Por Jorge Raventos.-
En noviembre de 2025, Donald Trump presentó la nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos con una definición que buscaba marcar época: “los días en que Estados Unidos apuntalaba el orden mundial como Atlas han terminado”. La formulación no era solo retórica. Expresaba una revisión profunda del consenso estratégico de la posguerra fría, construido sobre la idea de que la primacía global estadounidense era, al mismo tiempo, un interés nacional y un bien público internacional.
El documento avanzaba aún más: cuestionaba la capacidad material de Estados Unidos para sostener simultáneamente un vasto Estado de bienestar y una arquitectura global de poder —militar, diplomática, financiera— que había sido la columna vertebral de Occidente durante décadas. Ese diagnóstico implicaba una redefinición del interés nacional: los asuntos del mundo solo concernían a Washington en la medida en que afectaran directamente su seguridad o su prosperidad.
En esa lógica, el énfasis en el hemisferio occidental – las Américas – no era casual. América Latina volvía a adquirir centralidad como espacio de influencia directa, menos costoso y más controlable. El apoyo que Javier Milei manifestó a Trump antes inclusive de que éste fuera electo para su segundo mandato se reforzó con ese giro. Asumía la oportunidad de alineamiento con una potencia que, aunque en repliegue relativo, buscaba consolidar su influencia más inmediata en la región en la que Argentina tiene fichas para jugar.
Sin embargo, la realidad estratégica mostró rápidamente sus tensiones. Menos de tres meses después de aquella definición, Estados Unidos se encontraba, junto a Israel, involucrado en una guerra abierta contra la República Islámica de Irán. El contraste es evidente: una doctrina de restricción estratégica derivó, en los hechos, en una escalada militar de alto riesgo en uno de los puntos más sensibles del sistema internacional.
El conflicto ha tenido consecuencias económicas inmediatas y de gran magnitud. El elemento central es el impacto sobre el estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. La interrupción —parcial o total— de esa vía ha provocado un shock energético global, disparando los precios del crudo y generando presiones inflacionarias generalizadas.
Pero el efecto no se limita al petróleo. La guerra ha alterado cadenas logísticas clave, afectando el transporte aéreo y marítimo entre Asia, Europa y Medio Oriente, con consecuencias sobre bienes industriales, alimentos y medicamentos. En paralelo, el aumento de costos logísticos y la incertidumbre financiera han reavivado temores de estanflación global: bajo crecimiento combinado con inflación persistente.
En este contexto, la guerra con Irán opera como un catalizador de tendencias previas: fragmentación del comercio internacional, regionalización de las cadenas de valor y debilitamiento del orden económico liberal. Ya no se trata solo de una crisis geopolítica, sino de una reconfiguración más amplia del sistema económico global, que será sin duda el eje de la reunión cumbre que en mayo protagonizarán Donald Trump y Xi Jinping.
Desde el punto de vista estratégico, el balance inicial del conflicto con Irán también resulta ambiguo. Contra las previsiones de Washington, el régimen iraní ha demostrado una considerable capacidad de resistencia. No solo ha sostenido su estructura de poder tras los ataques iniciales —que incluyeron la eliminación física de su líder máximo y un gran número de altos funcionarios civiles, militares y tecnológicos— sino que mantiene capacidad de represalia mediante misiles, drones y acciones indirectas en la región.
Además, conserva una carta decisiva: su influencia sobre el estrecho de Ormuz. El control —aunque fuera parcial o intermitente— de ese paso le otorga una herramienta de presión global de grandes proporciones. En la desigual pulseada entre Teherán y el eje Washington-Tel Aviv todavía falta definir cuánto castigo puede asimilar la República Islámica y cuánto tiempo puede demandarle a Trump obligar a Teherán a levantar la bandera blanca.
Aquí aparece una distinción clave para comprender la lógica de la acción estadounidense. No es lo mismo la estrategia de presión sobre el régimen de Venezuela que el objetivo perseguido en Irán. En el primer caso, se trataba —y se trata— de una política de cooptación y satelización que requirió la previa operación de secuestro de Maduro y su esposa y que se manifiesta en el control de la explotación del petróleo venezolano . El objetivo ha sido un cambio de régimen sin intervención militar directa de gran escala.
En cambio, en Irán la lógica ha sido radicalmente distinta: un intento de neutralización estratégica mediante el uso de la fuerza, incluyendo la eliminación de su liderazgo político-militar. Es decir, no un cambio gradual inducido, sino un descabezamiento del régimen como vía para su colapso. La diferencia no es menor: implica riesgos exponencialmente mayores, tanto en términos militares como sistémicos. Y, si termina funcionando, está llevando más tiempo del previsto.
Esa divergencia refleja también la distinta naturaleza de los escenarios. Venezuela es un problema regional; Irán es un actor central en el equilibrio de poder de Medio Oriente, con capacidad de proyectar inestabilidad a escala global.
Para el sistema de alianzas occidentales, la guerra introduce tensiones significativas. Por un lado, remarca el rol central de Estados Unidos en materia de seguridad: Europa y otros aliados carecen de capacidad para actuar de manera autónoma en un escenario de alta intensidad. Pero, al mismo tiempo, genera dudas sobre la previsibilidad estratégica de Washington. Si la doctrina declarada era el repliegue pero la práctica es la intervención, la credibilidad del liderazgo estadounidense se vuelve más incierta.
Este punto es particularmente relevante para líderes como Milei. Su alineamiento con Trump se basa en la expectativa de una relación privilegiada con la potencia hemisférica. Esa estrategia es tan importante si Trump consigue la rendición de Irán como si debe resignar ese objetivo. En cualquier caso, Washington deberá retomar la línea central de su documento estratégico y replegarse fundamentalmente sobre las Américas en la búsqueda de reconstruir y fortalecer sus redes de suministro. Como se escribió en su Estrategia de Seguridad Nacional, “Queremos un Hemisferio libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye cadenas de suministro cruciales; y queremos asegurar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave”
La intensidad del vínculo estará, de todos modos, condicionada por factores externos: la evolución ulterior de la guerra, su impacto económico global y, sobre todo, por el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Si el conflicto con Irán se prolongara y sus costos económicos—inflación, desaceleración, tensiones financieras— se intensificaran, el capital político de Trump podría erosionarse, como ya lo insinúan las encuestas de opinión pública. Y decaería su capacidad de sostener una política exterior ambiciosa o de respaldar activamente a sus aliados.
En ese sentido, la guerra con Irán funciona como una prueba crítica. No solo para la estrategia internacional de Estados Unidos, sino para la viabilidad de un modelo de liderazgo que combina retórica de repliegue con acciones de alto impacto global. Y, por extensión, para la suerte de aquellos gobiernos que han decidido anclar su propio proyecto político en esa apuesta.
Ese punto que está fuera del control de la administración libertaria es simultáneamente una columna de anclaje y una eventual vulnerabilidad.
Es cada vez más evidente que el gobierno de Milei atraviesa una etapa en la que está perdiendo el impulso que ganó con las elecciones de octubre y que duró hasta sus primeros éxitos legislativos. Después de eso, pasaron cosas. Y antes de las elecciones de octubre, también pasaron: cuando el gobierno se encontraba en una situación muy difícil recibió una ayuda decisiva del gobierno de Estados Unidos que salvó su elección y fue determinante en la victoria de La Libertad Avanza. El vínculo externo se constituyó en ancla de gobernabilidad.
Pero la expectativa de un giro rápido en la economía, que había funcionado como uno de los pilares de la legitimidad inicial del gobierno de Milei, empieza a chocar con una realidad compleja y percepciones menos dóciles de lo que estaba en los planes.
La propia conducción económica, encabezada por Luis Caputo, ha debido admitir que la reactivación no llega con la velocidad esperada. A esa demora se suman señales de enfriamiento en el empleo, un extenso parate en la caída de la inflación y crecientes cuestionamientos al nivel del tipo de cambio.
El combate contra la inflación, que ha sido el principal activo político del oficialismo, empezó a ofrecer signos de fatiga. Si bien el gobierno puede exhibir una desaceleración respecto de los picos heredados, lo cierto es que desde mayo de 2025 la inflación ha dejado de descender de manera sostenida. El propio Caputo lo reconoció sin rodeos: “Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso”. En ese contexto, todo hace prever que el índice de marzo, que se difundirá en los próximos días, vuelva a marcar un aascenso y se ubique por encima del 3%, consolidando la percepción de que el proceso ha entrado en una meseta.
Más aún, hay un fenómeno menos visible pero igualmente relevante: la apreciación en dólares de la economía argentina. En apenas tres meses —de diciembre a marzo— la inflación medida en moneda dura, al tipo de cambio oficial, rozó el 14,4%. Esto implica que, aun con una inflación en pesos más contenida, la Argentina se encarece rápidamente en comparación con otros países de la región. Este dato no solo erosiona la competitividad, sino que también alimenta las críticas de sectores productivos que advierten sobre un atraso cambiario creciente.
Ese cuadro se ve agravado por factores internacionales. La crisis energética derivada de la escalada bélica en torno a Irán introduce una presión adicional sobre los precios internos, en particular a través del costo de los combustibles y la logística. En un mundo más volátil, el margen de maniobra de economías frágiles como la argentina se reduce, y los efectos de los shocks externos se amplifican. También pueden beneficiar a algunas actividades: la riqueza energética y minera de la Argentina se vuelve más atractiva para los inversores.
En paralelo, el frente productivo y laboral emite señales de alarma. Sectores industriales advierten sobre cierres de empresas y caída de la actividad, mientras que el empleo registrado muestra signos de contracción. Los datos del mercado de trabajo confirman esta tendencia: el desempleo alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, el nivel más alto desde la pandemia, afectando a cerca de 1,7 millones de personas. Se trata de un aumento significativo respecto del trimestre anterior, que refleja un deterioro en la capacidad de absorción del mercado laboral.
El impacto, además, es desigual. Los jóvenes aparecen como el segmento más vulnerable, con tasas de desocupación superiores al 16% tanto en mujeres como en varones. Geográficamente, el conurbano bonaerense concentra buena parte de este deterioro, lo que introduce un componente político adicional: allí se ubican algunos de los principales núcleos de conflictividad social. A esto se suma un fenómeno de precarización creciente: cae el empleo formal y aumenta la proporción de trabajadores en condiciones inestables. Particularmente preocupante es que casi un tercio de los desocupados lleva más de un año buscando empleo, lo que sugiere problemas estructurales de reinserción.
El fenómeno convive con focos de inversión y demanda laboral en las provincias que cuentan con recursos energéticos y mineros.
Otro indicador que tensiona el discurso oficial es la recaudación. A pesar de que el gobierno proyecta tasas de crecimiento del orden del 5 al 6%, los ingresos fiscales muestran una tendencia descendente. ARCA acumula ocho meses consecutivos de caída; en enero se registró un retroceso real del 7,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este dato afecta a las provincias, cuya coparticipación depende directamente de estos recursos.
Los analistas atribuyen el fenómeno de la caída recaudatoria tanto a la debilidad de la actividad económica como a cambios normativos que redujeron la presión tributaria en determinados sectores.
A pesar del pronunciado acento promercado del gobierno del gobierno y de sus señales de alineamiento con Occidente, un agudo comentario publicado en La Nación por Patricia Donovan destaca como “llamativo el persistente desinterés de los capitales internacionales por los activos argentinos”. La explicación más extendida remite a un problema de credibilidad intertemporal: los inversores dudan de la sostenibilidad del rumbo. Para un compromiso más rotundo que lleve a hundir capital en el país, muchos inversores extranjeros necesitan convencerse de que las reglas de juego no cambiarán abruptamente cuando Milei deje la Casa Rosada. No alcanza con las afirmaciones del gobierno, necesitan que exista un consenso más amplio, inclusive una oposición razonable, que marque diferencias pero que no se proponga ninguna marcha atrás. Es, en definitiva, un problema de confianza política antes que económica.
Esa misma tensión empieza a reflejarse puertas adentro del oficialismo. Se perfila un ala “dialoguista” que impulsa la necesidad de construir acuerdos más sólidos con los gobernadores y con sectores de la oposición dispuestos a negociar. Este enfoque contrasta con la impronta inicial del gobierno, más confrontativa y orientada a imponer reformas de manera unilateral. La emergencia de esta corriente sugiere un reconocimiento implícito: sin consensos básicos, la viabilidad del programa económico se vuelve más incierta.
Así, el gobierno de Milei mantiene algunos logros iniciales (afirmación de una política de equilibrio fiscal, índices de inflación estancados pero bajos en relación con los niveles extremos heredados), pero enfrenta una serie de desequilibrios que amenazan su capital político (caída del poder de compra de los salarios, deterioro del empleo, caída de la recaudación y una inversión desigual, creciente en las provincias con recursos energéticos y mineros y en actividades que absorben proporcionalmente menos empleo, declinante en los grandes conurbanos, en la industria manufacturera y la construcción.. Sobre ese fondo se inscriben situaciones que suman problemas al gobierno: en la atmósfera de denuncismo que impera en la política argentina desde hace algunos años, algunas conductas sesgadas pueden adquirir más notoriedad que las cuestiones importantes.
Y lo más importante es el contexto internacional, que se ha vuelto más inestable y en el que conflictos como el de Irán reconfiguran las condiciones globales y reducen el margen de error.
La pregunta de fondo es si el oficialismo logrará atravesar esta fase sin perder la iniciativa. Como muestra la experiencia argentina, ningún experimento reformista logra consolidarse si no consigue disipar el temor a su propia reversibilidad.
Buena parte de la suerte del experimento Milei se juega en Irán y en los efectos de esa guerra sobre la elección de medio término en Estados Unidos.
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