Un martes de locura: El recuerdo de Alfonsín

Por Hernán Andrés Kruse.-

Desde hace días que estamos a merced de una corrida cambiaria furiosa. La suba incontrolable del dólar blue, además de destrozar el sistema nervioso de los argentinos, pone dramáticamente en evidencia la feroz crisis política que aqueja al gobierno nacional. Hoy estamos en presencia de un vacío de poder que nos hace recordar jornadas dramáticas, como las que vivimos en las postrimerías del gobierno de Raúl Alfonsín.

El lunes 24 el dólar blue subió 20$ (de 442$ a 462$). Una verdadera locura. Pero todos éramos conscientes de que lo peor de la corrida cambiaria estaba por venir. El martes 25 el dólar blue subió nada más y nada menos que 35$, casi el doble que la jornada anterior. En estos momentos (martes por la tarde) el dólar blue cotiza a 495$.

Mientras la moneda norteamericana se descontrolaba, hablaron el presidente formal Alberto Fernández y el presidente en los hechos, el ministro de Economía Sergio Massa. El ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner culpó a la derecha vernácula por el incremento del dólar blue y ratificó a Miguel Pesce al frente del Banco Central. Además, embistió con durezas contra quienes “instalan rumores a la mañana, operan durante todo el día y retiran su rentabilidad por la tarde, y lastiman de ese modo el ahorro de los argentinos”. “Lo que dice Sergio Chodos (el director argentino ante el FMI) es absolutamente cierto y no es la primera vez que lo vemos. Siempre han hecho lo mismo, yéndose al exterior a hablar mal de los gobiernos populares. Y pidiendo que corten el crédito para el país y que nos exijan más ajuste sobre el pueblo argentino”. El presidente formal respaldó, pues, al funcionario que en las últimas horas había calificado de “antipatrias” a los economistas macristas Guido Sandleris, Hernán Lacunza y Alfonso Prat Gay, quienes les habrían pedido a funcionarios del FMI que dejen de brindar ayuda a la Argentina. “Esta historia que estamos viviendo la hemos vivido muchas veces. Pero con Massa vamos a tratar de educarlos, a ver si de una vez piensan en la Argentina, piensan en los que pueblan este país, piensan en los que trabajan en este país, piensan en los que han quedado sumidos en la pobreza en este país, antes de pensar en sus negocios y en sus intereses políticos”, remató el presidente formal (fuente: Infobae, 25/4/023).

Por su parte, el presidente real, Sergio Massa, expresó en las redes sociales: “Hace varios días que vivimos una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes y su consecuente impacto en los instrumentos financieros vinculados al dólar”. “Vamos a usar todas las herramientas del estado para ordenar esta situación y en ese sentido notificamos al FMI de las restricciones que pesaban sobre la Argentina y vamos a cambiar en la rediscusión del Programa”. “Además, vamos a usar a la Justicia Penal Económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero” (fuente: Perfil, 25/4/023).

Las palabras de Alberto y Massa ya no causan ningún efecto. Ello es así por una simple y contundente razón: la credibilidad del gobierno nacional ha desaparecido por completo. En consecuencia, lo más probable es que en los próximos días el dólar blue continúe con su frenética escalada. Ojalá me equivoque.

En el título de la presente nota menciono a Raúl Alfonsín. No fue casual que lo hiciera. En efecto, lo que está pasando hoy en la Argentina en materia cambiaria me hizo acordar a los dramáticos últimos meses de la presidencia de don Raúl, quien debió entregar anticipadamente el poder a su sucesor, Carlos Menem, jaqueado por una situación económica (hiperinflación) y social (saqueos) insostenible. ¿Estamos en las vísperas de una tragedia semejante? Dios quiera que no.

De todas maneras me parece aconsejable que tengamos muy presente lo que nos pasó en aquellos fatídicos meses de 1989 y, fundamentalmente, cuáles fueron las causas de aquella espantosa experiencia. Porque como bien señaló el filósofo español Jorge Ruiz de Santayana “quien olvida su historia está condenado a repetirla”. Esta sentencia puede aplicarse también a los pueblos: “Pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla”. De ahí la importancia de recordar cuáles fueron las causas que provocaron el desastre hiperinflacionario en las postrimerías del gobierno alfonsinista.

Mucho se ha escrito sobre el tema. Buceando en Google encontré un didáctico ensayo del profesor ordinario adjunto de Economía Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata Marcelo A. Krikorian, titulado “La hiperinflación de 1989/90. Aportes y reflexiones sobre un episodio que marcó la historia argentina”. A continuación me limitaré a transcribir los párrafos dedicados a la híper inflación que jaqueó a Alfonsín-y al pueblo argentino obviamente-.

Escribió el autor:

Del Plan Austral a la hiperinflación de 1989

Contexto político y económico

“Los primeros años de la nueva etapa democrática iniciada en 1983 fueron bastante complicados para gobernar. En lo político -más allá del triunfo contundente del Radicalismo por el 52% de los votos- la herencia dejada por la Dictadura en materia de violaciones a los derechos humanos hizo que la agenda gubernamental estuviera demasiado ocupada con otros temas de gravedad institucional. Luego del histórico enjuiciamiento a las Juntas Militares de 1985, sobrevino el procesamiento a personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con rango inferior al de las máximas jerarquías, involucrados en crímenes de lesa humanidad. En este marco se produjo el levantamiento de Semana Santa de 1987 derivado de la Ley de Punto Final sancionada en 1986, que aceleró las citaciones judiciales. La sociedad sin distinciones sintió que la Democracia estaba amenazada y se concentró en Plaza de Mayo para repudiar la rebelión y respaldar la continuidad institucional. Aun así, al poco tiempo era sancionada la Ley de Obediencia Debida, que desprocesó a cientos de involucrados en estos graves hechos. Paralelamente a las tensiones que sufría el sistema democrático, la inflación galopante iba reduciendo el margen de maniobra del Gobierno que no daba muestras de poder resolver la cuestión. Las correcciones salariales nunca eran suficientes y los ingresos de los trabajadores iban perdiendo paulatinamente la batalla contra los precios de bienes y servicios. Esto potenció el rol opositor de la CGT liderada por Saúl E. Ubaldini, que organizó entre 1984 y 1989 trece manifestaciones de protesta entre paros y movilizaciones. Tampoco fue fácil gobernar con la mayoría Justicialista en el Senado Nacional (los senadores eran elegidos por las Legislaturas Provinciales y más de la mitad estaban controladas por el PJ).

La estrategia económica fracasó durante el primer año de Gobierno. Pese a los controles de precios, la inflación continuó su escalada mientras se convalidaban aumentos salariales que tendieran al menos a compensarla, con el resultado habitual: los ingresos volvían a quedar rezagados. 1984 cerró con 688% de inflación contra un 434% del año anterior. No pueden analizarse estos años disociados del problema de la deuda pública: el mayor condicionante que tuvo y tiene la Democracia. La deuda argentina en 1983 era de aproximadamente U$S 45.000 millones y fue destinada por la Dictadura a fines que nada tenían que ver con incrementar la capacidad de producción del país para así estar en mejores condiciones de pagarla: a) financiar la especulación por medio de la tablita cambiaria que mantenía artificialmente barato el dólar con créditos externos, b) realizar obras públicas faraónicas e improductivas y c) absorber deuda externa privada que pasó a ser pública en un proceso de estatización que arrancó luego de la devaluación de 1981 y culminó en 1985. El país se encontraba entonces con un pasivo de proporciones cuando los acreedores internacionales decidieron revertir la tendencia de crédito fácil, propio de los años 70. Ya no había líneas de préstamos de esas características antes impulsadas por el alza en el valor del petróleo (petrodólares); asimismo, las tasas de interés internacionales -debido a las políticas monetarias restrictivas de los países desarrollados como EEUU- habían subido hasta los dos dígitos, pasando de un 6/8% anual a un 20% en 1981/82 (Gerchunoff Pablo y Llach Lucas, 2005: 385 y sig.).

Lo que restaba era pagar; pagar con ajuste, distrayendo recursos del presupuesto estatal asignados a áreas clave. El sector público necesitaba ahorrar para comprar los dólares necesarios que permitieran afrontar compromisos cuyo origen estaba viciado de legitimidad. Por ende, disminuyó la inversión pública y la falta de inversión -sea en bienes de capital, sea en infraestructura- fue siempre una presión inflacionaria especialmente mencionada por la corriente estructuralista. El Ministro de Economía Bernardo Grinspun -perteneciente al riñón político del Presidente Alfonsín- renunció en febrero de 1985, asumiendo un técnico con formación estructuralista que hasta entonces era Secretario de Planificación (cargo que pasó a ocupar Grinspun en un enroque): Juan Vital Sourrouille. Sourrouille apostó a un esquema que no sería gradualista sino de shock. Así vio la luz en junio de ese año y por Decreto de necesidad y urgencia (Decreto 1096/85, www.saij.jus.gov.ar) el Plan Austral, que combinó medidas típicamente monetaristas (compromiso de reducción del gasto público con eliminación del déficit fiscal y cero emisión de moneda con ese fin) con medidas más heterodoxas (congelamiento de precios de bienes, tarifas de servicios públicos y salarios).

También se aplicó un desagio para desindexar obligaciones de ejecución continuada contraídas antes del Plan. Más allá de las críticas que despertó el desagio por quienes eran acreedores en diferentes relaciones contractuales, se entendió que era necesario tomando en cuenta la significativa reducción que en los meses siguientes tendría el índice inflacionario, donde no era razonable convalidar cláusulas indexatorias pensadas con una expectativa de suba de precios que ya no era de magnitud. El Peso Argentino dejó de existir, dando lugar al Austral que tenía tres ceros menos y era más fuerte en la relación de paridad que el mismo dólar, como se verá más adelante. El congelamiento de precios estuvo precedido de una remarcación que permitió a los formadores de precios contar con cierto “colchón” para soportar el nuevo escenario por unos meses. La inflación de junio de 1985 fue exactamente del 30,5%, un poco menor a la que se registró en 1975 con el “Rodrigazo”(3).

No caben dudas de que el país iba camino a la hiperinflación más tarde o más temprano y que el Plan Austral se propuso evitarla. La inflación bajó. En agosto llegó al 6,1%, en septiembre al 2% y en octubre al 1,9%. En los nueve meses que duró el congelamiento la inflación promedio fue de 3%, mientras que en los nueve meses anteriores al Austral fue de 25% (Frenkel Roberto y Fanelli José María, “Desequilibrios, políticas de estabilización e hiperinflación en Argentina”, 1989). El Gobierno tenía su primer test electoral en noviembre y ganó la renovación legislativa con el 43% de los votos. En 1986 comenzaron a hacerse correcciones. Nació el Austral II, mientras lentamente se diluían los logros del Austral original. Los controles iban cediendo, básicamente por la presión de los formadores de precios y los sindicatos -al compás de un incipiente rebote inflacionario- volvían a la carga ejerciendo el derecho de reclamar actualizaciones salariales. Aún así, el año cerró con una inflación de dos dígitos: 81,9% Un párrafo aparte merecen los problemas del sector externo en los años 1986/87. Las exportaciones cayeron en 1987 a U$S 6.600 millones, principalmente por la baja en las cotizaciones de los productos primarios a raíz de la política de subsidios distorsivos del mundo desarrollado. Combinado con mayores importaciones, esta situación arrojó un pobre superávit comercial de U$S 257 millones. Semejante escasez de dólares complicó el mercado cambiario y la agenda de vencimientos que el Gobierno tenía en ese año (Frenkel Roberto y Fanelli José M., 1989: 17).

Derrota electoral, gestión debilitada e hiperinflación

El año 1987 significó un quiebre para el Radicalismo en el Gobierno. Al avance del poder militar que se mencionó antes, arrancándole medidas que le garantizaran impunidad se sumó la derrota de septiembre, perdiendo la Gobernación del principal distrito: Provincia de Buenos Aires, y quedando sin mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional para los dos años que restaban del mandato. Ese año, en otra demostración de viraje en antiguas posiciones que identificaron históricamente a la UCR, el Presidente Alfonsín propuso al Parlamento un ensayo de privatización tomando como leading case a las empresas estatales de telefonía (ENTEL) y de aeronavegación (Aerolíneas Argentinas), asociadas respectivamente con Telefónica de España y con la compañía aérea europea SAS (Sevares Julio, 2002: 42 y sig.). La iniciativa, que tuvo como autor intelectual al Ministro Rodolfo Terragno, no prosperó. Por esas actitudes contradictorias e hipócritas que suelen darse en la vida política de muchos dirigentes, fue Eduardo Menem (hermano de quien tiempo después fuera Presidente de la República e impulsara el mayor y más rápido proceso privatizador del que se tenga memoria) quien llevó la voz cantante de su bloque en el Senado rechazando el proyecto por “entreguista y vendepatria”.

En 1988 hubo nuevos intentos por detener la espiral de la inflación. Desde comienzos de aquel año se restableció el régimen de convenciones colectivas de trabajo de la ley 14.250 (paritarias), que habilitaba a los gremios a discutir salarios directamente con el sector empresario. Resultado de esa puja -como en otros tiempos- fue el traslado a precios de las actualizaciones conseguidas por los trabajadores. En agosto se anunció el Plan Primavera, con medidas de ajuste y racionalización del gasto público y de modificación del régimen cambiario con los dólares comercial y financiero: las exportaciones agropecuarias se liquidarían por el dólar comercial -de menor valor- y las industriales por un mix entre el dólar comercial y el financiero -de más valor porque estaba librado a la oferta y la demanda-. Fue con motivo del Plan Primavera que se firmó un nuevo acuerdo Stand By con el FMI. 1989 era el año del recambio presidencial, con toda la expectativa que despertaba culminar después de tantas décadas un Gobierno Constitucional sin alteraciones en la institucionalidad. A los problemas económicos conocidos se le sumó la decisión de programar cortes de luz que llegaron a cinco horas diarias con la irritación que una medida así provocaba en la sociedad, debido a un fenómeno de sequía que impidió el normal funcionamiento de las centrales hidroeléctricas, y mostró la desinversión del parque térmico (usinas alimentadas con gasoil, fuel oil, etc.) que no estaba en condiciones de suplir esa carencia.

También fue un golpe políticamente duro para el Gobierno la toma de un Regimiento en el Gran Buenos Aires (La Tablada) protagonizado por el Movimiento Todos por la Patria, a fin de evitar una aparente asonada militar que no era tal. Luego de que el Presidente ordenara -como correspondía- la recuperación del predio, hubo denuncias por violaciones a los derechos humanos e incluso fusilamientos de personas que estaban desarmadas y debían ser puestas a disposición del Juez Federal competente. La situación general -de más está decirlo- tendía a empeorar y el clima de desconfianza de los grandes grupos económicos se expresaba a través de compras de dólares en cantidades cada vez más importantes que iban agotando las reservas internacionales del Banco Central. Tampoco ayudaron el adelantamiento de las elecciones presidenciales que debían ser en octubre y se realizaron en mayo pensando que así el oficialismo tenía más chances de ganar, ni el discurso populista previo a los comicios del candidato justicialista Carlos Menem. Muy comentada en esos tiempos fue la actitud del ex Presidente del BCRA durante la Dictadura y futuro Ministro de Carlos Menem: Domingo Felipe Cavallo, quien hizo saber en el exterior que si el FMI continuaba su acuerdo con Argentina, esto sería interpretado por un eventual Gobierno Justicialista como un gesto de apoyo a la prolongación del proyecto del Gobierno Radical cuyo candidato era Eduardo César Angeloz (con un discurso más liberal que radical). Por consiguiente: en caso que Menem triunfara desconocería la deuda externa, perjudicando así a los bancos acreedores extranjeros.

Lo cierto es que en enero de 1989, cuando no había transcurrido ni la mitad del Acuerdo Stand By que debía estar vigente hasta mayo, el FMI lo canceló, tornando mucho más grave el cuadro existente. En pocos días, hacia fines de aquel enero, las reservas bajaron unos U$S 900 millones. Esto hizo que el BCRA (presidido por José Luis Machinea) decidiera el 6 de febrero no vender más dólares por el riesgo que significaba, precisamente, agotar las reservas. El Austral comenzaba así una importante devaluación que fue antesala de una remarcación de precios verdaderamente alocada. ¿Esa fiebre por comprar dólares que parecía no calmarse se debió a la gente común (asalariados, amas de casa, jubilados entre otros) que acudía masivamente a las casas de cambio a reemplazar sus australes sin valor por dólares fuertes? Desmitifiquemos esta idea instalada desde siempre: el mercado cambiario -antes, ahora- no eleva su temperatura por personas que forman largas filas para comprar 200, 300, 500 o más dólares (el comúnmente llamado “chiquitaje”) sino por grandes empresas, grupos, holdings, que en una mañana son capaces de adquirir decenas de millones de dólares. Atrás, lejos, cuando la suerte de la devaluación está echada, las familias intentarán preservar sus ahorros dolarizándolos. Los argentinos, acostumbrados desde varios años atrás a la inflación alta, experimentaban por primera vez la hiperinflación. Este fenómeno se da cuando hay un proceso acelerado de aumento del nivel general de precios, en que los agentes económicos (consumidores, empresarios entre otros) pierden noción del valor real de las mercancías porque éste se eleva en tal magnitud y con tanta rapidez que no permite determinar una relación de equivalencia cierta con la moneda.

La manifestación más explícita y penosa de la hiperinflación fueron los saqueos a comercios. Si bien en otros tiempos en el país ocurrieron saqueos (Rosario en 1969, Jujuy en 1945 en torno a la fecha histórica del 17 de octubre, algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires como Avenida Corrientes y Canning -hoy Scalabrini Ortiz- en la década de 1930 con motivo de la crisis), ninguno de ellos fueron como en 1989 el eje central de una protesta que hizo ver la desesperación e impotencia de sectores poblacionales de bajos recursos que no podían comprar alimentos por el aumento desenfrenado de los mismos. Mayo fue el mes en que principalmente se registraron estos hechos. Primero, con manifestaciones frente a supermercados en Rosario, posteriormente cacerolazos en Córdoba, alcanzando plena repercusión pública cuando ocurrieron en el Gran Buenos Aires -San Miguel, General Sarmiento, entre otros partidos- y también en Tucumán, Mendoza y la Capital Federal (Iñigo Carrera Nicolás y otros “La Revuelta Argentina 1989/90”: 4 y sig.). Alrededor de los saqueos y otros hechos violentos se tejieron distintas versiones acerca de si fueron acciones espontáneas o impulsadas por grupos (políticos, gremiales o de otra naturaleza) que tenían especial interés en fomentar el caos. En 2001, días antes de la caída del Gobierno de Fernando de la Rua se reflotó la misma hipótesis. En ambos casos nunca se probó fehacientemente la instigación, lo que no significa que pueda haber existido. Ahora bien: repasando las filmaciones que cada tanto proyectan los medios de comunicación, se ve con nitidez que madres o padres, acompañados por sus niños, todos de condición humilde, ingresan a un comercio y salen con alimentos básicos. También se observan personas que salían con bebidas alcohólicas o con mobiliario del supermercado saqueado, pero fueron casos muy puntuales y claramente minoritarios. Como en todos los ámbitos (incluido el universitario) siempre hay espurios intereses que animan a una agrupación a fomentar hechos violentos, porque su razón de existencia pasa por desestabilizar y sacar provecho del conflicto. Pero una acción instigadora de estas características sólo tiene eco cuando hay una situación límite que no puede soportarse más.

Durante estos fatídicos meses, el país vio pasar a dos Presidentes del Banco Central (Machinea, quien estaba desde agosto de 1986, renunciando en abril de 1989 y luego Adolfo García Vázquez, quien ya había cumplido esa función entre diciembre de 1983 y febrero de 1985, renunciando días antes de que llegara Menem al Gobierno). También en esos meses hubo tres Ministros de Economía. Primero se fue Juan Sourrouille, en una suerte de golpe de timón del Presidente Alfonsín con el objeto de que la economía fuera manejada con la mirada de un político y no de un técnico. A Sourrouille lo sucedió alguien con el perfil buscado: Juan Carlos Pugliese, histórico dirigente de la UCR, ex Ministro de Economía durante la presidencia de Arturo U. Illia y Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación desde 1983. Nada pudo hacer porque evidentemente la situación era incontrolable. En esos días -durante una rueda de prensa- cuando se le preguntó por la escalada del dólar pese a su exhortación a quienes mantenían en estado de ebullición el mercado cambiario, para que reduzcan los niveles de compra, pronunció una frase que quedó grabada para los tiempos no sólo por la simpleza de sus términos sino también por lo sincera y directa que fue: “les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo”. Pugliese finalmente renunció, siendo reemplazado por un por entonces joven economista radical de la Capital Federal y diputado nacional: Jesús Rodríguez. Esto fue en junio, cuando se registró una inflación del 114%. Todavía faltaba lo peor: el más alto índice de inflación de la historia argentina llegaría en junio con un 196, 6%”.