Picada de noticias

Por Hernán Andrés Kruse.-

El drama de ser jubilado

Desde que tengo uso de razón ser jubilado es un drama en la Argentina. Lo es porque la jubilación mínima hoy asciende a 18000 pesos. ¡18000 pesos! Es una cifra notoriamente inferior a la canasta básica, a lo que se necesita para sobrevivir. Si no cuenta con la ayuda de su familia el jubilado que percibe la mínima queda a la intemperie. Confieso que jamás entenderé por qué los gobiernos que hemos sabido conseguir, tanto civiles como militares, se han ensañado con la clase pasiva. ¿Acaso la clase política odia a los viejos? Los hechos hablan por sí mismos. Basta con ver todas las mañanas las largas colas de viejos y viejas aguardando estoicamente en la calle para ser atendidos por un empleado que de mala manera les paga una miseria, lo que constituye una verdadera afrenta a su dignidad.

Este dantesco escenario se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, al igual que las falsas promesas de cada gobierno que asume. Emerge en toda su magnitud el desamparo en que se encuentran nuestros viejos. Como no tienen poder nada pueden hacer para evitar semejante destrato. Tienen que soportar que los políticos de turno les mientan en la cara, los engañen, se mofen de ellos. Los últimos en hacerlo han sido horas Fernanda Raverta, titular de la ANSES, y Santiago Cafiero, jefe de Gabinete. La dirigente camporista expresó que la nueva propuesta de movilidad previsional que impulsa el gobierno “mejora la calidad de vida de los jubilados”, mientras que el nieto de don Antonio dijo que el proyecto “no es un capricho”. Raverta aseguró que “esta es una fórmula que le trajo mucha tranquilidad y previsibilidad a los jubilados cuando estuvo vigente, entre el 2009 y el 2017; era la fórmula de la entonces presidenta Cristina Kirchner, que logró ganarle a la inflación todos los años que estuvo vigente, y que tiene que ver con el crecimiento de la Argentina”. Por su parte, Cafiero señaló que la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) “es el mejor indicador para actualizar jubilaciones, porque son los salarios activos formales”, y recordó que cuando Macri estaba a cargo del Poder ejecutivo “los jubilados siempre persiguieron de atrás a los precios”. “Suspendimos la fórmula del macrismo porque les hacía perder a los jubilados”, remató.

“Una fórmula que incorpora a los salarios implica que el ingreso de los pasivos acompañe al de los activos. La posición de la mayor parte de los especialistas es que la evolución de los salarios debe ser parte de la fórmula de movilidad”, señalaron fuentes gubernamentales. Luego del anuncio oficial la oposición, como si jamás hubiera sido gobierno, salió con los tapones de punta. El diputado nacional Mario Negri afirmó que “el ministro Martín Guzmán fue al Congreso y dijo que el programa era el Presupuesto, que calcula una inflación del 32%. Los economistas calculan el 50%. Y vos sacás la inflación de la fórmula. De marzo para acá han ido perdiendo 1000$ por mes los jubilados”. Por su parte, el FMI fue en su momento muy crítico de la fórmula de ajuste a las jubilaciones que se aplicó mientras Cristina Kirchner era presidenta. En 2016 sus técnicos prepararon un informe donde señalaban que dicho régimen no hacía más que acelerar el gasto público (fuente: Infobae, 11/11/020).

Una vez más, la política metió la cola. El gobierno enarbola la bandera cristinista mientras que la oposición hace lo mismo con la bandera macrista. Para los kirchneristas la fórmula de Cristina es la única capaz de mejorar el nivel de vida de los jubilados. Para la oposición esa garantía sólo la ofrece la fórmula de Mauricio. Mientras tanto la inmensa mayoría de los jubilados se ven obligados a recibir migajas.

Vacuna e ideología

El Covid-19 está causando estragos. Europa está sufriendo una nueva oleada lo que ha obligado a varios presidentes del viejo continente a imponer nuevamente el encierro obligatorio. Por su parte, Estados Unidos sigue a merced del virus pese a los denodados esfuerzos de su fenomenal sistema científico para ponerlo fuera de combate. En el extremo sur del continente americano la República Argentina está cerca de situarse en la pole position en materia de número de muertos por millón de habitantes. A esta altura de los acontecimientos sólo hay una certeza: la única solución para derrotar al Covid-19 es la vacuna. Increíblemente, también en este delicado asunto la política metió la cola.

Hace un siglo Alexander Fleming descubrió la penicilina. Gracias a este antibiótico se curaron, por ejemplo, los soldados que presentaban heridas totalmente infectadas. En la Argentina hizo posible la curación de la sífilis que en aquel entonces podía llegar a ser mortal. Que yo sepa a nadie se le ocurrió, al menos en nuestro país, negarse a recibir la penicilina porque su descubridor era escocés, es decir miembro del imperio que había usurpado las Islas Malvinas en 1833. Un siglo más tarde semejante desatino fue expresado públicamente por Guillermo Moreno. El ex funcionario kirchnerista afirmó sin ruborizarse que jamás se pondría la vacuna del Reino Unido porque se trata de un pueblo enemigo de la Argentina. Moreno aludía a la vacuna creada en la Universidad de Oxford y fabricada por la farmacéutica AstraZeneca. En cambio, se pondría con gusto la vacuna Sputnik 5 porque el pueblo ruso es amigo del pueblo argentino. Pero el ex funcionario kirchnerista lejos está de ser el único capaz de decir semejante estupidez. Apenas se conoció la decisión de Alberto Fernández de comprar a Rusia 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 desde las redes sociales salieron a defenestrar la vacuna por considerarla un emblema del comunismo.

Confieso que aún no he salido de mi asombro luego de escuchar a Moreno y los mensajes condenatorios de la vacuna rusa en las redes sociales. El Covid-19 no es un problema ideológico sino sanitario. Lo único que importa en estos momentos es que aparezca de una vez por todas una vacuna que garantice la protección contra el virus. Nada más que eso. Y nada menos. ¿Qué importancia tiene el país que la fabricó? Personalmente confieso que me tiene sin cuidado si la vacuna salvadora fue creada en Estados Unidos, Rusia, Gran Bretaña, China, Alemania o Corea del Norte. Cuando llegue el momento de la vacunación masiva nadie preguntará si la vacuna es estadounidense o rusa sino si es eficaz.

Otro tema muy importante es el de la obligatoriedad o no de la vacunación. Si fuéramos un pueblo adulto y responsable no habría necesidad alguna de obligarlo a vacunarse contra el Covid-19. Consciente de la necesidad de derrotar al virus no dudaría un segundo en vacunarse sin necesidad de que Papá Estado lo obligue. Lamentablemente somos un pueblo irresponsable, profundamente inmaduro, adolescente. No sería extraño que en estos momentos muchos argentinos estén siguiendo los consejos de aquellos comunicadores sociales que han decidido hacer una campaña anti vacuna. Ignoro por qué lo hacen. Seguramente representan poderosos intereses contrarios a la vacunación masiva. De ahí la imperiosa necesidad de que la vacunación sea obligatoria. Muchos pondrán el grito en el cielo acusando al gobierno de violar las garantías y derechos individuales. Pero aquí lo que está en juego es la salud del pueblo y si para garantizarla no hay más remedio que vacunar a la gente de prepo, bienvenido sea.

Vacunación contra el Covid-19. ¿El retorno de la guerra fría?

En la década del sesenta del siglo pasado Estados Unidos y Rusia utilizaron los vuelos espaciales para competir por la supremacía planetaria. Décadas más tarde el mundo cambió. Primero cayó el Muro de Berlín y luego se desmoronó el gigante soviético. La guerra fría había concluido con un claro ganador: Estados Unidos. Ahora, cuando está expirando la segunda década del siglo XXI el Covid-19 ha hecho posible una suerte de revival de los sesenta pero con una diferencia: ahora el instrumento de que se valen Estados Unidos y Rusia para competir es la vacuna contra la pandemia.

El lunes pasado la farmacéutica norteamericana Pfizer anunció que su vacuna contra el virus tiene un 90% de eficacia. Tal el resultado, afirmó, del primer análisis intermedio de su ensayo de fase 3 que es la última etapa antes de solicitar de manera formal su homologación. Albert Bourla, presidente de Pfizer, dijo que “los primeros resultados de la fase 3 de nuestro ensayo de vacuna contra el Covid-19 proveen las pruebas iniciales de nuestra vacuna para prevenir” la enfermedad. Y añadió: “Hemos dado un paso importante y estamos más cerca de proveer a los ciudadanos del mundo” una vacuna que contribuirá “a acabar con esta crisis sanitaria mundial”. Por su parte, la vicepresidenta y directora del grupo de investigación y desarrollo de vacunas en Pfizer, Kathrin Jansen, manifestó que se trata de “un momento histórico. La pandemia es una situación devastadora y nos dedicamos a esta tarea con una meta que nadie había logrado antes: desarrollar una vacuna en menos de un año”. Cabe remarcar que la farmacéutica norteamericana fue la primera compañía en anunciar resultados satisfactorios de la etapa 3 de la vacuna. Pero aún faltan importantes cuestiones por dilucidar. Por un lado, determinar hasta qué punto la vacuna es capaz de brindar protección a las personas propensas a desarrollar cuadros severos de la enfermedad y cómo funciona en aquellos pacientes que están enfermos con anterioridad a su vacunación. Por otro lado, aún no está determinado la manera como la vacuna será distribuida ya que las dosis necesitan para su conservación estar en un ambiente con temperaturas más bajas que el resto de las vacunas contra el Covid-19 (fuente: Página/12, 9/11/020).

Horas más tarde el gobierno ruso anunció al mundo que la vacuna Sputnik V obtuvo un 92% de eficacia en los estudios de fase 3 en seres humanos y no registró “efectos adversos inesperados”. La publicación oficial sostuvo que “la eficacia redemostró sobre la base de un primer análisis intermedio obtenido 21 días después de la primera inyección” y señaló que “que no hubo efectos inesperados durante los ensayos”. “Actualmente 40 mil voluntarios están participando en ensayos clínicos de fase 3, doble ciego, aleatorizados y controlados con placebo, de los cuales más de 20 mil se han vacunado con la primera dosis de la vacuna y más de 16 mil con la primera y segunda dosis de la vacuna”. El director del Centro Gamaleya, Alexander Gintsburg, anunció que “la publicación de los resultados provisionales de los ensayos clínicos posteriores al registro que demuestran de manera convincente la eficacia de la vacuna Sputnik V, lo que da paso a la vacunación masiva en Rusia contra el Covid-19 en las próximas semanas”. “Gracias al aumento de la producción en los nuevos sitios de fabricación, la vacuna Sputnik V pronto estará disponible para una población más amplia. Esto romperá la tendencia actual y conducirá a una eventual disminución de las tasas de infección por Covid-19, primero en Rusia y luego a nivel mundial” (fuente: Página/12, 12/11/020).

Comenzó, pues, el mundial de vacunación contra el Covid-19. Arrancaron en la pole position Rusia, Estados Unidos y Gran Bretaña. Los tres competidores desean el triunfo con fervor. Están en juego la salud de la población mundial, el prestigio de los investigadores y mucho, muchísimo dinero.

El impuesto sobre la riqueza

Hace unas horas el jefe del bloque de Diputados del FdT Máximo Kirchner anunció sorpresivamente que el próximo martes 17 la cámara baja tratará el polémico proyecto de impuesto a las grandes fortunas del que es autor junto con el diputado Carlos Heller. Es un tema técnico y emotivo al mismo tiempo. Por un lado, hay que poseer una buena formación en finanzas e impuestos para tratarlo con rigor y por el otro toca una de las fibras más íntimas del ser humano: que en situaciones de emergencia todos se sacrifiquen en aras del bien común. En Argentina este impuesto posee una muy mala prensa. Para los economistas del establishment este impuesto implica lisa y llanamente un ataque artero contra la propiedad privada, contra el esfuerzo y la dedicación. Se trata de una típica medida populista que no hace más que ahuyentar las inversiones foráneas. Si este diagnóstico es correcto entonces Angela Merkl, una de las dirigentes más importantes del mundo, es una populista ya que en reiteradas oportunidades ha expresado su estupor por el hecho de que en la Argentina los más adinerados no paguen este impuesto. Para sus defensores se trata de acto de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Qué duda cabe que si hay un tema que divide aguas en la Argentina es precisamente éste.

Sin embargo, me parece que, por más polémico que sea, el impuesto a las grandes fortunas no puede ser tratado sólo en base a la pura emoción, a la pura ideología. Hay que saber de qué se trata antes de vociferar si se está a favor o en contra. Es por ello que viene muy bien la lectura de aquellos ensayos sobre este tema hechos con seriedad y rigor científico. Es el caso del escrito del profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, César Martínez Sánchez, que se titula “¿Tiene sentido que exista un impuesto sobre la riqueza?” (2017). A continuación transcribo gran parte del mismo.

Argumentos a favor de un impuesto sobre la riqueza

“Como ya afirmamos en trabajos anteriores, tradicionalmente los impuestos patrimoniales han perseguido cuatro objetivos fundamentales: lograr una mayor equidad en la carga tributaria; procurar una mejor distribución de la riqueza; fomentar una utilización más productiva de los bienes; y, por último, mejorar la eficiencia de la Administración tributaria en su lucha contra el fraude fiscal. La equidad en la carga tributaria puede resumirse muy sintéticamente en un principio que persigue dar un tratamiento igual a los que se encuentran en la misma situación (equidad horizontal) y desigual a los que están en situaciones diversas (equidad vertical). Partiendo de esta premisa, puede entenderse mejor por qué un impuesto sobre el patrimonio puede deparar un resultado más equitativo del sistema tributario en su conjunto a través de este ejemplo: imaginemos que Carlos y María perciben la misma renta a lo largo de un año, por lo que, a priori, habrán de satisfacer la misma cuota tributaria por IRPF. Sin embargo, Carlos posee un patrimonio preexistente, mientras que María no lo posee. Pues bien, parece adecuado sostener, y así lo han hecho reconocidos hacendistas clásicos, que la posesión de ese patrimonio, aun percibiendo idénticas rentas, hace que Carlos tenga una mayor capacidad económica que María. De ahí que se establezca un gravamen que sujete la titularidad patrimonial que, en el ejemplo que manejamos, únicamente debería ser satisfecho por Carlos y no por María. Con esto, se conseguiría resolver el trato no equitativo dispensado por el IRPF a Carlos y a María, puesto que se les exigió lo mismo a pesar de presentar capacidades económicas diferentes. Al tiempo, se estaría dando mejor cumplimiento al principio de capacidad económica que se establece como jurídicamente vinculante en muchas constituciones nacionales, entre ellas la española en su art. 31.

Adviértase que esta afirmación acerca de la mayor equidad que se logra con este tipo de impuestos no está condicionada a la conducta previa que hayan podido tener los sujetos Carlos y María, sino al simple y constatable hecho de que en el momento temporal considerado uno de ellos poseía una determinada cantidad de bienes, mientras que la otra no. Más adelante volveremos sobre esta cuestión al abordar la habitual crítica que incide en el aparente “castigo” que este tipo de tributos puede suponer para los ahorradores. Igualmente, una de las grandes metas de los impuestos que gravan la riqueza neta individual ha sido la de conseguir una mejor distribución de la riqueza. Como afirmábamos anteriormente, los tributos exigidos por el Estado a la ciudadanía pueden tener un efecto regresivo, esto es, perjudicial para una más equitativa distribución de la riqueza o, por el contrario, un efecto progresivo y, en consecuencia, redistribuidor. Los estudios empíricos realizados en España, muestran que el sistema fiscal, en su conjunto, es ligeramente progresivo, si bien hay importantes diferencias entre el efecto de cada uno de los impuestos. Sintéticamente, los resultados muestran que los impuestos directos (IRPF, IS e IP) tienen un carácter claramente progresivo, en particular el IRPF, mientras que los impuestos directos (IVA y especiales) presentan un signo contrario, esto es, se evidencia un impacto regresivo de los mismos (12). En virtud de lo que acabamos de exponer, se puede afirmar que la existencia de un impuesto sobre la riqueza contribuye a que el sistema tributario presente un efecto más redistribuidor, sobre todo si está destinado exclusivamente a los más ricos (13). Ahora bien, igualmente se ha de advertir que este carácter progresivo puede verse reducido (e incluso neutralizado) por la existencia de beneficios fiscales injustificados (por ejemplo, la exención de determinado tipo de bienes), así como por las prácticas que impliquen la elusión fiscal. Esto es, un impuesto sobre la riqueza será progresivo siempre que recaiga sobre aquellos contribuyentes que efectivamente acumulan más bienes en su patrimonio que el resto de la población.

De ahí la importancia de establecer mínimos exentos suficientemente elevados para dejar fuera a la mayoría de los ciudadanos, así como asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los contribuyentes (especialmente de los más acaudalados). Por otro lado, el objetivo de conseguir un uso más productivo de los recursos es la otra cara de la acusación de castigar el ahorro que se hace a los impuestos que gravan el patrimonio personal. En efecto, el hecho de que se sometan a tributación los bienes sin tener en cuenta la renta que producen, cuestión de la que se encargaría en su caso el impuesto sobre la renta, puede fomentar la búsqueda de un mejor uso de los mismos. Se suele invocar el clásico ejemplo de una tierra baldía. La imposición de un gravamen sobre la misma estimulará a su propietario a cultivarla o, en su caso, a venderla a otro que sí lo haga. Así, un impuesto neto sobre el patrimonio puede favorecer una tendencia general a trasladar las inversiones en bienes poco productivos a otros más productivos (14). Esta finalidad podría Precisamente para lograr este objetivo de mejorar el efecto distributivo del sistema tributario, aparte de otras razones, es para lo que se diseñaron los impuestos patrimoniales. En efecto, dentro de este tipo de tributos, se pueden distinguir aquellos que gravan la posesión de un determinado tipo de bienes (por ejemplo, en la inmensa mayoría de países existe un impuesto sobre la propiedad de los bienes inmuebles como el IBI español), de aquellos otros en los que se grava el patrimonio neto total de un individuo, análogamente a lo que ocurre con el impuesto sobre la renta personal. Los primeros son exigidos en la práctica totalidad de los países desarrollados sin que exista un particular debate sobre su conveniencia; los segundos, por el contrario, están sujetos a una continua discusión. No en vano, de acuerdo con las estadísticas oficiales, los impuestos generales sobre el patrimonio son poco comunes en la Unión Europea. Desde 2005, este tipo de tributos han sido derogados en Finlandia, Luxemburgo y Suecia, de forma que en la actualidad solo existen genuinos impuestos sobre el patrimonio en Francia (en plena revisión en la actualidad) y años que la existencia del IP, en conexión con el IRPF, permite un control recíproco de rentas y patrimonios, «en cuanto que los elementos patrimoniales pondrán al descubierto las rentas derivadas de ellos que han sido ocultadas y las distintas partidas de la renta manifestarán los bienes patrimoniales que les sirven de soporte y no han sido declarados» (15)”.

Argumentos en contra de un impuesto sobre la riqueza

“Tal y como se ha dicho anteriormente, los impuestos sobre el patrimonio personal han merecido diversas y encendidas críticas. En nuestro país, por ejemplo, en el Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español (16) se propuso la derogación del Impuesto sobre el Patrimonio por cuatro motivos: no resulta adecuado para conseguir una mejor distribución de la riqueza, en tanto que existen grandes posibilidades de elusión fiscal; la cesión de la competencia normativa a las Comunidades Autónomas ha deparado grandes diferencias que erosionan la equidad horizontal; la recaudación obtenida es muy poco relevante y, por último, el tributo acaba recayendo fundamentalmente sobre los bienes inmuebles, lo que le convierte en un «Impuesto sobre Bienes Inmuebles bis» (sic). Estas críticas están relacionadas con el particular diseño del impuesto en nuestro país y ya tuvimos ocasión de refutarlas en un trabajo anterior (17), por lo que a continuación abordaremos tres críticas genéricas que habitualmente se realizan respecto de este tipo de tributo, a saber: la exigencia del impuesto puede generar una fuga de capitales; se trata de un tributo que castiga a los ahorradores y, por último, los problemas de valoración de los bienes que plantea lo hacen indeseable. La afirmación de que un gravamen sobre el patrimonio puede provocar cierta fuga de capitales en el país en el que se exija es relativamente común e incluso parece que existen estudios empíricos que, al menos parcialmente, así lo avalan (18).

Ahora bien, esta afirmación ha de ser matizada y completada en muchos sentidos. En primer lugar, se ha de tener presente que este tipo de impuestos someten a tributación tanto los bienes muebles como los inmuebles, por lo que respecto a estos últimos no cabe alegar ningún tipo de “fuga” ya que, por su propia naturaleza, no son susceptibles de ser trasladados. En cuanto a los bienes muebles, se ha de recordar que habitualmente los impuestos sobre la riqueza gravan el patrimonio mundial de los contribuyentes (al igual que los impuestos de la renta someten a tributación la renta mundial), por lo que el hecho de que los bienes (por ejemplo, depósitos bancarios) se encuentren fuera del país no supone, en principio, que vayan a estar exentos de tributación. No obstante, es evidente que la circunstancia de que estos bienes se sitúen fuera del territorio nacional va a deparar notables dificultades a la hora de controlar su efectiva tributación. Siendo esto cierto, no lo es menos que nunca como en la actualidad se había avanzado tanto en el intercambio de información tributaria entre los Estados. Buen ejemplo de ellos son las iniciativas unilaterales para la obtención de información financiera de los nacionales (paradigmáticamente el caso de FATCA en EE.UU.), así como las medidas multilaterales entre las que se encuentra el intercambio automático de información en materia fiscal que se está desarrollando en el seno de la UE (Directiva 2014/107/UE del Consejo de 9 de diciembre de 2014) y en la OCDE (Common Reporting Standard). Como se ha expuesto, dejando de lado las insuficiencias en el intercambio de información entre Estados que aún subsisten, la única forma en la que los contribuyentes pueden dejar de estar sujetos a un impuesto sobre el patrimonio nacional es dejar de ser residentes de dicho Estado. En ese sentido, a pesar de que puedan darse situaciones puntuales de traslados transfronterizos, no parece que la carga tributaria de este tipo de impuestos (que habitualmente presentan tipos de gravamen entre el 1 y el 3%) vaya a motivar el traslado de residencia de personas físicas, teniendo en cuenta los altos costes que esta decisión entraña.

Aún, es más, en el hipotético caso de que un contribuyente decidiera abandonar su país por motivos fiscales, seguramente la razón estribaría en el impuesto sobre la renta allí existente, ya que este supone una obligación fiscal mucho más importante que la relativa al impuesto sobre el patrimonio. En todo caso, esta objeción no hace sino aconsejar la profundización en el intercambio automático de información fiscal entre Estados, al tiempo que pone de manifiesto la idoneidad de establecer impuestos sobre el patrimonio con el mayor ámbito territorial posible, esto es, sería mejor un impuesto sobre el patrimonio europeo que un impuesto sobre el patrimonio nacional (19). En segundo lugar, no es infrecuente que se afirme que los impuestos sobre el patrimonio no hacen sino castigar a los ahorradores, al tiempo que recompensan a los pródigos que han dilapidado su fortuna. Esta crítica es ciertamente imprecisa y no muy consistente. Imprecisa porque desde un punto de vista jurídico el hecho imponible de estos impuestos es la acumulación de un determinado volumen de bienes y no el ahorro en sí. En ese sentido, la inmensa mayoría de los ahorradores de un país no van a estar sujetos al impuesto sobre la riqueza, en tanto que los bienes que poseen no alcanzan el umbral establecido. En relación con esta cuestión, también suele afirmarse que este tipo de impuestos acaban siendo paga dos exclusivamente por las clases medias del país. Evidentemente esto dependerá del mínimo exento que se establezca en cada país, de forma que cuanto más alto sea, menor será el número de contribuyentes afectados. En lo que se refiere a España, en atención a los datos oficiales sobre el número de declaraciones presentadas, no cabe sostener que el impuesto de patrimonio haya recaído sobre las clases medias de nuestro país. En efecto, en la serie histórica el mayor número de declaraciones presentadas fue el de 2007, en el que ligeramente se superó el millón.

En la actualidad, tras la elevación del mínimo exento que se operó con ocasión de la reintroducción del tributo, el número de declaraciones es mucho menor, de suerte que en lo que se refiere al ejercicio 2015 (últimos datos disponibles) solo se presentaron 188.680 declaraciones, como se refleja en la figura 2. Si en términos absolutos nos encontramos ante un número de declarantes claramente bajo, la cuestión se acentúa más en términos relativos. Esto es, si comparamos el número de declaraciones del IRPF correspondiente al ejercicio 2015 con el correspondiente número de declaraciones del IP la diferencia es muy considerable: 19.480.560 frente a 188.680, o sea, una relación de 103 a 1. Este relativamente muy bajo número de declarantes desarma la afirmación, en ocasiones sostenida, de que el IP es un impuesto pagado por la clase media (salvo que se pretenda que en España la clase media está integrada exclusivamente por algo menos de doscientas mil personas). Por tanto, en comparación con el IRPF, puede afirmarse que el IP ha sido un impuesto pagado por una minoría muy pequeña. Si se prefiere, en sentido contrario, se puede afirmar que la práctica totalidad (99%) de contribuyentes del IRPF en 2015 se encontraban exentos del gravamen del IP. La afirmación de que este tipo de impuestos lo pagan exclusivamente las clases medias suele complementarse con que “los realmente ricos no pagan”. Esta aseveración, ciertamente imprecisa en su formulación, puede ser también puesta en tela de juicio si se atiende a las estadísticas. En efecto, atendiendo a los últimos datos disponibles, se aprecia que en el ejercicio 2015 hubo 6.480 declaraciones cuyas bases imponibles (lo que excluye las cantidades exentas) fueron superiores a los 6 millones de euros, de las que 549 presentaban bases superiores a los 30 millones de euros, lo que parece desmentir –al menos parcialmente– lo anterior.

En tercer lugar, este tipo de impuestos han sido criticados por los métodos utilizados para valorar los bienes sometidos a tributación. En particular, en determinados momentos –como ocurrió con ocasión de la discusión en Reino Unido en torno a la necesidad de implantar un impuesto sobre el patrimonio (20)– se ha dudado acerca de la eficiencia de este tipo de tributos, teniendo en cuenta los cuantiosos costes administrativos que podría implicar una valoración adecuada de los bienes de los contribuyentes. Esta crítica, que se formula habitualmente solo en términos hipotéticos, no ha tenido gran repercusión, a diferencia de un argumento de mayor enjundia como es la posibilidad de que el establecimiento de diferentes métodos de valoración para cada uno de los tipos de bienes (inmuebles, cuentas corrientes, activos financieros, etc.) pueda suponer la discriminación de unos contribuyentes frente a otros. Precisamente este fue parte del razonamiento que llevó a que el Tribunal Constitucional alemán, en su Sentencia de 22 de junio de 1995, declarara la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Patrimonio alemán (Vermögensteuer). En realidad, los problemas de valoración a los que se acaba de hacer referencia no son exclusivos de este tipo de tributos, sino que son frecuentes en otros impuestos, sobre todo en los que gravan las transmisiones, tanto las onerosas como las lucrativas. Así pues, el hecho de que existan este tipo de insuficiencias en la configuración de los tributos no debe conducir a su derogación, sino a su reforma a fin de que todos los métodos de valoración se aproximen, tanto cuanto sea posible, al valor de mercado de los bienes.

Conclusiones

Tal y como ya hemos sostenido en ocasiones anteriores, entendemos que cabe defender razonablemente la existencia de este gravamen para la consecución de determinados objetivos: una distribución de la carga tributaria más equitativa, en el sentido de más ajustada a la capacidad económica real de cada contribuyente; un efecto redistributivo sobre la riqueza; el fomento de un uso más productivo de los bienes y, por último, la mejora –tan necesaria– de la eficiencia administrativa en la persecución del fraude fiscal. No obstante, cumple reconocer que la imposición de este tipo de tributos no está exenta de dificultades. En particular, en un contexto internacional en el que el intercambio de información tributaria dista aún de ser perfecto, este tipo de tributos podría llegar a causar el traslado de determinados activos a jurisdicciones poco transparentes, con el fin de obstaculizar las labores de la Administración tributaria. Igualmente, si el diseño del tributo y la efectiva aplicación del mismo no son adecuados, podría malograrse el fin principal del impuesto, gravándose exclusivamente a aquellos contribuyentes con patrimonios medios que no hayan querido (o podido) eludir el pago del tributo. Por último, se ha de prestar particular atención a los métodos de valoración que rigen para cada uno de los tipos de bienes, de manera que no se establezcan diferencias de trato injustificadas entre los contribuyentes. En definitiva, si se quieren obtener efectivas mejoras en la distribución tanto de la carga tributaria como de la riqueza, los tributos que graven el patrimonio han de cumplir al menos las siguientes características. Deben contar con un mínimo exento suficientemente elevado de forma que exclusivamente se afecte al grupo de población más acaudalado; ha de establecerse un ámbito territorial de aplicación lo más amplio posible, de suerte que se obstaculicen las posibles maniobras encaminadas a la elusión del tributo y, por último, se han de diseñar reglas de valoración para las distintas clases de bienes que, en la medida de lo posible, reflejen de manera adecuada el valor de mercado de los mismos.

12 J. López Laborda – C. Marín-J. Onrubia, Observatorio de los impuestos entre los hogares españoles, Primer Informe, Fedea, junio 2016.

13 Ocde 2011, “Divided we stand. Why inequality keeps rising”: http://www. oecd.org/els/soc/dividedwestandwhyinequalitykeepsrising.htm.

14 Cf. T. McDonnell, “Wealth Tax: Options for its Implementation In the Republic of Ireland”, 2013: http://www. nerinstitute.net/download/pdf/neri_ wp_no_6_2013_mcdonnell_wealth_ tax.pdf.

15 F. A. Breña Cruz – J. A. García Martín, El Impuesto sobre el Patrimonio Neto, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1980, 74-75.

16 Cf. M. Lagares et al., “Informe de la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español”, Madrid 2014: http://www.minhap.gob.es/ es-ES/Prensa/En%20Portada/2014/ Documents/Informe%20expertos.pdf.

17 Cf. C. Martínez Sánchez, “Razones y sinrazones en torno al Impuesto sobre el Patrimonio”, en C. García Blanco (coord.), Encuentro de derecho financiero y tributario, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 2015.

18 Cf. E. Pichet, “The Economic Consequences of the French Wealth Tax”, 2008: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1268381.

19 Cf. T. Piketty, El capital en…, op. cit.

20 H. Glennester, “Why was a wealth tax for the UK abandoned?: Lessons for the policy process and tackling wealth inequality”, en Journal of social policy 41/2 (2012), 233-249.

Una negociación que no es tal

Este mediodía (13/11) el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibió en la Sala de Honor de la presidencia de dicha cámara a la misión técnica del FMI que está desde hace unos días en nuestro país “negociando” con el gobierno nacional un programa de facilidades extendidas que le permita a Alberto Fernández hacer frente de manera exitosa los pagos de la deuda externa de los próximos años. Los burócratas que visitaron al camaleónico político fueron Julie Kozack, directora adjunta del departamento del Hemisferio Occidental, Luis Cubeddu, jefe de la misión del FMI para Argentina, y Trevor Alleyne, representante residente del FMI en Argentina. El tema central de conversación fue la sostenibilidad del plan que está ejecutando el gobierno (confieso que recién me entero que el gobierno está ejecutando un plan económico). El argumento de Massa fue el de siempre: “Necesitamos crecer para pagar, los muertos no pagan”. Según fuentes gubernamentales en un momento el presidente de la cámara de Diputados les recordó a los burócratas que cuando el presidente anterior firmó el préstamo stand by por 40 mil millones de dólares, les advirtió que caería en saco roto. También les aseguró que él es el garante de que el acuerdo reciba el más sólido respaldo posible del Congreso.

Según precisó hace unos días el ministro Guzmán, la meta del gobierno es renegociar con el prestamista internacional de última instancia un programa de casi 44 mil millones de dólares mediante un programa de Facilidades Extendidas que le permitirá al país comenzar a pagar dentro de cuatro años y medio. Ello significa que los argentinos (porque es el pueblo el que paga la deuda externa) no nos vamos a librar de pagar la deuda. Lo “bueno” de este acuerdo es que no lo haremos a partir de ahora sino dentro de un lustro. Un tema que preocupa a los burócratas es la enorme cantidad de pesos que circulan, factor fundamental del repunte del dólar blue a partir del miércoles y la alta inflación de octubre (3,8%). La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, no ha ocultado su preocupación por la alta brecha cambiaria y la suba del dólar “ilegal”. En consecuencia, estos temas serán abordados en las “negociaciones” (fuente: Infobae, 13/11/020).

Resulta tragicómico el que los medios de comunicación hablen de una negociación entre el gobierno nacional y los burócratas del FMI. No hay negociación sino imposición. ¿Alguien puede creer realmente que, por ejemplo, en el encuentro de hoy de Sergio Massa con los tres enviados del FMI hubo un verdadero diálogo? Sólo hay diálogo entre iguales. Es imposible que lo haya cuando hay personas que tienen poder y otras que carecen de él. Por ejemplo, cuando el gerente de una empresa recibe en su despacho a un subalterno no hay diálogo sino una relación de subordinación. El gerente le ordena al subordinado lo que tiene que hacer. Punto. Hay diálogo, por ejemplo, cuando varios amigos se reúnen en un bar a tomar cerveza. En ese ámbito no hay ningún interés económico o político en juego. La reunión que acaba de mantener Massa con los enviados del FMI nada tiene que ver con una reunión de amigos como la recién señalada. Lo que hubo en el Congreso fue una reunión entre los que mandan (los burócratas del FMI) y los que obedecen (Sergio Massa). En consecuencia, aquéllos no hicieron más que decirle a Massa lo que el gobierno debe hacer si pretende que el FMI lo ayude a salir del atolladero. Para los visitantes Massa no es más que un subalterno del presidente de un país completamente irrelevante a nivel internacional.

Georgieva exige que el “acuerdo” con el FMI tenga apoyo parlamentario. Santiago Cafiero dijo hace unos días que el gobierno no estaba dispuesto a tolerar más ajustes. El problema es que si el gobierno pretende que el FMI lo ayude no tendrá más remedio que obedecer sus exigencias. Para que el FMI apruebe el programa de Facilidades Extendidas el Congreso deberá aprobar, por ende, un ajuste que será, qué duda cabe, sumamente duro. Es por ello que llama la atención que Sergio Massa, profundo conocedor de las reglas de juego del capitalismo financiero transnacional, haya expresado ante sus distinguidos contertulios que el Congreso aprobará el “acuerdo” sólo si no contempla un ajuste. Massa sabe perfectamente que el ajuste es inevitable. Es probable que el tigrense haya hablado de esa manera para la tribuna. De hecho el gobierno anunció que a partir de enero habrá un incremento en las prepagas y en las facturas de varios servicios esenciales. Habrá, pues, ajuste.

Los burócratas del FMI viajaron a la Argentina sólo para ordenarle al gobierno lo que tiene que hacer en materia económica. Si el gobierno no acepta las órdenes el FMI no le tenderá la mano para que pueda salir de la ciénaga. Como no tiene más remedio que obedecer el “acuerdo” será inexorable, lo que en la práctica significará más ajuste a una sociedad atribulada y desesperanzada.

Histórico triunfo de Los Pumas

El Bankwest Stadium de Sidney acaba de ser mudo testigo del triunfo más importante de la historia del seleccionado nacional de rugby, Los Pumas. Por la primera fecha del Tri Nations vencieron 25 a 15 nada más y nada menos que al mejor equipo del mundo, los All Blacks de Nueva Zelanda. Los 25 puntos albicelestes fueron marcados por el apertura Nicolás Sánchez, la mejor figura de la cancha. Fue la primera victoria ante los hombres de negro. Allá lejos y hace tiempo quedó el heroico empate 21a 21 en cancha de Ferrocarril Oeste el 2 de noviembre de 1985. En aquella jornada el héroe fue el notable Hugo Porta, autor de todos los puntos.

El primer partido de Los Pumas con los All Blacks data de 1976. Fue en la cancha de Ferro y el triunfo le correspondió a Nueva Zelanda 21 a 9. A partir de entonces, salvo el empate mencionado, los hombres de negro enhebraron victoria tras victoria sobre Los Pumas hasta que en Sidney se quebró el maleficio. La derrota más dolorosa se produjo en Nueva Zelanda en 1997 cuando los locales apabullaron a los argentinos 93 a 8. Pero también hubo actuaciones por demás decorosas de Los Pumas, como aquel partido de 1985, también jugado en Ferro y previo al histórico empate (26 de octubre), en el que pese a perder 33 a 20 jugaron de manera estupenda. Pero fue en cancha de River, el 1 de diciembre de 2001, cuando Los Pumas estuvieron al borde de la hazaña. Recién sobre la expiración del partido los neozelandeses lograron marcar el try que les permitió obtener una victoria agónica.

A lo largo de su rica historia Los Pumas consiguieron resonantes victorias y empates heroicos contra potencias del rugby. Algunos de los partidos que quedarán para siempre en la memoria de los amantes del rugby son los siguientes. El 2 de julio de 1977 empataron 18 a 18 con Francia en Ferro. El 14 de octubre de 1978 empataron 13 a 13 con Inglaterra en la catedral del rugby, Twickenham. El 27 de octubre de 1979 le ganaron a los Wallabies en Ferro por 24 a 13. El 3 de abril de 1982 batieron con la camiseta de Sudamérica XV 21 a 12 a los Springoks en Bloemfontein. El 31 de julio de 1983 le ganaron 18 a 3 a los Wallabies en Brisbane. El 22 de junio de 1985 vencieron a los franceses 24 a 16 en Ferro. El 25 de junio de 1988 vencieron nuevamente a los galos en Vélez 18 a 6 en un partido que fue una verdadera guerra. El 20 de octubre de 1999 vencieron en el Estadio Félix Bollaert de Lens a Irlanda por 24 a 20 en los play-offs del mundial de rugby. En los últimos diez minutos los argentinos estuvieron defendiendo ingoal con garra y corazón. El 19 de octubre de 2007 derrotaron en París a Francia por 34 a 10 coronándose terceros en la competencia mundial.

Embestida kirchnerista

Los soldados que responden a Cristina Kirchner en el Senado entregaron en la mañana del domingo 16 una carta al staff del FMI que se encuentra en el país. El kirchnerismo consideró “irresponsable” la decisión del FMI de entregar semejante cantidad de dólares al gobierno de Macri en 2018. Además, piden que el organismo “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años” y proponen reconsiderar los intereses, un período de espera para el comienzo de los pagos hasta el 2025 y un plazo de amortización en varias décadas de modo “que las erogaciones anuales no tornen insustentable la refinanciación de la deuda e impacten negativamente en la economía argentina y en la vida de su sociedad”. A su vez acusan al organismo de ser responsable por la falta de control sobre el gobierno macrista cuando decidió conceder el préstamo. Pese a la dureza de la carta los senadores aseguran que su objetivo fue apoyar de manera explícita la renegociación del gobierno y una advertencia para que el FMI no influya en la política económica del gobierno.

Los senadores exigen una auditoría sobre la concesión del stand by de hace dos años y saber con precisión cuál fue el destino del dinero ya que es “vox populi” que fue utilizado para financiar la campaña por la reelección de Macri. En la carta se hace un diagnóstico sobre el colapso de las reservas poniéndose como ejemplo a la Unión Europea: “Lo actuado por la Unión Europea debería servirle de ejemplo al FMI”. “El Fondo debería elaborar y ofrecer a los países de desarrollo intermedio como la Argentina, sumas similares en igualdad de condiciones para que pueda financiar la puesta en marcha de su economía y superar así los estragos de la política económica del gobierno anterior y de la pandemia”. “Es necesario entender qué es lo que falló al momento de gestionarse los fondos que tan irresponsablemente ese organismo prestó a la Argentina”. Los senadores le piden al FMI “asumir la responsabilidad de cada parte” para que la negociación “resulte transparente, efectiva, de buena fe y sobre todo para que los resultados que surjan de la misma contemplen la proporcionalidad de la responsabilidad compartida en el rápido, desproporcionado e inútil endeudamiento con ese organismo al que llegó nuestro país”. Le recuerda al FMI que su estatuto le exige control sobre la ayuda financiera y que en la gestión de Macri los 50 mil millones de dólares sirvieron también para financiar la fuga de capitales mediante el aumento en la formación de activos externos. En la carta se lee que la justicia de nuestro país investiga si la toma de deuda “se hizo al margen de lo que prescriben las normas vigentes y en caso de que correspondiese, determinar la responsabilidad civil y penal que les pudiera caber a los funcionarios públicos responsables de la gestión anterior”. “Argentina tomó el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes, lo cual infringiría al menos la Constitución Nacional, el Estatuto del Fondo y las Leyes de Procedimientos Administrativos y de la Administración Financiera”. Por último, los senadores se preguntan si “los beneficiarios privados de los desembolsos, quienes pudieron concretar la salida del mercado ante presiones devaluatorias, no son acaso los que han contado con un entramado de relaciones con los funcionarios del gobierno argentino de ese entonces” y si “los miembros del Fondo actuantes en la operatoria no supieron, no quisieron o no pudieron frenar los desembolsos ante dicha situación” (fuente: Analía Raverta: “Dura embestida de los senadores de Cristina Kirchner contra el FMI”, Infobae, 15/11/020).

La carta blanquea una sospecha generalizada desde hace tiempo: que la histórica ayuda del FMI de 2018 al gobierno argentino de entonces tuvo como objetivo central ayudar a Macri a obtener la reelección. En otros términos: fue una ayuda geopolítica. En efecto, el entonces presidente de EEUU Donald Trump no podía permitirse el lujo de que su “amigo” Macri fuese derrotado en las urnas por el kirchnerismo. Temía-y con razón-que la llegada al poder del kirchnerismo pudiera provocar un efecto dominó en Latinoamérica de impredecibles consecuencias. Pero la carta clava el bisturí hasta el hueso: denuncia, aunque no de manera directa, que el stand by en cuestión sirvió además para la fuga de capitales, lo que constituye un delito, apañada tanto por funcionarios macristas como por el staff del FMI que en ese momento negociaba con el gobierno argentino. Lo que denuncia la carta es que la ayuda del FMI al gobierno de Macri fue un gigantesco acto de corrupción apañado no sólo por el FMI sino por el gobierno de Donald Trump.

Ahora bien ¿por qué justo en este momento Cristina decide entregar semejante carta al staff que hoy se encuentra en el país? Es probable que el gobierno (damos por sentado que Alberto Fernández conocía de antemano la movida de Cristina) esté convencido de que con la jefatura de Kristalina Georgieva el FMI será diferente al FMI bajo la conducción de Christine Lagarde. Ahora, cree el gobierno, el FMI tendrá más en consideración nuestras penurias y no lo obligará a imponer un duro y cruel ajuste. Ahora, cree el gobierno, el FMI será más “humanista”. ¿Pero por qué el FMI cambiaría tan drásticamente? ¿Porque se trata de la Argentina? Si ello fuera realmente así ¿por qué el gobierno decidió aplicar un severo ajuste a las jubilaciones y pensiones, y en poco tiempo habrá un fuerte incremento en las prepagas y tarifas? Si no tuviera intención de ajustar ¿por qué decidió no pagar el IFE 4? En política rige una ley antiquísima: no hay que guiarse por lo que los políticos dicen sino por lo que hacen. Pues bien, desde hace un tiempo todas las medidas que está tomando el gobierno tienen un inconfundible aroma a “ajuste”.

Lo concreto es que el gobierno tiene decidido aplicar para dentro de muy poco un severo ajuste porque el déficit fiscal está descontrolado y porque el FMI se lo exige. Aquí, es bueno reiterarlo todas las veces que sean necesarias, no hay ninguna negociación. Lo que hay es una imposición del FMI al gobierno de Alberto Fernández. En consecuencia, la carta de Cristina probablemente caerá en saco roto. Salvo que el gobierno parta del supuesto, también altamente improbable, que con Joe Biden en la Casa Blanca el FMI comience a dejar de lado su orientación económica ortodoxa. En este sentido no hay que olvidar que Larry Fink, dueño de BlackRock, es muy amigo de Biden…

Es por ello que cuesta creer lo que acaba de expresar Alberto Fernández. Esta mañana (lunes 16), durante un acto en Tigre, expresó por videoconferencia que “esta vez el ajuste no lo van a pagar los más humildes” sino “los que especularon”. También valoró la carta enviada por los senadores kirchneristas al FMI y recordó que el endeudamiento había dañado severamente a la economía del país. “Los senadores dejaron muy en claro lo que le pasó a la Argentina con un cuidado y un nivel de detalles que permite ver lo que le dije al, Fondo en la campaña: les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la especulación financiera y la salida de capitales”, agregó. Luego instó a los empresarios a que le den valor agregado a la producción: “Pensemos de una vez por todas en industrializar la producción primaria argentina. Eso va a servirnos de mucho como país”. “Argentina fue el primer exportador de carnes al mundo. Volver a serlo es un gran desafío. Todo esto lo tenemos que hacer preservando el mercado interno. Tenemos que lograr que los precios internacionales de la carne no se vuelvan los precios internos de la Argentina”. Por último, exclamó que “es el tiempo de pensar en la reconstrucción argentina con toda la seriedad que demanda operar sobre una economía muy frágil”. “El único ajuste entre el presupuesto anterior y el que enviamos está en los intereses de la deuda. Es el único ajuste que hicimos: crece la inversión en infraestructura, en salud, en educación, en desarrollo de ciencia y tecnología”. “Vamos a llevar a la Argentina a ponerse de pie con todos los argentinos adentro, no con algunos” (fuente: Perfil, 16/11/020).

Afirmar que en esta oportunidad el ajuste no será pagado por los más humildes es una mentira escandalosa, es un insulto a nuestra inteligencia. ¿O acaso no serán los humildes los que pagarán los aumentos tarifarios que se avecinan? Lamentablemente, la historia se repite: un presidente que se nos ríe en la cara porque sabe que no será castigado en las urnas, salvo que la economía se desbarranque por completo. No conforme con semejante burla afirmó que la pandemia está amainando, dando a entender que su fin está próximo. ¿Desconoce Alberto Fernández lo que está pasando en estos momentos en el viejo continente? Los expertos han afirmado que este rebrote del coronavirus se debe al hecho de que durante el verano la gente fue total y absolutamente irresponsable. Todo parece indicar que muchos argentinos seguirán el ejemplo de los europeos en la temporada veraniega que está al caer.

Una foto emblemática

Pasaron 48 años. Era un día lluvioso. Un fotógrafo registró una escena histórica: un sonriente Perón flanqueado por Juan Manuel Abal Medina y José Ignacio Rucci quien utilizó su paraguas para proteger al ex presidente de la pertinaz llovizna. La última vez que Perón había estado en Argentina fue el 16 de septiembre de 1955, día en que fue derrocado por las fuerzas armadas apoyadas pasivamente por la mitad del pueblo argentino. Entre esa fecha y el 17 de noviembre de 1972 pasaron, pues, 17 años. Durante ese tiempo Perón se hospedó en Puerta de Hierro, una residencia situada en las afueras de Madrid, observando y analizando detenidamente cada paso en falso dado por el antiperonismo en el gobierno. Consciente de que tarde o temprano retornaría al país como presidente, supo esperar. Los hechos le terminaron dando la razón.

Que Perón haya podido sacarse la foto en Ezeiza 17 años después de su derrocamiento es la prueba más acabada del fracaso del jacobinismo antiperonista que imperó durante todos esos años. Apenas consumado el golpe las fuerzas armadas colocaron en la Casa Rosada a Eduardo Lonardi, un militar nacionalista y católico, que no tuvo mejor idea que afirmar que no había ni vencedores ni vencidos. En noviembre Aramburu y Rojas le demostraron que había vencedores y vencidos. Lonardi se tuvo que ir del gobierno siendo sustituido por el general Pedro Eugenio Aramburu. Con el almirante Rojas de vice (también lo había sido de Lonardi) el jacobinismo antiperonista se adueñó del poder. Aramburu y Rojas estaban convencidos de que el peronismo tenía que desaparecer de la faz de la tierra. Ellos no aludían a la desaparición física de los peronistas sino a la desaparición del peronismo como fenómeno político y, fundamentalmente, cultural. Para ellos el país estaba enfermo de peronismo. Había, por ende, que curarlo. Para ello no anduvieron con vueltas. Todo lo que oliera a peronismo fue aplastado sin misericordia. El jacobinismo antiperonista alcanzó su máxima expresión en junio de 1956 cuando decidió el fusilamiento de 33 personas, entre ellos el general Valle, que se habían sublevado. No podía permitir el retorno del peronismo al poder.

Seguramente contra lo que muchos argentinos supusieron en aquel entonces-e incluso hubieran querido- Aramburu y Rojas permanecieron en el poder muy poco tiempo. Apenas dos años y medio. Luego de restaurar la constitución de 1853 el gobierno militar llamó a elecciones pero con una “salvedad”: el peronismo no podía presentarse. Quizá en aquel momento Aramburu y Rojas no fueron conscientes de que con la proscripción del peronismo y los fusilamientos de José León Suárez comenzaron a hacer posible, lenta pero inexorablemente, lo imposible: que Perón volviera en el futuro a Argentina y fuera elegido nuevamente presidente de la nación. Pero como siempre sucede en estos casos no queda más remedio que intentar situarse en el contexto en el que les tocó actuar. ¿Qué hubiera pasado si la sublevación del general Valle triunfaba? Esa pregunta seguramente se la deben haber formulado ambos militares y la respuesta debe haber sido más o menos la siguiente: “si no los fusilamos, nos fusilarán a nosotros”.

A partir de los fusilamientos y la proscripción del peronismo comenzó a gestarse lo que se dio en llamar “la resistencia peronista”. El objetivo era claro: esmerilar la autoridad de quien ejerciera el poder en nombre del jacobinisno antiperonista. Y tal esmerilamiento lejos estuvo de ser pacífico. A través de las denominadas “organizaciones especiales” Perón diagramó un plan tendiente a crear las condiciones que hicieran factible su retorno al poder. Ese plan consistió, básicamente, en el accionar de la guerrilla peronista que tuvo su bautismo de fuego el 29 de mayo de 1970 al secuestrar al general Aramburu. Su posterior ejecución-uno de los hechos más macabros de la historia argentina-fue bendecida por Perón porque provocó un tsunami en el régimen militar que gobernaba el país en aquel momento. El feroz cimbronazo se tradujo en la destitución del general Onganía y su reemplazo por el general Levingston quien demostró una incapacidad supina para ejercer el poder. Al el general Alejandro Agustín Lanusse asumir la presidencia a comienzos de 1971 la suerte del jacobinismo antiperonista estaba echada. Más que por mérito de Perón y los montoneros, por incapacidad absoluta de los sucesivos presidentes, tanto civiles como militares, que habitaron la Casa Rosada.

Militar astuto e inteligente Lanusse era consciente de que el retorno de Perón era inevitable. Sin embargo, intentó un último manotazo de ahogado: impedir que Perón, por no residir en la Argentina, pudiera participar en las elecciones presidenciales del 11 de marzo de 1973. Esa decisión no hizo más que agrandar su figura. Envalentonado por la debacle del régimen militar Perón regresó momentáneamente al país con un objetivo fundamental: bendecir la creación del Frente Justicialista de Liberación, la fuerza política que competiría contra el radicalismo de Ricardo Balbín. Es probable que en esa histórica jornada nadie hubiera imaginado la tragedia que se estaba cocinando a fuego lento.

A propósito de las recientes afirmaciones de Soledad Acuña

En un ciclo de charlas organizado por el diputado nacional de Juntos Por el Cambio Fernando Iglesias, la ministra de Educación de la CABA Soledad Acuña afirmó que quienes eligen la carrera docente provienen de los sectores más humildes de la sociedad y que, por ser grandes de edad, eligen la carrera docente por descarte ya que anteriormente fracasaron en otras profesiones. En otro tramo de su participación expresó a manera de acusación que los docentes que emergen de los institutos terciarios no educan a los alumnos sino que los adoctrinan. “Un docente que aprende bien sabe que lo que tiene que hacer es enseñar a pensar, no decirles a los chicos en qué pensar”, sentenció.

Las generalizaciones siempre son injustas. No se puede afirmar alegremente, máxime si se trata de una funcionaria de tan alto nivel en materia educativa, que los docentes son flojos porque son humildes y, fundamentalmente, porque decidieron enseñar porque en otras tareas fueron un desastre. Nacer en un hogar carenciado no significa que el día de mañana no se llegue a ser un excelente maestro o profesor. Esa desafortunada frase no hace más que evidenciar un racismo incompatible con la educación. ¿Significa entonces que para ejercer la docencia como corresponde es fundamental haber nacido en una cuna como la gente? Puede ser que haya casos de personas que se decidieron por la docencia luego de haber mal otros trabajos. Sin embargo, ello no significa que no estén en condiciones de ser eficientes educadores. Creo que la ministra cometió un yerro casi imperdonable al expresarse de este modo.

En relación con la inmoralidad que significa adoctrinar a los estudiantes en lugar de educarlos, también cabe afirmar que las generalizaciones son siempre injustas. Pero la ministra tiene razón cuando acusa a quienes desde la cátedra no enseñan sino que adoctrinan. Las diferencias entre educar y adoctrinar son claras y elocuentes. Tomemos un ejemplo por demás delicado: la violencia de la década del setenta. Educar significa enseñar a los alumnos qué pasó en nuestro país en aquella fatídica década. Pero hay que hacerlo de manera objetiva, es decir poniendo sobre la mesa todos los hechos que ocurrieron. Me refiero, obviamente, tanto a los crímenes de los militares y la AAA como los crímenes de la guerrilla. Hay que explicarles por qué un sector de la juventud acomodada del país se volcó a la lucha revolucionaria y por qué las fuerzas armadas respondieron a esa agresión ejecutando el terrorismo de Estado. Luego, lo que debe hacer el profesor es exponer a los alumnos lo que piensa de ese período, qué juicios de valor le merecen el accionar guerrillero y la represión ilegal y, finalmente, debe motivarlos para que elaboren sus opiniones en total libertad. Eso es educar.

Lo contrario es adoctrinar. Ello sucede si, por ejemplo, el profesor les dice a los alumnos que los jóvenes guerrilleros fueron brutalmente asesinados por las fuerzas armadas y de seguridad por haber sido unos idealistas que pretendieron hacer de la Argentina un paraíso socialista. No contento con ello manipula los hechos en función de su ideología y les dice a los alumnos que su punto de vista coincide con la realidad. Si escuchan a otro docente decir algo diferente significa que es un enemigo o un defensor de los milicos, brama. Su mensaje final es el siguiente: “lo que yo pienso es la verdad y si ustedes aman la verdad deben pensar como yo”.

A esto se refería la ministra Acuña. El adoctrinamiento implica lisa y llanamente la fornicación de la educación. Quien adoctrina no pretende hacer de sus estudiantes seres libres y pensantes sino fanáticos. La intolerancia es la antítesis de la educación en libertad.

Nada mejor por ende que leer cuantas veces sea necesario lo que escribió José Ingenieros sobre la educación en “Las fuerzas morales”. Creo no equivocarme si afirmo que estas reflexiones deberían leerse y analizarse en todos los colegios, privados y públicos, del país.

La educación es el arte de capacitar al hombre para la vida social

Sus métodos deben converger al desarrollo de todas las aptitudes individuales, para formar una personalidad armoniosa y fecunda, intensa en el esfuerzo, serena en la satisfacción, digna de vivir en una sociedad que tenga por ideal la justicia. Siendo indispensable al bienestar de todos, la cooperación de cada uno, el que no sabe prestarla es un parásito; educar al hombre significa ponerlo en condiciones de ser útil a la sociedad, adquiriendo hábitos de trabajo inteligente aplicable a la producción económica, científica estética o moral. Todas las posibilidades deben presuponerse en cada uno. La educación debe ser integral, desenvolviendo simultáneamente las energías físicas, morales e intelectuales. Capacitar al hombre para la vida civil importa no descuidar ninguna de las tendencias que expresa como gustos y deseos. Todo lo que él puede aprender se le debe enseñar, sin poner límites a la cantidad ni a la calidad del aprendizaje. Cuanto más aprende el individuo tanto más útil resulta para la sociedad. Hay una base de conocimientos generales que es indispensable a todo hombre, aparte de las capacidades especiales que cultive vocacionalmente. Toda especialización exclusiva, sin preparación general, es nociva para la misma especialidad. Los conocimientos aislados son poco eficaces cuando se ignoran sus relaciones con las técnicas afines. Debe enseñarse desde el comienzo todo lo que puede tener utilidad, sin perjuicio de que la vocación haga profundizar más tarde un género particular de estudios o de actividades.

Conviene a la sociedad el libre desenvolvimiento de las vocaciones

La cooperación de los hombres en el trabajo social exige que cada uno desempeñe con amor sus tareas, simples o complejas; y exige, también, que sea ilimitado el campo de expansión para todas las capacidades. La confianza en la eficacia del propio esfuerzo es indispensable para cumplir mejor la propia tarea y perfeccionarse en ella incesantemente. La educación es eficaz cuando respeta la vocación de los niños, no violentando su temperamento ni sus inclinaciones. Desde la escuela de primeras letras hasta el aula de la Universidad, cada hombre debe aplicar su inteligencia a sus aptitudes; nada hay más estéril que el estudio forzado de lo que no se comprende, nada más triste que privarse de aprender lo que se desea. Es necesario tener conciencia del valor de lo que se hace. El mayor estímulo para la actividad humana es ver que ella realiza el fin pensado y querido. El carácter social de los fines debe ser acentuado desde que se inician las más sencillas actividades; de ese modo el niño se solidariza con la sociedad de que forma parte, se siente cooperador del bienestar común y aprende a serlo cada vez más. En el pasado, educar fue domesticar, sometiendo todas las inclinaciones a una instrucción uniforme, reduciendo todas las vocaciones a un común denominador. En el porvenir será abrir horizontes a cada personalidad, respetando todas las diferencias, aprovechando todas las desigualdades naturales. La sociedad necesita aptitudes heterogéneas, pues son infinitas las funciones a desempeñar. Generalizar la educación, intensificarla, hacerla múltiple y varia hasta la madurez, no implica en manera alguna la pretensión de nivelar los gustos y las tendencias de los hombres. Nuevas costumbres y nuevas leyes podrán establecer derechos comunes a todos los miembros de una sociedad sin que eso importe igualar las vocaciones y las capacidades; la desigualdad mental de los hombres es un postulado de la psicología. Cada individuo es una síntesis sistemática de elementos afectivos, intelectuales y activos, diversos por su origen e intensidad, que se coordinan de manera varia y según relacionas complejas. Estas benéficas diferencias excluyen el peligro de que todos los hombres aspiren a realizar las mismas funciones en la sociedad.

La educación social debe estimular las desigualdades individuales

El progreso colectivo comienza en la variación particular, que proviene de diferencias iniciales o adquiridas. La infinita diversidad de inclinaciones naturales debe ser conservada por la educación, dando oportunidades al incremento de las más provechosas e cada ambiente. Suprimiendo las presiones artificiales debidas al privilegio y a la injusticia, las aptitudes efectivas podrán perfeccionarse por la selección natural. La educación puede aumentar la capacidad de todos los hombres para la vida social, pero no puede habilitar a todos hasta un mismo grado, ni para el cumplimiento de la misma función. Desde el idiota y el imbécil hasta el talento y el genio, existe una variadísima escala de aptitudes, originariamente distintas; la educación integral debe desenvolver todas las que existen, renunciando a la pretensión de crear las que faltan. Y en cada grado, las variedades son inmensas. Transformando las cualidades potenciales en capacidades efectivas, puede centuplicarse el valor social del hombre. Un ser de escasas aptitudes, desprovisto de toda educación, es un fronterizo de la imbecilidad; si, en cambio, recibe una educación vocacional, puede adaptarse al desempeño de funciones sociales utilísimas. Una mediana inteligencia oscilará desde la tontería hasta el talento asimilador, según sean o no cultivadas sus aptitudes; el ignorante y el erudito son dos productos distintos por su cultura, pero pueden constituirse sobre la misma medianía. La agudeza de espíritu, el ingenio propiamente dicho, cae en la frivolidad o raya en el talento, según eduque sus aptitudes congénitas. El mismo hombre de genio, por fin, necesita encontrar en el medio, ciertas condiciones favorables a su desarrollo; la importancia de sus producciones varía con la mentalidad colectiva del grupo social en que aparece. La intensidad de la educación no pretenderá, en suma, nivelar mentalmente a los hombres, sino aumentar la utilidad social de las diferencias, orientándolas hacia su más provechosa aplicación.

A propósito del artículo de Mónica Peralta Ramos “La larga sombra del populismo”

En un artículo publicado en “El cohete a la luna” (La larga sombra del populismo”) el 15/11/020 la socióloga Peralta Ramos expresa:

“Así, hoy día las demandas de los excluidos y las políticas redistributivas que las pueden satisfacer son definidas por los todo poderosos como un cáncer que envenena no solo al ámbito local sino también al orden global (wef.org.6 2 2018). El populismo se ha transformado en un enemigo, al que hay que doblegar con políticas económicas destinadas a encorsetar los conflictos sociales y con un relato meritocrático que divide e instila miedo al otro, detonando así comportamientos de rebaño que anulan la reflexión y el disenso. A este contexto llegó la pandemia y apresuró los tiempos de las transformaciones”.

El párrafo transcripto me hace acordar a la distinción que hace José Luis Romero entre democracia doctrinaria y democracia inorgánica. La primera enarbola los principios medulares del liberalismo político-elecciones competitivas, separación de poderes, etc.-mientras que la segunda expresa el ansia de participación política de las masas y el liderazgo carismático. Lamentablemente, en la Argentina nunca fue posible una síntesis entre ambas democracias. La democracia liberal y el populismo siempre se consideraron enemigos acérrimos. De esa forma se tornó inviable una convivencia entre los argentinos basada en el respeto por el otro, la tolerancia y el pluralismo ideológico.

A continuación me tomo el atrevimiento de transcribir una parte del ensayo de Marc F. Plattner (Director del International Forum for Democratic Studies en la National Endowment for Democracy) titulado “Populismo, pluralismo y democracia liberal” (Acta Republicana-Política y Sociedad-año 12-número 12-2013).

La tentación populista

“Este gran logro, sin embargo, no viene sin sus costos. Para perseguir simultáneamente los objetivos duales y a menudo en conflicto de gobierno de la mayoría y libertad individual, el sistema liberal-democrático prácticamente garantiza que habrá descontento tanto por parte de la mayoría como por parte de individuos y minorías. Los primeros a menudo se sienten dispuestos a sentir que la voluntad popular está siendo frustrada, y que diversos intereses económicos o de otro tipo están manipulando el proceso político para servir a sus propios fines privados en lugar de al bien público. Y las minorías a menudo sienten que no están recibiendo un trato justo del gobierno, y que sus intereses y preocupaciones están siendo descuidados o remplazados por los líderes políticos, los cuales responden principalmente a la mayoría electoral dominante. Hay algo de mérito en las quejas de ambas partes, aunque por lo general no tanto como sus portavoces podrían reclamar. En cualquier caso, el punto clave es que los compromisos inherentes a la democracia constitucional o liberal —el alojamiento incómodo que se requiere entre el gobierno de la mayoría, por un lado, y los derechos individuales y de las minorías, por el otro— significa que el resultado será un equilibrio que a menudo deja descontentas tanto a las mayorías como a las minorías. Podría parecer, sin embargo, que este equilibrio, requiriendo como lo hace de una especie de combinación de los opuestos, debería ser uno altamente precario, perennemente amenazado por el descontento en ambos lados. Y de hecho la insatisfacción es abundante en la mayoría de las democracias contemporáneas, tanto viejas como nuevas. La pregunta es entonces, ¿por qué la democracia liberal, al menos en aquellos países en donde se ha establecido firmemente, ha demostrado ser tan duradera? Una posible explicación que me gustaría explorar aquí es que las fuentes opuestas de insatisfacción ciudadana tienden a acumularse menos de lo que lo hacen para contrarrestarse entre sí. Si es correcto que la democracia liberal requiere del mantenimiento de un equilibrio exitoso entre el gobierno de la mayoría, y los derechos individuales y de las minorías, este equilibrio puede ser interrumpido de dos maneras diferentes. Uno implicaría una hipertrofia de su lado democrático hasta el punto en que debilita excesivamente las protecciones ofrecidas para los derechos individuales y de las minorías —esto conduce al trastorno democrático conocido como “populismo”. El otro implicaría un agrandamiento de su lado liberal o antimayoritario hasta el punto en que socava el autogobierno popular y la cohesión social. En teoría, esto podría tomar la forma de un individualismo excesivo, pero en el mundo real de la política las únicas unidades que tienen una perspectiva realista de ganar poder excesivo vis-à-vis la mayoría son “grupos minoritarios”. No estoy al tanto de que exista un término para este desorden liberal-democrático. El término que mejor podría capturar lo que tengo en mente es “pluralismo radical”.

La definición de populismo es actualmente un tema de controversia entre científicos sociales e historiadores. El concepto tiene una historia internacional accidentada que se remonta a la última parte del siglo xix; a menudo se dice que sus primeros ejemplares incluyen a la Naródniki rusa y al movimiento agrario estadounidense que fundó el Partido Popular y que más tarde apoyó la candidatura presidencial de 1896 de William Jennings Bryan. Varios partidos del siglo xx en América Latina, especialmente el movimiento que respaldó a Juan Domingo Perón en Argentina, suelen etiquetarse como populistas. Hoy, por supuesto, es Hugo Chávez y sus imitadores —Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador— quienes son comúnmente considerados como populistas. En Europa, por el contrario, la designación se ha dado principalmente a políticos de derecha, incluyendo al fallecido Jörg Haider en Austria y a Jean-Marie Le Pen en Francia. En Tailandia, el movimiento de apoyo al derrocado primer ministro Thaksin Shinawatra a menudo es llamado populista. Algunos académicos insisten en definir los movimientos populistas en términos de sus bases sociales y económicas de apoyo, mientras que otros enfatizan su contenido “ideológico” o su “estrategia discursiva”. Como se desprende de la lista anterior, la etiqueta de populista ha sido aplicada a un abanico muy diverso de líderes y movimientos, y algunos académicos cuestionan incluso si el populismo es realmente un fenómeno distintivo o unificado en absoluto. No me propongo entrar en los detalles de este debate sobre la definición. Estoy utilizando el término en el contexto actual para referirme no a fenómenos históricos o formaciones socioeconómicas específicos, sino a una tendencia general que siempre está latente en cierto grado en las democracias modernas. No obstante, las definiciones de populismo generalmente más aceptadas por los científicos sociales están bien adaptadas en el sentido en que quiero aplicar el término. Esta es la definición ofrecida en la entrada “populismo” en la Encyclopedia of Democracy: Un movimiento político que enfatiza los intereses, rasgos culturales y sentimientos espontáneos de la gente común, en oposición de aquéllos de la élite privilegiada. Para legitimarse, los movimientos populistas suelen apelar a la voluntad de la mayoría de manera directa —a través de reuniones masivas, referendos, u otras formas de democracia popular— sin preocuparse demasiado por los controles y equilibrios, o los derechos de las minorías (Di Tella, 1995: 985-989). Está claro que el populismo encarna una visión de la democracia que no está ligada al liberalismo o al constitucionalismo —es cierto que los líderes populistas contemporáneos en América Latina, nuevamente siguiendo el ejemplo de Chávez, han presionado para la aprobación de nuevas constituciones, pero su objetivo ha sido, en gran medida, debilitar las restricciones al poder ejecutivo integradas en las constituciones existentes.

El populismo sigue siendo democrático en el sentido mayoritario, donde se justifica a sí mismo como el agente y la encarnación del pueblo en su conjunto —excluyendo, por supuesto, a la élite corrupta y privilegiada y a sus agentes. Si el mensaje populista se entregara meramente en nombre de un segmento minoritario de la ciudadanía, ese mensaje se vaciaría de su atractivo. Los populistas quieren lo que ellos consideran que es la voluntad de la mayoría —a menudo canalizada a través de un líder populista carismático— para prevalecer, y para hacerlo con el menor estorbo o retraso posible. Por esta razón, tienen poca paciencia con el énfasis del liberalismo en las sutilezas procesales y las protecciones para los derechos individuales. Dado que las doctrinas populistas pregonan una dura oposición entre “el pueblo” y la élite que le oprime, los populistas son hostiles con los ricos, el capital financiero, y las grandes corporaciones. Al estilo anti-Madison, tienden a reducir la diversidad de clases e intereses económicos a sólo dos: los ricos y el resto. Esto podría parecer indicar que los populistas definen al pueblo en términos amplios para abarcar a todos los grupos desfavorecidos en una determinada sociedad. Sin embargo la visión populista no ve al mundo solamente en términos económicos, lo cual presenta un constante escollo para aquellos que esperan construir coaliciones populistas multiétnicas o multirraciales. De hecho, los movimientos populistas tienden a ser antagónicos con las minorías culturales, lingüísticas, religiosas y raciales. Luego entonces el populismo a menudo se acompaña de “nativismo” y de hostilidad a los inmigrantes y la inmigración. Los populistas tienden a ver al “pueblo” como una agrupación homogénea o uniforme, tanto en términos culturales como económicos. Aquellos que difieren de la mayoría en los rasgos culturales básicos son típicamente vistos más como enemigos del pueblo que como aliados potenciales. La tentación populista seguramente representa una amenaza a la visión de la democracia liberal que se promueve en El Federalista. Al mismo tiempo podría decirse que la recurrencia de la retórica populista, e incluso de los movimientos populistas, ofrece un útil correctivo a la propensión de la democracia liberal de alejarse demasiado de sus cimientos en la soberanía popular. Tales movimientos incrementan la participación política de grupos que de otro modo tienden a ser pasivos, y pueden proporcionar una útil “llamada de atención” a las elites y a los funcionarios públicos que han crecido demasiado cómodos con sus privilegios y demasiado distantes de las preocupaciones de la opinión pública. En resumen, pueden ayudar a prevenir que las democracias liberales agranden su lado liberal y descuiden su lado democrático”.