Por Luis Alejandro Rizzi.-

Desde hace tiempo en la Argentina los precios no tienen relación con los costos ni con una rentabilidad razonable; son los llamados “precios políticos”, con un importante componente fiscal, que en general incide en el precio final con un mínimo del 30% que se paga por todos los consumidores, con independencia de su “capacidad contributiva”.

Lo paradójico es que ese “precio fiscal” tiene como fundamento una suerte de distribucionismo para garantizar un mínimo de justicia social que se debería reflejar en la calidad de vida de la sociedad, con buenos servicios públicos.

Así se llegó a un nivel de presión fiscal inadmisible que hace que los contribuyentes trabajemos más de la mitad del año para mantener al estado, al tiempo que se fue creando una sociedad marginal, que vive en la economía “negra”, pero que se sustenta esencialmente en la evasión fiscal, en especial en los impuestos directos y algunos “indirectos” como el IVA e ingresos brutos, son parcialmente eludidos pero a la vez lo pagan pobres y ricos con una misma tasa que puede variar entre el 10 y el 21%.

Esa “sociedad marginal” obviamente usa de los servicios públicos; algunos se pagan, como el transporte, aunque en los servicios ferroviarios es fácil evadir el pago; en la energía, muchos vecinos viven “colgados” pero todos tienen en común “el subsidio a la oferta”.

Las políticas arancelarias distorsionan el concepto de “importación” y así se reservan mercados para una industria nacional que sólo sabe competir en el mercado de las prebendas.

Esta distorsión desalentó la inversión, la que durante decenas de años fue sustituida por el “gasto fiscal”, déficit financiado con deuda interna y externa, y agotando el crédito con emisión.

Conviene aclarar que la inversión insuficiente dificultó la creación de empleo y el estado, en vez de pagar seguros, creó empleos, que en los últimos 20 años duplicaron el gasto fiscal. El gasto corriente superó a la inversión en capital.

Este círculo vicioso en algún momento debía quebrarse, que es lo que nos toca vivir. Estamos a la intemperie más desoladora que uno puede imaginar.

Pobreza que insisto supera al 70% de la gente. No tenemos moneda; los servicios públicos son insuficientes y de pésima calidad y padecemos las escaseces más inverosímiles, como pasa ahora con la falta de repelentes…

La Argentina es lo más parecido a una ciénaga; cuando más hacemos, más nos hundimos; carecemos de referencias firmes.

No es fácil salir de este colosal entuerto donde las necesidades apremian y las carencias angustian.

El gobierno debe ocuparse de las cuestiones argentinas de modo simultáneo y fatalmente debe conformar un cuadro de prioridades, tomando como referencia a los segmentos sociales menos favorecidos o más sumergidos.

Al mismo tiempo debe proponer objetivos y generar esencialmente respeto moral, única fuente capaz de recuperar el culto a la virtud de la esperanza, integrando a la sociedad en una real comunidad nosística, sin exclusiones.

La integración social sólo es posible gobernando con paciencia y prudencia, virtudes de las que este gobierno hasta ahora carece, y genera reacciones lógicamente desmesuradas e irracionales.

El gobierno debe entender que ni los medios son fines ni los fines medios y debe pensar que, en muchos segmentos sociales, la paciencia se agotó y que la mediocridad o liquidez cultural no sólo es patrimonio de algunos gremialistas.

Si observamos las acciones del gobierno y de algunos opositores, son simétricas, hacen culto del fundamentalismo, que es incultura e inmoralidad.

Antes que una “ley bases” debemos conformar un diagnóstico de prioridades de males y luego debatir los medios.

No podemos refugiarnos en la generalidad de todos sabemos que estamos mal; lo que no sabemos es cómo salir y cuál es la capacidad de aguante de la sociedad.

Una cuestión crucial sería la de “despolitizar el sistema de precios”; eso comenzará a moralizar la economía.

Los futuros de las sociedades se tejen, como lo hacían nuestras tías abuelas, con paciencia y constancia.

Mañana seguimos…

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