Picada de noticias: El que apuesta al peso pierde

El problema de la confianza

El continuo drenaje de las reservas del Banco Central obligó al gobierno a lanzar un paquete de medidas para cortar de cuajo la hemorragia. Ayer (jueves 1) el encargado de anunciarlas fue el ahora un poco devaluado ministro de Economía Martín Guzmán. Flanqueado por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, Luis Basterra, ministro de Agricultura, y Cecilia Todesca, vice jefa de Gabinete, el ministro expresó que “estos anuncios tienen que ver con la hoja de ruta que hemos venido marcando para propiciar la recuperación económicas de nuestro país”. Las iniciativas tienden a “promover sectores claves para el desarrollo de bienes exportables y promover el mercado interno, en particular la construcción, que es un sector clave que va a jugar un rol clave en la recuperación económica”. Para convencer a los argentinos de ahorrar e invertir en pesos Guzmán anticipó que el martes “estaremos licitando una herramienta-un bono-en pesos, atado a la variación del dólar”. Destacó que el BCRA “presentará una tasa que será referencia de todos los sectores”, a la vez que resaltó que los rendimientos de los depósitos a plazo fijo “serán positivos” en relación con la inflación.

Uno de los puntos fundamentales del paquete económico se refiere al campo y la agroindustria. Lo que pretende el gobierno es que los productores de soja liberen la soja para que los exportadores la vendan al exterior. De esa forma lograrían ingresar al país entre 7 mil y 10 mil millones de dólares que carecen de un precio fijo o que no están vendidos. Guzmán remarcó que para lograr el impulso de las exportaciones habrá “una compensación y estímulo a pequeños productores de soja y cooperativas que implicarán una inversión pública de hasta 11.500 millones de pesos para el sector”. Además, “se reducen hasta fin de año las alícuotas para las ventas al exterior del grano de soja como para sus principales derivados”. Guzmán manifestó que se reducirán “los derechos de exportación de los bienes finales industriales a 0 por ciento y de los insumos elaborados industriales al 3 por ciento”. Agregó que el gobierno subirá “el piso de reintegros a la exportación en función del valor agregado: subimos los bienes finales industriales a 7 por ciento y de los insumos elaborados industriales a 5 por ciento”. Respecto a la construcción anunció el envío al Congreso de dos proyectos de ley, uno sobre beneficios impositivos para estimular la inversión en nuevos proyectos y el otro sobre una exención de tres años del pago de bienes personales sobre los activos financieros que se apliquen a nuevas construcciones. El ministro anunció también la creación de un fondo fiduciario de cobertura y promoción para hacer sustentable el sistema de crédito hipotecario (fuente: Página/12, 2/10/020).

Lo primero que cabe destacar de este paquete económico es que el gran convidado de piedra es, una vez más, el pueblo argentino. Esta batería de medidas fueron pensadas pura y exclusivamente para controlar al dólar. A tenor de la cotización del dólar blue el día de la fecha, lamentablemente las noticias no son buenas para el gobierno. En efecto, a las tres y media de la tarde del viernes 2 el dólar blue está a 150$, según lo consigna un diario económico de consulta por el establishment como El Cronista. El gobierno se empecina en no querer darse cuenta de que la confianza y la credibilidad son fundamentales para el éxito de cualquier plan económico. Que el valor del blue sea de 150$ pone en evidencia que la palabra del ministro de Economía está devaluada. En realidad, la que está devaluada, lo que es muchísimo más grave, es la palabra presidencial. ¡Cómo se le puede creer a un presidente que les aconseja a los argentinos ahorrar en pesos cuando sus ministros lo hacen en dólares! Hoy, como tantas veces sucedió a lo largo de nuestra historia, carecemos de moneda. Nadie cree en el peso. Todos lo consideran un papel pintado.

Así lo acaba de reconocer nada más y nada menos que Sergio Woyecheszen, vicepresidente del Banco Central. En las últimas horas reconoció que “La gente que apuesta al peso, tus abuelos, mis viejos, nosotros, siempre perdió”. Resulta, pues, inentendible que el gobierno pretenda por la fuerza que la gente se maneje sólo con pesos mientras un importante funcionario reconoce que el peso no sirve absolutamente para nada. Luego destacó que en estos momentos el gobierno y el BCRA decidieron pasar a una etapa “ofensiva que tiene que ver con reorientar por un lado la política monetaria y cambiaria hacia lo que entendemos que puede ser una nueva normalidad post pandemia, pero tratando de generar incentivos para que haya oferta del dólar. Tanto por el mercado para pequeños ahorristas como con la suba de las tasas de interés que buscan desincentivar algunas conductas que veníamos teniendo y entre otras cosas liquidar exportaciones que se conecta con los anuncios que realizó ayer el gobierno respecto de las retenciones”. “Esperamos que las cuestiones defensivas estén más o menos resueltas y sigamos armando el medio para que si la pandemia nos deja, aterrizar en una nueva normalidad pronto”. Por último destacó que “el sistema en su totalidad está fuerte en materia de divisas. Cualquiera que quisiera retirar sus divisas las tiene disponibles” (fuente: Infobae, 2/10/020).

Como era previsible los dirigentes del campo recibieron con desagrado las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, manifestó: “Las medidas anunciadas no tienen el rumbo que el productor espera, puesto que la temporalidad propuesta hace que el beneficio podría no ser captado por los productores”. “Decididamente bajar las retenciones sobre la soja es una medida fiscalista que difícilmente tenga impacto, puesto que hay varios factores como la brecha cambiaria que no acompañan esta medida, la situación macro sigue inconsistente. En resumen, esto es más coyuntural que estratégico”. “Desde su territorialidad y la impronta de generar puestos de trabajo, Coninagro sigue a disposición para intercambiar propuestas, gestión y contenido en pos del desarrollo local, con políticas que alienten la inversión y la producción, tal como expresa el Plan Coninagro”.

Por su parte, Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, aseguró que “Los anuncios demuestran que no conocen la dinámica comercial y logística de la producción de granos. Es una transferencia de recursos del sector productivo a la industria. Un subsidio por parte del sector productivo a la industria”. Mientras que Pelegrina, titular de la SRA, dijo que “Los anuncios fueron peores de lo que había trascendido. Restituyen una medida que nosotros veníamos denunciando desde hace tiempo, que es el diferencial de retenciones entre el poroto de soja y los derivados. Se trata de una transferencia de dinero de los productores a los industriales encargados de la molienda de soja. Ese fue el motivo por el cual nosotros desde la Rural decidimos no participar del Consejo Agroindustrial, porque se promovía esta maniobra de conseguir el diferencial”. “Todo esto ocasiona más trastornos a la transparencia del mercado, con nuevas distorsiones y no lograrán conseguir la medida que buscan que es que los productores se incentiven a vender. Es por eso que no estamos de acuerdo con el fondo de todas estas medidas y tampoco con las formas, porque nada de esto se nos consultó, ni se nos avisó, y las invitaciones para el Acto fueron a último momento” (fuente: Infobae, 2/10/020).

Emerge en toda su magnitud la falta de confianza que genera el gobierno de Alberto Fernández. El dólar blue vale hoy 150$ porque la palabra del presidente se ha desvalorizado tanto como el peso. Ahora bien, esa desconfianza se basa, a su vez, en cuestiones ideológicas. Para el establishment el gobierno nacional es populista, antimercado, antipropiedad privada. En consecuencia, por más que se esmere en congraciarse con el establishment, para sus miembros las medidas que tome siempre serán insuficientes o tomadas a destiempo o lo que fuere. El orden conservador sólo le tiene confianza a un gobierno conservador, por más yerros que cometa. Le perdona todo. No sucede lo mismo con un gobierno “del campo nacional y popular”. Es por ello que el paquete económico que acaba de dar a conocer el gobierno está condenado al fracaso. Por un lado, porque estas medidas ya demostraron su ineficacia. Por el otro, porque el establishment no le cree al gobierno básicamente por motivos ideológicos. Y jamás lo hará.

El pedido de juicio político de la diputada (FdT) Vanesa Siley

Vanesa Siley es diputada nacional por el FdT y miembro del Consejo de la Magistratura. Quiso la providencia que justo en medio del tembladeral provocado por la decisión de la Corte de dar lugar al per saltum solicitado por los jueces federales Bruglia, Bertuzzi y Castelli, la legisladora presentara la semana pasada un pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz, presidente de la CSJN, por su accionar en causas vinculadas con delitos de lesa humanidad. Para Siley el supremo incurrió en mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, tal como están tipificados en el artículo 53 de la Constitución Nacional. A través de Twitter la legisladora expresó que el 25 de septiembre había presentado “un pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017”. Ese año organismo de derechos humanos decidieron impulsar el juicio político contra el supremo debido a su voto favorable a la aplicación del beneficio de 2×1 a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. Además, consideró que Rosenkrantz “es responsable de cajonear la causa “Blaquier” para evitar que la Corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad”.

Considera que Rosenkrantz “obstruye el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales” y que “sus compromisos políticos y económicos con corporaciones y personas vinculadas a la responsabilidad civil en la última dictadura militar están frenando el tratamiento de causas”. Respecto al caso Muiña la diputada considera que “el juez aquí denunciado formó la mayoría que en forma contraria al derecho internacional y nacional vigente declaró aplicable a este aberrante caso la lay 24.390, conocida como la ley del 2×1”. Respecto al caso “Ledesma” Siley denuncia los vínculos entre el supremo y la familia de Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio Ledesma durante la última dictadura militar. “Esos vínculos se extienden a Agustina Cavanagh, esposa de Rosenkrantz, quien integra la ONG “Cimientos” junto a Miguel Blaquier, ex abogado de la empresa azucarera y sobrino directo del principal imputado en la causa”, agrega. “Rosenkrantz despreció y confrontó de manera inadmisible los principios fundamentales que determinan el carácter inamnistiable de estos crímenes, respecto de los cuales resulta insalvablemente nula toda forma de perdón, indulto o conmutación de penas”. “La decisión tomada por este ministerio en los casos Muiña y Rufino batalla agravia de modo intolerable e inaceptable tanto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad, a sus familiares y a la sociedad democrática en su conjunto, desbaratando y desarticulando las difíciles y múltiples conquistas que se obtuvieron durante los últimos años en pos de fortalecer la democracia argentina” (fuente: Página/12, 4/10

La respuesta de Carlos Rosenkrantz

El pedido de juicio político presentado por la diputada por el FdT Vanesa Siley mereció una dura respuesta del presidente de la Corte Suprema. He aquí su contenido (fuente: Infobae, 5/10/020):

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades. Me atribuyen falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza. Así, por ejemplo, me han imputado ante el Juzgado Federal 4 tener nada menos que 71 cuentas en el exterior, todas a mi nombre, para cobrar sobornos en numerosos paraísos fiscales. La imputación no solo es falsa, tal como lo manifesté en una presentación que hice en marzo de este año en dicho tribunal, sino completamente disparatada. Antes enfrenté otras dos acusaciones penales: una por el delito de prevaricato por haber firmado el fallo “Muiña” (en el que se discutía la aplicabilidad de la ley denominada del “2×1”) y otra por ser partícipe durante el tiempo en que ejercía la profesión de abogado en una quiebra fraudulenta de una empresa que tenía una franquicia de una hamburguesería en Pinamar y Villa Gesell. Ambas fueron desestimadas por el juez Rafecas.

Ahora una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución.

Las acusaciones son completamente infundadas. No he incumplido deber funcional alguno.

La diputada considera que incurrí en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de la Constitución Nacional por haber suscripto mis votos en los casos “Muiña” y “Batalla” (2×1). Afirma que vulneré el bloque de constitucionalidad que obliga a perseguir y condenar delitos de lesa humanidad y también el consenso social. Sostiene que frustré “gravemente el ejercicio de los derechos y garantías de la Constitución al haber favorecido y muchas veces asegurado la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado mediante sentencias contrarias al derecho vigente”. Dice que me conduje con “ostensible desprecio por la sensibilidad y consciencia ciudadana” por haber mantenido mi postura sobre el 2×1 después de las protestas ciudadanas de 2017 y la sanción de la ley 27.362. También sostiene que demostré una “palmaria incomprensión del derecho normativo vigente” porque mi voto en “Batalla” no repara en que los delitos de lesa humanidad son inamnistiables o pasibles de indulto o conmutación de pena.

Es curioso que se me acuse ahora por la sentencia de “Muiña”, que fue dictada hace tres años y que también firmaron otros dos jueces. También es llamativo que se me acuse por no ceder frente a las protestas en las calles. En cualquier caso, lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el “2×1” (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina, en el derecho interamericano y el derecho internacional de los derechos humanos. Los argumentos están en los fallos y no quiero repetirlos aquí. Solo quiero insistir en que, en general, expresan mi convicción profunda de que la Constitución consagra garantías penales en favor de los acusados, incluyendo a aquellos que perpretaron los crímenes más horrendos en la historia de nuestro país. Y quiero decir, en particular, que la acusación de que “no reparé” en que los delitos de lesa humanidad no son pasibles de amnistía, indulto o conmutación de pena revela que la legisladora ni siquiera ha leído mi voto. Expliqué expresamente en los considerandos 20 y 21 de mi disidencia en “Batalla” por qué el cómputo de pena discutido en ese caso, según lo veo, no es en absoluto asimilable a una amnistía, a un indulto o a una conmutación de pena.

La legisladora también me acusa de demorar la resolución de la causa “Blaquier”, un expediente que está en trámite, en lo que califica como una “obstrucción flagrante de la labor jurisdiccional”. Indica que la causa en cuestión está hace mucho tiempo y actualmente en mi vocalía “dilatando de esa forma la resolución de la causa y negando de forma injustificada la justicia”. Además, me cuestiona por “los vínculos explícitos… con la poderosa familia Blaquier” porque mi esposa integra el Consejo de Administración de la ONG “Cimientos” junto a un sobrino del acusado.

La información sobre el movimiento del expediente que inspiró esta acusación es totalmente errónea aunque, curiosamente, la información correcta está disponible en la web. Tal como surge del Sistema de Gestión Judicial (LEX 100), el expediente ingresó a la Corte Suprema el 5 de junio de 2015, es decir, más de un año antes de mi incorporación como Ministro el 22 de agosto de 2016. Por otro lado, tuve la causa en estudio en dos oportunidades: del 2 de mayo de 2019 al 11 de julio de 2019 y luego entre el 5 de agosto de 2019 y el 15 de noviembre de 2019. Al devolver el expediente el 15 de noviembre de 2019 solicité a la Secretaría Judicial n° 3 que la causa siguiera su trámite. No volví a solicitarla y no hubo obstrucción de ningún tipo. De los 53 meses que transcurrieron con el legajo en la Corte, la causa solo estuvo en mi Vocalía menos del 10% del tiempo total.

Por otro lado, la acusación relativa a mis vínculos “explícitos” con la familia Blaquier basada en que mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado es completamente absurda.

La acusación me atribuye además un “intencionado menosprecio por los derechos humanos”, lo que se manifestaría en el hecho de que la Comisión Interpoderes para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad nunca se reunió desde que asumí la presidencia de la Corte pese a que diversos organismos de derechos humanos solicitaron reiteradamente su urgente puesta en funcionamiento. Agrega que desde que asumí la presidencia del cuerpo gran parte de mis decisiones jurisdiccionales y administrativas “estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos”.

Nuevamente, la acusación es infundada. La legisladora no señaló ninguna decisión específica adoptada en mi carácter de Presidente que haya atentado contra los objetivos que señala. Asumí como juez en agosto de 2016. La última reunión de la Comisión ocurrió en septiembre de 2016. Fui electo titular del cuerpo en septiembre de 2018. Como es sabido, el esquema decisorio colegiado que rige desde diciembre de 2018 por el dictado de la Acordada 44/2018 impone que las decisiones administrativas y de superintendencia judicial se adoptan con la voluntad de al menos tres Ministros. De todas maneras, lo cierto es que este año, tras un pedido de algunos organismos de derechos humanos, la Corte, por decisión de sus Ministros, reimpulsó este espacio de coordinación para agilizar el trámite y resolución de los casos de lesa humanidad y afrontar cuestiones logísticas de estos procesos. En ese marco convoqué a una reunión de la Comisión Interpoderes para este jueves 8 de octubre.

La promoción del juicio político también menciona imprecisamente presuntos conflictos de intereses que supuestamente me obligaban a excusarme en distintos casos. Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme. Desde que fui designado juez, me excusé en todas las causas en las que se configuraban las causales de excusación obligatoria. Respecto de la excusación voluntaria, adopté como criterio excusarme o abstenerme de participar cuando consideré que mi participación en la causa podía generar dudas sobre mi imparcialidad en una persona razonable y, con ello, afectar la decisión que habría de adoptar la Corte.

Finalmente la diputada cuestiona mi intervención en el expediente “Amelong”. Señala que mi postura priorizó indebidamente la situación de condenados por lesa humanidad. Menciona que se trató de una “decisión inexplicable jurídicamente y absolutamente arbitraria y discrecional” porque durante la feria extraordinaria en virtud de la pandemia resolví unipersonalmente como juez de feria que no correspondía habilitar la feria para tratar ese caso pero habilité unilateralmente que el Tribunal Oral Federal 1 de Rosario revisase si era procedente el otorgamiento de la prisión domiciliaria por ser el peticionante paciente de riesgo por ser grupo de riesgo en el marco de la pandemia.

En realidad, el 1 de abril de este año en la causa mencionada rechacé la habilitación de feria propuesta por el imputado, que cuestionaba la restricción de su libertad, por considerar que no había cumplido con la carga de demostrar la existencia de un gravamen irreparable para que prosperara la habilitación de feria. No obstante lo anterior, en cuanto el planteo del imputado se vinculaba con la situación de riesgo personal por la pandemia dada su edad, historia clínica y deteriorada condición de salud, ordené la remisión urgente de su pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Rosario, para que los jueces adoptaran la decisión que consideraran procedente. El mismo procedimiento se adoptó con otros imputados.

En suma, las acusaciones son infundadas. Quiero subrayar, finalmente, que en su denuncia la legisladora evocó una cita de doctrina que afirma que “es un procedimiento político, con propósitos políticos, que está fundado en causas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y subordinado a un juzgamiento político”. Según lo veo, la legisladora incurre en una equivocación fundamental: una cosa es el juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra cosa es el juicio motivado por intereses políticos, sectoriales o de otro tipo. No he incumplido deber funcional alguno”.

La embestida de Leopoldo Moreau

En diálogo con Ernesto Tenembaum el diputado nacional del FdT Leopoldo Moreau fue terminante: “Yo creo que el juicio político lo que plantea es un escenario de discusión. Esta es una Corte agotada que juega al truco más que apoyarse en decisiones jurisprudenciales. Es una Corte que está institucionalmente muy degradada y jurídicamente no tiene el nivel de otros tiempos”. En otro tramo de la entrevista recordó al doctor Carlos Fayt, un juez duramente enfrentado con el gobierno de Cristina Kirchner: “Yo tenía diferencias enormes con Fayt, pero la verdad que jurídicamente era un tipo impecable. Ni hablar de Arbibay y de Zaffaroni. Yo veo que esta Corte está muy por detrás de esos niveles”. “Veo una Corte con dos señores que aceptaron ingresar por decreto (en alusión a Rosenkrantz y Rosatti). Elena Highton de Nolasco tiene vencido su mandato y a diferencia de Zaffaroni que renunció y se fue, tiene un fallo a su favor. Lorenzetti ha tenido actitudes disruptivas permanentemente y se sacaba fotos con Moro (juez brasileño que investigó la corrupción en el gobierno de Lula). Y Maqueda, sobre quien tengo un gran respeto personal, está en una especie de zona de confort”. “Todas las discusiones sobre el funcionamiento de las instituciones hay que darlas, haya o no escenario de dificultad económica. Muchas veces esas dificultades económicas están vinculadas al desempeño de las instituciones. Si vos ganás las elecciones y la Corte te va a frenar tus políticas a pesar de que están legitimadas con el voto popular…No es la primera vez que le quieren dar un lugar institucional de esta naturaleza a la Corte” (fuente: Infobae, 5/10/020).

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema se agrava día a día. Cuando la economía está destruida y la pandemia continúa causando estragos, una guerra entre dos de los tres poderes fundamentales de la república podría traer aparejadas consecuencias impredecibles. A tenor de lo expresado por el experimentado legislador del FdT el juicio político a todos los integrantes de la Corte lejos está de ser una fantasía. Ello no constituiría ninguna sorpresa ya no sería la primera vez que el peronismo embiste contra la Corte valiéndose de esa herramienta constitucional. Ya en 1947 el presidente Juan Domingo Perón dinamitó a través del juicio político una Corte que le era adversa. Pero en aquel entonces Perón tenía todo el poder. Hoy la situación es diferente

La reflexión de Giorgio Agamben

La pandemia está causando estragos. No sólo en el aspecto sanitario. En materia económica está dejando tierra arrasada y, al menos en Argentina, no se la luz al final del túnel. Pero de lo que muy pocos hablan es del daño que el Covid-19 está causando en la educación. Este fin de semana La Capital publicó un profundo y sagaz artículo de Giorgio Agamben titulado “Réquiem para los estudiantes” en el que advierte de la más nefasta de las consecuencias ocasionadas por la pandemia: el fin del estudiantado como forma de vida. Escribió el pensador:

“Como habíamos previsto, las clases en las universidades a partir del año próximo se dictarán online. Lo que para un observador atento era evidente –o sea que la así llamada pandemia se usaría como pretexto para difundir de manera cada vez más invasiva las tecnologías digitales– se ha realizado plenamente.

Aquí no nos ocupa la consiguiente transformación de la didáctica, en la cual el elemento de la presencia física, tan importante en todas las épocas en la relación entre estudiantes y docentes, desaparece de forma definitiva, como también desaparecen las discusiones colectivas en los seminarios, que eran la parte más animada de la enseñanza. Forma parte de la barbarie tecnológica que estamos viviendo borrar de la vida toda experiencia de los sentidos y la pérdida de la mirada, apresada por un tiempo prolongado en una pantalla espectral.

En lo que está sucediendo hay algo mucho más decisivo, de lo cual llamativamente no se habla en absoluto: el fin del estudiantado como forma de vida. Las universidades nacieron en Europa a partir de las asociaciones de estudiantes –universitates– y a ellas deben su nombre. La forma de vida del estudiante era ante todo una forma de vida donde lo determinante era sin duda estudiar y asistir a las clases, pero no menos importantes eran el encuentro y el intercambio asiduo con los otros scholarii, que muchas veces provenían de los lugares más remotos y se reunían, en razón de su origen, en nationes. Esta forma de vida ha evolucionado de distintas maneras a lo largo de los siglos, pero –desde los clerici vagantes de la Edad Media hasta los movimientos estudiantiles del siglo XX– la dimensión social del fenómeno ha sido constante. Cualquiera que haya enseñado en un aula universitaria sabe muy bien que ante sus ojos, por así decirlo, nacían amistades y se constituían, según los intereses culturales y políticos, pequeños grupos de estudio y de investigación, que continuaban reuniéndose una vez terminada la lección.

Todo esto, que había durado por casi diez siglos, ahora concluye para siempre. Los estudiantes ya no vivirán en la ciudad sede de la universidad, sino que cada uno escuchará las clases encerrado en su habitación, en ocasiones a una distancia de cientos de kilómetros de quienes, en otro tiempo, eran sus compañeros. Las pequeñas ciudades universitarias que alguna vez gozaron de prestigio verán desaparecer de sus calles esas comunidades de estudiantes que muchas veces eran su porción más vital.

De todo fenómeno social que muere puede afirmarse que en cierto sentido su fin era merecido y es cierto que nuestras universidades habían llegado a un punto tal de corrupción y de ignorancia de sus especialidades que no es posible lamentarse por ellas y que, por consiguiente, la forma de vida de los estudiantes se había empobrecido en igual medida. No obstante, hay dos puntos que deben resistir:

1) Los profesores que aceptan –como lo están haciendo en masa– someterse a la nueva dictadura telemática y a impartir sus clases solo online son el perfecto equivalente de aquellos docentes universitarios que en 1931 juraron fidelidad al régimen fascista. Al igual que entonces, es probable que ahora sólo quince de cada mil se nieguen, pero sin duda sus nombres serán recordados junto a los de aquellos quince docentes que no juraron.

2) Los estudiantes que aman de veras el estudio deberán negarse a matricularse en las universidades que se han convertido a esta modalidad y, como en los orígenes, constituirse en nuevas universitates, en cuyo seno será donde únicamente, frente a la barbarie tecnológica, podrá sobrevivir la palabra del pasado y surgir –si llegara a suceder– algo así como una nueva cultura”.

(Publicado el 24 de mayo de 2020).

A veinte años de una renuncia que conmocionó al país

El 6 de octubre de 2000 se produjo un hecho que marcó un antes y un después en el gobierno de Fernando de la Rúa. Ese día el vicepresidente de la nación, Chacho Álvarez, presentó su renuncia dando por terminada de hecho la coalición que había ganado las elecciones apenas un año atrás. ¿Por qué Álvarez tomó semejante decisión? Como bien señala Ernesto Tenembaum en su agudo artículo publicado en Infobae el día de la fecha (“El silencio más largo de la historia política argentina”) el vicepresidente de la Alianza jamás dio a conocer las causas de su renuncia. Lo cierto es que le propinó a De la Rúa un cross en la mandíbula del que jamás se recuperó.

Hagamos un poco de historia. En 1997 los principales referentes del radicalismo y del Frepaso coincidieron en que la única forma de derrotar al menemismo en las urnas era aliándose. De ese acuerdo surgió la Alianza cuyo bautismo de fuego tuvo lugar ese mismo año, en las elecciones de medio término. El resultado no pudo ser más auspicioso. La flamante coalición logró lo que hasta ese momento parecía imposible: derrotar a Carlos Menem. A partir de entonces el filósofo de Anillaco perdió la iniciativa política lo que le impidió obtener lo que tanto ansiaba: eternizarse en el poder a través de una nueva reelección. Por primera vez Menem brindaba la imagen de un presidente oscilante, vulnerable. Y la Alianza supo sacar provecho de ello. Luego de arduas negociaciones y una elección interna la coalición presentó para la elección presidencial de 1999 una fórmula altamente competitiva: Fernando de la Rúa-Carlos Chacho Álvarez. Como se ha dicho en innumerables oportunidades no los unía el amor sino el espanto. En efecto, vencer al menemismo era la única razón por la que dos dirigentes tan diferentes en todo sentido (en lo personal y en lo ideológico) aceptaron compartir una fórmula presidencial.

En octubre de 1999 De la Rúa y Álvarez vencieron cómodamente a Eduardo Duhalde y Ramón Palito Ortega. Al asumir el 10 de diciembre el flamante gobierno se encontró con una herencia sumamente pesada. Pero lo más complicado no era la economía sino fundamentalmente dos cuestiones: por un lado, la presencia de un peronismo que, si bien ahora estaba en la oposición, estaba agazapado esperando el momento para dar el zarpazo; por el otro, tanto el gobierno de Estados Unidos como el FMI dudaban de la capacidad política de De la Rúa para poner en caja al peronismo. Apenas asumió De la Rúa tuvo como obsesión convencer al sistema financiero transnacional que era un presidente confiable, que jamás osaría abandonar la ortodoxia económica. En este sentido ese sistema respiraba tranquilo ya que sabía perfectamente que De la Rúa era uno de ellos. El problema era la gobernabilidad.

Al comienzo todo marchaba viento en popa hasta que, para apelar a una frase de Mauricio Macri, comenzaron a pasar cosas. El FMI le exigió a De la Rúa que el congreso sancionara lo antes posible una ley de reforma laboral que era un canto a la flexibilización radical de la relación entre el empleador y el empleado. Era la prueba de amor que el FMI le exigía al nuevo presidente. Finalmente la ley de reforma laboral fue promulgada el 29 de mayo de 2000. De la Rúa respiró aliviado. Pero la luna de miel duró lo que un suspiro. En junio Morales Solá, en su columna dominical de La Nación, expresó que habían existido sobornos en la sesión senatorial que terminó en la aprobación de la polémica norma. Al poco tiempo Antonio Cafiero se hizo eco de lo dicho por Morales Solá y presentó una cuestión de privilegio.

La manera como encararon el escándalo De la Rúa y Álvarez terminó, a mi criterio, en la renuncia del vicepresidente. Mientras Álvarez hizo lo imposible por esclarecer el hecho De la Rúa privilegió sus relaciones con los senadores de la bancada peronista. Para Álvarez el escándalo de la “Banelco” era la gran oportunidad para demostrarle al pueblo que la política y la corrupción nada tenían que ver. De la Rúa, un antiguo miembro de la corporación política, decidió aplicar el clásico principio liberal “dejar hacer-dejar pasar”. Lo que hizo fue lavarse las manos, emulando a Poncio Pilatos. No pasó mucho tiempo para que Álvarez se percatara de que De la Rúa lo había dejado solo. Sin apoyo del gobierno poco podía hacer para esclarecer el hecho.

Consciente de que su cruzada estaba condenada al fracaso decidió dar un paso al costado. La reacción de De la Rúa se redujo a la lectura de unas tibias líneas donde lamentaba lo sucedido. Nada más. A partir de aquel 6 de octubre de 2000 la Alianza dejó de existir. Quedó en el gobierno sólo el delarruismo puro y duro. El problema era que la gente no había votado al delarruismo sino a la Alianza. Evidentemente a De la Rúa ese “pequeño detalle” poco le importó. El presidente siguió gobernando como si nada hubiera pasado hasta que, un año después, debió abandonar la Casa Rosada en helicóptero.

A continuación paso a transcribir partes del artículo de Tenembaum mencionado más arriba.

El silencio más largo de la historia política argentina (*)

En el día de hoy se cumplen 20 años del día en que Chacho Álvarez renunció al cargo de vicepresidente de la Nación. Y, al mismo tiempo, se cumplen 20 años del que probablemente sea el silencio más largo de la historia política argentina. Ese mismo día, Chacho renunció y, como aquel personaje de Tiempo de Revancha que encarnó tan bien Federico Luppi, decidió volverse mudo (…). Misterios del alma humana. Chacho Álvarez renunció y se llamó a silencio hace veinte años, por lo cual la inmensa mayoría de las personas menores de 30 años no debe saber quién es, o quién fue, o tendrá apenas una idea vaga. Contar los hechos no suplirá esa carencia porque es muy difícil describir un imán, transmitir un magnetismo, un encanto, que uno de los rasgos centrales de Chacho en aquellos viejos tiempos. Álvarez fue la expresión más luminosa de una utopía que quedó trunca. Era un intelectual peronista de izquierda que, cuando Carlos Menem llegó al poder y empezó a desplegar su programa de indultos a militares y privatizaciones masivas, simplemente dijo que no. Así de sencillo y correcto. No. Ene O. Y junto con otros siete compañeros -entre ellos el padre del actual jefe de Gabinete- resolvió romper con el peronismo y formar lo que se llamó “el grupo de los ocho”. No fue un gesto menor. El menemismo, en ese momento, dominaba todo, estaba con la billetera repleta y decir que no era un camino casi seguro hacia la derrota y el ostracismo (…).

“A medida que avanzaba la reelección de Menem, Chacho y De la Rúa eran cada vez más queridos por la sociedad. Uno era un radical conservador, y el otro un peronista con origen en la izquierda moderada. Lo único que los unía era su oposición común al acuerdo entre Menem y Alfonsín. No tenían motivo para entenderse hasta que entendieron que esa era la única manera de llegar al poder, que la sociedad les estaba pidiendo que desplazaran al menemismo y que solo podrían hacerlo si conformaban, juntos, una alianza. Así, finalmente, se llamó el acuerdo entre ellos: Alianza. Mediante un proceso atípico de selección de candidatos, resolvieron que De la Rúa fuera candidato a presidente y Chacho a vice. Lograron su objetivo. Era impensable. Pero lo lograron. Desplazaron a Menem del poder. Y ahí mismo, en ese mismísimo instante, como si hubieran dado las doce, se terminó el hechizo. Porque la herencia recibida era terrible, porque De la Rúa gobernaba sin consultar a Chacho, porque no daba pie con bola, porque intentó sobornar a un grupo de senadores para aprobar una ley que Chacho no apoyaba, porque todo eso se fue transformando en un escándalo imparable. Todo lo que parecía que iba a funcionar, fracasó. Y solo diez meses después de haber asumido, una mañana de viernes, Chacho Álvarez sorprendió al país anunciando que renunciaba a la vicepresidencia de la Nación. De la Rúa caería más de un año después de la renuncia de su vicepresidente. Pero caería de tal modo que, con él, todo lo que él había tocado se transformaría en tabú, palabra prohibida. Todo fue rápido, vertiginoso, imposible de procesar: su ruptura con el peronismo, su ascenso imparable, el porrazo final y, luego, el silencio definitivo (…).

Álvarez no le robó a nadie, como tantos que sobreviven, agarrados como siempre a la rueda de la fortuna. No armó barras bravas, no es dueño de empresas off shore, no tuvo millones de dólares en su caja fuerte. Peleó, ganó, perdió, acertó, se equivocó. Era un político apasionado embarcado en una misión que, ahora se sabe, era imposible. En su momento sirvió más como opositor que como oficialista. En aquellos tiempos pareció que se había ganado la grande y se la patinó en un santiamén. Pero, ¿es eso tan grave? ¿Qué querrá decir con su silencio? ¿Que, simplemente, se hartó? ¿Que hay lugares más felices en la vida que la lucha por el poder? ¿Que decide pagar con el ostracismo eterno las culpas de aquel fracaso? ¿Que esto no tiene remedio? ¿Que se cansó, simplemente eso? ¿Que terminó abrumado por las traiciones, solo, cansado, sin ganas? ¿Ese silencio expresa desprecio hacia el mundo de la política, dolor por lo que no fue, impotencia, rabia, agotamiento, vergüenza, arrepentimiento o qué cosa? Seguramente, nunca lo sabremos, porque solo él lo sabe y ha decidido que a nadie le tiene que importar salvo a él mismo. Todo su derecho. Vida hay una sola. Pero qué pena. Igual, de nada sirve. Veinte años no es nada, decía el tango. Pero, para mantenerse en silencio, sobre todo en el caso de alguien que decía tantas cosas, parece algo insoportable.

(*) Infobae, 6/10/020

Hernán Andrés Kruse

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Maria O'Connor
Maria O'Connor
13 days ago

Herna Kruse”

Nada tiene que ver con el tema pero milicias de extrema derecho trtaron de secuestrar a la gobernadora democrata de Michigan.
Las milicias son de areas rurales son una especie de Taliban occidental. Profesan una religion cristiana, pero mezclada con mitos existentes en Europa Nor Occidental (Islas Britanicas, Holanda, etc) prevalentes desde los 1200s y que llegaron a EEUU con los primeros emigrantes en los 1600s. Algo asi como el llamado “british Israelism”.
Se oponen a la separacion Iglesia y Estado; pero al mismo tiempo son anti-estado porque consideran a los gobiernos tiranos..
Dicen que necesitan armarse para luchar contra un posible tirano.
Nadie las tomaba en serio, por sus creencias miticas originada en el medioevo pero han tomado fuerza entre sectores blancos rurales de clase baja, asustados por la globalizacion y robotizacion, automatizacion de trabajos manuals.
Thehill.com/homenews/state-watch/520189-fbi-says-it-foiled-plot-to-kidnap-michigan-governor