Milei y la privatización de YPF

Por Hernán Andrés Kruse.-

El lunes 20 por la mañana el presidente electo Javier Milei formuló lo siguiente al ser consultado sobre qué política seguirá respecto a los medios públicos y empresas del estado. “Todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado”, sentenció. Cuando se le preguntó sobre YPF aseguró que la privatización es el objetivo, pero no en estos momentos. ¿Por qué? Porque primero, aseguró, es fundamental recomponerla. Al leer estas declaraciones del presidente libertario recordé la famosa frase del filósofo español Jorge Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”.

El presidente libertario tiene decidido privatizar nuevamente YPF porque su reestatización, a cargo de Cristina Kirchner y Axel Kicillof, provocó efectos deletéreos. El problema es que la privatización de la empresa durante la primera presidencia de Carlos Menem produjo los mismos efectos. En su libro “El saqueo de la Argentina”, María Seoane escribe lo siguiente sobre esta delicada cuestión.

“El argumento esgrimido por el gobierno menemista para enajenar YPF, que coincidía con el de los interesados en apoderarse de la empresa estatal, fue que YPF era la única empresa petrolera que “daba pérdidas”. Este argumento escondía el hecho de que durante la dictadura se había obligado a YPF a tomar préstamos internacionales que no fueron invertidos en la empresa sino dirigidos al Tesoro Nacional; que se obligó a YPF a subsidiar a otras empresas, y que YPF contribuía a financiar los regímenes jubilatorios, entre otras cosas. En 1976, cuando los militares asaltaron el poder, la deuda externa de YPF era de 372 millones de dólares; en 1983, cuando se fueron, habían logrado aumentarla a 6.000 millones. YPF fue usada como instrumento de la conducción económica de la dictadura para obtener divisas en el mercado de capitales. Los ingresos por la venta de petróleo le fueron recortados por el gobierno de entonces, que también la obligó a vender a pérdida petróleo crudo a Shell y a Esso. Según un ex presidente de YPF, el ingeniero José Antonio Cosentino, “la orden de endeudarse era dada telefónicamente por el Ministerio de Hacienda, generalmente por Juan Alemann”. En síntesis, la “pérdida” que “daba” YPF había sido una política deliberada de los mismos que promovían su privatización.

Antes de privatizar YPF, se la dividió en “unidades de negocios” que fueron enajenadas por separado (refinerías, oleoductos, terminales y plantas de despacho, y equipos de perforación). La mayoría de las áreas centrales y marginales propiedad de YPF y el resto de los activos en que fue segmentada fueron adjudicados a importantes empresas del sector, buena parte de las cuales pertenecían a los principales grupos económicos (Astra, Bridas, Pérez Companc, Soldati y Techint), lo cual contribuyó a reforzar su poder en el mercado (…) A pesar de los objetivos declamados de aumentar la “eficiencia” de los distintos sectores y de la cadena energética en su conjunto a partir de la promoción del “libre” juego de las “fuerzas del mercado”, en los hechos se promovió un mercado energético fuertemente concentrado y altamente integrado, en el que los mismos actores participan en los distintos eslabones de la cadena energética (generación, transporte, distribución, comercialización de gas natural, petróleo y energía eléctrica). Esto es importante porque el precio del petróleo y del gas “en boca de pozo” (antes de entrar al sistema de transporte) es decisivo en la determinación de las tarifas finales de gas y de luz que pagan los usuarios.

Como fue la norma en la mayoría de las privatizaciones, antes de transferir YPF a manos privadas hubo una importante expulsión de trabajadores. En la década del 80, la dotación de personal superaba los 30 mil empleados; en 1992, quedaban algo más de 13 mil. Posteriormente, después de la regulación y la privatización, el costo social fue aún mayor. YPF había crecido fundando pueblos, organizados alrededor de la actividad. Cuando se vendió, los nuevos dueños decidieron que no les resultaba rentable permanecer en lugares como Cutral-Co en el sur y Tartagal y Mosconi en Salta. El resultado fue que en estas poblaciones se perdieron masivamente puestos de trabajo. En Salta, por ejemplo, quedaron en la calle más de 3.500 personas, porque YPF allí no sólo empleaba gente para la exploración y extracción de crudo sino para los comedores, la administración y hasta para un hospital que llegó a ser uno de los más importantes de la provincia. Los pobladores desocupados y empobrecidos comenzaron a cortar las rutas reclamando soluciones, y en la privatización de YPF se puede encontrar uno de los elementos que contribuyeron al nacimiento del movimiento “piquetero”.

El marco legal para la enajenación de YPF lo dieron la Ley de Reforma del Estado, la Ley de Emergencia Económica y un conjunto de decretos. La Ley de Reforma del Estado permitió las concesiones y asociaciones (en lugar de contratos, como había ocurrido durante la dictadura y el gobierno radical) en las áreas de exploración y explotación petroleras, incentivando la creación de sociedades mixtas en las llamadas “áreas centrales”: los yacimientos de YPF fueron divididos en numerosas áreas marginales y en cinco áreas centrales ubicadas en las principales cuencas petrolífero-gasíferas del país. La Ley de Emergencia Económica suspendió subsidios (entre ellos algunos descuentos tarifarios), desafectó fondos con destinos específicos (como el Fondo Nacional de la Energía), fijó precios oficiales para la venta de combustibles que regirían hasta la desregulación definitiva del precio de los derivados del petróleo y estableció los lineamientos para la determinación de los porcentajes para el pago de las regalías.

Para encarar la desregulación del mercado petrolero y el traspaso de YPF a manos privadas, Menem nombró interventor a Octavio Frigerio, un desarrollista con inclinaciones “carapintadas”, que inicialmente se enfrentó con el gremio de los trabajadores petroleros dirigido por Diego Ibáñez, y con el entonces ministro de energía, Julio César Aráoz. Finalmente hizo las paces con Ibáñez y los desarrollistas se integraron a la empresa de servicios petroleros Glacco, controlada por Ibáñez. Frigerio perdió el puesto por su apoyo a la rebelión carapintada de 1990, y Dromi colocó al frente de YPF a Carlos Pierro, quien posteriormente sería reemplazado por José Estenssoro. Aráoz y Dromi se enfrentaban en torno a la participación de los grupos económicos nacionales en el negocio de las áreas centrales. A estos grupos les habían sido destinadas las áreas marginales o secundarias, en las que ya operaban mediante contratos de explotación con YPF. En cambio, para las centrales se buscaba a las grandes petroleras extranjeras. Las centrales eran las áreas con el más alto nivel de productividad.

Pierro, el hombre de Dromi, contrató a la consultora McKinsey para que asesorara en el plan privatizador. El representante de McKinsey en la Argentina era Adolfo Sánchez Zinny, quien había sido vicepresidente de YPF en épocas de Alfonsín. Los honorarios de la consultoría fueron 5 millones de pesos, y la contratación se hizo en forma directa. El diputado y sindicalista Antonio Cassia sostuvo que la propuesta de privatización de McKinsey encubría el objetivo de liquidar el patrimonio subvaluándolo en una suma que no representaba siquiera el 10 por ciento de su activo. Cassia consideró ridículo el valor propuesto de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares asignado por McKinsey a YPF, “que en reservas de crudo posee un activo de 15.000 millones de dólares, sin contar el valor de sus conductos, destilerías, estructuras de comercialización, flotas de barcos y aviones”. Pierro fue también el hombre que viajó con Santiago Soldati, Carlos Bulgheroni y Oscar Vicente a Estados Unidos, en una gira en la que anunció el plan de privatización ante los grandes petroleros. El lobby de estos empresarios, obviamente, buscaba eliminar la obligatoriedad del socio extranjero para el negocio de las áreas centrales. Del otro lado, militaban poderosos como el ex presidente de Shell, que se oponía a la admisión de empresas locales. Finalmente, Aráoz renunció.

El plan de McKinsey contaba con la oposición del sindicato, SUPE, y de algunos legisladores, incluso peronistas. Cuando se fue Aráoz, Luis Prol absorbió la Secretaría de Combustibles y contrató como asesor a su primo Daniel Montamat, quien apadrinó el nombramiento de José Pepe Estenssoro al frente de YPF. Estenssoro, un petrolero boliviano nacionalizado argentino que era sobrino del ex presidente Víctor Paz Estenssoro, asumió con el respaldo de la Shell y de la Cámara de Empresas Petroleras, de la cual participaba con su propia empresa EPP (Estenssoro-PePe). Estenssoro formó un equipo con Sánchez Zinni y con su socio en EPP, Nells León. A dos días de asumir, intentó modificar los pliegos de adjudicación de las áreas centrales. En “La Carpa de Alí Babá”, el Grupo de los Ocho sostiene: “Pepe introdujo dos modificaciones, la primera de ellas era incrementar la tasa de retorno de la inversión realizada por las empresas. En los pliegos originales se planteaba que tanto YPF como la empresa adjudicataria participarían en un 50 por ciento, cada una, de las ganancias. Los pliegos propuestos por Estenssoro modificaban ese elemento que le garantizaba a YPF no tener lucro cesante, al estipular que la empresa estatal sólo comenzaría a participar en la ganancia de su 50 por ciento cuando la empresa adjudicataria recuperase su inversión inicial”.

La segunda modificación a los pliegos propuesta por Estenssoro permitía la inclusión de las empresas no calificadas en los consorcios adjudicatarios. El proceso de calificación había excluido a las de capital argentino por no reunir los requisitos requeridos. Con esta segunda modificación, Estenssoro buscaba no quedar afuera (con su empresa EPP) o, tal vez, convertirse en gestor de la Cámara de Empresas Petroleras. El tema se resolvió con la intervención del ministro Dromi. “La amistad Menem-Bush, dos mariscales del mismo palo, no podía ser enturbiada por los jueguitos de guerra de un soldadito boliviano. Un gerente de la empresa estatal tuvo que asumir la responsabilidad de los cambios, y éstos quedaron sin efecto”. De todas maneras, en 1991 EPP, la empresa de Estenssoro creada oportunamente en febrero de 1990 y cuyo apoderado era Emilio Cárdenas, consiguió dos áreas secundarias. Estenssoro formaba parte, además, de una proveedora de YPF, Hughes Tool, y de Sol Petróleo, que había sido usada por Suárez Mason para canalizar fondos que financiaron la intervención de los “especialistas” argentinos en la guerra sucia en Centroamérica, y en el affaire que se conoció como el de la “nafta adulterada”.

Las primeras disposiciones para la privatización de YPF datan de 1990. Ese año se dispuso por decreto (2778/90, de transformación de YPF) su conversión en sociedad anónima a partir de enero de 1991, y se aprobó un plan global en el que se definían las líneas de acción: venta de activos y asociaciones en actividades “upstream” (exploración y explotación) y “downstream” (refinación, transporte y comercialización). En 1991, otro decreto (2408/91) fijó el cronograma de privatizaciones y autorizó la capitalización de deuda externa. Se autorizó también la licitación de distintas zonas de las cuencas Austral y Noroeste para la realización de contratos de asociación con YPF en áreas centrales. En septiembre de 1992, la ley 24.145 estableció las principales condiciones para la desestatización de la empresa. En principio, el estado reservó para sí el 51% de las acciones, aunque la ley lo autorizó a vender su participación hasta llegar a un mínimo del 20 por ciento. Sin embargo, en abril de 1995 se sancionó otra ley (24.474) que modificó las disposiciones de la anterior, fundamentalmente en este último aspecto: autorizó al estado a reducir su tenencia accionaria a 1 sola acción (“de oro”) de YPF. En este marco, en enero de 1999 se vendió el 14,99 por ciento de las acciones de YPF que hasta entonces habían permanecido en manos del estado (20 por ciento). Esas acciones fueron compradas por la firma española Repsol, que en 1996 había adquirido el control accionario de Astra (uno de los principales grupos petroleros del país). Repsol pagó más de 2.000 millones de dólares por la compra de ese 14,99 por ciento de las acciones y se convirtió en el principal accionista de YPF. Posteriormente, en junio, previo desembolso de 13.000 millones de dólares, Repsol pasó a controlar la totalidad del paquete accionario de YPF (los que venden son numerosos accionistas en las bolsas de Nueva York y Buenos Aires, el estado nacional y las provincias petroleras). Obviamente, la “acción de oro” del estado quedó en la letra muerta.

En el Congreso, la ley de 1992 (24.145) que permitió enajenar YPF tuvo un trámite ríspido, festoneado por el escándalo habitual en la década y que nunca detuvo al ministro Cavallo (que se ufanaba de privatizar con mayor transparencia que su antecesor Dromi), cuando se trataba de obtener “seguridad jurídica” para sus decisiones. La Ley de Reforma del Estado permitía vender cuencas petroleras, destilerías, barcos y ductos pero no YPF, por lo que era necesaria otra ley. La resistencia a entregar una empresa símbolo del desarrollo industrial de la Argentina, provenía incluso del propio peronismo y a todas luces trascendía la cuestión económica. El radicalismo iba al choque frontal en el discurso, pero en este caso también funcionó el método de dar quórum y posibilitar la sanción de la ley después de la verba opositora. Cuenta Armando Vidal que, en pleno trámite en Diputados, el catamarqueño Luis Saadi denunció que en el Senado se acababan de repartir 8 millones de dólares para sancionar el proyecto que impulsaba Estenssoro. A las dos de la mañana, Saadi se retractó, aconsejado por su hermano Ramón; recibió una amonestación interna y fue separado del bloque. Alicia Saadi aportó ante la comisión investigadora que se creó para investigar la denuncia que Hugo Bordín Carosio, presidente de la Comisión de Energía de Diputados, le había dicho que había cobrado “un palo y medio verde por la sanción”. La comisión se limitó a apercibir a los legisladores, mientras un justicialista tucumano pedía una revisión psiquiátrica de Luis Saadi. El juez federal Ricardo Weschler tampoco avanzó en la causa que se inició por cohecho y eventual asociación ilícita. En tanto, el día de la sanción de la ley, los radicales habían decidido no ingresar hasta que el oficialismo consiguiera quórum, algo que le estaba costando. José Estenssoro presenciaba la sesión desde un palco. El entonces diputado Raúl Galván irrumpió en el recinto exclamando que se había votado sin quórum el plan de labor parlamentaria y con su entrada teatral logró precisamente que hubiera quórum. Galván sería luego senador y en el año 2000 quedaría implicado en el escándalo que motorizó la renuncia del vicepresidente Carlos Álvarez. Ese día de diciembre de 1992 gritó: “Estoy aclarando que no he formado quórum para entregar YPF”. También el santafesino Ricardo Molinas había ingresado a la Cámara y se había sentado por atrás, lejos de su banca, aportando al número. La ley se aprobó”.