En la cumbre de Davos, Mauricio Macri ya puede presentarse como dando batalla contra la corrupción sindical al más alto nivel.

Ayer, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios (FEDCAM) anunció una marcha para el 22 de febrero en “defensa del convenio colectivo de trabajo” del sector y por la “preservación del empleo y mejoras salariales”. Casi simultáneamente, trascendió que la Justicia de Lomas de Zamora imputó a Hugo y Pablo Moyano, presidente y vicepresidente de Independiente y máximos referentes del sindicato de camioneros, en la causa en la que se investiga al ex directivo de la entidad, Noray Nakis y al jefe de la barra brava, Pablo “Bebote” Álvarez y otros siete sospechosos como presuntos miembros de una asociación ilícita que extorsionó a jugadores, entre otros delitos. El abogado de Moyano, Daniel Llermanos, desmintió anoche que se tratara de una imputación sino de una pericia.

Pero Graciela Ocaña no dejó dudas acerca de las intenciones del gobierno al anticipar ayer una nueva denuncia contra Moyano por lavado de dinero mediante la compra de numerosas viviendas.

Esta escalada político-judicial hace más creíble que los Moyano puedan terminar con prisión preventiva. En este caso, vale la pregunta sobre los efectos de un hecho semejante: ¿doblegaría así el gobierno a los caciques sindicales o precipitaría un plan de lucha salvaje?

El caso es que Macri parece dispuesto a tensar la cuerda consciente de que, si consigue neutralizar la presión gremial contra el techo de las paritarias, no sólo se acomodaran los números sino que tendrá allanado el camino hacia la reelección. El contexto regional le envió mientras tanto a nuestro presidente una señal favorable con la condena a Lula que lo lleva al borde de quedar fuera de la carrera presidencial. A diferencia de Moyano, el líder del PT tiene en estos momentos encuestas que lo muestran con la popularidad en alza. Pero Moyano cuenta también con ventajas comparativas. La situación social del Brasil es menos tensa que la de Argentina y la conflictividad sindical mucho menor. Macri ataca al sindicalismo contando con bastante apoyo en la clase media pero en un contexto de creciente resistencia al ajuste en marcha que, proyectado en el tiempo, alimentaría al sindicalismo y la izquierda.

La guerra contra Moyano tampoco es buena para el gobierno en sus relaciones con el peronismo. Hasta el más ingenuo de los dirigentes peronistas sabe que la caída de Moyano abriría las puertas para la liquidación -electoral o judicial- de la mayor parte de los gobernadores e intendentes del PJ. Quien puede lo más puede lo menos.

Tomando como referencia el teorema de Luis Barrionuevo acerca de que los gobiernos que atacan al sindicalismo no terminan su mandato, tanto Raúl Alfonsín como Fernando de la Rúa confrontaron políticamente pero no montaron una ofensiva judicial sobre las cabezas sindicales. El macrismo sí lo está haciendo y con el asesoramiento de por ejemplo Patricia Bullrich, que fue la punta de lanza del delarruismo contra la CGT.

Hasta ahora, sólo dos figuras sindicales terminaron presas por delitos comunes desde el retorno de la democracia: el bancario Juan José Zanola, por la mafia de los medicamentos, y el ferroviario José Pedraza, por el crimen del activista Mariano Ferreyra. En ambos casos, el cristinismo entonces gobernante usó estos episodios como veladas amenazas a la cúpula gremial acerca de que ya no era intocable.

En este sentido -y no sólo en éste- Macri parece un continuador de Cristina. Sólo que ésta jamás llegó a tener como principal aliado a Moyano, porque la relación era de Néstor, en tanto que a Macri y al líder camionero lo unen una red de negocios y acuerdos políticos que en parte siguen vigentes. Moyano le debe en gran medida su acumulación de poder a su alianza con Néstor Kirchner y en menor medida a sus excelentes relaciones con la familia gobernante, como por ejemplo, su participación en el control del Belgrano Cargas junto a Franco Macri.

Así las cosas, la guerra entre Macri y Moyano, ya es el tema excluyente de la política nacional. Y el gobierno, vía la justicia, parece haber ido demasiado lejos como para que una tregua no sea interpretada como su derrota.

Carlos Tórtora

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