalizar resulta ilustrativo comparar el costo directo-sin contemplar lo que se recupera por mayor nivel de actividad-de la reducción del impuesto, los 51.098 millones de pesos, con algunas de las medidas que fueron tomadas por el gobierno de Macri. Por caso, el regalo al sector exportador por la rebaja de las alícuotas de los derechos de exportación asciende a 55.000 millones de pesos. Acceder a pagarle a los fondos buitre la totalidad de su reclamo implicó pagarles 44.720 millones de pesos más que si esos acreedores hubieran ingresado al canje. La transferencia de ingresos a los grandes exportadores por la devaluación alcanza a 34.220 millones de pesos. Y la condonación de deudas a las empresas eléctricas alcanzó los 19.000 millones de pesos” (…) “Lo que es claro que hace mucho tiempo alcanzaba (el impuesto a las Ganancias) a los salarios de privilegio y ahora lo hace sobre una población cercana al 24 por ciento de los perceptores de ingresos de tenor salarial o previsional. Esto no sería problema si los niveles de ingreso fueran altos, pero sabiendo que desde unos 19.000 de bolsillo un trabajador o trabajadora sin familiares a cargo debe tributar el impuesto, cuando otro tipo de ingresos sensiblemente mayores en monto gozan de excepciones objetivas indefendibles, presenta los mínimos como expropiatorios. Gobernadores preocupados por la eventual aprobación de la reforma aducen que los fondos coparticipables provenientes de este impuesto disminuirán sensiblemente. El error es que restan en vez de sumar y multiplicar. Se trata de una reducción que tiene como contrapartida un incremento del salario de bolsillo. Esto es mayor nivel de actividad, mayor recaudación del IVA, internos, sellos, ganancias, impuestos provinciales y tasas municipales calculados sobre las ventas”.

Alberto Abad, titular de la AFIP, expuso el martes 13 ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para defender el proyecto oficial y echarle toda la culpa a la oposición de pretender desfinanciar al Estado nacional y las provincias. La iniciativa del oficialismo, sostuvo el funcionario, contempla un costo fiscal de 49.500 millones de pesos en 2017 mientras que el proyecto opositor (delineado por el FPV, el Bloque Justicialista y el Frente Renovador) implica un costo de 132.541 millones de pesos. Abad remarcó que, excluyendo del impuesto a dos millones de trabajadores y jubilados, la propuesta de la oposición tiene un costo de 93.473 millones de pesos, es decir casi el doble que el costo del proyecto oficial. Axel Kicillof, diputado del FPV, envió a Emilio Monzó, presidente de Diputados y hoy alejado de la mesa chica de Cambiemos, una enmienda en virtud de la cual aclara que a raíz del incremento de las deducciones para las escalas salariales de entre 55.000 pesos y 95.000 pesos mensuales habrá un costo fiscal cercano a los 140.000 millones de pesos, de los cuales 40.000 millones estarán en condiciones de ser compensados mediante la creación de impuestos, menores deducciones a las que podrán acceder las escalas más altas y la compensación por los recursos que provienen del consumo del IVA. Para Kicillof el costo fiscal puede ser compensado a través del esquema progresivo de las deducciones en virtud del cual el que cobra menos pueda descontar más y viceversa, lo que implica un ingreso al fisco del orden de los 20.000 millones de pesos.

No deja de sorprender la preocupación que muestra el gobierno por el impacto fiscal de la reducción del impuesto a las Ganancias, cuando a comienzos de año tomó decisiones que le hicieron resignar recursos. Apenas se sentó en el sillón de Rivadavia el presidente de la nación eliminó las retenciones a los agroexportadoras, a las mineras y a los industriales, y meses más tarde condonó deudas a las empresas energéticas. Ahora, cuando se discute una mejora en el impuesto a las Ganancias para la clase trabajadora el gobierno se desespera por el daño que provocaría a las finanzas provinciales. El titular de la AFIP, un hombre ducho en números, comenzó su exposición en el Senado manifestando que “en lo que va del año se aplicaron medidas en relación a este impuesto que implicaron un costo de 56.960 millones de pesos”. Afirmó que el proyecto de la oposición implica un costo de 132.500 millones de pesos anuales. Señaló que la diferencia respecto a los 27.000 millones de pesos previstos en el Presupuesto para hacer frente al tema de Ganancias, el proyecto del oficialismo hubiese tenido un costo de 5018 millones de pesos (18 por ciento). Estos números difieren bastante de los números aportados por Arelovich. Ese 18 por ciento, destacó Abad, es notoriamente inferior al bache que provocaría el proyecto opositor que se amplía, luego del arreglo de Kicillof, a 66.743 millones de pesos, lo que supone un 246 por ciento más que la suma que fue aprobada hace dos semanas en el Congreso para 2017. El funcionario dijo que el impuesto sobre el dólar futuro, calculado en 6837 millones de pesos, se recaudará el año que viene. Respecto al impuesto al juego, el gobierno tiene previsto recaudar 8969 millones de pesos, mientras que con lo que aprobó el Congreso hace unos días sólo se podrán recaudar 537 millones de pesos (fuente: “Antes se iba a eliminar, ahora es caro”, Página/12, 14/12/016).

Hernán Andrés Kruse

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3 comments for “Macri, Prat Gay y Peña, imputados por la justicia

  1. Dr. RODOLFO CUERVO
    16/12/2016 at 4:34 PM

    CRISTINA + MÁXIMO + FLORENCIA + ALICIA + DE VIDO + JAIME + ANIBAÚL + KICILOFF + ……..+…….+ (1000 VECES) IMPUTADOS Y A BORDE DE JUICIO ORAL
    MARI + PRAT GAY + PENA = DENUNCIADOS EN LA JUSTICIA
    20.000 CARACTERES Y 3.000 PALABRAS, EN APESTOSA DIARREA DESCONTROLADA,
    … Y ADEMAS EQUIVOCADAS !!!!!

  2. Mary
    16/12/2016 at 6:10 PM

    Aprueben la Ley de extinción de Dominio !!!!!!

  3. Amílcar
    16/12/2016 at 7:07 PM

    Kruse, el amigo y segunda pluma de Cherashny. Un embole total, mi dió.

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