Por Jorge Raventos.-
El camino hacia el Pacto de Mayo, el acuerdo de gobernabilidad al que el presidente Milei convocó, en principio, a todos los gobernadores, no se ha evidenciado hasta aquí liso y llano, sino más bien complicado y estrecho. Se ha avanzado a través de tensiones y conflictos. Con todo, la invitación del Presidente abrió una oportunidad y, si en un principio la meta parecía inalcanzable, ahora, a poco más de un mes de la fecha indicada, parece probable que el acuerdo se concrete.
Milei había iniciado su gestión con dos vigorosos gestos decisionistas: la firma del megadecreto de necesidad y urgencia número70/23 que disponía ambiciosas reformas en numerosos planos del Estado y la sociedad, y una propuesta de ley igualmente vasta y afanosa, que llegó al Congreso sin negociación previa con ningún bloque (ni siquiera el propio). La ley, aprobada en general por una Cámara de Diputados sobre la que influyeron fuertemente la mayoría de los gobernadores de provincia (un rubro en el que el gobierno no cuenta con ningún jugador propio), en su tratamiento en particular empezó a ser reformada de hecho por los diputados en una cantidad de puntos, razón por la cual el Poder Ejecutivo decidió retirarla de la discusión. En cuanto al decreto de necesidad y urgencia, la Cámara de Senadores lo rechazó y podría caer si también lo rechazara la Cámara baja. El gobierno está descontento con la Corte Suprema porque ésta no se pronunció a favor (quizás debería agradecer que no lo haya hecho en contra), mientras la Justicia ha frenado por la vía cautelar en el fuero laboral las reformas que el DNU dictaminaba en el campo de las relaciones de trabajo.
La primera respuesta de Milei a las dificultades legislativas y judiciales no fue de repliegue, sino de ofensiva: culpó a los gobernadores por los reveses sufridos en el Congreso e incrementó los recortes de recursos a las provincias. En cuanto a la Corte, inició una maniobra para desarticular la mayoría que suele conformarse en el cuerpo (formada por los supremos Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda) y propuso (al parecer en conversaciones con el cuarto miembro del Tribunal, Horacio Lorenzetti) dos nombres para integrarla: el juez Ariel Lijo (que reemplazaría a Elena Highton de Nolasco, quien renunció dos años atrás, y al catedrático García Mansilla.
En relación con los gobernadores, las cosas empezaron a cambiar a partir de la derrota del DNU en el Senado. La Casa Rosada comprendió que no podía darse el lujo de un nuevo traspié legislativo. Varios gobernadores ayudaron a evitar, por ejemplo, que la Cámara de Diputados votara por iniciativa propia una fórmula de actualización de las jubilaciones que, más allá de los efectos negativos que el ministro Caputo pudiera contabilizar, hubiera implicado una nueva señal de debilidad para el gobierno. El Presidente empezó a atender las advertencias de su ministro de interior, Guillermo Franco, de que necesitaba madurar un diálogo constructivo con los gobernadores. En rigor, de lo que se trata es de dotar al proceso institucional iniciado el 10 de diciembre de gobernabilidad, equilibrio y eficacia.
Una circunstancia que contribuyó a despejar el ambiente en la relación entre el poder central y los gobernadores fue la reacción de todas las partes ante la emergencia de seguridad con epicentro en Rosario. Se produjo entonces una declaración conjunta de todos los gobernadores del país (más el jefe de gobierno porteño) en “acompañamiento al Gobierno y Pueblo de la provincia de Santa Fe”. Ya el hecho de que todos los mandatarios provinciales sin excepción reaccionaran velozmente y coincidieran en un texto constituyó un acontecimiento, especialmente porque no se trató de un texto incidental o una declaración de circunstancias, sino que contenía varias definiciones fuertes.
Respondiendo en primera instancia a una declaración del poder central, que hacía recaer la responsabilidad del combate local al narcotráfico sobre la provincia de Santa Fe, los gobernadores señalaron que “el narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo…”
Todos a una, los gobernadores proclamaban que el Estado federal debe asumir una responsabilidad central: no puede desentenderse de problemas de todos convirtiéndolos en problemas de cada uno.
“Es la disputa por parte de nuestra soberanía: deciden el Estado y la sociedad o deciden las mafias”, concluían los gobernadores,
Así, los mandatarios provinciales evidenciaron su rol de interlocutores principales del poder central. En esos días se forjó el foro de WhatsApp “23 gobernadores y un jefe de gobierno” en el que todos vuelcan ideas e impresiones, calibran reacciones en común y elaboran alguna distribución de papeles que no ponga en riesgo el nivel de diálogo alcanzado. De este modo, los gobernadores (como conjunto) mostraron que son un factor de equilibrio en la ecuación de poder y, por esa vía, un puntal de la gobernabilidad.
Lo que estaban reclamando al poder central era que no descargara la responsabilidad de solucionar problemas generales descargándolos sobre las jurisdicciones sino que los considerara desde una estrategia de conjunto, desde una mirada federal y nacional, aceptando la participación y colaboración de las provincias.
Esa convergencia en el tema seguridad allanó el camino para avanzar en acuerdos legislativos. Los gobernadores trasmitieron esa impresión a los bloques más cercanos y fueron madurando las coincidencias en las leyes preparatorias del Pacto de Mayo, que deberían empezar a tratarse este mismo mes.
A partir de ese vínculo con los gobernadores, se puede encontrar la sintonía adecuada con el Congreso, donde la fuerza propia de Milei (inclusive con el suplemento de los restos de Juntos por el Cambio) es muy poco significativa. Los gobernadores necesitan asegurar la viabilidad fiscal y la paz social de sus provincias.
Por supuesto, para avanzar también incidieron marcadamente los avances que el gobierno iba acreditando en el terreno económico y en el posicionamiento internacional.
En la cuestión económica, Milei ha evidenciado moverse con una idea fija que monopoliza sus obsesiones: erradicar a cualquier costo el déficit fiscal, que es, para él, el motor de la inflación.
“Estamos en medio de una forma bastante bestial de bajar la inflación -describió elogiosamente en estos días el economista Rafael Di Tella, académico en Harvard, hijo de Guido, el excanciller de Carlos Menem- Milei se concentró en romper la dominancia fiscal (…) es un presidente que hace la parte impopular y no contempla dar marcha atrás. Parece ser un político de convicciones, no de consensos, como diría su admirada Margaret Thatcher”.
Allí está respondida la pregunta que suele formularse sobre cuál es el programa de este gobierno libertario: está sintetizado en el punto del déficit fiscal. Milei parece suponer que de esa cuestión depende la
solución de los problemas o, si se quiere, que es intrascendente ocuparse de cualquier otra cuestión sin atender con prioridad absoluta la cuestión del déficit, misión a la que aplica con energía a menudo desbordada todos los instrumentos que la tradición presidencialista argentina permite (también, a veces, algunos que no están permitidos).
Milei puede ufanarse de haber hecho descender la inflación (la de febrero fue de 13,24 por ciento, 12 puntos menos que la de enero; la de marzo fue aún un poco menor y el ministro de Economía asegura que en abril estará en torno al 10.
También asegura haber eliminado el déficit fiscal. Sobre este último asunto ha habido muchas objeciones provenientes del campo liberal (Carlos Rodríguez, Roberto Cachanosky, Alfonso Prat Gay, Marina Del Poggetto, entre otros), que destacaron que el logro se basó en el incumplimiento, la licuación o la postergación de obligaciones: “La pregunta es si es sostenible una megalicuación de las jubilaciones, corte total de la obra pública y prácticamente total de transferencias a provincias, generando” planteó Del Poggetto, por caso.
Tanto el Presidente como el ministro de Economía pronostican que el índice seguirá bajando en los meses próximos y en mayo será de un dígito. Derrochan optimismo verbal, pero algunas acciones del ministro sugieren que el presagio “puede fallar”, como decía Tu Sam.
Por ejemplo, las reuniones de Caputo con grandes empresarios para sugerirles amablemente que “se les fue la mano” en la fijación de precios o las declaraciones sobre las prepagas, a las que señaló por iniciar una guerra contra la clase media, muestran que el ministro puede compartir con el Presidente la ortodoxia monetarista y tener fe en que el feroz achique de la emisión es el verdadero motor para bajar los precios, pero no desdeña métodos herejes. Por ejemplo, es la apertura a la importación de alimentos, bebidas y productos de limpieza, cuidado e higiene personal y medicamentos, operaciones para las que el Banco Central facilitará los dólares a 30 días y durante cuatro meses estarán exentas del “cobro de la percepción de IVA adicional e impuesto a las ganancias”.
La Unión Industrial Argentina, que hasta aquí ha remado en el mismo bote que el oficialismo, esta vez tomó distancia: «Mientras los productores nacionales deben pagar en cuatro cuotas mensuales y con impuesto PAIS los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días», se quejó la entidad.
Juan Carlos De Pablo, el “profe” con el que Milei escucha ópera y conversa una vez por semana, detectó inseguridad aleteando tras aquella decisión de Caputo: “Esta apertura selectiva me huele más a desesperación que a otra cosa”.
Caputo -realista o escéptico- ha tratado de apuntalar la baja de la próxima inflación con cuotas de gradualismo, postergando el aumento del gas. Lógicamente, prolongó en la misma medida la vida del subsidio aunque eso conspire contra la meta fiscal. Una señal de sensatez: las subas de tarifas pueden producir vendavales
Con ortodoxia y toques de realismo, el gobierno por el momento está llevando a cabo el “ajuste bestial” de que hablaba Rafael. Di Tella. En paralelo ocurren cosas: las ventas se derrumban (según informes empresariales, entre 25% y 35% en el primer bimestre). La industria se paraliza paulatinamente. Los licenciamientos y despidos privados confluyen con los efectos de la motosierra sobre el sector público. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) ha informado que la caída del gasto en obra pública, uno de los pilares del flamante superávit fiscal, había alcanzado al 82,3% en términos reales hasta febrero: de las 2.417 obras que había en ejecución con fondos nacionales, en febrero se había retrocedido a 300.
También cae la recaudación, afectando el objetivo del equilibro fiscal por el costado de los ingresos: : según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el primer bimestre del año la recaudación tributaria habría caído 7% interanual, lo que la convierte en la más baja en los últimos 9 años. En marzo hubo una reducción real del 16%, que llega al 24 por ciento si se excluye la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior (impuesto PAIS y derechos de exportación).
En este panorama cargado de restricciones Milei y Caputo confían en que se mejorarán los logros en materia de inflación y equilibrio fiscal y en que la reactivación comenzará a observarse una vez que puedan levantar el cepo y producir una unificación cambiaria que, a su vez, según el guión oficial, abriría la puerta a las inversiones y el crecimiento. Prometen algunos de esos triunfos para el segundo semestre.
Entretanto se trata de sostener la gobernabilidad y apuntalarla desde adentro con el Pacto de Mayo y desde afuera con el posicionamiento internacional.
En unos meses Milei ha logrado ser nítidamente distinguido en los niveles más influyentes del planeta. La sucesión de visitas de figuras importantes del sistema de gobierno estadounidense, desde el Secretario de Estado al jefe de la CIA (y en los últimos días, la jefa militar del Comando Sur) testimonian que Washington observa con interés el experimento libertario y provee de plausibilidad sus proyecciones.
El último jueves Javier Milei emprendió un fatigoso vuelo con destino a Ushuaia. Viajaba -escribió Maia Jastreblansky en La Nación- “para reverenciar a la general Laura Richardson”.
Que un presidente atraviese 2500 kilómetros para saludar a un mando militar extranjero puede parecer un exceso de cortesía diplomática (particularmente si se considera que la general Richardson algunas horas más tarde estaría presente en Buenos Aires, donde podría haber presentado su saludo en la Casa Rosada y, en todo caso, estaba previsto que el viernes coincidiera con el Presidente en un acto en Aeroparque). Sin embargo, el gesto de Milei no fue una exageración protocolar, sino una sobreactuación deliberada.
El Presidente quiso subrayar de esa manera lo que definiría como “una nueva doctrina de política exterior”, en cuyos detalles no se extendió más allá de algunas líneas: “es precisamente reforzar nuestra alianza estratégica con los Estados Unidos. Nuestra alianza con Estados Unidos en estos primeros meses de gestión es una declaración de la Argentina para el mundo”. El mensaje sin dudas llegó. Y la general Richardson lo interpretó: “Lo escuchamos expresar fuerte y claro -le dijo en público, en el Aeroparque- su deseo de alinearse con los Estados Unidos”.
En Milei no se encontrarán elaboraciones refinadas y eventualmente mensajes sugestivos de una concepción sobre el papel de Argentina en la región y en el mundo Él proporciona, con el encuadre de su propia definición ideológica y con señales enérgicas, la línea elemental de sus preferencias, no sólo sobre lo que valora, sino sobre lo que condena. Sus recientes ataques verbales a presidentes de la región (el colombiano Petro, el mexicano López Obrador) forman parte de esa hiperbólica expresión de su posicionamiento, concentrada y simplificada, sea por elección o por defecto. El posicionamiento de aliado cordial de Estados Unidos es un activo en esta etapa que requiere generar confianza internacional y gobernabilidad interna.
En este último aspecto, paso a paso, con algunos interregnos de estrépito, Guillermo Francos va acordando con las provincias los puntos que abren el camino para que en mayo se firme el famoso Pacto de Mayo.
Los gobernadores son el otro plato de la balanza del poder político y están consiguiendo encuadrar a su sistema legislativo y también limar los perfiles más ásperos del presidente libertario. Según el siempre bien informado Ignacio Zuleta, el borrador del preacuerdo entre el poder central, los gobernadores y sus expresiones en el Congreso ya está escrito e incluye puntos de interés común: no habrá retenciones a la producción agropecuaria; se adoptaría como fórmula de movilidad jubilatoria la que propuso el bloque de la Coalición Cívica (ajustes mensuales por inflación y reconocimiento retroactivo de la inflación desde enero); se restablecería el impuesto a las ganancia a la cuarta categoría pero con pisos altos y tasas progresivas (algo próximo al planteo de gobernadores como el cordobés Martín Llaryora). Habría delegación de facultades al Presidente, pero muy acotadas y se admitiría la privatización de empresas públicas, pero en un número sensiblemente más b ajo que el de la propuesta original del Ejecutivo.
“El proyecto -agrega Zuleta- contendrá algunos capítulos fiscales que interesan a los mandatarios, como un blanqueo de capitales, una moratoria y el régimen para grandes inversiones”. Además “el consenso estratégico incluye el compromiso de que, una vez que la nueva ley esté aprobada, avanzarán en la llamada ley espejo, que contiene una versión afeitada del DNU 70 que rechazó el Senado”.
Es una nueva oportunidad para una Argentina en la que la lógica de la unidad prevalezca sobre la división y el conflicto.
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