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OPISANTACRUZ – Rí­o Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

En Argentina falta autoridad, orden y justicia; sobra: impunidad, garantismo, imbecilidad, ineficiencia y complicidad.

Esta nota está dirigida a todos los que tiene la decisión de modificar las cosas en el Congreso, en la Justicia, en los gobiernos y no lo hacen. A quienes tienen la obligación de velar por los derechos humanos de las personas que con nuestros altos impuestos pagamos sus sueldos, sustentamos su buen pasar, les proveemos autos, dinero a discreción y hasta les pagamos los custodios para sus familias. Esos sujetos tan alejados de la realidad que prometen en campaña e incumplen en funciones.

Para los “ladriprogresistas” de Videla, los que prometieron ser el cambio y les cuesta demostrarlo, los que combaten desde la trinchera ideológica de la izquierda cómoda y son buenos solo con la palabra y para funcionarios judiciales que se forjaron en la ambivalencia de los códigos zafaronianos, condenándonos a muerte a los honestos para encubrir a los delincuentes y criminales; para todos ellos (y los que les quepa el sayo) van estas reflexiones. (Por Rubén Lasagno)

“Todos somos iguales ante la ley”, “Todos tenemos derecho a un juicio justo”, “Todos tenemos derecho a una defensa en juicio”; “El derecho de uno termina donde empieza el derecho de los demás” y así podríamos seguir citando frases-cliché que escuchamos a diario en boca de funcionarios y políticos que sufren de los mismos espasmos que tiene cierta parte del periodismo, el cual reacciona ante la coyuntura pero abandona su preocupación por un tema, cuando otro de interés colectivo suplanta al de su interés inicial.

Matar en Argentina ya no es barato, es gratis. En algunas notas anteriores sobre la inseguridad, me referí (equivocadamente) a lo barato que era matar en nuestro país, donde no solo se compra la vida de alguien por poca plata, sino porque el homicida, en general va a encontrar un abogado hábil que pueda acorralar la ineficacia extrema de los Tribunales y sabrá acosar mentalmente a desvalidos jueces que, finalmente, si es que en su formación no ha actuado convenientemente el dogma zafaroniano que le impide pensar y actuar a favor del ciudadano honesto, sabrán poner a resguardo a los criminales dejándole a la sociedad ese gusto amargo de la impunidad, en un país que está asqueado de ver cómo se le ríen descaradamente y los usan de cobayos para experimentos varios como por ejemplo: robarle desde gobiernos legalmente constituidos, alegando el derecho que otorga la democracia; crear en el Congreso leyes que nadie cumple y la justicia no hace cumplir; reciclar funcionarios y políticos corruptos y vagos, que vuelven a reincidir y pasan sin pena ni gloria o reeditar una y otra vez cada cuatro años, los mismos discursos, plagados de hipocresía, mentiras y promesas que jamás van a cumplir, cuando se aseguren el sillón inamovible que otorga en poder en Argentina, donde no importa “cómo” se llegue ni “para qué”, sino lo importante es llegar.

Visto bajo este oscuro cristal de la realidad que nos pasa por encima, matar en Argentina no es barato, es gratis. Un chico de 16 años mata de un tiro en la cara a otro de 15, es liberado y enviado al cuidado de sus abuelos en Perú; otro menor mata a un niño en un asalto a mano armada en plena calle y es “devuelto” a sus padres y mientras una mujer y su hija de quince años embarazada, esperan el colectivo, dos sujetos (uno menor) las roban, uno de ellos golpea en la cara a la chica, la tira al suelo y ya en el piso, la ejecuta de un tiro en la cabeza, matando tanto a ella como al bebé. Nunca encontraron a los criminales. Si lo encuentran y el que cometió el crimen es el menor, saldrá de la comisaría antes que los familiares de la niña asesinada salgan de la sala velatoria. “La ley así lo determina”, se escudan los jueces garantistas y los legisladores que no quieren quedar como los malos de esta película “clase B”, no quieren bajar la edad de imputabilidad por “el derecho de los niños”. Claro, el de los niños asesinos, los que matan estos monstruos también son niños y al parecer no tienen derecho.

Pongo estos tres ejemplos, pero los podemos multiplicar por cientos durante el año. Que Argentina se haya transformado de un país donde resultaba barato matar, a que no tenga punición asesinar con premeditación y alevosía, no es culpa sino de la clase política argentina, del Poder Judicial en su conjunto y de los gobiernos incapaces, plagados de funcionarios indolentes, corruptos, inútiles e insensibles.

Nadie puede desconocer que la transformación social, las nuevas tecnologías y la dinámica social modifica la metodología delictiva, la cual muta, se amolda a los nuevos tiempos y como “una moda” produce su metamorfosis adaptativa y dentro de ello combina nuevas metodologías y objetivos, con otros métodos de acción. En esto tampoco queda de lado el ingreso indiscriminado de la droga, la forzada “aceptación social” de que lo chicos y grandes se droguen “controladamente y en privado” y por supuesto, la ausencia total del Estado en todos sus deberes y obligaciones para las poblaciones en riesgo.

Sin embargo, mientras desde hace 30 años esperamos estos “cambios sociales” que nunca llegaron ni llegarán, en el “mientras tanto”, nadie hace nada. O hacen lo contrario a la conveniencia del ciudadano honesto. Liberan a los criminales, devuelven a menores asesinos a la sociedad, reducen el derecho de los familiares de las víctimas, le impiden a la víctima de una violación/muerte/vejación, ser querellantes en las causas, se niegan a bajar la edad de imputabilidad, para que un tipo de 15 años (alevoso asesino, impiadoso y salvaje) cumpla en prisión por haber destrozado a familias enteras, senadores se niegan a tratar leyes en favor de las víctimas de delitos y la justicia deja libre (sin aviso a las víctimas) a violadores y criminales, devolviendo las fieras a la arena para que sigan cazando a sus desprevenidos acusadores que algún día soñaron que jueces probos, le iban a dar un castigo merecido a estas bestias, por las atrocidades cometidas.

Los ladriprogresistas de Videla, que (in)gobernaron el país en la década afanada, cabalgando los códigos del (hoy) ex juez prostibulario de la CSJ, Eugenio Zafaroni, maquillaron de derechos humanos a los criminales y mandaron tras las rejas al hombre común, al trabajador que toma el colectivo a las 5 de la mañana o al que saca o entra su auto mirando para todos lados porque no sabe de qué lado van a aparecer “jóvenes ladriprogresistas” que lo van a robar y matar por dos pesos. Estos salvajes, saben que la puerta giratoria funciona bien aceitada desde hace muchos años, empujada por jueces cómplices de la hipocresía ideológica kirchnerista, quienes mientras garantizaban la libertad de delincuentes y asesinos que subsidiaban puertas adentro en el “Batallón militante” y gritaban por la inocencia “hasta que no se demuestre los contrario”, se apoyaban en una ley de Rafael Videla, para lograr su cometido de garantizar impunidad a su mano de obra desocupada.

Y así estamos hoy. Cuando en noviembre del 2016, los familiares de las víctimas apoyaron un proyecto de protección a las víctimas de delitos, el Kirchnerismo (fiel a su naturaleza) no dio quórum. El FPV en el Senado se negó a que las víctimas tengan la representación de un abogado por parte del Estado, para que las defienda. “Por la ‘dieta’ hay quórum y no hay grieta. Se aumentan el sueldo. Pero para cuidar a los ciudadanos no trabajan. Dan vergüenza“, dijo Franco Bagnato, a quien un loco le mató toda su familia incendiándole la casa cuando era joven y con los años la justicia dejó al asesino en libertad y no le avisó, poniendo en riesgo la vida del único sobreviviente de aquella masacre; tal vez para que el criminal termine su trabajo.

Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, detalló con dolor en las redes sociales que el senador peronista/FPV Pedro Guillermo Ángel Guastavino cajoneó el proyecto de Ley para modificar el Código Penal y endurecer las condenas a quienes asesinan manejando impunemente un auto, quien le dijo que no pondrá sus ojos en el proyecto “si no deja de mencionarlo en las redes sociales”. Cuando el reclamo llegó al Presidente del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos), la excusa para no darle curso fue “no leímos el proyecto” y acto seguido, se fueron de vacaciones.

Lo mismo sucedió con el plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Familia donde fracasó el proyecto que aspiraba a emitir dictamen sobre el proyecto de ley que propone modificar el Código Penal en lo referido a la ampliación del alcance interpretativo del delito de violación.

Está claro que en Argentina falta autoridad, orden y justicia. Se ha subvertido todo y en la última década, la destrucción sistemática de las instituciones fue casi una política de Estado que devastó al país, además de robarle los recursos y sacarlo del mundo. Todo esto se complementa con una sociedad que solo reclama por sectores y ante hechos puntuales, pero luego olvida o baja los brazos. En un país donde se puede matar a un Fiscal de la nación, un gobierno hace lo imposible por encubrirlo y durante 2 años no hay jueces capaces de determinar fehacientemente qué pasó, está en una profunda crisis institucional y la sociedad que lo tolera sin hacer tronar el escarmiento, en una irremediable crisis moral. (Agencia OPI Santa Cruz)