Por Hernán Andrés Kruse.-

Los estudiosos de la opinión pública coinciden: Mauricio Macri comenzó su gobierno con una imagen positiva superior al 60 por ciento y hoy, a un año de su asunción, dicha imagen alcanza el 45 por ciento. Vale decir que en un año sufrió una pérdida de imagen positiva de entre 15 y 20 puntos. Para algunos de los consultores estos porcentajes lejos están de ser lapidarios para el presidente. En efecto, si se tiene en cuenta que el grueso de la población está muy disconforme con la marcha de la economía, que Macri conserve un 45 por ciento de imagen positiva es altamente meritorio. Lo que lo salva es que hoy continúa habiendo una expectativa nada desdeñable de que la situación mejorará el año próximo, que habrá reactivación de la economía y un descenso de la inflación. Ello significa que aún conviven una mala imagen de la población respecto al rumbo económico y altas dosis de esperanza de una mejoría para 2017. Sin embargo, el grueso de los consultores considera que la grieta continúa vivita y coleando, la sociedad está dividida en dos partes bastante parejas con miradas antagónicas respecto al gobierno de Macri. Página/12 consultó a varios de los más importantes analistas de la opinión pública y Mora y Araujo sintetizó lo que sus colegas consultados sostienen: “La valoración del gobierno está en el orden del 50 por ciento-punto más, punto menos-y me parece que no está mal, dada la valoración que la gente hace de la situación de la economía, que es francamente mala”. Ese 50 por ciento reconoce lo mal que marcha la economía pero al mismo tiempo confía en Macri y su equipo económico. De mantenerse este escenario en octubre próximo Cambiemos ganará las elecciones de medio término.

Hugo Haime rememora que “este año comenzó con una alta expectativa de que al gobierno las cosas le vayan bien. Había una fuerte aprobación de gestión y una muy buena imagen personal de Macri. Era el momento en que a la vez se aprobaba la salida del cepo, el diálogo político, la búsqueda de transparencia en las estadísticas. También se creía en el mensaje de que bajaría la inflación y llegarían las inversiones que generarían trabajo. Con el tiempo la expectativa cayó en la medida en que la inflación no bajó, las inversiones no llegaron y la economía no se reactivó. Junto a eso el gobierno tuvo un gran tropezón con su intento de incrementar las tarifas públicas. Agosto fue su peor momento. Septiembre, con el Minidavos y las giras al exterior, volvió a generar una expectativa, que volvió a decaer el último mes. La población continúa partida en dos en el nivel de aprobación-desaprobación del gobierno. En síntesis, diría que la administración Macri salva la ropa con un nivel de aprobación del 45 por ciento y una imagen positiva personal de Macri de 56, pero se abren muchos interrogantes. La población está preocupada por el bolsillo y esperando que la economía arranque. Quienes no votaron al gobierno en segunda vuelta no le tienen confianza. Los que lo votaron están en una situación ambigua: algunos dudan y seguramente esperarán a los primeros meses del año para terminar de evaluar”. Según Eduardo Fidanza “Macri necesita tiempo”, argumentan quienes lo siguen apoyando. “Nuestra encuesta indica que el gobierno tiene la aprobación del 55 por ciento y el rechazo del 44. La desaprobación proviene básicamente del electorado que votó al FPV en el ballotage y el gobierno conserva un nivel relativamente alto de aprobación entre los votantes de Massa. Estas magnitudes están consolidadas desde hace aproximadamente cuatro meses, con una leve tendencia a la baja en la última medición de noviembre. La evaluación de la gestión económica está polarizada y bajan las expectativas de inflación. El presidente tiene una imagen positiva del 46 por ciento y una negativa del 32 por ciento. En general se mantienen altas las expectativas de mejoramiento de las condiciones del país para el próximo año. Más de la mitad de la población es optimista en relación a 2017, piensa que la situación del país progresará. En este sentido, el gobierno encara 2017 con el crédito abierto, a pesar de las dificultades. El 56 por ciento de la población estima que (Macri) “sabe cómo resolver los problemas pero necesita tiempo”.

Roberto Bacman recuerda que “días atrás, Macri, ante la pregunta de un periodista, calificó a su gestión con ocho puntos. Esa es su opinión, y obviamente es válida, pero todo parece indicar que para los argentinos la situación es muy diferente. El Índice de Satisfacción Ciudadana que elabora CEOP desde agosto pasado, donde los entrevistados deben calificar la gestión de gobierno con un puntaje de 1 a 10, en noviembre arrojaba una media de 3,98 puntos. Es decir que la gente le pone un cuatro y con tendencia al descenso: bajó con respecto al primer mes de medición, agosto. Más aún: si se discrimina ese promedio por rangos, un 63,4 por ciento se muestra insatisfecho (1 a 4 puntos), el 18,4 posee una satisfacción estándar (5 y 6 puntos) y sólo un 18,2 está abiertamente satisfecho (entre 7 y 10 puntos). La dimensión económica es el principal motivo de insatisfacción en este índice. Apenas obtiene 3,38 puntos. Los aspectos económicos peor evaluados son la eficiencia en el manejo de la economía y la disminución de la pobreza”. Federico Aurelio considera que “Macri partió de una valoración muy positiva que se generó a partir del cambio de gobierno, pero fue cayendo. Si tenemos en cuenta los duros ajustes que tuvo el bolsillo de los argentinos, que el gobierno nacional haya transitado el primer año manteniendo la expectativa favorable de casi la mitad de la población es más un signo de fortaleza que de debilidad. Es importante señalar que la mayoría está disconforme con lo vivido, pero la mitad que apoya al gobierno mantiene su crédito porque entre otros factores considera como principal responsable de los problemas del país al gobierno anterior. Pero también es cierto que en el 2017 la demanda va a trascender las señales políticas y la sociedad va a exigir hechos concretos de mejora de los temas que los afecta en su vida diaria”.

Artemio López expresa que “con leve deterioro en la imagen de gestión y personal, aún no percibo grandes cambios en el estado de la opinión pública que alteren sustantivamente el sistema de preferencias de la segunda vuelta electoral. La novedad es que Macri mantenga niveles de popularidad altos y Cristina haya logrado atrapar la dimensión de opositora principal. En otras palabras, a pesar del desastre socioeconómico que produjo, Macri y su gestión aún no manifiestan gran erosión en su evaluación, que sigue teniendo niveles de aceptación en torno al 45 por ciento. Sin embargo la nota distintiva es la persistente polarización de la opinión pública sin cambios respecto a la existente en noviembre de 2015, lo que impulsa el recorte nítido de Cristina como opositora principal y crecientemente única opositora real. Persistiendo este clima socioeconómico adverso en principio el gobierno deberá extremar su capacidad de construir burbujas de bienestar relativo transfiriendo ingresos a la base de la pirámide social vía planes de ayuda, con el objetivo de darle la mayor autonomía posible a la estrategia electoral y sus candidatos respecto a las deterioradas condiciones estructurales de la economía nacional”. Por último, Ricardo Rouvier manifiesta que “Macri inició su gobierno con un nivel de expectativa alto y con una imagen positiva alrededor del 70 por ciento, que superaba a su caudal electoral en el ballottage. Pero, a medida que pasaron los meses, se fue erosionando tanto la percepción favorable como la expectativa a futuro. La luna de miel terminó y el peso incidental de la herencia disminuye día a día. Sí, es cierto, se intenta un efecto compensatorio con la catarata de denuncias de corrupción sobre el kirchnerismo, que apunta a estabilizar el escenario político, que se empezó a inclinar negativamente hacia el oficialismo. Los primeros meses del año próximo serán decisivos para que las opiniones adopten un camino más definido hacia lo positivo o lo negativo. Cuando decimos economía, hablamos de la incidencia en la vida cotidiana. Hay datos superestructurales que se difunden y quieren generar optimismo; pero el problema es la vivencia real” (fuente: Raúl Kollmann, “Rota, pero no perdida”, Página/12, 4/12/016).

La ex presidente de la nación fue la encargada de cerrar el tercer Encuentro Nacional de Salud en la Universidad Nacional de Lanús. En esta oportunidad a Cristina le otorgaron el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Lanús y también fue agasajada por un grupo de galenos de Cuba que residen en la Argentina y que fueron formados en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Dijo Cristina: “El neoliberalismo no sólo recorta políticas de salud, le hace mal a la cabeza de la gente: te desorganiza la vida, porque no sabes si llegas a fin de mes, si mañana te echan del laburo, si vas a poder pagar la prepaga o los medicamentos”. Calificó a las políticas neoliberales como “criminales y genocidas” porque les impiden a las personas adquirir los remedios que necesitan para cuidar su salud. Destacó que “hay estudios de Grecia, Italia y España que demuestran que las políticas de ajuste y austeridad han impactado en la salud. La tasa de suicidios crece a la par de la tasa de desempleo”. Antes de presentar a la ex presidente Daniel Gollán, ex ministro de Salud, consideró que “ningún proyecto de salud es independiente del modelo de país” (…) “En el encuentro del año pasado, previo a las elecciones del 22 de noviembre, advertíamos sobre las consecuencias que podía traer el neoliberalismo al sistema de salud. Hoy lo estamos comprobando. Lo que no previmos fue la velocidad con la que están destruyendo todos los programas de salud” (…) “Todos los indicadores de salud en la Argentina habían mejorado de manera sustancial. Bajamos mortalidad infantil al 9,7 por mil, según los datos de 2015 que están por publicarse oficialmente. No fue magia: fue la asignación por embarazo, las cirugías para chicos con malformaciones congénitas y el plan Qunita”. Cristina dijo irónicamente que “no hay mala gestión, no se trata de que tal o cual funcionario se equivoca o que al cambiarlo se soluciona algo” (…) “Ese engaño tiene como propósito no cuestionar las políticas de fondo que implementan. El modelo neoliberal necesita una desocupación de dos dígitos, convenios colectivos flexibilizados, salarios a la baja para funcionar”. De ahí la necesidad, enfatizó, de la creación de un amplio frente ciudadano: “lo propuse en abril y en actos como este lo empezamos a esbozar. Con paciencia, se va a concretar”. Pidió “volver a organizar a los argentinos”. La organización, expresó, “desborda a los partidos políticos tradicionales” (…) “Con nosotros solos no alcanza”, enfatizó. Cristina cerró su alocución manifestando que “hay que sustituir ideas y también sustituir dirigentes. Yo me incluyo” (…) “es vital entender: si depende de una persona estamos perdidos. Tiene que volver un pueblo empoderado, o volvemos a hundirnos todos como en 2001” (fuente: “Con nosotros no alcanza”, Página/12, 4/12/016).

Cadieel, la cámara que aglutina a las pymes del sector electrotécnico, acaba de brindar datos lapidarios. Más de un tercio se vio obligada a efectuar una reducción de su personal durante este año. Un tercio del capital físico productivo no funciona, lo que señala que la capacidad instalada apenas se utiliza en un 66 por ciento. Sólo un 3 por ciento de las empresas del sector conservan los tres turnos diarios mientras que el 21 por ciento mantiene dos turnos de trabajo y el 76 por ciento restante (la inmensa mayoría) apenas conserva un turno. Esta crisis no hace más que dejar al descubierto las deletéreas consecuencias provocadas por la decisión del gobierno nacional de anunciar la baja de aranceles a la importación de equipos informáticos. Como respuesta a semejante problema los ministerios de Trabajo y de Producción no tuvieron mejor idea que lanzar el “Plan Nacional de Transformación Productiva”, cuyo objetivo es asistir técnica y financieramente a aquellas empresas que no estén en condiciones de competir con los productos importados. Lo que en realidad busca el gobierno es subsidiar a aquellas firmas que estén dispuestas a presentar planes de liquidación de su actividad actual para que estén en condiciones de afrontar las indemnizaciones. En buen romance, el gobierno está dispuesto a ayudar financieramente a aquellas empresas decididas a reconocer su desaparición del mercado.

Hace poco más de una semana el gobierno de Mauricio Macri anunciaba con bombos y platillos un acuerdo con cámaras empresarias y sindicatos para garantizar la estabilidad de los trabajadores hasta marzo de 2017. Fue solo una puesta en escena ya que inmediatamente después del cónclave el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, expresó que en realidad el acuerdo únicamente implicaba una expresión de voluntad. Por lo menos el dirigente empresarial fue sincero. Días más tarde se tuvo conocimiento de 60 despidos en electrometalúrgica Andina, 80 trabajadores de Acindar obligados a retirarse voluntariamente, 270 telegramas de despido a trabajadores de Pecom Energía, 38 despidos en Tejedurías Naiberger, 60 despidos en Nevares y la decisión de YPF de desactivar de manera definitiva 33 equipos de yacimientos de la provincia de Neuquén. Si el gobierno no reaccionó frente a esta realidad se debe fundamentalmente a que un panorama laboral semejante estaba dentro de sus cálculos. Hace unos tres meses que los ministerios de Producción y de Trabajo vienen trabajando en la elaboración del denominado “Plan Productivo Nacional” cuyo objetivo es definir un esquema de sectores de alta, mediana y baja competitividad en función de su capacidad de adecuación a un modelo que los obliga a competir con los productos de afuera. No se trata de ninguna innovación de parte del gobierno nacional sino de su decisión de importar el modelo australiano sustentado en la decisión de generar empleo de calidad a través de una apertura gradual de la economía y una reconversión productiva. Claro que para ese objetivo no dudó en reducir la representación sindical y ejecutar un profundo esquema de privatizaciones.

Los dos ministerios involucrados presentaron el “Plan Nacional de Transformación Productiva” como una oferta de “financiamiento, asistencia técnica y capacitación para empresas que busquen mejorar su competitividad”. Consta de 14 artículos y un anexo, donde explica que su aplicación “implica la acción coordinada de los Ministerios de Producción y de Trabajo, junto a las empresas, cámaras, trabajadores y sindicatos, en tres niveles”. Dos artículos hacen referencia a las empresas, a las que identifican como aquellas “que detecten oportunidades de transformación productiva” o las que “tienen proyectos de inversión genuinos y sustentables”. El gobierno ofrece a estas empresas tanto asistencia técnica como recursos. Ahora bien, lo que más llama la atención es en lo referido a “los trabajadores, tanto que requieran capacitación para realizar nuevas tareas dentro de la misma empresa, como con aquellos que necesiten reinsertarse laboralmente”. Y agrega, como dando por hecho la existencia de la desocupación: “los trabajadores que elijan ingresar al Programa recibirán un seguro de desempleo ampliado (durante seis meses, 50 por ciento del último salario percibido, con un piso de un salario mínimo), facilitando su reinserción en las empresas que forman parte del programa”. Según Federico Cuomo, ex presidente de la Unión Industrial de Avellaneda, “lo que están ofreciendo es financiar la indemnización para las empresas que decidan no seguir: no hay otra forma de entenderlo, nos están entregando por adelantado nuestra propia acta de defunción”. En definitiva, el Programa de Transformación Productiva no sería otra cosa que la selección para su exclusión de la sociedad capitalista de aquellos sectores considerados “no competitivos” (fuente: Raúl Dellatorre, “Plan de desintegración”, Página/12, 3/12/016).

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