Por Hernán Andrés Kruse.-

La huelga docente nacional tuvo, durante su primera jornada, un alto acatamiento en todo el país. Según Ctera, el 95 por ciento de las escuelas públicas no funcionaron mientras que según Sadop, el 75 por ciento de las escuelas privadas no tuvieron alumnos. Ayer (lunes 6) unos 70 mil docentes marcharon por las calles porteñas hasta el ministerio de Educación, como respuesta a la intención del gobierno de eliminar la paritaria federal que, desde 2008, fijaba el salario mínimo de los maestros. Mientras tanto el presidente de la nación viajaba a Jujuy para inaugurar oficialmente el ciclo lectivo y acusar a la dirigencia educativa de “elegir el oportunismo”. A manera de réplica, los sindicatos advirtieron que si el gobierno se sigue negando a convocar la paritaria, en muy poco tiempo habrá una nueva huelga de cuarenta y ocho horas.

El conflicto comenzó a gestarse en diciembre pasado cuando Esteban Bullrich, el inepto ministro de Educación, convocó a los dirigentes del sector con representación nacional para informarles que a partir de 2017 no habría ningún llamado a la paritaria federal. A partir de entonces se sucedieron pedidos de audiencia que no obtuvieron ninguna respuesta mientras la atención comenzó a desplazarse a la provincia de Buenos Aires, como si se tratara exclusivamente de un tema a resolver por la gobernadora

Vidal y el dirigente Roberto Baradel. A nadie sorprendió, pues, el inicio conflictivo del ciclo lectivo. Si el gobierno nacional creyó que situando a Baradel en el rol del “malo” de la película, para así oponerlo a la figura de “Heidi” (Vidal), lograría enervar el espíritu de lucha de los maestros, se equivocó groseramente. Lo único que consiguió fue que Ctera, UDA, CEA, Sadop y AMET se unan en una sola consigna: paro nacional de la educación. Por si ello no hubiera resultado suficiente, la ceguera política del gobierno también movilizó a los docentes universitarios, quienes se plegaron a la huelga.

Sonia Alesso, titular de Ctera, dijo: “lo que pedimos es que cumplan con la ley”. Y agregó: “la ley de Financiamiento Educativo dice que el gobierno nacional debe convocar a los cinco gremios nacionales a la paritaria nacional para discutir salarios y el fondo compensador”. Mario Almirón, de Sadop, expresó: “el neoliberalismo quiere volver a dividir nuestro salario en 24 distritos, como ya lo hizo en los ´90”. Carlos Acuña, miembro del triunvirato cegetista”, acompañó a los dirigentes de la educación. Cuando le tocó hacer uso de la palabra, señaló: “no sólo los docentes están sufriendo los atropellos de este gobierno, sino que lo están sufriendo todos los trabajadores del país”. Luego aseguró que habrá un paro general. En la vereda de enfrente el presidente de la nación arremetió contra la huelga a través de un gesto por demás simbólico: inauguró el ciclo lectivo en una humilde escuela de la localidad jujeña de Volcán, acompañado por el mandamás de la provincia, Gerardo Morales. En su discurso, hizo un llamamiento a la “unión de todos los argentinos” y criticó la medida de fuerza sin hacer mención de sus razones. Pidió a los docentes “ir por el camino de sentarnos en una mesa a dialogar” para luego lamentar “que muchos hayan vuelto a elegir el oportunismo a través del paro. Llevan décadas de paro, ¿y cuál ha sido el resultado? Cero. Ese camino lo hemos explorado y no funcionó”. Por último, se mostró preocupado por el bienestar de los maestros: “sin ustedes no podemos hacer nada”. “Necesitamos que se sientan acompañados, cuidados, con herramientas para los desafíos del siglo XXI. Tenemos que darles las herramientas para que puedan generar ese camino hacia los chicos”.

En la paritaria nacional se fijaba hasta 2016 el salario mínimo inicial de los maestros. En la negociación el estado nacional acordaba con las provincias más pobres el monto del fondo para pagarlo, monto que se establecía del Fondo de Incentivo Docente (suma que va directamente al bolsillo del docente). El gobierno decidió no convocar a la paritaria nacional, recortar el Fondo de Incentivo Docente (calculado para 2017 en 20 mil millones de pesos) y reducir el fondo compensador que reciben las provincias más conflictivas (en 2017 esa partida alcanzó los 1800 millones de pesos). Un argumento que utilizó el gobierno para eliminar la paritaria nacional es el enganche del salario inicial docente al salario básico. Desde mayo del año pasado, cuando el básico sube, también lo hace el inicial docente hasta quedar un 20 por ciento por encima. Los gremios sostienen que esa cláusula logró solucionar un problema, porque con la inflación el piso docente quedaba debajo de lo estipulado por la ley sin sustituir a la paritaria. Con la paritaria nacional se evita que los salarios queden a merced de la situación financiera de cada provincia, consecuencia de la decisión del ex presidente Carlos Menem de traspasar las escuelas a las provincias, pero sin los fondos correspondientes para el pago de los sueldos. Si no hay más paritaria nacional lo más probable es que se vuelva a esa época donde reinaba una enorme disparidad de ingreso. Las provincias ricas estarán en condiciones de recomponer los sueldos mientras que las más pobres pagarán lo que puedan. Es decir, habrá docentes de primera y docentes de segunda por la misma labor que realizan. Además, sin paritaria nacional desaparecen otros temas relevantes como la formación docente, la continuidad de los programas educativos, la construcción de escuelas y la definición de los contenidos educativos fundamentales para todo el país (fuente: Laura Vales, “Al final no era sólo el paro de Baradel”, Página/12, 7/3/017).

En su edición del 6 de marzo, Página/12 publicó un artículo de Eduardo Aliverti titulado “Marzo, fuerzas, recomienzo”. Dice el autor: “(…) “Con acierto, desde la propia prensa oficialista se señaló que la intervención presidencial ante diputados y senadores no fue una pieza de la que correspondiera reparar en su contenido técnico, calidad de balance, proyecciones de mediano o largo plazo ni, menos que menos, capacidades de oratoria de las que, como todo el mundo sabe, el jefe de estado carece por completo. Dicho ya por los analistas de todo color ideológico, y por todas las fuerzas políticas con natural excepción (pública) de la alianza gobernante, lo de Macri consistió exclusivamente en polarizar contra Cristina, sin nombrarla como significante pero sí como significado de una herencia perversa de la que sólo puede salirse de a poco” (…) “si Cristina y el kirchnerismo representan un pasado atroz en cualquier sentido que se quiera, derrotado en las urnas apenas hace poco más de un año y sin posibilidades de retorno porque, de acuerdo con el relato M, los argentinos somos conscientes de que el populismo es un escenario que nos devastó, ¿por qué tanta necesidad de centralizar contra la ex presidente y la simbología de los doce años?” (…) “De ser veraz que con la perorata del caos heredado empieza ya a no alcanzar, ¿por qué no apoyarse en algún logro concreto y, sobre todo, en perspectivas aún más específicas (modelo productivo, metas económicas inclusivas de las mayorías, políticas salariales, números precisos sobre reparto de los ingresos)? ¿No sabe el Gobierno hacer eso? Claro que sabe. Es que no debe, so pena de quedar en evidencia asumida de para quiénes se gobierna” (…).

“¿Con qué credibilidad puede hablar de una ley de anticorrupción empresarial quien viene sumergido en un escándalo tras otro de negociados familiares y corporativos? ¿Qué significa mentar “pobreza cero” si el núcleo abrumador de las medidas tomadas es favorecer a los ricos? ¿Con qué se come citar el récord de la cosecha agraria, como no sea para explicar un auge gemelo en la venta de los vehículos de alta gama, en medio de la pérdida generalizada del poder adquisitivo de las clases bajas y medias, los tarifazos, los despidos, los cierres de pymes? ¿Acerca de cuál dialoguismo podría testificar una gestión que violó la ley nacional de la paritaria docente? ¿De cuál respeto a las instituciones podría jactarse mientras se carga una presa política? En reemplazo de todo eso y de tanto más que no puede decir por aquello de que no debe, en función de su obediencia debida a la clase para la que administra, Macri tenía la única opción de reincidir en su catálogo de frases párvulas. Esas oraciones, antes de representar su volumen narrativo, expresan la imposibilidad de sincerarse y la necesidad de sustituirlo achacando culpas en el pasado reciente” (…) “El Macri auténtico de la intervención ante la Asamblea Legislativa fue, por un lado, el del cinismo. Pero, en esencia, en su esencia, lo reflejó mejor la casi increíble patoteada que le disparó a Roberto Baradel. El secretario general del Suteba, con custodia hace semanas por decisión judicial debido a amenazas recibidas contra él y sus hijos, fue advertido por Macri de que “no necesita que nadie lo cuide”. En esa reacción se sintetizan varias cosas. El Presidente que banaliza intimidaciones; el dialoguista que agrede; el lector que no puede apartar su vista de los papeles que le escribieron y que sólo se sale de libreto para formular una provocación personal; el estadista que se rebaja a una chicana igual de barata que de lamentable; el jefe político que convoca a cuidar a los docentes y que no tiene mejor idea que hacer eso cuando las clases están a punto de no empezar porque el republicanista vulneró olímpicamente la ley del sector. Entre el Macri que hace lo que puede para disimular las consecuencias de su gobierno y el Macri que da rienda suelta a sus instintos de patrón de estancia, se espeja en buena medida la respuesta que esta semana llegará a ser, quizás, la más importante desde la asunción de Cambiemos”.

En su edición del 7 de marzo, Página/12 publicó un artículo de Raúl Dellatorre titulado “Empresas corruptas y bien protegidas”. Su lectura es imperdible. Dice el autor: “Hoy la obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción; gracias a los ahorros, a partir de licitaciones transparentes y contratación de proveedores como corresponde, se ahorraron en transporte 32 mil millones de pesos”. El diputado nacional del FPV Carlos Heller dio su propia hipótesis ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo: “Estaba hablando de Dinamarca” (…) “Pero avanzando un par de párrafos más adelante, el mismo discurso de Macri a la Asamblea sugiere que está hablando efectivamente de Argentina, contradiciendo la hipótesis de Heller, al pedirle al Congreso que “debata y sancione la Ley de Responsabilidad Empresaria”, una iniciativa por la que se presume que se podrán sancionar a empresas que participen en hechos de sobornos. Este proyecto ya había sido anunciado a principios de julio de 2016, cuando arreciaban las denuncias y sospechas sobre las contrataciones durante el gobierno kirchnerista” (…) “El proyecto para el escarmiento de empresas corruptas recién llegó al Congreso tres meses y medio después, el 20 de octubre, y ahora es reflotado por el presidente de la Nación en un clima muy diferente al que le dio origen: las sospechas se han vuelto sobre el propio entorno gubernamental, y los nombres de firmas como Sideco, Macair, Constructora Caputo o La Anónima, ahora merecen tanta atención como antes se le prestó a varias constructoras patagónicas”.

“El momento en el que se presentó el proyecto al Congreso, en el mes de octubre, no es casual sino que sigue una secuencia que, por entonces, el gobierno parecía sostener. Pocos días antes, el parlamento había aprobado una cuestionada ley del arrepentido, “otorgando beneficios a aquellos que, luego de haberse involucrado en sobornos, se arrepientan y colaboren con las autoridades”, según el comentario de un artículo sobre el tema que publicó en su página web el megaestudio jurídico Marval O´´Farrel y Mairal” (…) “La corrupción se combate con transparencia e integridad”, enfatizó Macri ante la Asamblea Legislativa este 1 de marzo. Todos entienden de qué se trata la transparencia en este caso, pero a otros les habrá llamado la atención el uso del término “integridad” (…) “En su comentario, el estudio Marval O´´Farrel y Mairal señala que, “de acuerdo con el proyecto, la responsabilidad penal podría ser mitigada o eliminada si se puede demostrar que la persona jurídica (la empresa) involucrada ha implementado, con anterioridad a la comisión de la ofensa (el delito), un programa de integridad”. Y enseguida explica que, dentro de los términos del proyecto oficial, “los programas de integridad serán considerados efectivos en aquellos casos en los que sean adecuados para prevenir, detectar, remediar y reportar ante las autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados por la ley”.

“Estos programas de integridad implican el cumplimiento de una serie de requisitos, desde un código de ética o de conducta de directores y empleados, hasta “un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados e imponga sanciones efectivas a las violaciones del código de conducta” (…) “Lo llamativo es que el sólo hecho de contar con un “programa de integridad” prácticamente exime de sanciones y de responsabilidad a una empresa contratista ante la comisión de hechos de corrupción, según el proyecto de ley que el presidente de la Nación reclama aprobar. Y así también parece entenderlo el estudio Marval O’Farrel y Mairal, que en el comentario en su página web sobre el proyecto, tras enumerar los puntos que debería incluir un “programa de integridad” para ser considerado “efectivo” para la ley, sostiene: “Independientemente del texto que finalmente apruebe el Congreso, éstos parecen ser los lineamientos generales a los cuales, en el futuro, deberán adaptarse las personas jurídicas (empresas) para mitigar o eliminar cualquier tipo de atribución de responsabilidad por delitos de corrupción”. Los programas de integridad están concebidos para cuidar los intereses de las empresas, particularmente de los accionistas, contra el accionar delictivo de empleados o directivos “infieles”. A ellos apuntan los mecanismos de control o códigos de conducta. En cambio, los hechos de corrupción bajo sospecha, a los que se busca combatir, involucran decisiones corporativas-pagar una coima para adjudicarse una obra o la contratación de prestación de determinado servicio, cuando no la entrega de un área de negocios en forma monopólica, que favorecen a la propia corporación, en perjuicio del Estado o de terceros (competidores)” (…) “Poseer “un programa de integridad” sería así una suerte de patente de corso, un “pase libre” en el parabrisas de las grandes corporaciones para “mitigar o eliminar cualquier tipo de responsabilidad por delitos de corrupción”. Es lo que, según parece, plantea “la ley para penalizar a las empresas corruptas” que propone el gobierno. Levantando las banderas de la transparencia y el combate a la corrupción, pero haciendo la vista gorda con las grandes corporaciones”.

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