Tierra de delincuentes impunes y de Álvarez y Borges

Olmedo y Portales

Los casos se multiplican y día a día la muerte es una certeza que termina por concretarse en alguna imagen que nos horrorizará, tardíamente. Impunidad por un marco legal que lo permite y una clase política que tiende a victimizar al delincuente. Esa minoría hábil declarante que tiene un discurso aprendido para explicar que si tuviera una oportunidad laboral no delinquiría, cuando en realidad decidió vivir con atajos -no todos obviamente- que le rinden más dinero que el digno salario de un pobre que lucha por no ingresar al deseo de apropiarse de lo ajeno para compensar la distancia entre lo deseable y lo posible. Tan cierto como que la pobreza no es precondición para el delito, -afirmación confirmada por la enorme mayoría de familias con carencias que se desloman sin robar ni matar para mostrar un camino de esfuerzo y dignidad-, es también la existencia de sectores empresariales millonarios -no todos obviamente- que; lejos de hacer un esfuerzo por incluir a los más necesitados, se abusan de la perentoriedad de sus necesidades para bastardear sus esfuerzos. Algunos de estos se hacen sentir hablando de la sabiduría del Papa Argentino, mientras actúan absolutamente en contrario a sus expresiones declamativas. Estos, son también, como muchos delincuentes, hábiles declarantes frente a las cámaras o su público, en tanto que son sepulcros blanqueados en la cotidianeidad de la disposición de sus fortunas.

La opinión pública se equivoca cuando critica a los jueces. Los habrá menos permisivos y más permisivos, pero, lo cierto, es que no hacen otra cosa que decidir y aplicar lo que la Ley Penal establece, dentro de las penas mínimas y máximas que pueden decidir. Podremos no estar de acuerdo. Pero los jueces no pueden decidir en contrario a las leyes que existen.

Dos ejemplos menores de los más recientes últimos días.

Un joven menor de edad, 16 años, fue detenido por la policía rionegrina robando en un domicilio. Fue llevado al juez. Este, por su condición de menor y como la Ley lo establece, lo liberó y se lo entregó a sus padres. Hasta aquí, todo normal. El problema es que la situación se repitió 3 VECES en la misma noche.

O sea, era detenido, entregado a sus padres, volvía a salir, volvía a robar, volvía a ser detenido, volvía a ser entregado a sus padres, volvía a salir y volvía a robar. Así, sucesivamente toda la noche. Es más que obvio que este menor no solo no tiene la menor contención jurídica ni familiar, sino que; en aras de una supuesta legislación progresista y la falta concreta de recursos del Estado para una efectiva recuperación con profesión y salida laboral, sigue un camino que inevitablemente lo llevará a la muerte o a producir la muerte de terceros inocentes. Pero eso sí, los menores son intocables y algunas paredes gritarán “ni uno menos”. Hipócritas. Están condenando a ese chico a regresar a un “Hogar” que es más un aguantadero anárquico que una familia que lo ame, lo controle y lo contenga.

Por su parte, el Estado y la Justicia, que es parte de ese Estado, cumple el protocolo legal de mostrarse considerado y comprensivo, entregándole ese menor a unos padres desaprensivos cuando no cómplices. Obviamente no faltará algún hábil declarante que exprese algo así como… “Lo que pasa es que el pibe es difícil de controlar”. Puede haber algo de cierto. Pero no es menos cierto que el control amoroso de un pibe no se pierde una noche sino que se pierde mucho tiempo atrás cuando se lo desatiende y no se ejercen los roles de padres que deben ejercerse. Y, la pobreza no es una excusa. La más absoluta mayoría de los hogares pobres, con padres o ausencia de uno de ellos, cuidan, controlan, aman a sus hijos y estos no ingresan al circuito de la delincuencia en el que el más pesado y violento es el líder a seguir y la persona a imitar.

El otro ejemplo sucedió hace unos días en Bariloche cuando tres delincuentes de corta vida y más que frondoso prontuario, aceptaron condenas menores -3 y 4 años- por el mecanismo de juicio abreviado, luego de haber asaltado con armas y cuchillos un negocio, golpear a culatazos al dueño, darle repetidos puntazos con un cuchillo en la espalda, mientras que se le recordaba… “quedate quieto porque a vos ya te agarré con un cuchillo, te acordás”, no conformes con eso, golpearon a una mujer, la tiraron al piso y luego la patearon ya caída. Juicio abreviado, 3 y 4 años de cárcel -que obviamente serán muchos menos. En paralelo, la sociedad ve como uno de sus referentes políticos locales oficia -legal y legítimamente por cierto- de abogado de uno de los delincuentes que; no asesinaron en uno de sus puntazos, culatazos y patadas en el piso a alguno de los asaltados, de casualidad o porque Dios así lo quiso. ¿Es legal todo lo que sucedió? Absolutamente Sí. ¿Actuaron conforme a las prerrogativas y márgenes que la ley establece? Absolutamente Sí. La sociedad siente que no es justo. ¿Y entonces que sucede? Lo que sucede es que las leyes que existen, que no son sancionadas por los miembros de la Justicia sino por los integrantes del poder legislativo y / o a instancias de varios Poderes Ejecutivos Nacionales en distintos momentos de nuestra historia, incluyendo la Dictadura, han perdido su esencia inicial porque esta sociedad no tiene nada que ver con la sociedad preexistente a la hora que fue sancionada. Tampoco, antes, un dirigente político con aspiraciones de liderar procesos políticos locales habría disfrutado de su profesión como abogado para defender a personas que agreden a la sociedad que él pretende o pretendió liderar. Todo es legal y obviamente tan opinable como mis propios conceptos, firmados por cierto. ¿Ético, Moral, Justo? Todo dependerá en donde cada sociedad ponga el acento. Los argentinos somos muy particulares. Defenestramos a un futbolista si se casa con la esposa separada de un amigo, pero no nos inmutamos frente a situaciones como las descriptas. Por un instante me acorde de esos diálogos maravillosos de Álvarez (Alberto Olmedo) y Borges (Javier Portales) cuando Olmedo contaba un argumento de película en donde una familia era agredida, violentada, asaltada y hasta asesinada frente a la mirada pasiva del Jefe de Familia, hasta que le tocaron al Bobby (el perrito) y ahí se descontrolaba en aras de las violaciones sufridas.

Lic. Rodolfo Patricio Florido

rodolfoflorido@hotmail.com

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6 comments for “Tierra de delincuentes impunes y de Álvarez y Borges

  1. Elea
    04/06/2015 at 12:36 PM

    Despues de leer sus apreciaciones solo puedo agregar: LO LEGAL NO SIEMPRE ES JUSTO Y LO JUSTO NO SIEMPRE ES LEGAL

    Saludos

  2. Armando Lio
    04/06/2015 at 5:02 PM

    Un Comisario en Mar del Plata hace un tiempo dijo que los que realizan vandalismo son 200 pibes que todos los días salen a destrozar cualquier cosa por diversión. Como son menores no se los puede tocar. En realidad si los detienen, llaman a los padres y se los llevan a la casa. O sea, sigamos gastando millones en reparaciones. Cuando no hay Ley no hay justicia. Si no hay reglas hay anarquía.

    • maxim
      05/06/2015 at 1:14 AM

      …discrepo si no hay reglas hay anomia la anarquia es la situacion social que no quieren los llamados democratas politicos que hoy tenemos; en ella se basa el verdadero principio de igualdad, ya que no habria un poder vertical y si organización social de tipo horizontal, sin jerarquías de ninguna índole que pudieran corromper la libertad de los más desfavorecidos que no necesariamente son los pobres e indigentes o acaso hay democracia con autoritarios funcionarios millonarios que generan estas leyes permisivas y garantistas para erosionar el caracter de los ciudadanos y asi tener normas afines a sus propios intereses “Es proponiéndonos lo imposible como podremos lograr lo posible“.

  3. La ola naranja
    04/06/2015 at 8:56 PM

    PROTEGIENDO A MALOS JUECES:

    El Gobierno de Scioli procuraría ayudar a los jueces Piombo y Sal Llargués aceptando su renuncia parta evitar que enfrenten el juicio político, mientras que legisladores apuran el trámite del mismo –

    ASÍ ESTAMOS

    Legisladores apuran el jury contra Piombo y Sal Llargués antes que se les acepten las renuncias

    La Plata, 4 de jun/15 (Infocielo) -La Comisión Bicameral se reunió de urgencia y resolvió elevar las denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento. Es una reacción tras la renuncia de ambos magistrados y ante la voluntad del Ejecutivo de aceptárselas, con lo cual no serían destituídos.

    En una nueva posta de la carrera que enfrenta al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para resolver el escándalo desatado por los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, tras el fallo que morigeró la pena al violador de un niño de seis años, la Bicameral que estudia el caso resolvió elevar las denuncias para que prosiga el juicio político.

    En una reunión celebrada “con carácter urgente” hoy mismo, los Diputados Leonel Zacca, Juan Carlos Juárez, Juan Amondarain, Sandra Paris, Graciela Rego, Alberto España, Manuel Elías y los senadores: Alberto De Fazio, Alejandro Urdampilleta, Carlos Fernández, Luciano Martini y Roberto Costa apuraron los plazos.
    Es que esta semana Piombo presentó la renuncia y hoy Sal Llargués hizo lo propio, abriendo la posibilidad de que ambos se despidan de sus cargos sin la mácula que significaría una destitución por vía legislativa.

    A ese escenario de incertidumbre se suma la voluntad del Ejecutivo, manifestada a través del ministro de Justicia Ricardo Casal, de aceptar las dimisiones sin demora para “pasar el mal trato”, tal como expresó el propio funcionario.

    Casal explicó esta semana que, como no se formalizó aún la acusación contra Piombo de parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el juez conserva sus derechos personales. Y que si media un dictamen favorable de parte de la Asesoría General de Gobierno, “el Ejecutivo va a aceptar las renuncias”.

    A través de un escueto comunicado, la presidencia de Diputados informó que “Ante la gravedad institucional que produjo la sentencia dispuesta por los magistrados del tribunal de casación, Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, en relación a un abuso sexual de un menor de seis años de edad, se reunió de urgencia la comisión bicameral de normas de procedimiento para enjuiciamiento de magistrados y funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y resolvió elevar denuncias contra los nombrados para la prosecución del juicio político”.

    La fecha límite es el 12 de junio. Si la renuncia de los magistrados es aceptada antes de ese día, tanto Piombo como Sal Llargués saldrán por la puerta grande. A partir de esa fecha, sus destinos quedarán atados a lo que se resuelva en el juicio político.

  4. Wenceslao Rosso Picot
    04/06/2015 at 10:49 PM

    Estimado Sr. Florido: los dos ejemplos con que ilustra su defensa a la in- Justicia (Nacional o Provincial) privan a sus reflexiones como a las decisiones judiciales a que se refieren de sustento legal y lógico:
    -El primer caso trata de un menor con 16 AÑOS CUMPLIDOS, lo cual lo convierte en IMPUTABLE aunque sujeto al Régimen Penal de la minoridad regulado por la ley N° 22.278 con las sucesivas modificaciones entre 1983 y 1985. En ella se establece la FACULTAD JUDICIAL de disponer del menor en institutos especializados (arts. 1º, 2º, 3º, -3º bis en el ámbito nacional- y 7º). No revisé la causa, por eso no puedo opinar más, pero sospecho una permisividad judicial rayana con la irresponsabilidad.
    -El segundo planteo presenta aún más patente aquella irresponsabilidad judicial, pero como tampoco tuve acceso a la causa, me guío por sus dichos.
    Ud. menciona a “tres delincuentes de corta vida”, pero es evidente que ya habían cumplido los 18 AÑOS pues, caso contrario, no se podrían haber impuesto penas privativas de libertad (art. 4, inc. 2º). El delito que señala es doblemente grave: por el uso de armas (de fuego y blancas) y por haber sido cometido “en banda” (tres o más sujetos). Tampoco indica Ud. si quedó en tentativa o lograron consumarlo. Si ocurrió esto último la pena prevista en el art. 166 del CP es de CINCO A QUINCE AÑOS. En caso de tentativa, se reduce de un tercio a la mitad (art. 44 CP), por lo que las condenas de tres y cuatro años de prisión, teniendo en cuenta la violencia con que actuaron, son IRRISORIAS. Aún en grado de tentativa no deberían haber sido menor al doble de las impuestas, es decir, siete y ocho años.
    Por otra parte el instituto de JUICIO ABREVIADO NO ES OBLIGATORIO PARA EL FISCAL NI PARA EL TRIBUNAL. Siendo un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa, la primera puede no aceptarlo y se va a juicio oral y el Tribunal puede NO HOMOLOGAR el juicio abreviado celebrado y fijar oportunamente fecha para el debate oral y público.
    Hay que cambiar las leyes penales, no caben dudas, pero los jueces y fiscales gozan de un amplio margen para aplicarlas conforme las eventualidades y personalidades (más o menos determinantes) de la comisión de cada delito y del imputado. Frente al grado de inseguridad que impera deben extremar el rigor legal permitido. A grandes males, grandes soluciones. El derecho no es sólo LEY POSITIVA sino SENTIDO COMÚN y esto depende de los Sres. Magistrados.

  5. Armando Lio
    05/06/2015 at 3:30 PM

    Aqui en Argentina algunos Fiscales y Jueces garantistas zafaronianos, ven al delincuente como un luchador social que se enfrenta al sistema, y cuyos delitos están justificadas por las desigualdades sociales. Una visión idealista del malandro bueno, capaz de ser solidario hasta con sus propias víctimas.
    Así nos va.

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