Fuente: El Ágora Digital.-
La empresa belga Jan De Nul se quedó con la licitación de la Vía Navegable Troncal, la privatización más significativa del gobierno de Javier Milei hasta ahora, tras imponerse ante su compatriota DEME en una compulsa marcada por denuncias penales, advertencias de la fiscalía anticorrupción y sospechas de direccionamiento del proceso.
La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) abrió el martes los sobres de la tercera y última etapa de la licitación. El resultado definirá quién operará durante 25 años el dragado, balizamiento y cobro de peaje de la hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor fluvial por donde circula el 80% de las exportaciones argentinas.
Ambas empresas presentaron ofertas económicas idénticas: 3,80 dólares por tonelada transportada en la etapa 0, 4,65 en la etapa 1 y 5,78 en la etapa 2, el piso de las bandas tarifarias fijadas por el pliego.
Ante el empate, la definición recayó en la evaluación técnica, donde Jan De Nul había acumulado una ventaja de 24 puntos sobre DEME en instancias previas del proceso. Fuentes del gobierno confirmaron que esa diferencia resulta “indescontable” y otorga a Jan De Nul la victoria virtual.
El Ministerio de Economía celebró el resultado en un comunicado y estimó que las tarifas ofrecidas implicarán un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales, equivalente a una baja del 15% en el peaje respecto de los valores actuales.
La cartera que conduce Luis Caputo también destacó que ninguna de las dos empresas presentó impugnaciones en las etapas anteriores ni cuestionó los requerimientos del pliego. Antes de que se oficialice el ganador, se abre ahora un período de objeciones. Si DEME decide impugnar el resultado deberá depositar 10 millones de dólares.
La concesión de la Hidrovía tiene antecedentes de fracasos recientes. Un primer proceso lanzado por la administración Milei debió ser dado de baja en febrero de 2025 tras quedar un único oferente en carrera y acumularse cuestionamientos sobre los pliegos. El gobierno relanzó el proceso, aunque varios de los problemas señalados entonces volvieron a aparecer.
La coincidencia en la oferta económica no fue una sorpresa para quienes venían alertando sobre el diseño del proceso.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) había advertido, en un dictamen de la semana previa a la apertura de sobres, que la inclusión de una tarifa mínima en los pliegos hacía previsible ese empate y trasladaba todo el peso de la adjudicación al plano técnico.
Según ese dictamen, “la extrema sensibilidad del sistema ante variaciones tarifarias mínimas convierte a la competencia por precio en un ejercicio ficticio” y genera “las condiciones propicias para un potencial direccionamiento”.
José María Lojo, ex presidente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, fue más directo: “La licitación estuvo direccionada. Se sabía que tal como habían sido redactados los pliegos, el mejor posicionado sería Jan De Nul y la oferta económica se volvía una trampa. ¿Casualmente las dos empresas ofertaron el mismo valor para la tarifa?”.
La PIA también señaló la ausencia de estudios de impacto ambiental sobre la ampliación del calado en tramos del río Paraná, falencias en la cláusula anticorrupción, la falta de dictámenes exhaustivos del área jurídica de la ANPyN y cuestionamientos sobre cláusulas de cesión de contratos a terceros.
El organismo remarcó además que el gobierno repitió irregularidades ya señaladas en el dictamen de febrero de 2025.
A esas observaciones se sumó una nueva denuncia penal presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático ante la justicia de Comodoro Py. El escrito menciona a Santiago Caputo, Luis Caputo, Gastón Benvenuto e Iñaki Arreseygor, junto a las empresas Jan De Nul y el grupo Neuss.
Acusa una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y reclama investigación por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y malversación de caudales públicos, con un perjuicio estimado en 7.000 millones de dólares. La fundación también solicitó una medida cautelar para suspender el proceso, que no fue concedida.
En paralelo, el diputado nacional Jorge Taiana (Unión por la Patria) presentó en la Cámara un proyecto de resolución para rechazar la licitación.
Entre los puntos cuestionados figuran la documentación técnica internacional presentada por el Ejecutivo como aval del proceso, sobre la que peritos informáticos habrían señalado que sería apócrifa, y las restricciones a la participación de empresas bajo la modalidad de Unión Transitoria de Empresas.
El fiscal Guillermo Marijuan, a cargo de la causa iniciada por la PIA, rechazó el día previo a la apertura de sobres una medida cautelar presentada por una ONG que buscaba detener el proceso.
Marijuan señaló que su expediente se circunscribe a un posible direccionamiento de la licitación fallida del año pasado, y cuestionó “la inusitada difusión y trascendencia” que los medios dieron al informe de la Procuraduría.
El proceso también estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre las propias competidoras. Representantes del consorcio que integra DEME denunciaron vínculos de Jan De Nul con empresas chinas, a través de su socio local Servimagnus.
Jan De Nul respondió señalando que DEME había integrado en 2022 un joint venture con firmas de ese mismo origen en la licitación corta de la Hidrovía. El gobierno no se pronunció sobre ninguno de estos señalamientos.
Deja una respuesta