Por Hernán Andrés Kruse.-

El presidente de la nación sorprendió a propios y extraños con su decisión de postular al juez federal Ariel Lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema. En su edición del 22 de marzo La Nación publicó un artículo de Carlos Pagni cuyo título es por demás esclarecedor: “Lijo, la bandera de la impunidad”. El columnista político informa a la opinión pública acerca de los antecedentes de este personaje, todo un emblema de la corrupción e impunidad. Escribió el autor:

“La postulación oficial del juez federal Ariel lijo para cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte Suprema significa que Javier Milei ha resuelto levantar la bandera de la impunidad. Una decisión incomprensible si se otorga crédito a un gobierno que justifica casi todos sus pasos en la necesidad de sanear al país de un clima de inmoralidad irrespirable. Para cualquier observador que haya registrado la historia nacional de las últimas décadas debería resultar evidente que la mancha de la corrupción ha teñido casi todo. Sobre este problema se instala otro, más grave: la ausencia de castigo. Ese vicio de segundo grado, de carácter estratégico, prospera gracias a la pésima moral de numerosos magistrados del fuero penal federal. Los tribunales de Comodoro Py son el emblema de esa descomposición. Y Lijo es el emblema de Comodoro Py. El mensaje que envía el oficialismo con esta nominación no podría ser más inequívoco. Pone de manifiesto un desinterés por la calidad institucional que ya se había insinuado con bastante claridad con la designación como ministro de Justicia de un penalista como Mariano Cúneo Libarona, defensor de varios narcotraficantes, entre otros malhechores”.

Luego de resumir la trayectoria judicial de Ariel Lijo, el columnista político de La Nación expresa: “Varios testigos cercanísimos a su postulación aseguran que fue clave el patrocinio de su amigo Ricardo Lorenzetti, quien tiene encuentros frecuentes con Milei. ¿Intervino también Karina, la hermana del presidente? La pregunta corresponde porque Freddy Lijo, el hermano lobista, se comunicó con varios periodistas mientras se instalaba la actual administración para aclarar que era él y no su competidor Guillermo Scarcella (…) quien oficiaba como puente entre Karina Milei y los tribunales. Los hermanos sean unidos.

La proximidad de Lorenzetti con Lijo es para muchos funcionarios de la Corte una corroboración gozosa de antiguas presunciones. En el juzgado del candidato a ministro del máximo tribunal se abrieron dos causas misteriosas. Una contra Carlos Rosenkrantz, bajo la inverosímil acusación de haber abierto 71 sociedades offshore para cursar dinero negro. Rosenkrantz presentó un escrito en el juzgado rechazando los cargos y después declaró que “esta denuncia, aunque infundada y maliciosa, como todas las demás denuncias debe ser investigada. Pero también oportunamente deberá investigarse quiénes la pergeñaron por poderosos que puedan ser. En cuanto al origen, tengo una sola conjetura y no involucra al gobierno”. ¿Esa conjetura era Lorenzetti? En el mismo juzgado de Lijo se cursó otra causa de lento desarrollo, contra otro colega de Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda. Se basó en presuntas irregularidades en la administración de la obra social de la justicia, a cargo del constitucionalista cordobés. Tampoco Maqueda confiesa sus hipótesis. Sí lo hizo en su momento Elisa Carrió, cuando acusó a Lorenzetti y a Lijo de haberle montado una causa fraudulenta. Lijo recurrió como abogado a Mariano Cúneo Libarona.

El Poder Ejecutivo postuló también a un abogado intachable, Manuel García-Mansilla, para ocupar la butaca que debería dejar Juan Carlos Maqueda, el 29 de diciembre, cuando cumpla 75 años (…) En el mundo judicial muchos lamentan que la auspiciosa postulación de García-Mansilla pueda ser interpretada como un intento de atenuar el escándalo provocado por la nominación de Lijo. El eventual sucesor de Maqueda es un destacado constitucionalista que se desempeña también como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. La selección de Lijo conmovió al mundo académico y judicial. En muchos observadores causó perplejidad. Pero, acaso, no debería sorprender. Milei, al proponer a ese juez controvertido para ocupar una banca en el más alto tribunal del país, incurre en un déficit ancestral y recurrente del liberalismo argentino: una hemiplejía economicista que lo vuelve insensible a las condiciones ético-institucionales indispensables para cualquier proceso de reforma”.

Qué duda cabe que Ariel Lijo lejos está de reunir las mínimas condiciones académicas y morales para ser miembro de la Corte Suprema. El presidente de la nación es perfectamente consciente de ello. ¿Por qué, entonces, bendijo su postulación? Porque su objetivo no es otro que manipular a la Corte Suprema, como lo hicieron sus antecesores a lo largo de la historia. Lo que busca es tener en el máximo tribunal de garantías constitucionales su propia mayoría automática.

Buceando en Google me encontré con un ensayo de Andrea Castagnola titulado “La trampa de la manipulación judicial: un análisis histórico de la manipulación política de la Corte Suprema” (Revista Uruguaya de Ciencia Política, junio de 2020). A continuación paso a transcribir la parte del escrito dedicada al repaso de la larga historia de manipulación de la Corte Suprema en nuestro país.

“Los políticos argentinos han sido creativos para inducir a los jueces a retirarse del cargo, y las nuevas vacantes creadas tenían dos propósitos: deshacerse de jueces hostiles y manipular la composición de la Corte a su favor. ¿Pero, cómo la manipulación de la Corte logró persistir durante tantos años? Y, ¿cómo empezó el proceso de desaceleración? En esta sección se abordan estas preguntas mediante un análisis histórico-político. La manipulación de la Corte pudo persistir en el tiempo porque terminó convirtiéndose en la alternativa preferida por los políticos, dado que los beneficios relativos de forzar a los jueces a retirarse del cargo aumentaban con el tiempo, frente a los bajos costos asociados con esta práctica. En general, esta situación generó un proceso de retroalimentación positiva en el que los múltiples eventos históricos de manipulación hicieron más probable que volvieran a ocurrir porque la probabilidad de que el evento ocurra aumenta con el tiempo. Esta retroalimentación positiva puede ayudar a explicar por qué la manipulación de las Cortes se ha convertido en una marca registrada de los presidentes argentinos contemporáneos.

De 1930 a 2014 hubo un total de nueve court-packings políticos en la composición de la corte, de las cuales seis de ellas tuvieron lugar durante años de gran inestabilidad política (entre 1930 y 1983), mientras que las otras tres ocurrieron con el regreso de la democracia (desde 1983). Estas manipulaciones políticas durante años de gran inestabilidad política han sido tradicionalmente explicadas por la hipótesis del cambio de régimen, pasando por alto el rol de la historia y la lógica detrás de esas purgas. La hipótesis del cambio de régimen sugiere que la oscilación entre los gobiernos democráticos y autoritarios durante esos años tuvo un impacto directo en la estabilidad de la composición de la Corte. Esto se debe a que los políticos democráticos y militares no comparten los mismos valores y, por lo tanto, no es aceptable tener jueces nombrados por las autoridades de otro régimen.

Aunque esta hipótesis puede aplicarse en Argentina a la mayoría de las vacantes creadas antes de 1983, no proporciona una comprensión correcta ni completa del problema. En primer lugar, entre 1930 y 1946 hubo dos golpes militares que no fueron acompañados por un cambio en la conformación de la Suprema Corte argentina. En segundo lugar, los años de estabilidad del régimen democrático, que comenzaron en 1983, fueron acompañados por manipulaciones políticas en la composición de la Corte. En tercer lugar, y desde un punto de vista comparativo, los años de inestabilidad del régimen en otros países de América Latina no han estado necesariamente acompañados por manipulaciones políticas de la Corte como lo fue para Argentina. Por lo tanto, se sostiene que estas manipulaciones políticas durante el período de inestabilidad del régimen en Argentina corresponden a un proceso más sofisticado que estaba imprimiendo una identidad única en los políticos y en la milicia, que comenzó en 1930.

Estos court-packing políticos revelan cuatro aspectos importantes de la racionalidad de los políticos: primero, consideran a la Suprema Corte un actor político importante, segundo, no están dispuestos a aceptar fallos desfavorables por parte de sus miembros, tercero, quieren crear una Corte amiga y, finalmente, no recibieron una fuerte reacción por manipular su composición. A continuación se muestra el análisis histórico”.

Las Acordadas: una primera señal de subordinación judicial

“En 1930 el general José F. Uriburu destituyó al presidente Hipólito Yrigoyen del gobierno y se convirtió en el primer presidente de facto de Argentina. Tan pronto el Gral. Uriburu llegó al poder, cerró el Congreso y envió un comunicado oficial a la Corte en el que informaba sobre la nueva situación política en el país. Los miembros de la Suprema Corte podían aceptar el nuevo gobierno provisional y, por lo tanto, darle legitimidad legal al golpe, o no aceptarlo. La comunicación oficial generó fuertes debates dentro de la Corte, especialmente del presidente de la Corte, J. Figueroa Alcorta, que se oponía al reconocimiento del gobierno de facto. Luego de varios días de debate los jueces decidieron firmar la Acordada reconociendo el nuevo gobierno provisional. Esta Acordada dio origen a lo que se denominó la «doctrina de facto», que convalida y legitima actos y normas de los gobiernos de facto. La doctrina de facto fue invocada nuevamente luego del golpe del general Pedro Ramírez, en junio de 1943, cuando la Suprema Corte, por medio de una Acordada, volvió a reconocer la legitimidad del nuevo gobierno provisional.

Si bien la doctrina de facto se originó con la Acordada de 1930, subsistió a lo largo de la historia argentina ya que fue invocada en numerosas ocasiones para convalidar las acciones durante los gobiernos de facto. No obstante, en algunas oportunidades la Corte intentó limitar determinadas acciones de los ejecutivos de facto, lo que generó malestar dentro de las cúpulas militares. Por ejemplo, en 1945 mediante la Acordada del 2 de abril la Suprema Corte declaró que el traslado dispuesto por el gobierno de facto del juez Salvador Dana Montaño, de la Provincia de Santa Fe a la Provincia de Mendoza, constituía una violación a la garantía de inamovilidad de los jueces. En el mismo año la Corte anuló la decisión del Ejecutivo de crear tribunales federales en la provincia del Chaco y revirtió la remoción del juez Barraco Mármol de la Justicia federal de Córdoba. La doctrina de facto fue finalmente eliminada de la jurisprudencia argentina en la reforma de la Constitución nacional de 1994: el art. 36 eliminó la posibilidad de invocar dicha doctrina frente a un eventual golpe de Estado.

Las Acordadas convalidaron los golpes de 1930 y 1943 (y la doctrina de facto); ello representó un primer ataque a la independencia judicial y la subordinación de la justicia al poder político que en algunos momentos mostró intentos por poner límites. Este instrumento legal se convirtió en una herramienta fundamental para los militares ya que les daba validez a sus actos, es decir, les permitía desempeñarse en sus funciones contando con el respaldo del Poder Judicial. Por ello la Suprema Corte no sufrió ninguna purga en la composición de sus miembros, pero ese no fue el caso para las Supremas Cortes provinciales ni para las Cortes federales. La información parcial disponible para algunas provincias durante esos años revela que los gobernadores militares entrantes (designados por el régimen militar) también pusieron en marcha un plan para atacar los Poderes Judiciales provinciales. Por ejemplo, en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Tucumán los gobernadores militares entrantes pudieron remover a los jueces de sus cargos y designar nuevos. Estos ataques a nivel subnacional se convertirían en moneda corriente en la Suprema Corte nacional en los años siguientes”.

Destituciones masivas: el juicio político durante la presidencia de Juan Domingo Perón

“En 1946 Juan D. Perón ganó la elección presidencial con el 54 % de los votos, el Partido Justicialista obtuvo más de dos tercios de los escaños en la Cámara de Diputados y todos menos dos escaños en el Senado. Cuatro días después de la ceremonia de inauguración, el diputado Decker del Partido Justicialista solicitó la destitución de cuatro de los cinco jueces de la Suprema Corte y del procurador general. La mayoría de las acusaciones en contra de los jueces estaban relacionadas por las Acordadas de 1930 y 1943, pero también por los fallos de la Corte que tuvieron por objetivo frustrar las políticas del gobierno de facto anterior del cual Perón fue ministro de Trabajo y luego vicepresidente. Una de las decisiones más importantes de la Suprema Corte contra el gobierno militar, pero especialmente, contra las políticas laborales de Juan Perón fue el caso «Dock Sud Buenos Aires». En 1945, Perón como vicepresidente del gobierno del Gral. Farrell creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los tribunales de trabajo para que, según sus propias palabras, «la justicia esté en manos de verdaderos magistrados y no de quienes buscan la forma de violentarla». Las objeciones desde al ámbito jurídico no se hicieron esperar, debido a que es el Poder Legislativo y no el Poder Ejecutivo el que tiene facultades para crear tribunales de justicia. Recién en 1946, antes de la elección presidencial que daría por ganador a Perón, la Suprema Corte se expidió sobre el tema y declaró inconstitucional el decreto de creación de la Secretaría y minimizó su rol dentro de la política laboral. La sentencia de la Corte tuvo un fuerte contenido electoral, no solo por el momento en el que se publica, sino porque atentaba a las bases electorales de Perón.

El juicio político de los jueces y el posterior nombramiento de jueces amigos en la Corte representa un momento clave de crisis institucional al interior del Poder Judicial, lo que se conoce como una coyuntura crítica (critical juncture) para el desarrollo de la trayectoria. Existe un consenso entre los académicos acerca de la injusta acusación de los jueces y la violación del debido proceso, entendiendo que las destituciones fueron motivadas por razones políticas. Luego del juicio Perón pudo copar la Corte con cuatro jueces que compartían en común no solo su lealtad hacia él, sino también el partido político, ya que el nuevo requisito para los nuevos miembros del Poder Judicial era la afiliación al Partido Peronista.

El primer juicio político masivo a los miembros de la Corte consolidó en el ámbito nacional lo que previamente se había iniciado en el federal y subnacional, y estableció una nueva lógica de interacciones entre los Ejecutivos y las Cortes, que en los años siguientes sería difícil de revertir. Los fallos desfavorables de la Suprema Corte contra las políticas de Perón revelaron que, en primer lugar, las Cortes son actores fuertes en la formulación de políticas y, segundo, que los Ejecutivos no están dispuestos a aceptar fallos hostiles durante su mandato. La purga de la Suprema Corte puso en evidencia que los Ejecutivos no tienen que, necesariamente, lidiar con una corte hostil durante su mandato”.

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