Por Jorge Raventos.-
En las últimas semanas el gobierno ha mostrado un movimiento significativo en su estructura de poder, particularmente con la salida de Manuel Adorni y la incorporación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete. No se trata simplemente de un recambio administrativo. Lo que se observa es un cambio de etapa política dentro del propio oficialismo, que comienza a abandonar ciertos rasgos iniciales de improvisación para entrar en una fase de mayor profesionalización y articulación con actores tradicionales del sistema político.
El propio Presidente Javier Milei ha dado señales de que su estrategia está mutando. Tras un período de fuerte centralización, aislamiento relativo y confrontación discursiva, aparece ahora una lógica más pragmática: la necesidad de ampliar la base de sustentación política del gobierno, incorporando figuras provenientes de lo que él mismo denominó en el pasado como “la casta”. Esa tensión conceptual no es menor, porque marca el pasaje desde un discurso fundacional de ruptura hacia una práctica de construcción de poder más convencional.
En ese contexto, la llegada de Santilli no es un dato aislado. Representa la decisión de apoyarse en dirigentes con experiencia de gestión y vínculos territoriales, capaces de operar en un escenario político y legislativo fragmentado. Pero además expresa, quizás, algo más profundo: la comprensión de que el programa de gobierno, con eje en la reelección de Milei en 2027, requiere necesariamente una arquitectura política más amplia, que exceda el núcleo libertario original. Es básicamente el programa que aconsejó la administración de Donald Trump junto con la vital ayuda financiera que prestó antes de la última elección de medio término.
En paralelo, el rol de la conducción política del oficialismo —en particular el propio presidente y su hermana Karina, como figura central de la organización partidaria— se vuelve decisivo para garantizar cohesión interna y disciplina en la nueva etapa. Santilli, en ese esquema, aparece como un articulador operativo, con capacidad para traducir el programa presidencial en acuerdos concretos con los gobernadores, algo que actualiza el espíritu de los Pactos de Mayo, que los gobernadores y el presidente suscribieron en Tucumán dos años atrás y que quedaron congelados.
Allí se juega uno de los ejes centrales del momento político: la relación con las provincias. Los gobernadores no son actores pasivos. Su apoyo potencial al gobierno nacional está condicionado por una lógica de negociación fuerte, donde lo que está sobre la mesa es el equilibrio entre recursos y autonomía. En términos concretos, pueden llegar a acompañar el proyecto reeleccionista del Presidente, pero a cambio de garantías: no ser debilitados en sus distritos, no perder control sobre los recursos de obra pública, y no enfrentar intervenciones indirectas a través del impulso y el sostenimiento de candidaturas libertarias competitivas en sus territorios por parte del poder central.
Este es un punto de tensión estructural del sistema político argentino. Y es también el núcleo del nuevo intento de gobernabilidad que se está ensayando. El oficialismo ha tardado en comprender plenamente esta dinámica, y en ese proceso se produjo un desgaste político importante, vinculado en parte a la sobrecarga de conflictos internos, como el que rodeó la permanencia de Adorni en la Jefatura de Gabinete. Ese episodio, más allá de su figura individual, funcionó como un factor de paralización parcial de la agenda de reformas.
Dando por superada esa etapa, el gobierno intenta ahora reordenar su iniciativa legislativa. Entre los objetivos prioritarios aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la intención de redefinir su mandato hacia el combate exclusivo contra la inflación, y el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, impulsado por Federico Sturzenegger, que ha sufrido ya múltiples modificaciones en su trámite parlamentario y que choca con importantes actores institucionales.
A ello se suma la reforma política, con especial énfasis en la eliminación de las PASO. Este punto es estratégico: el oficialismo considera que las primarias abiertas y obligatorias pueden favorecer la reorganización de la oposición, permitiéndole resolver sus tensiones internas y construir coaliciones competitivas. En su lugar, se evalúan mecanismos como el sistema de colectoras. El postulante presidencial sumaría los votos de las diferentes colectoras y habría competencia entre las boletas a diputados.
En algunas oportunidades se aplicó este método. Un caso modelo ocurrió en 1963: el general retirado Pedro Eugenio Aramburu –que había ejercido la presidencia en el marco de la llamada “revolución libertadora” después del derrocamiento del general Eduardo Lonardi– fue candidato por dos fuerzas, UDELPA (con Ricardo Lavalle como postulante a vice) y el Partido Demócrata Progresista, fórmula Aramburu-Horacio Thedy (uno de sus slogans de campaña era “Vote y no vuelven”, un lema que atraviesa las décadas). Aquellas las ganó el cordobés Arturo Illia, por la UCR: obtuvo poco más del 25 por ciento de los votos emitidos. En esos tiempos, con el peronismo proscripto, no hacía falta poner en práctica el balotaje.
Sin embargo, la viabilidad de esa reforma política depende de acuerdos con actores del PRO y del radicalismo, donde conviven visiones muy distintas sobre el grado de acercamiento al gobierno. En ambos espacios políticos se observa una fractura entre posiciones principistas y posibilistas. Algunos dirigentes se muestran reticentes a cualquier tipo de alineamiento con el oficialismo libertario, mientras otros consideran que la proximidad al poder nacional puede traducirse en influencia institucional, crecimiento legislativo, conquista de posiciones en el aparato estatal y capacidad de negociación. Esta tensión interna es, en sí misma, un factor determinante para el futuro de las reformas.
La incorporación de Santilli al gabinete funciona entonces como un intento de ordenar ese tablero. Su presencia busca facilitar el diálogo con los gobernadores y, al mismo tiempo, consolidar una etapa más pragmática del gobierno. En ese sentido, puede interpretarse como el inicio de una apertura realista hacia los métodos de la política profesional, sin abandonar el núcleo ideológico del proyecto libertario, pero reconociendo sus límites operativos.
A nivel internacional, esta reconfiguración interna se articula con un escenario más amplio, donde el vínculo con Estados Unidos adquiere una relevancia estratégica. La política exterior norteamericana reciente tiene un programa estratégico que prioriza el Hemisferio Occidental, -es decir, las Américas-, como quedó sintetizado en el documento Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, que Washington dio a conocer en noviembre de 2025. Es una revisión profunda del consenso estratégico de la posguerra fría, una redefinición realista del interés nacional norteamericano: los asuntos del mundo solo conciernen a Washington en la medida en que afecten directamente su seguridad o su prosperidad.
En esa lógica, el énfasis en el hemisferio occidental no es casual. América Latina pasa a adquirir centralidad como espacio de influencia directa, menos costoso, más controlable, con inmensas posibilidades productivas y extractivas y con una dilatada geografía que incluye varios pasos oceánicos. Óptimo escenario en el marco de la competencia estratégica con la superpotencia en ascenso, la República Popular China. En ese marco, la Argentina aparece como un socio potencial relevante, especialmente si logra consolidar internamente un esquema de gobernabilidad más estable.
Pero el escenario político no se agota en la economía o la geopolítica. En el plano simbólico y cultural, se abre también una dimensión de fuerte impacto potencial: la visita del Papa León XIV a América del Sur, con escala en la Argentina. Aunque aún no ha sido confirmada oficialmente por la Santa Sede, diversas señales diplomáticas indican que un viaje en noviembre es altamente probable.
De concretarse, la visita papal introduciría un actor de enorme peso moral y simbólico en el debate público argentino. Y lo haría en un momento de fuerte polarización ideológica. La figura de León XIV, con su énfasis en la ética de la tecnología, la dignidad del trabajo y la regulación moral de la inteligencia artificial, introduce una perspectiva que no necesariamente se alinea con la narrativa libertaria dominante, que el Presidente resumió en un reciente artículo publicado en el Financial Times.
El Papa plantea una reflexión que retoma la tradición de la doctrina social de la Iglesia inaugurada en la modernidad industrial, y la proyecta hacia la revolución digital. No se trata de un rechazo al progreso tecnológico, sino de la afirmación de que ningún avance puede situarse por encima de la dignidad humana ni del bien común. En ese sentido, su mensaje interpela tanto a los modelos económicos como a las narrativas culturales que reducen el desarrollo a la lógica exclusiva del mercado. Esa diferencia conceptual podría adquirir especial relevancia en la Argentina, no como un enfrentamiento político directo, sino como la apertura de un debate más profundo sobre el rumbo de la sociedad. En un país atravesado por la incertidumbre, la fragmentación y la ausencia de consensos de largo plazo, la irrupción de una voz de ese tipo podría funcionar como catalizador de una conversación postergada.
En definitiva, lo que se observa en esta etapa es la convergencia de tres procesos: una reconfiguración interna del poder libertario hacia formas más pragmáticas de gobernabilidad; una negociación compleja con actores provinciales y opositores que define la viabilidad de las reformas estructurales; y un contexto internacional y simbólico que introduce nuevos marcos de interpretación del presente.
El resultado de esa combinación no está cerrado. Dependerá de la capacidad del gobierno para transformar su iniciativa política en acuerdos sostenibles, y de la disposición del sistema político argentino a reorganizarse en torno a un nuevo equilibrio.
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