Por Eduardo Difonso.-

Obra de U$S 3.000 millones con muchas dudas

Se trata del proyecto de «Soterramiento del tren Sarmiento»

La mega obra fue licitada en 2007. Los ganadores del proyecto fueron la firma italiana Ghella, brasileña Odebrecht y la argentina IECSA, encabezada por el primo de Macri, Angelo Calcaterra, donde las empresas, según exigencias del pliego licitatorio, debían aportar el financiamiento para realizar la obra el que ascendía a U$S 3.000 millones de dólares en números redondos (2.789 millones de dólares).

Odebrecht, la empresa cuestionada judicialmente por distribuir más de 300millones de dólares para que le adjudiquen obras en Latinoamérica, fue una de las integrantes del grupo al que le adjudicaron la licitación porque además aportaba los fondos para financiar la obra exigidos en las condiciones del pliego licitatorio.

Como no aparecían dichos fondos no se le dio inicio de obra durante el gobierno anterior por no cumplir los requisitos del pliego licitatorio.

En junio del año pasado el Presidente Macri dicta un decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 797/16 para reactivar las obras públicas entre las que se encuentra la obra en cuestión que beneficia directamente a su primo Ángelo Calcaterra, ganador de la licitación para la construcción del soterramiento del tren Sarmiento.

Entre esos trabajos, se destaca el soterramiento del Sarmiento, que según se estima costará $ 45.000 millones en total asignándole los siguientes fondos públicos: $ 300 millones se desembolsarán este año; $ 8.940 millones en 2017 y 2018 y $ 28.820 millones en años siguientes.

Es importante recordar que dicha obra se licitó con la condición que el financiamiento lo debía aportar la parte privada y por lo tanto es una irregularidad seria que directamente el presidente Macri modifique las condiciones de una licitación, ya adjudicada, por DNU que publicó en el Boletín Oficial y giró al Congreso para su ratificación. Ya que vulnera la igualdad de oportunidades de los oferentes entre sí y transgrede la ley que regula todo proceso licitatorio ya que esta no lo permite.

Esta insistencia del presidente Macri genera dudas sobre la intención de beneficiar a una empresa familiar ya que IECSA es una de las principales contratistas de obra pública en la Argentina y hasta 2007 integró el grupo SOCMA, cuando Franco Macri decidió vendérsela a su sobrino para no perjudicar el inicio de la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad.

En los últimos tiempos se difundió en varios medios periodísticos, entre ellos diario La Nación, información concreta de que IECSA era cliente de la financiera «La Rosadita», que compartió varias sociedades con las empresas de Lázaro Báez y que Macri todavía controla a la firma, ya que SOCMA se quedó con las acciones de ODS S.A. (Sociedad constituida por IECSA y la italiana Ghella y controlante de ellas), en garantía, hasta que Calcaterra pudiera cancelar la deuda originada por la compra a Franco Macri de IECSA, hecho que aún no sucedió.

Volviendo a la necesaria ratificación legislativa de todo DNU, la Cámara de Diputados rechazó con fundamentos el DNU 797/16, por que atenta contra la seguridad jurídica por modificar las condiciones de una licitación publica ya adjudicada y además vulnera los derechos de otros oferentes que respetaban las bases de la convocatoria oficial y que quedaron fuera de la adjudicación.

Ante esta situación el Poder Ejecutivo insistió con este criterio ilegal e incorporó en el proyecto de ley de presupuesto para el 2017, art. 64 la autorización y financiamiento estatal de aquella obra.

Proyecto que fue aprobado por el Congreso Nacional convirtiéndolo en Ley N° 27.341 e incorporando el financiamiento a esta cuestionada obra en el art. 69 de esta ley.

«ARTÍCULO 69.— Considérense comprendidas dentro del Programa de Inversiones Prioritarias (PIP)… Soterramiento FFCC Sarmiento, Proyecto 20..» Textual de la ley de presupuesto.

Resulta llamativo observar la insistencia del gobierno de CAMBIEMOS en impulsar un procedimiento viciado de ilegitimidad e ilegalidad cuando lo que indica la legislación vigente que rige la materia es que el proceso debe contener:

1- Anular todo el trámite licitatorio del año 2007.

2- Dejar sin efecto la adjudicación efectuada.

3- Revisar el presupuesto oficial y actualizarlo al año en curso (léase 2017).

4- Convocar una nueva licitación, nacional e internacional, bajo nuevos valores y requisitos (por ejemplo el tema del financiamiento estatal según ley de presupuesto para el año 2017, N° 27.341).

Ésta es la forma en que la mayoría de los votantes del gobierno PRO-RADICAL esperan que actúe la gestión macrista de Cambiemos, y no de la forma que actuó manteniendo oferentes cuestionados judicialmente por hechos de corrupción como la empresa Brasileña Odebrech y un posible auto-contrato con la empresa familiar del Presidente Macri, IECSA que afirman es de su primo (en el mejor de los casos siempre y cuando se compruebe la venta efectivamente del grupo Macri a Calcaterra, cosa que hasta el día de hoy esta en dudas).

O también tratando de cambiar la integración de las empresas que ofertaron y les adjudicaron la obra.

Todo este accionar ilegal, otorga derechos para reclamar judicialmente a las empresas que quedaron fuera del proceso aunque compraron pliegos y cotizaron la obra desde el momento que el gobierno modificó las condiciones de la convocatoria y demuestra una intencionalidad de mantener como contratista a una empresa con serios conflictos de intereses con el presidente de la nación por ser familiares directos o, peor aun, posible propiedad del primer mandatario.

Indudablemente estos hechos demuestran que el CAMBIO esperado y prometido por el frente Cambiemos no es tal.

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