Por Jorge Augusto Cardoso.-
La ley 24.043 sancionada en noviembre de 1991, otorgó beneficios pecuniarios a ex miembros de organizaciones armadas que fueron detenidos durante el gobierno de facto. (1976-1983).
Si ha sido justo otorgar indemnizaciones a ex combatientes guerrilleros en Argentina, es un tema de debate político que no ha concluido. Diversos sectores de la sociedad, entre los que, como ciudadano me incluyo, señalan que estas personas perpetraron actos de violencia armada durante la década del 70 contra las instituciones de la República y, en consecuencia, argumentan que es injusto que el Estado haya indemnizado a quienes atentaron contra el orden democrático.
Mientras que en nuestro país se benefició con dinero público a aquellos que utilizaron las armas y el terror en la sociedad, colocando bombas y secuestrando personas para tratar de imponer sus ideas, los Estados Unidos de América nos acaban de dar una gratuita lección de moral y ética. Trump intentó generar un fondo que serviría para recompensar a sus seguidores que desafiaron la ley y cometieron actos de violencia asaltando al Capitolio en enero de 2021 y que por ello fueron juzgados y detenidos. Afortunadamente, gracias a la intervención de la Justicia y del Senador Mc Connell, que dijo: “¿Así que el principal funcionario encargado de hacer cumplir la ley está pidiendo un fondo para pagarles a personas que agreden policías?, es completamente estúpido y moralmente incorrecto”; el plan fue suspendido.
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