Por Hernán Andrés Kruse.-
Alberto y el megaplan de seguridad
Este mediodía (viernes 4) el presidente de la nación anunció su megaplan para combatir la inseguridad en el conurbano bonaerense y cuyo costo asciende a 38.000 millones de pesos. El plan prevé un importante incremento de policías (10.000) cuya formación tendrá un carácter descentralizado, lo que significa que estará a cargo de los diferentes municipios durante un año y medio. A su vez, se adquirirán 2200 móviles policiales y se construirán 4000 paradas policiales y 12 unidades carcelarias. También se prevé que 3957 nuevos efectivos de las Fuerzas Federales actúen en el Gran Buenos Aires. Se destinarán 10.000 millones de pesos para mejorar el equipamiento de la policía bonaerense, que incluye chalecos antibalas, cámaras de seguridad, armamento, municiones, tecnología analítica aplicada y móviles policiales. Habrá un incremento del 100% de las Fuerzas Federales en operativos de seguridad en el territorio del Gran Buenos aires. Como se expresó precedentemente se construirán 12 unidades carcelarias-5000 nuevas plazas-en la provincia de Buenos Aires, lo que implica una inversión de 12.800 millones de pesos. También se edificarán dos unidades carcelarias de 1000 plazas cada una y 10 Unidades Carcelarias (las históricas alcaidías) de 300 plazas cada una. Se destinarán 3.234 millones de pesos para la construcción de la primera etapa del Complejo Federal de Agote en el Municipio de Mercedes, con capacidad para albergar 1.148 internos. Otros 3.370 millones de pesos se utilizarán para construir 4 mil paradas seguras distribuidas en los principales corredores (fuente: Ámbito, 4/9/020).
No recuerdo un plan de seguridad de semejante magnitud para la provincia de Buenos Aires. Habrá quienes consideren que este plan forma parte de la campaña electoral lanzada por el gobierno nacional teniendo en mente las elecciones de medio término. Es probable que así sea pero también hay que reconocer que algo había que hacer frente al desafío que significa para la paz social el auge del accionar delictivo. Pero una vez más las autoridades políticas han puesto su atención sobre los efectos y no sobre las causas de la inseguridad. En efecto, el gobierno de Alberto Fernández optó por la solución más rápida y que tantas veces fue exigida por los ciudadanos del conurbano. Construir cárceles y equipar a la policía con armamento de guerra suena a música de Mozart para los oídos de los sufridos bonaerenses quienes todos los días están merced de la delincuencia. Pero esa no es la solución de fondo. La única manera, si pensamos en el largo plazo, de ir eliminando paulatinamente semejante flagelo es a través de una también paulatina disminución de la brecha entre ricos y pobres. Pero el presidente necesita imperiosamente demostrar a los bonaerenses resultados perentorios y con este megaplan cree poder logarlo.
En el acto celebrado en Olivos el presidente cerró la lista de oradores. Dijo que “si este plan tiene éxito puede ser que mis palabras a algunos los disuada de seguir cometiendo delitos, y puede ser que otros digan “yo voy a ser más vivo que el Estado”. A esos vivos les digo que vamos a ser implacables con ellos, con el Derecho en la mano, con el código Penal en la mano, respetando todas las garantías procesales, pero seremos implacables”. Recordó que “las víctimas de la inseguridad esperan respuestas de la justicia, no buscan odio ni rencor”. “Espero que algún día la justicia deje de ser una justicia selectiva y castigue a todos, porque como dijo Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) el delito no es patrimonio de los pobres, eso es un mecanismo para estigmatizar la pobreza. La mayoría de la gente es honesta. Algunos se dejan llevar por el delito pero la Justicia debe llegar a todos, porque no sólo delinquen los pobres”. Y agregó: “La primera reacción del delito es la desigualdad y en las sociedades más desiguales es donde más prosperan. Muchas veces el que delinque no encuentra un mejor futuro” (fuente: ámbito, 4/9/020). Alberto Fernández está, qué duda cabe, en campaña electoral.
Un preciado botín político
La justicia fue siempre en nuestro país un preciado botín político. El sagrado principio de la división de poderes, sistematizado primero por John Locke y luego por Montesquieu, ha sido siempre una entelequia. Todos y cada uno de los gobiernos que supimos conseguir coincidieron siempre en la imperiosa necesidad de contar con un Poder Judicial dócil, sensible a sus deseos y, muchas veces, a sus caprichos. El 10 de diciembre de 2019, el flamante presidente prometió una justicia independiente. Como sucedió tantas veces tal promesa quedó en una mera expresión de deseos o, lo que es mucho peor, en una obscena manifestación de hipocresía.
En el peor momento de la pandemia el presidente de la nación dio a conocer públicamente su proyecto de reforma de la justicia. Existe acuerdo unánime en la necesidad de mejorar el Poder Judicial, de contar con jueces probos e independientes, que sean capaces de cumplir con su deber. Lamentablemente, todo indica que se trata de un nuevo intento de domesticación de la justicia.
Veamos lo que sucedió en las últimas horas. El viernes 4 la Comisión de Acuerdos del Senado convocó a una audiencia pública por video conferencia a diez jueces y juezas para revisar sus designaciones, consideradas irregulares por el Consejo de la Magistratura por no contar con acuerdo senatorial. Estuvieron presentes 7 magistrados que expusieron y respondieron todas las preguntas que les fueron formuladas. Los tres restantes, los doctores Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que integran la Cámara Federal de Comodoro Py, y el doctor Germán Castelli quien está en el Tribunal Oral Federal 7, no se hicieron presentes. Como la Comisión decidió rechazar sus traslados Bruglia y Bertuzzi deberán retornar al Tribunal Oral Federal 4 mientras que Castelli deberá volver a un tribunal oral de San Martín. Lo que pretenden estos magistrados es que sea finalmente la Corte Suprema la que tome la decisión de última instancia. Resulta por demás evidente que estos tres magistrados no quieren saber nada con sus inminentes traslados, desentendiéndose del hecho de que están donde están pura y exclusivamente por una decisión del ex presidente Macri, lo que significa que ni concursaron y ni obtuvieron acuerdo del Senado. Sin embargo, los jueces consideran que sus nombramientos ahora están firmes y pertenecen a la categoría de derechos adquiridos.
Este párrafo constituye una síntesis del artículo publicado el sábado 5 por Irina Hauser en Página/12. Es el reflejo del punto de vista del gobierno sobre un tema por demás urticante. Pero el mismo día La Nación publicó un artículo de Hernán Capiello sobre este tema. Su enfoque es, obviamente, diferente al de Hauser.
Los jueces que están la picota, Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, dictaron fallos que perjudicaron al kirchnerismo. Los dos primeros, ahora miembros de la Cámara Federal, confirmaron los procesamientos de Cristina Kirchner y varios funcionarios que la acompañaron mientras ejerció la presidencia. Mientras que Castelli fue sorteado para impartir justicia en la causa de los cuadernos de Centeno. Lo que hizo el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura el viernes 4 fue destacar la inexistencia de acuerdo senatorial para sus nuevos cargos. De ahí la decisión del Senado de realizar una audiencia para darles o no un nuevo acuerdo. Pero como los camaristas consideran que esa audiencia es innecesaria porque no necesitan otro acuerdo (para ellos continúa vigente el acuerdo del Senado para los cargos que ocupaban con anterioridad), decidieron no asistir a la audiencia. Y al no hacerlo, la Comisión de Acuerdos del Senado resolvió desconocer los traslados de estos magistrados dispuestos por Macri. La reacción de los damnificados fue la previsible: fueron a la justicia pero sus pedidos fueron rechazados. Lo único que les queda es la Corte Suprema.
Emerge en toda su magnitud la profundidad de la grieta en esta delicada cuestión. ¿A quién creer, a Hauser o a Cappiello? El cariz de la respuesta dependerá fundamentalmente de la ideología que profesa quien la responde. En otros términos: para un macrista Capiello tiene razón y para un kirchnerista Hauser la tiene. El kirchnerista dirá con vehemencia que es vital purificar la Justicia, expulsar de su seno a los jueces amigos de Macri, corruptos y venales. El macrista dirá que lo decidido por la Comisión de Acuerdos del Senado responde al deseo del gobierno nacional de garantizar la impunidad de la ex presidenta y de los funcionarios involucrados en escandalosos hechos de corrupción.
Ante semejante dilema me parece que no queda más remedio que acudir a nuestra historia política e institucional para analizar con la mayor objetividad posible cómo fue la relación entre el gobierno de turno y el Poder Judicial. Quien lo haga seguramente concluirá que siempre hubo una obscena connivencia entre ambos poderes, que el gobierno de turno consideró al Poder Judicial un apéndice suyo, que el sagrado principio de la independencia del Poder Judicial jamás estuvo vigente. En consecuencia, tendrá todo el derecho del mundo a dudar de las buenas intenciones del actual presidente de la nación. ¿Es objetivo de Alberto Fernández garantizar la independencia de la justicia? Si se atiene a lo que enseña nuestra historia política y constitucional su respuesta será harto evidente.
Cristina, como siempre, redobla la apuesta
En las últimas horas (domingo 6) la vicepresidente de la nación expresó en Twitter lo siguiente: “Si leés este hilo de Leopoldo Moreau te vas a enterar por qué los camaristas Bruglia y Bertuzzi no asistieron a la audiencia pública de la comisión de Acuerdos del Senado de la Nación. Sencillo: no podían responder las preguntas que los Senadores y las Senadoras les iban a hacer”. En la red social el diputado del Frente de Todos expresó que “un periodista imputado de integrar una banda dedicada al espionaje en complicidad con el fiscal Stornelli y D´Alessio escribe hoy una nota en Clarín anunciando que la Corte va a provocar un conflicto de poderes con el Congreso para defender a Bruglia y Bertuzzi”. Se trata, obviamente, del periodista Daniel Santoro. Más adelante Moreau manifestó que “ambos jueces no solo fueron puestos a dedo en los cargos que hoy ostentan sino que un fallo de ellos referido a la causa de las fotocopias aparece 6 días antes de ser publicado en el celular ¿de quién?. De D´Alessio. ¿Quién es el fiscal de la causa de las fotocopias? Stornelli. Todo queda en la banda D´Alessio, Stornelli, Santoro, Bruglia y Bertuzzi. La preguntas es: ¿la Corte se va a dejar arrastrar a un conflicto de poderes para defender esta asociación ilícita?”. El legislador recordó que “para colmo Bruglia y Bertuzzi se alzaron contra la Constitución y se negaron a presentarse en la Comisión de Acuerdos del Senado”. Es de desear que “algunos afiebrados no estén tratando de provocar un conflicto institucional agregando el intento de frenar la actividad parlamentaria”, sentenció.
Destacó por último que la Corte “debe rechazar de plano el per saltum y dejar de jugar a las escondidas con todas las ilegalidades que impuso el lawfare en Argentina apoyándose, además, en el sistema de espionaje ilegal más grande de la historia democrática de nuestra patria” /fuente: Página/12, 6/9/020).
Como se desarrollará más abajo el viernes 5 la Comisión de Acuerdos del Senado resolvió frenar el traslado dispuesto en su momento por Mauricio Macri de los jueces Bertuzzi y Bruglia a la Cámara Federal de comodoro Py, con lo cual deberán regresar al TOF 4, donde se desempeñaban hasta el traslado dispuesto por el ex presidente. El otro afectado por la decisión del Senado es el juez Germán Castelli, miembro del TOF 7, que deberá retornar a un tribunal oral de San Martín.
Atrapado sin salida
El gobierno nacional está, respecto a la pandemia, atrapado sin salida. Se muestra desorientado, sobrepasado por la situación. Evidentemente el grupo de expertos que lo viene asesorando desde marzo no previó un aumento de semejante magnitud del número de contagios y fallecimientos para septiembre. Frente a semejante cambio de escenario el presidente adoptó, me parece, la peor de las actitudes: desentenderse del problema. O, mejor dicho, reemplazarlo, en la cima de sus prioridades, por problemas también acuciantes como la economía, la inseguridad y la justicia. Porque no resulta casual-en política, conviene siempre remarcarlo, no existen casualidades sino causalidades-que desde hace algunas semanas Alberto Fernández dedique todo su tiempo a aparecer en televisión para tocar temas vinculados con las áreas mencionadas precedentemente y guarde un sonoro silencio sobre la pandemia. El problema es que el Covid-19 no sólo existe sino que no da tregua. La semana pasada hubo un récord de 12000 infectados en un día (jueces) y no sería extraño que en la semana que comienza esa cifra ascienda. Mientras tanto, un buen porcentaje de la sociedad adopta comportamientos que merecen un análisis psiquiátrico. ¿Qué les pasa a esos argentinos y a esas argentinas que salen en manada llenando bares y paseos públicos, sin barbijo y sin respetar el distanciamiento social? ¿No son conscientes de la gravedad de lo que está pasando a nivel sanitario? ¿No les importa que el sistema de salud colapse? ¿Creen que el Covid-19 es un invento o una simple “gripecita”? Las próximas semanas serán muy complicadas. Sin ser experto en la cuestión me atrevo a pronosticar un incremento muy fuerte tanto de contagios como de muertes que provocarán desastres en las salas de terapia intensiva.
A continuación paso a transcribir parte de una muy interesante entrevista efectuada por Nora Veiras, directora de Página/12, y Pablo Esteban al investigador principal del Conicet Alberto Kornblihtt, quien hace unos días publicó un artículo en “El cohete a la luna” en el que pronostica, si las autoridades no reaccionan, al igual que la sociedad, que para fin de año los muertos por el Covid-19 ascenderán a 360.000.
Expresó Kornblihtt: “Hace poco escribí un artículo en el que proponía un número (de muertos) exagerado: si uno realiza una progresión geométrica podríamos tener unos 364 mil fallecidos para Navidad. Es cierto, seguramente, que el país no llegue a ese número porque en el medio hay acciones y políticas que así lo impedirán. Lo que sí es real es que estamos en crecimiento exponencial de muertes: el 17 de mayo teníamos 375, el 11 de junio 865, el 5 de julio 1500, el 27 de julio 3 mil, el 19 de agosto 6 mil. Ahora estamos en más de 9 mil y la proyección indica que para el 15/16 de septiembre llegaremos a 12 mil. Si el 11 de junio (cuando teníamos menos de mil) nos hubieran dicho que en septiembre tendríamos estas cifras, de seguro, también nos habría parecido una exageración” (…) “Desde el 15 de febrero hasta el 3 de septiembre, las curvas en Francia, Italia y Alemania tuvieron un pico y después bajaron; mientras que aquí continúa subiendo con una pendiente pareja y en forma exponencial. Es una irresponsabilidad haber hablado tanto del pico cuando nunca existió en Argentina” (…) La propagación del virus “debe atacarse por dos vías: hacer un rastreo efectivo de contactos y el aislamiento. El rastreo no debe hacerse con los contactos de los que ya fueron determinados positivos por PCR, sino de los que tienen síntomas compatibles con el Covid-19. Es decir, ni bien se detectan personas con sintomatología vinculada al coronavirus, se deben rastrear los vínculos y aislarlos. Si luego el test indica que la persona no estaba infectada, los contactos son liberados. En paralelo, lamentablemente, para que esto baje tendremos que tener cierres intermitentes. Tal vez tengamos meses con dos semanas de cierre y dos de apertura. El objetivo es llegar a la vacuna con un número más chico de fallecidos” (…) Ya tenemos más de 9 mil fallecidos y en apenas unos días tendremos 13 mil. Además del rastreo de contactos y del aislamiento, la tercera condición es que aquellos que circulen sean un poco más respetuosos de la vida ajena. Para ser rigurosos, hoy está todo un poco desmadrado: hay gente que deambula por las calles directamente sin barbijo. El gobierno tiene que poner un freno a esto” (…) “Estamos viviendo una guerra, una de las peores catástrofes que ocurrieron en el mundo” (…) Cada vez que escucho el reporte vespertino y me entero de más de 200 nuevos muertos pienso en un Jumbo que se cae. Si un avión cayera y fallecieran 250 argentinos sería la tapa de todos los diarios y se escribirían ríos de tinta. Bueno, ahora es un Jumbo que se estrella por día. Son personas que están muriendo por el Covid. Es un número frío, no es alarmismo, no lo estoy inventando”.
Dramática confesión
El lunes 7 los muertos por el Covid-19 superaron la barrera de los 10 mil. Una cifra que estremece ya que pone dramáticamente en evidencia el fracaso de la estrategia adoptada por el gobierno nacional para hacer frente a la pandemia. Evidentemente hubo errores de cálculo porque a fines de mayo, cuando la cuarentena funcionaba a pleno y Alberto Fernández gozaba de un increíble nivel de popularidad, nadie se hubiera imaginado que en septiembre el sistema de salud estaría al borde del colapso. Lo digo con gran pesadumbre porque al comienzo creí que el gobierno había acertado al imponer la cuarentena. Luego algo falló. Pero en aquel momento nadie osaba criticar a los expertos que rodeaban al presidente. Ahora, con el diario del lunes, muchos alzan su voz en señal de protesta. ¡Por Dios, cuánta hipocresía!
Los números de contagios y fallecimientos aumentan a diario y todo indica que la tendencia seguirá por bastante tiempo. En las últimas horas Sandra Maiorano, secretaria de la Asociación de Médicos de la República Argentina seccional Rosario, advirtió que el personal sanitario está en una situación límite. “Desde hace meses que venimos con el nivel de estrés: primero porque estamos enfrentando algo desconocido; segundo por la llegada de los insumos hasta que se consiguieron; tercero la persecución pública diciendo que éramos los responsables de los contagios; cuarto la falta de descanso y todas las complicaciones”, se explayó. “Ahora se suma el nivel de desmoralización y hartazgo, y es tan grande que nadie quiere hacer una hora más, nadie se anota para hacer un reemplazo, nadie se anota para contratarlo porque es en negro y a cifras que realmente uno dice ¿voy a arriesgar mi vida por esto?”. “El grupo humano está agotado y no da más”. “La muerte de personal de salud a partir de ahora va a ser una noticia frecuente”. “Esta situación no es joda. Acá hay gente que va a morir sin atención”. “La recarga de atención en esta zona de la provincia es crítica. A nosotros (por Rosario) nos van a tocar 20 mil casos largos. Y la gente del Conicet calcula que el pico de contagios llegará a fines de octubre, o seas que esto recién empieza”. “Para lo único que sirve la cama es para acostar al paciente. Ahora, hay que hablar de unidades de internación. No tienen con qué habilitar las camas que han armado. Las clínicas están igual porque son los mismos médicos que están trabajando entonos lados”. “En la historia de este gremio nunca tuvimos cuatro paros en un año y ahora tuvimos cuatro paros en un mes para que se vea el nivel de hartazgo de los médicos. Les estoy pidiendo la cantidad de contagiados entre el personal de salud y no me lo quieren dar. Los médicos están agotados y hartos. No quieren saber más nada” (fuente: Pagina/12, 8/9/020).
La bonaerense en estado deliberativo. Respuesta presidencial. Anuncio de Kicillof
La policía de la provincia de Buenos Aires es la más numerosa (casi 100 mil efectivos) y poderosa del país. Está en condiciones, si se lo propone, de sacudir con fuerza los cimientos institucionales del país. Para muchos bonaerenses es el emblema de la seguridad, el escudo protector contra los ataques de la delincuencia. Muchos argentinos consideran, por el contrario, que es el emblema de la corrupción y el peculado. Esta fuerza, por razones salariales, ha puesto al país en vilo dese hace unos días. El principio fundamental de su organización, la verticalidad, ha sido reemplazado por un estado deliberativo que no hace más que desnaturalizar la esencia de la fuerza policial.
Resulta por demás evidente que la tropa no tomó una decisión de semejante magnitud sin contar con el visto bueno de las más altas autoridades de la fuerza. El epicentro de la protesta es Puente 12, situado en el corazón de La Matanza. Ahí se dirigió Daniel Alberto “El Fino” García, jefe de la bonaerense, para expresarles a los sublevados su total respaldo. “Yo estoy con ustedes. ¿Qué problema tienen?”, expresó. Ante el cariz que estaba tomando la protesta el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, un dirigente con ambiciones políticas, les propuso el martes 8 a los uniformados que estaban en el lugar que constituyeran una comisión para enhebrar un diálogo ordenado y, de esa manera, estar en consideraciones de efectuar una correcta evaluación de sus demandas. Los policías no lograron ponerse de acuerdo en las horas posteriores con lo cual no hubo ni grupo representativo ni petitorio. Cuando se asomaba la noche Juntos por el Cambio, a través de un comunicado, le reclamó al gobernador bonaerense atender las demandas de los policías, demostrando de esa manera su apoyo a la fuerza policial.
En un artículo publicado en Página/12 el miércoles 9 Raúl Kollmann (“Policía bonaerense: ¿de dónde sale la protesta?”) analiza las causas que habrían provocado semejante polvareda. A nadie se le escapa el hecho de que desde hace un tiempo los ingresos de los policías viene sufriendo un severo deterioro. Sin embargo, había “negocios” que les permitían hacer frente a ese hecho. La ayuda” brindada por esos “negocios” se desmoronó con la pandemia. Al no haber fútbol, se evaporaron los “negocios” con las barras bravas, tales como los estacionamientos, los puestos de comidas e. incluso, la protección ante eventuales hechos reñidos con la ley. El Covid-19 terminó también con la prostitución, los curanderos y las ferias de productos falsos. Mermaron el juego clandestino y, al venirse a pique la demanda de repuestos, la actividad de los desarmaderos. Al bajar la actividad gastronómica quedó afectada otra importante fuente de financiación e incluso de alimentación. Si a todos estos “perjuicios” se le agrega un notorio atraso en los últimos años en materia de salarios, capacitación y jerarquización, surge un cóctel altamente explosivo.
¿Hay un trasfondo político detrás de esta protesta? Es altamente probable. Para la muestra basta un botón. Florencia Arietto, quien trabajó en el área de seguridad durante la presidencia de Cantero en independiente y asesoró a Patricia Bullrich cuando tenía a su cargo el Ministerio de Seguridad, dijo en un set de televisión en las horas previas a la revuelta que la bonaerense “está viendo de hacer algún tipo de movilización para pedir mejoras salariales”. Y agregó: la policía bonaerense “está llamando a una situación de reclamo general, vamos a decirlo así porque yo no puedo hablar de sublevación. No hay sindicalización policial en la Argentina como para hacer un reclamo por una vía legal pero hay malestar
En las bases de la policía, porque falta conducción, falta escucha” (fuente: Página/12, 9/9/020).
En la mañana del miércoles 9 un grupo de policías se habían apostado sobre la avenida Maipú, a escasos metros de la Residencia de Olivos. Antes de subirse al helicóptero que lo llevaría a Quilmes, le ordenó a un colaborador que hablara con los uniformados para invitarlos a que ingresaran a la residencia para hablar sobre el tema salarial y una mejora en las condiciones profesionales. A los pocos minutos el colaborador regresó y le dijo al presidente que rechazaban la invitación presidencial. Además, remarcaron que se habían acercado a Olivos para protestar y que temían por represalias. Pero en las últimas horas algunos medios televisivos dijeron que los policías le habían mandado a decir al presidente que si quería hablar con ellos que lo hiciera en la calle. Al arribar a Quilmes para celebrar los 130 años de la empresa Quilmes, el presidente, visiblemente ofuscado por lo que había sucedido en Olivos, dijo: “Esto no se resuelve escondidos en patrulleros tocando sirenas. El gobierno nacional no se va a hacer el distraído, va a afrontar el problema como lo hacemos siempre junto al gobernador, Axel Kicillof. Somos dos amigos en la misma causa y estamos comprometidos con lo mismo”. Como bien señala Román Lejtman en la edición de hoy (miércoles 9) del portal Infobae (“Un grupo de policías que protestaba frente a la Quinta de Olivos rechazó una oferta de diálogo con el Presidente”) el objetivo del presidente, consciente de que en ese momento había reclamos policiales en Chaco, Jujuy, Río Negro, Chubut y Santa Fe) es evitar que la ofensiva policial bonaerense funcione como un efecto dominó, es decir que otras policías provinciales se plieguen a sus reclamos.
Al cierre de una tensa jornada el presidente de la nación, flanqueado por el gobernador y la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, expresó que no todo estaba permitido, en relación con los efectivos policiales que se habían acercado por la mañana de manera amenazante a la Quinta de Olivos. “Puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda, lo que no estoy dispuesto es a aceptar ciertas formas de la demanda que no tienen que ver con la vida democrática”. “Todos queremos ir resolviendo los problemas que la Argentina tiene, pero vamos a hacerlo cumpliendo las reglas de la democracia y respetando la institucionalidad”. “Les pido democráticamente que depongan esa actitud” (fuente: Página/12, 1079/020). Durante la noche continuó la rebelión policial cuyo epicentro es La Matanza.
Las escenas que registraron las cámaras de televisión en Olivos me hicieron acordar en cierta medida a la sublevación de la policía boliviana que dio origen al proceso destituyente que terminó con la caída de Evo Morales. Como estamos en la Argentina, conviene estar alertas. En principio todo aparenta circunscribirse a un reclamo salarial pero como hace unos días el ex presidente Eduardo Duhalde habló de la posibilidad de un golpe de estado, la rebelión policial lejos está de tratarse de un mero hecho gremial. Desde que quedó demostrada la incapacidad del gobierno de frenar la pandemia comenzaron una serie de ataques contra la estabilidad institucional. El comienzo fue, qué duda cabe, la manifestación del 17 de agosto fogoneada por los medios de comunicación contrarios a Alberto Fernández, luego la aparición pública del ex hombre fuerte del conurbano y ahora la rebelión policial.
El gobernador acaba de anunciar que a partir de ahora todo efectivo de la policía bonaerense cobrará un mínimo de 44 mil pesos. Habrá que ver cómo reaccionan los efectivos. Si, como ellos dicen, se trata de una demanda salarial con lo anunciado por Kicillof deberían dar por terminada la rebelión. Si con el correr de las horas los policías continúan con el estado deliberativo entonces sus objetivos son otros.
La quita a la Capital Federal
El miércoles 9 fue, desde el punto de vista político, sumamente “entretenido”. Al mediodía la policía bonaerense, afortunadamente, aceptó la propuesta salarial del gobernador bonaerense y retornó a sus actividades habituales. Atrás quedaron varios días de angustia y zozobra a raíz del estado deliberativo en que había caído la fuerza policial más poderosa del país. Horas más tarde el presidente de la nación se dirigió a los argentinos desde la Quinta de Olivos para expresar su beneplácito por la actitud de la policía bonaerense y destacar, por enésima vez, la importancia del diálogo en democracia. Pero ante la sorpresa de la audiencia y, aparentemente, del propio Rodríguez Larreta, el presidente anunció su decisión de recortar en más del 1% lo que recibe la CABA en concepto de coparticipación-unos 30 mil millones de pesos-para permitir a Kicillof hacer frente al reclamo salarial de la bonaerense. Esta madrugada (viernes 11) salió publicado en el boletín Oficial el Decreto 735/2020 que formaliza la decisión. Según un especialista en materia fiscal de Juntos por el Cambio, “con el DNU, el gobierno le quitó 1,18% de coparticipación a la ciudad, que pasó de tener 3,5 a 2,32 por ciento. De ese 2,32%, 1,4% corresponde al nivel histórico que regía antes del traspaso de la Policía. Entonces, el Poder ejecutivo entiende que una vez que se termine de aprobar la ley que transfiere todas las competencias vinculadas a la seguridad, la Capital Federal volverá a tener el mismo porcentaje de recursos que estaba vigente hasta el inicio del gobierno de Mauricio Macri” (Fuente: Infobae, 11/9/020).
La reacción de Rodríguez Larreta no se hizo esperar. El jueves al anochecer anunció su intención de llevar a la Corte la decisión del presidente. Actuando como el virtual jefe de la oposición el jefe de Gobierno de la CABA expresó: “Lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo. Para lograr la seguridad en la provincia de Buenos Aires se eligió la división. Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia”. “Nos sacaron los fondos, de un día para el otro, en el medio de la pandemia”. “Toda mi vida elegí el camino del diálogo. Dejando de lado toda diferencia política me senté y trabajé codo a codo con el presidente y el gobernador. Acompañé al gobierno en todo el proceso de la negociación de la deuda. En la situación difícil que se presentó con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones”. “Frente a decisiones arbitrarias como la de ayer, los argentinos estamos acostumbrados a responder con peleas, más agresiones, ese camino no nos llevó a ningún lado. No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas”. “Obviamente estoy enojado. Ante una decisión improvisada, intempestiva, que atenta contra la unidad de los argentinos ¿cómo no me voy a enojar?”. “El Presidente me mandó un mensaje a las 19.29. La conferencia de prensa empezó a las 19.30. No lo contesté” (Fuente: Página/12, 11/9/020).
Hoy, viernes 11, el Presidente participó desde la Quinta de Olivos de un acto en el que anunció obras públicas para varias provincias que, oh casualidad, respaldaron la controvertida decisión. Nos estamos refiriendo a Chubut, Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán y Tierra del Fuego. “Lo que estamos haciendo no es sembrar discordias sino igualdad”, remarcó. “Vamos a seguir dialogando” porque “ningún diálogo se rompe”. Sucede que “a veces, a algunos les duele renunciar a algunos privilegios”, pero “el diálogo es el modo de resolver las diferencias, no conozco otra manera”, enfatizó. “No hay una Argentina central y otras Argentinas periféricas. Hay una sola Argentina y punto”. “Al país se lo tranquiliza con acciones equilibradas para que allí donde la desigualdad aparece, aparezcan acciones que igualen” y para que “allí donde los recursos abundan, se distribuyan de otro modo para quienes lo están necesitando”, remarcó (Fuente: Página/12, 11/9/020).
Ha quedado demostrado una vez más una clásica ley de la política: “los amigos de hoy pueden llegar a ser los enemigos de mañana según cómo se dé la lucha por el poder”. Hace apenas un par de meses Alberto Fernández dijo públicamente que Rodríguez Larreta era su amigo. Era la época de la buena vecindad, de los buenos modales. Ambos se mostraban unidos para hacer frente a la pandemia. ¿Qué pasó para que en tan poco tiempo Larreta pase a ser el enemigo público núm. 1? Creo no equivocarme si afirmo que lo que explica el fin de la política de buena vecindad es el fracaso del gobierno nacional en su lucha contra el Covid-19. Hasta julio los números de contagios y fallecimientos le sonreían a Alberto Fernández. A tal punto era así que se daba el lujo de comparar al país con naciones mucho más desarrolladas como Suecia, por ejemplo, y afirmar que en Argentina se hacían mejor las cosas que en el país nórdico. Fue el momento de mayor popularidad del presidente. Su imagen positiva superaba el 80% y el nivel de aprobación popular de la cuarentena era altísimo.
Fue entonces cuando, me parece, se enamoró de la cuarentena, aunque el propio Alberto Fernández se encargaba de afirmar lo contrario. Era tan favorable el clima político que se permitía dejar para más adelante los efectos deletéreos de la otra pandemia, la económica. Su famoso slogan “si tengo que elegir entre la economía y la salud, me quedo con la salud” orientó su accionar de gobierno luego de imponer la cuarentena el 20 de marzo. Pero surgió un problema: la gente comenzó a cansarse de estar encerrada. Paralelamente, creció de manera exponencial la angustia por la situación económica. Pero Alberto permanecía imperturbable porque los números en materia de contagios y fallecimientos continuaban siendo bajos en comparación con los números de Brasil y Chile, por ejemplo. Seguramente creyó, al igual que el equipo de expertos que lo viene asesorando, que para fines de julio o principios de agosto a más tardar, la pandemia comenzaría a ceder. Sucedió exactamente lo contrario. Pese a intentar imponer una nueva cuarentena durante la primera quincena de julio los contagios y los fallecimientos, lamentablemente, comenzaron a crecer sin solución de continuidad. En un típico manotazo de ahogado el presidente intentó penalizar a quienes participaran de reuniones familiares en domicilios particulares, porque ello no haría más que incrementar el número de contagios y decesos. Su intento, como era de esperar, naufragó.
Mientras tanto, el coronavirus continuaba haciendo estragos. A tal punto que, promediando septiembre, tenemos más de 500 mil contagios y en pocas horas llegaremos a las 11 mil muertes. Esto significa, lisa y llanamente, el fracaso de la cuarentena. Alberto ya no podía basar el éxito de su gestión en la eficacia de su lucha contra el coronavirus. Su imagen positiva, obviamente, comenzó a descender a pasos agigantados. Algo debía hacer para recuperar la iniciativa política. Ello explica su decisión de hacer ingresar al campo de juego a la polémica reforma electoral, cuyo destino en Diputados es, cuanto menos, incierto. No conforme con la reforma judicial, no tuvo mejor idea que meterle la mano en el bolsillo a los porteños. Y ya se sabe desde tiempo inmemorial que el bolsillo es la víscera más sensible del ser humano. De esa forma se desmoronó como un castillo de naipes la apuesta del presidente por el diálogo y las buenas costumbres. Al mejor estilo kirchnerista, el presidente ahora optó por la confrontación para demostrarle a la opinión pública que sigue en carrera.
Lo interesante es que eligió como enemigo no a Mauricio Macri sino a su “antiguo amigo” Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué? La respuesta se cae de maduro. Larreta mide muy bien en las encuestas, lo que lo transforma en un duro adversario para las presidenciales de 2023. Su imagen de hombre dialoguista y educado está cayendo muy bien en amplios sectores de la sociedad. Para Alberto es vital torpedear esa imagen, obligarlo a luchar en el barro. Necesita que Larreta se “cristinice”, en suma. Es una estrategia que, seguramente, es muy bien vista tanto por Cristina como por… Mauricio Macri. En efecto, seguramente Macri no ve con buenos ojos la intención de Larreta de competir en 2023. Qué mejor para que su imagen quede dañada que una decisión como la de Alberto Fernández. Mientras tanto el Covid-19 sigue sin dar tregua, pero este “pequeño problema” los tiene sin cuidado a todos los nombrados.
Larreta sólo piensa en la Rosada
El jefe de gobierno porteño tiene una obsesión: ser presidente en 2023. Es legítima su aspiración. Todo político que se precie de tal sueña con el premio mayor, con el día en que su antecesor le coloca la banda presidencial. De esa forma pasará a la historia, para bien o para mal. Además, es lógica ya que, al menos hasta hoy, las encuestas le sonríen. Poniendo cara de bueno y enarbolando las banderas del diálogo y la tolerancia democrática su objetivo no sólo es conservar el caudal electoral de Macri (41%) sino también aumentarlo “robándole” votos al Frente de Todos, especialmente los del espacio político que conduce Sergio Massa. Lo que acaba de acontecer con la decisión del presidente de la nación de quitar por decreto a la CABA más del 1% en concepto de coparticipación para ayudar a Kicillof a pagar el aumento prometido a los bonaerenses, le vino como anillo al dedo. Adoptó una típica estrategia de quien está en campaña: victimizarse. En efecto, al hablar el jueves luego de conocerse la decisión del presidente asumió el rol del “bueno” de la película, del político idealista que confió en Alberto Fernández y que fue traicionado.
Pero en política nadie es inocente. Menos cuando está en juego la presidencia de la nación. Es entonces cuando emerge en toda su magnitud la sentencia de Groucho Marx: “estos son mis principios; si no le gustan tengo otros”. Hoy Larreta se siente ofendido por el decreto de Alberto Fernández. Sin embargo, cuando Macri era presidente fueron sancionados decretos similares que no merecieron crítica alguna del jefe de gobierno porteño. En su edición del día de la fecha (sábado 12) Página/12 recuerda cuando el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña defendía los decretos que modifican los fondos coparticipables. Apenas asumió Mauricio Macri dispuso a través del decreto 194/016 el incremento del porcentaje de los fondos coparticipables que le correspondían a la CABA de 1,4% a 3,75%, poniendo como excusa el traspaso de la Policía Federal. Lo que hizo el presidente fue ayudar financieramente a su “amigo” porteño en perjuicio de las provincias del interior. Al exponer por primera vez ante los legisladores nacionales Marcos Peña defendió la legalidad del decreto argumentando que “la ciudad de Buenos Aires no tiene aún un porcentaje de coparticipación propio que surja expresamente de la Ley de Coparticipación Federal, sino que el mismo es fijado discrecionalmente por el Poder ejecutivo”. Recordó que aún “se mantiene vigente” la Ley de Coparticipación Federal, sancionada en 1988. Como en aquel momento la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era inexistente, el distrito porteño nunca ingresó al régimen de coparticipación del cual forman parte las provincias. De ahí que hasta que la ley no sea modificada por el Congreso de la Nación, el gobierno está obligado a “sujetarse a los criterios de porcentajes fijos de distribución que ella establece”. En buen romance: en su momento el decreto de Macri estuvo bien para Larreta, pero cuatro años después el mismo decreto pero firmado por Alberto Fernández está mal. En consecuencia Larreta, que hace cuatro años aplaudió el decreto de Macri, ahora toma la decisión de llevar a la Corte Suprema el mismo decreto pero firmado por su flamante enemigo.
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