Por Claudio Valdez.-
Intrusos y ocupantes ilegítimos no son vecinos. La calidad de vecino requiere “terreno y casa” propia, en alquiler o en comodato fijando domicilio, y en casos de forasteros acreditar domicilio en tránsito.
No revistan como tales quienes habitan “de hecho” y sin los requisitos de legalidad y legitimidad, aunque el fenómeno resulte apañado desde el Estado (nacional, provincial o municipal) que con desidia se aprovecha de su ineficiencia para clientelismo electoral. Así, “el hecho” se reproduce en grandes ciudades, pueblos importantes y se traslada a las villas turísticas en temporada de vacaciones: miserables, cual voraces insectos, pululan donde puedan “picar”, comer y sobrevivir; no dejando de contaminar con su contracultura y riesgos los ámbitos “invadidos”.
Migrantes marginales que, ubicados en las ciudades, sin elementales requisitos culturales ni de utilidad social y económica se procrean en hijos incapaces para las necesidades de la sociedad y deficientes para cualquier actividad por causa de mala educación e ignorancia. Habitantes que resultando “descartables” engrosan la “plantilla de asociales”, pudiendo solo ser ocupados en la informalidad laboral y la delincuencia organizada. Quienes no logran siquiera ese tipo de “changas” y “conchabos” se dedican a vagar y subsistir apelando a la mendicidad o a la delincuencia oportunista.
Gente tan extraña como cualquier dispar extranjero, pero con la particularidad de habitar “de contrabando” y sin contraprestación aceptable para el orden social local. Los hijos, aunque nacidos en el territorio, no están en capacidad de participar de las condiciones sociales y culturales del modo de vida urbano, emulando en forma agravada a sus miserables padres.
Por mal entendidos y peor aplicados “derechos humanos”, el Estado argentino otorga protección a esta “gente ajena” a cambio de perverso clientelismo: les brinda documentos, les permite asentamientos precarios contrariando requisitos catastrales e incluso tolera el vagabundeo, la venta ilegal ambulante y la mendicidad. Los “políticos profesionales” desde hace casi cuatro décadas no encuentran solución para este tipo de miseria, instalada por su negligencia y la pervertida utilización de esos indigentes.
En la mayoría de los casos, son aprovechados como “masa” para asuntos electorales y como “movimientos sociales” para “ganar la calle”. El “intencional descuido” queda en evidencia al observarse la distribución demográfica en el país, la calidad de los trabajos desempeñados y el tipo de subsidios otorgados. Estas, y no otras, son las causas de la insoportable inseguridad sufrida por la población productiva: ¡demasiados asociales, contraculturales, pobres y empobrecidos!
En tanto la situación de empobrecimiento es padecida con continuidad por crecientes sectores de la población, los candidatos electorales se encuentran entretenidos en “arreglos” inútiles y felonías sin fin: sus mejores propuestas son del tipo “el que gana gobierna y los otros acompañan”. Mientras juristas con pretensiones “de fuste” explican que “la cárcel no sirve para nada”. ¡Cierto, desde que apenas resulta derrochado hospedaje!, o que “la pena de muerte ni siquiera es discutible”; más cierto todavía: ¡desde que quienes la aplican sin discriminación son los delincuentes!
Delincuentes beneficiarios de “garantismo, inimputabilidad, despenalización e incluso abolicionismo”; y en muchos casos mal calificados como “vecinos” en perjuicio de legítimos derechos y garantías constitucionales.
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