Por Hernán Andrés Kruse.-
Una vez más, la Corte Suprema fue fornicada por el Poder Ejecutivo. El martes 25 de febrero el presidente de la nación firmó los decretos para efectivizar la designación en comisión de los doctores Ariel Lijo (emblema de la corporación judicial) y Manuel García Mansilla (Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral). En un comunicado Presidencia expresó: “El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”. “La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos” (fuente: Infobae, 25/2/025).
Quien condenó con extrema dureza la designación por decreto de Lijo y García Mansilla fue el ex juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni. El destacado penalista afirmó: “Los jueces de la Corte van a firmar junto con personas que no están nombradas constitucionalmente, lo cual constituye para los que no están nombrados una usurpación de funciones”. Además, consideró que los actuales miembros de la Corte podrían “estar participando de un delito” si les toman juramento. Pues bien, el jueves 27 los doctores Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le tomaron juramento al doctor García Mansilla quien el año pasado, en el senado, había afirmado que jamás aceptaría ingresar a la Corte por decreto. “Macri lo quiso hacer”, agregó Zaffaroni, “pero los dos que asumieron lo hicieron con acuerdo del Senado”. “Además, ninguna persona firmó una sentencia sin acuerdo del Senado. Esto no ha pasado nunca a lo largo de la historia, salvo en los gobiernos de facto desde 1955, porque incluso en el 30 Uriburu no nombró jueces”. “El problema que crea es tremendo. Porque no sé en qué lío pone a la Corte”. El mensaje a los miembros de la Corte es claro y contundente: “Cuidado que el que está poniendo la firma, o el que la pone al lado, yo no sé. Yo no lo haría. Eso es entrar al cementerio, no quedarse en la puerta. Quedás toda la vida con la posibilidad de una acción penal” (fuente: Perfil, 26/2/025).
El problema es, qué duda cabe, esencialmente político. Desde que Juan Domingo Perón bendijo en 1947 el juicio político a la Corte Suprema, el máximo tribunal de garantías constitucionales se convirtió en un botín de guerra. Salvo contadas excepciones, el presidente de turno siempre tuvo en mente contar con una Corte adicta, con jueces que fueran funcionales a sus intereses. Javier Milei ha expresado en reiteradas oportunidades que Carlos Menem fue el presidente más relevante de la historia. Apenas asumió en julio de 1989, puso especial énfasis en incrementar el número de miembros de la Corte. Quedó constituida la tristemente célebre “mayoría automática”, que se limitó a legitimar jurídicamente todas y cada una de las decisiones que tomó Menem, especialmente en materia económica. Milei está siguiendo su ejemplo. Quiere contar con una mayoría automática que lo proteja judicialmente, que actúe como una guardia pretoriana (privatizaciones). Está actuando, por ende, como un genuino exponente de la casta política.
A continuación paso a transcribir aquellos párrafos que considero más relevantes de la comunicación del doctor Jorge Vanossi en sesión privada de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas del 14 de abril de 2004, titulada “¿Qué jueces queremos?”. Saque el lector sus propias conclusiones.
1) “Creo que el ser o no ser de la Justicia consiste fundamentalmente en asumir o no su condición de ser uno de los poderes del Estado. Y allí está el meollo de la cuestión. Por desgracia, hasta el lenguaje nos ha llevado subconscientemente a subestimar esta enorme importancia que tiene la selección del juez y la búsqueda del perfil del magistrado que debe ser seleccionado. Durante mucho tiempo se habló de la “administración de justicia” siguiendo un lenguaje europeo ajeno a la tradición americana, donde el Poder Judicial se inició como un órgano que aplicaba la ley, de manera distinta, pero como también lo hacía el Poder Ejecutivo en la órbita de sus incumbencias. El juez podía ser independiente, pero no necesariamente era parte de un poder del Estado revestido de todo lo que ello implica. También, por desgracia, la reforma constitucional de 1994, probablemente contagiándose de los administrativistas, incurrió en la grosería de hablar del “servicio de justicia”, lo que implica colocar a la Justicia, que por ser uno de los poderes del Estado cumple una función, en el mismo nivel que el servicio de barrido y limpieza, es decir, como cualquier otro servicio público que en forma directa o indirecta, propia o impropia, se prestan en las sociedades contemporáneas”.
2) “De modo que el tema debe ser puesto en otro ángulo. ¿Por qué? Porque elegir a un juez implica buscar el perfil de alguien que va a tomar una decisión final respecto de temas que conciernen a la vida, la libertad, el honor, los derechos, la propiedad, las garantías, la seguridad y la dignidad de las personas. Esto es fundamental, no es algo menor. En nuestro sistema el juez tiene esas atribuciones, como sucede en general en las democracias constitucionales cuando actúa independientemente. Además, en nuestro sistema tiene la nota del control difuso: este poder enorme consiste en verificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas. Esto significa que al pensar en el perfil de un juez también habrá que tener en cuenta quién está dotado de la preparación suficiente a efectos de ejercer acertadamente esa función. Asimismo, tiene otro control paralelo al de la constitucionalidad, que en el Estado moderno reviste una enorme importancia. Se trata del control de la operatividad de las normas: el juez puede inutilizarlas o potenciarlas al declarar que una norma es de por sí autosuficiente, que puede aplicarse, o bien puede lavarse las manos y decir que hace falta otra reglamentación que la implemente y la pormenorice. Hasta entonces no se va a reparar el derecho lesionado, con lo cual entra en vía muerta la necesidad urgente de dar plenitud a ese derecho cuestionado o amenazado”.
3) “En segundo lugar, quiero señalar que el tema de la independencia no debe ser confundido con asepsia. No existe el juez aséptico, un juez absolutamente desconectado de un sistema de valores o de una ideología en la cual ha creído, en un conjunto de ideas o, si ustedes prefieren, de ideales que se expresan a través de metas o fines que pretende alcanzar en el momento en que hace o dicta el acto de justicia. Este tipo de juez no existe, y sería penoso que existiera porque realmente estaríamos frente a un autómata; volveríamos a la teoría del siglo XVIII; no cumpliría ni siquiera la función interpretativa, mucho menos la función integrativa y creadora que cumple el juez a través del dictado de las sentencias, que no consisten en un mero silogismo. Por “independencia” debemos entender dos cosas. En primer lugar, la independencia de las lealtades partidarias preexistentes, que las puede haber tenido y es respetabilísimo que así sea, pero que debe abandonar en el momento de acceso al poder. También debe abandonar la falsa noción de que por haber sido designado por alguien tiene un deber de gratitud permanente de halagar o complacer a ese alguien. En la Argentina hay ejemplos de todo tipo, pero también existen ejemplos de gente que fue muy criticada al momento de su designación porque venía de una pertenencia partidaria, incluso de la integración de un gabinete, como es el caso de Antonio Sagarna, quien siendo juez de la Corte, desde el día siguiente de la asunción del cargo, actuó con total independencia respecto del partido al cual había pertenecido, así como del Presidente y del Senado que lo habían nombrado. Pero no es la regla. El juez debe tener, entonces, un perfil que apunte a la no dependencia del gobernante de turno, ni a ser un prisionero de la partidocracia; no sólo lo primero sino también lo segundo. Existe un viejo pleito entre partidocracia y judicatura: se desconfían recíprocamente, pero el conflicto no se puede resolver por vía de la sumisión de una a la otra -en cualquier sentido direccional que sea- sino cumpliendo cada uno la función que le corresponde, que son diferentes y ambas necesarias para la atención de lo que nos debe interesar, que es el bien común, es decir, el interés general, por encima de cualquier egoísmo o narcisismo”.
4) “La Justicia no puede depender de la dádiva para que se cumpla la doble idoneidad, es decir la profesional y la moral, que es la independencia y el no dejarse seducir por las tentaciones, favores o intereses creados, para lo cual se requiere una remuneración digna. Por lo expuesto, creo que debemos buscar en los mecanismos que tenemos que perfeccionar, a fin de alcanzar el perfil adecuado, una instancia para verificar esa doble idoneidad y no ser conformistas ante las meras estructuras de convalidación para el reparto. Es perversa la teoría del “paraguas” que protege para que nadie quede a la intemperie y que la Justicia sea un refugio para que dentro del reparto todos queden satisfechos. Y, al mismo tiempo, me parece que esa cobertura es patológicamente dañina porque destruye a todo el sistema. En definitiva, dime qué jueces tienes y te diré qué Estado de Derecho hay. Dime cuál es el perfil de esos jueces y te diré qué grado y qué profundidad de control tenemos. Desde luego que esto conduce al orden de las conductas y, como todo, se resuelve en un problema cultural. Es un problema cultural el perfil del juez, ya que a las más altas jerarquías corresponden las mayores responsabilidades, de acuerdo a un sabio principio del Código Civil, que debería tener categoría constitucional en esta delicada cuestión: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos (Art. 902)”. Por último, ratificamos la convicción de que el acto más delicado e institucionalmente significativo de un gobernante, radica en promover la nominación de un magistrado judicial que, de acuerdo a nuestro régimen constitucional, son cargos cuya trascendental función se ejerce de por vida (ad vitam)”.
02/03/2025 a las 11:10 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
De la ideología a la realpolitik
Vicente Massot
Prensa Republicana
28/2/025
El escándalo que ha generado el paso en falso dado por Javier Milei y su entorno respecto de la cripto moneda, no ha cesado de crecer o —según sea la óptica con arreglo a la cual se lo analice— lleva destino de desaparecer dejando detrás suyo pocos rastros. Hay acerca de este tema dos visiones, de suyo contrapuestas: la de los moralistas y su contraria, la de los realistas. Los primeros cultivan la noción del deber ser como base de la política. Los segundos, en cambio, miran las cosas desde el ángulo puramente fáctico. Aquéllos sostienen sus argumentos sobre fundamentos éticos. Éstos —inversamente— lo hacen atendiendo menos a lo justo o injusto que a lo eficaz o ineficaz. No es que los idealistas representen a la política asociada a lo testimonial mientras sus opuestos sólo atiendan las razones de la necesidad y la urgencia. Pero hay, entre unos y otros, un verdadero abismo.
Aun en el supuesto de que hubiera existido algún tipo de connivencia entre los hermanos Milei y los responsables de la timba financiera, lo cierto es que por ello el presidente no sería eyectado del sillón de Rivadavia, producto de un juicio político. Eso nunca ha ocurrido entre nosotros y la costumbre no habrá de quebrarse ahora. De modo tal que insistir con la formación de un comité investigador —o lo que fuese— puede parecer un signo de madurez institucional que —seamos honestos— nada cambiará. Bien está mirar del derecho y del revés la trama de las cripto monedas, a condición de entender que no pasa por ese lado el meridiano del poder ni el futuro de la gestión libertaria.
¿Qué resulta más importante: que The New York Times o Forbes publiquen una noticia bomba acerca de $Libra, o que el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, reunido con el titular de la cartera de Hacienda argentina, haya hecho mención a los “impresionantes esfuerzos” realizados en el año inicial de la gestión mileísta? ¿Qué tiene mayor peso de cara a las asignaturas pendientes del país: la reunión de Donald Trump con Javier Milei y sus elogios públicos al jefe de Estado criollo, o las averiguaciones que en los Estados Unidos se han iniciado con el propósito de determinar si hubo una estafa en la operación que avaló en su posteo el líder libertario? ¿Qué arrastra más volumen: el veredicto de los tres principales bancos del país del norte —J.P Morgan, Goldman Sachs y Bank of América— otorgándole prioridad a la solidez en materia fiscal generada por el equipo económico a cuya cabeza revista Luis Caputo, y desestimando la relevancia del caso $Libra, o la pesquisa que llevará adelante el fiscal Eduardo Taiano? Los moralistas se plantarán de un lado y los realistas del otro.
Javier Milei —como cualquiera que estuviera en su lugar, fuese Raúl Alfonsín o Carlos Menem, Néstor Kirchner o Mauricio Macri— no pierde el tiempo en distinguir quién lleva razón, si los turnos o los troyanos. Debe gobernar un país y ha generado, con el hombre más poderoso del planeta, una relación muy especial. Difícilmente se encuentre, desandando nuestra historia, un vínculo como el que han tejido. Razón de más para que en el ánimo del libertario primase el interés nacional y no la ideología que había sostenido hasta poco tiempo atrás acerca de la invasión rusa a Ucrania. Es en este contexto que se entiende el cambio de rumbo. En diciembre de 2023, Zelenski fue invitado a la asunción del nuevo presidente argentino y el Palacio San Martín ordenó su política en defensa de la nación agredida. Hace pocas horas, la Argentina se alineó con Trump dando un giro en verdad copernicano en términos de nuestra política exterior. Realpolitik en estado puro.
Dejemos de lado la disputa bizantina sobre el fin y los medios, o de los idealistas y realistas. El análisis de la realidad nos lleva por otros rumbos. La balcanización de la política —a la que hacíamos referencia la semana pasada— se halla en el centro del escenario y en curso de los últimos días demostró hasta qué punto llegó para quedarse. Basta analizar con algún dete nimiento cómo se movieron los senadores a la hora de tratar la puesta en marcha de una comisión investigadora referente al caso $Libra para darse cuenta del rol relevante que —valga el ejemplo— desempeñaron los gobernadores. Antes de la votación parecía que el apoyo de la mayoría de los bloques a la iniciativa iba a prevalecer. Sin embargo, a la hora de la verdad hasta algunos que habían firmado el proyecto votaron en contra. En el entretiempo —por llamarle de alguna manera— la Casa Rosada movilizó a todos sus operadores a los efectos de que tomaran contacto con los mandatarios provinciales afines, y también con los aliados circunstanciales, con el cometido de que hicieran los deberes que correspondía. A buen entendedor…
Hubo un segundo episodio, con epicentro en la provincia de Buenos, que de ahora en más dará que hablar y cuyo final es incierto: la disputa que crece sin solución de continuidad y que tiene como contrincantes excluyentes a la mandamás del PJ, Cristina Fernández, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Que este último haya lanzado en las narices de la viuda de Kirchner una corriente interna dentro del justicialismo con la intención inequívoca de dirimir supremacías con la otrora todopoderosa dama de hierro, demuestra sin sombra de duda el nivel de antagonismo que ha ganado al movimiento creado por Juan Domingo Perón.
El anuncio de que una nueva rama —que lleva por nombre Derecho al Futuro— había nacido en el frondoso árbol justicialista, hizo que desde las tiendas del Instituto Patria le dispararan con munición gruesa. Aducen los acólitos de la Señora que el momento elegido por Kicillof no resulta el adecuado en razón de que divide a la tropa, a pocos meses de unas elecciones legislativas vitales para la suerte de los dos antagonistas. Chocolate por la noticia. Pero el gobernador piensa de otro modo. Su estrategia tiene poco que ver con la de Cristina Fernández. Por un lado, sus aspiraciones presidenciales chocan con la estrategia de aquélla. Por el otro, detrás suyo se alinean unos treinta intendentes del palo que lo impulsan para que haya un desdoblamiento de los comicios. Como quiera que sea, es difícil imaginar que las dos partes puedan sentarse a negociar. Si Kicillof decidiese desdoblar, ello significaría que se ha pintado la cara y se halla dispuesto a cruzar el Rubicón.
La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación no sorprendió a nadie medianamente informado. Era un secreto a voces que, si el presidente no lograba que sus dos candidatos pasaran el filtro del Senado, él se encargaría de convertirlos en ministros del tribunal supremo por otro medio. En vano se levantarán argumentos para probar la inconstitucionalidad de la decisión. La Carta Magna es clara al respecto y faculta al jefe del estado a proceder como lo ha hecho. Por supuesto, sujeto a que el hoy juez federal renuncie antes de que tomen juramento, y que ninguno de los dos permanezca en su cargo más allá del fin de las sesiones ordinarias del presente año.
Es un verdadero misterio el motivo del empeño del primer magistrado de nombrar a un sinvergüenza, con los peores antecedentes que pudieran imaginarse, en un puesto de tamaña relevancia. Sobran juristas de nota —semejantes a García Mansilla— que no fueron tenidos en cuenta. Fracasada la operación urdida por Ricardo Lorenzetti para hacerse con el control de la Corte, lo lógico hubiera sido —si Milei deseaba apelar al decreto— que designase, junto al decano de la Universidad Austral, a una personalidad descollante de la judicatura argentina. En cambio, como para demostrar que no da su brazo a torcer, se inclinó por un indeseable aduciendo que la Corte no puede funcionar con sólo tres integrantes, lo cual es falso.
La jugada es una nueva chapucería del líder libertario. Tendrá que hacerse cargo de las críticas que generará el impresentable de Lijo y no conseguirá, si es que ese resultado era su propósito, que Lorenzetti retome el timón de la Corte. Incomprensible por donde se lo analice.
02/03/2025 a las 11:14 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Estafa $Libra: nuevas denuncias de coimas y el manto de impunidad sobre Milei
Sofía Hart
Prensa Obrera
28/2/025
Se van sumando nuevos testimonios de empresarios que afirman haber recibido pedidos de coimas por parte del entorno de Javier Milei como requisito para entrevistarse con el presidente. Mientras tanto, la Justicia argentina no avanza un ápice en su investigación sobre la estafa de $Libra, como suele ocurrir cuando los imputados son quienes detentan el poder.
Una investigación periodística a cargo del New York Times reveló que Mauricio Novelli, quien ofició de enlace local entre Milei y Hayden Davis -el creador de $Libra-, le habría pedido a diferentes empresarios criptos coimas de entre U$S 50 mil y U$S 500 mil a cambio de conseguirles una reunión con el presidente. El periódico estadounidense afirma haber recibido esa información de parte de cuatro fuentes distintas.
No es la primera vez que el gobierno y sus allegados son objeto de este tipo de acusaciones. Cuando se destapó el $Libra-gate, el fundador de la plataforma cripto Cardano, Charles Hoskinson, ya había declarado públicamente que personas cercanas a Milei le pidieron coimas para reunirse con él. Luego salieron a la luz los chats donde el propio Hayden Davis se ufanaba de ejercer control sobre el presidente argentino a través de enviarle dinero a su hermana. A su vez, Diógenes Casares, cofundador de Stream Finance, sostuvo que un alto funcionario del gobierno recibió un soborno de U$S 5 millones por la promoción presidencial de $Libra.
Como vemos, la imputación a Milei por tráfico de influencias está más que fundamentada. A esto se suman los dichos del padre de Hayden Davis, Gideon Davis, sobre que el líder libertario habría firmado un acuerdo secreto con la plataforma cripto Cube Exchange para que la compañía le preste sus servicios al Estado argentino, sin que mediara licitación previa. De hecho, el CEO de la firma, Bartosz Lipiński, estuvo en la Casa Rosada en julio del año pasado, junto con Terrones Godoy, Mauricio Novelli (ambos dueños de Tech Forum) y Hayden Davis.
A pesar de la magnitud de la estafa, catalogada por la revista Forbes como «el robo cripto más grande de la historia», y de las numerosas pruebas que incriminan al oficialismo, la investigación a cargo del fiscal Taiano y la jueza Servini no ha mostrado avances. Todos los indicios conducen a que fue en la Casa Rosada donde se tejió el negocio, sin embargo, no se ordenó ningún allanamiento a sus oficinas ni se secuestraron los teléfonos celulares de los implicados. Mientras tanto, los insiders que se quedaron con las ganancias de $Libra ya están moviendo el dinero recaudado para proceder a lavarlo: se registró que una de las billeteras virtuales pasó U$S 4,5 millones a una segunda cuenta, y esta a su vez transfirió a una tercera.
La impunidad de los poderosos salta a la vista, como así también el salvataje del conjunto de la clase capitalista, su Justicia y sus partidos al gobierno de Milei. El Senado bloqueó la conformación de una comisión investigadora, en su lugar, habrá una autoinvestigación impulsada por el Ejecutivo a cargo de Florencia Zicavo, la jefa de asesores del Ministerio de Justicia, dependiente de Mariano Cúneo Libarona, a quien el presidente pensaba designar como abogado defensor. Una burla por donde se lo mire.
El operativo de encubrimiento se completa con el nombramiento vía DNU de Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema. El magistrado cuenta con el antecedente de haber recibido en su juzgado de Comodoro Py, en el año 2022, la causa por otra estafa cripto perpetrada por la empresa Coin X. A pesar de que Javier Milei, en ese entonces diputado, había promocionado ese activo digital, Lijo se negó a investigarlo.
Esta runfla de estafadores y coimeros no puede seguir gobernando. Fuera Milei, juicio político ya.
02/03/2025 a las 11:20 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Acelerando en una curva cerrada
Mónica Gutiérrez
Infobae
01 de Marzo, 2025
El brutal crimen de una nena que dejó a medio país en carne viva vino a aplacar las reverberaciones del caso Lijo. También corrió del prime time mediático el escándalo cripto.
Milei respira. No hay mal que por bien no venga.
El cuerpito inerme de Kim fue arrastrado por cuenta y orden de sus asesinos, tan marginales como menores, y luego maltratado por la política que volvió a echar mano al viejo método de usar la conmoción social para salir de pesca con el mediomundo electoral.
Cero empatía. Es tiempo de callar. Es tiempo de duelo y recogimiento. Es tiempo para reflexionar, tiempo para reconocer que todo se hizo mal y que no basta con bajar la edad de la imputabilidad para cerrar el paso de una delincuencia cada día más brutal y disociada de toda posibilidad de registrar al otro.
Ni Kicillof es un asesino, ni Milei quien vendrá a proteger a los niños de todos los males, interviniendo la provincia de Buenos Aires. Los muertos no se cuentan por jurisdicciones. El gobernador es el responsable de velar por la vida y seguridad de más del 38% de los argentinos que componen el padrón electoral que lo llevó legítimamente al poder y Javier Milei es el Presidente de la Nación y debe gobernar para todos y con todos. Para eso fueron votados y deben deponer sus egos políticos, sus cálculos de coyuntura para parar este horror.
Revolear declaraciones grandilocuentes y culparse el uno con el otro los exhibe en su peor versión.
La emergencia de seguridad en la que vivimos desde hace más de dos décadas reconoce múltiples causas. Hay que tomar el toro por las astas. Hay que detener, hay que juzgar, hay que condenar y hay que garantizar el cumplimiento de la condena.
Ningún niño que sale y mata puede volver a casa, no hay padre, madre ni familia alguna que pueda contenerlos y asegurar que no volverán a matar. Es imperativo y urgente cerrarles la posibilidad de reincidir. Pero no es solo bajando la edad de la imputabilidad que se va a evitar que otro chico salga a matar.
En las últimas horas dos nombres se sumaron a la lista de la tragedia, Silvia Lepez de 55 años, asesinada en un intento de robo en Vicente López, y Lucas Díaz de 21 años a quien una bala lo atravesó cuando intentaba proteger a su bebé y su novia mientras caminaban por el barrio. En este último caso los agresores fueron detenidos y serían parte de una banda organizada.
Los menores asesinos no andan con el Código Penal bajo el brazo y los que los mandan a robar o narcomenudear tampoco. No les importa. Tiene poco para perder.
Todos queremos justicia. Pero no hay soluciones en el corto plazo. Los niños asesinos son hijos de esta sociedad que está enferma, fueron paridos por políticas públicas populistas y prebendarias, por corrupción e impunidad, por años de politiquería barata. Los ya adultos que roban y matan, también.
La pobreza no es marginalidad. Pero la marginalidad es el sitio en el que se guarecen los que no visualizan ninguna salida porque nacieron y crecen en un contexto de degradación social.
Generar condiciones de vida, alimentar perspectiva de futuro, promover un sentido a la vida propia y la de los demás, escaparle a la trampa del individualismo a ultranza, del sálvese quien pueda, es una tarea urgente.
Bajar el nivel de beligerancia y confrontación en la conversación pública para intentar una sociedad más compasiva es obligación de todos pero muy especialmente de aquellos a los que la sociedad les otorga poder con el voto.
En lo inmediato solo queda detener a los que matan, tengan la edad que tengan, y evitar que vuelvan a matar, pero con la plena conciencia de que otros tomarán la posta mañana mismo si no se resuelven otras cuestiones centrales: el avance del narco, la más importante.
La imposición de políticas públicas sin verdaderos consensos, a fuerza de intimidación y prepotencia solo asegura más inestabilidad y conflicto. Los cambios obtenidos a las patadas son volátiles y solo podrán sostenerse mientras dure el poder de turno.
El pedido de renuncia al gobernador Axel Kicillof es una patoteada y la intervención de la Provincia no corresponde. Que el Gobierno reciba el apoyo de mayorías que celebran la baja de la inflación y sobrellevan con absoluta dignidad el ajuste fiscal no habilita al Presidente a ejercer el poder de mano propia. El voto no es un cheque en blanco. El sistema impone límites.
Mientras todo esto pasa, el caso de la cripto $Libra sigue sumando detalles que quitan verosimilitud a las coartadas del presidente anarcocapitalista.
The New York Times publicó una investigación que da cuenta de que el consultor Mauricio Novelli, la persona que acercó a Hayden Mark Davis a Javier Milei y organizador del Argentina Tech Forum cobró a empresarios hasta U$D 50.000 por un meet and greet con Milei. Las fuentes consultadas dijeron que quienes pagaron debieron conformarse con una foto grupal.
El prestigioso diario newyorkino también da cuenta haber escuchado un audio de Davis, el creador de $Libra ahora en la mira de la Justicia, aseguraba de tener control sobre Javier Milei. Todo muy grave.
La aparición de un video de Manuel Terrones Godoy, socio de Mauricio Novelli, aporta una explicación verosímil pero inquietante para tratar de encuadrar el affaire de las memecoins.
Según el cripto emprendedor, “Trump no va a ser el único presidente ni el único político que tenga su token porque tenerlo le permitió a Trump disponer del poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia”. La grabación se subió a Youtube un mes antes del lanzamiento de $Libra.
Para Terrones Godoy, “los políticos le roban al Estado para hacer política. Con esto no hace falta y hasta es más transparente”.
Milei embiste contra Kicillof en un contexto de extrema sensibilidad social que le juega a favor. Nadie espera que afloje en su arremetida contra el gobernador kirchnerista.
Atiende al urgente reclamo de seguridad y a un tiempo corre el eje de la atención del más grave escándalo que le ha tocado protagonizar a poco más de un año de llegar al Gobierno.
02/03/2025 a las 11:23 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La batalla por la inseguridad,
una pésima señal política
Eduardo Aulicino
Infobae
01 Mar, 2025
El caso de Kim Gómez, la chiquita asesinada en La Plata, conmueve a la sociedad y sacude el tablero político. No es los mismo: de un lado hay impotencia y del otro, pelea en lugar de respuestas. El cruce entre Javier Milei y Axel Kicillof, cargado de adjetivos y desmesuras, no da ninguna pista de intentos para modificar el cuadro de violencia y, además, es una pésima señal del nivel de la disputa en el arranque del año político/electoral. Agrega combustible en la antesala del discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa, en una escalada que enfrenta espacios políticos, expone máxima tensión entre el Gobierno y la principal provincia del país y, en el reparto de cargas, termina apuntando también al Congreso y la Justicia.
Desde hace meses, el tema de la inseguridad -con foco en el GBA- venía creciendo otra vez por su repercusión, no como novedad, aunque en el análisis del circuito político no ocupaba las primeras líneas de la agenda. Sin embargo, el registro mostraba entre otros elementos el reclamo porteño sobre la sucesión de policías de la Ciudad atacados en episodios de robo: eso mismo podía agregarse como advertencia acerca de la magnitud del problema general, porque los policías deben denunciar los casos más allá de las consecuencias o del impacto público y, es sabido, mucha gente lo evita si no es grave, por cansancio y falta de resultados, además de temores.
Eso mismo -la falta de resultados- está asociado a experiencias personales pero extendidas en la sociedad y, a su vez, a un mensaje circular e inquietante que se repite cuando el tema crece. Desde el poder político se señala a la Justicia por la lentitud y por la “puerta giratoria” -a su manera, acaba de hacerlo Kicillof- y en medios judiciales suele cuestionarse la falta de recursos -no sólo presupuestarios- y se apunta al Congreso por la carencia de legislación adecuada, algo que no se resume en la edad de imputabilidad y que acaba de exponer el trámite sobre la ley de reiterancia y reincidencia.
Las encuestas que circulaban hasta hace unos días ratifican que la inseguridad siempre ocupa renglones destacados entre las preocupaciones sociales, aunque por momentos relegada frente a cuestiones económicas. Pero son fotos de momentos, a veces demasiado consideradas en los escritorios políticos. Es probable que los sondeos que se realizan en estas horas adviertan sobre la dimensión del problema. Se verá por cuánto tiempo, medido eso por las reacciones en el prematuro clima de campaña.
En sus primeros descargos frente al caso de Kim Gómez, y las protestas en La Plata, Kicillof buscó cubrirse con una fórmula repetida: descargó la responsabilidad en el Gobierno nacional -por falta de acción y de recursos-, habló de acciones a cargo de infiltrados en las reacciones callejeras más violentas y sugirió operaciones desestabilizantes en contra de su gestión. Fue en busca del ruido político y la confrontación directa con Olivos, al punto de plantear como desafío o chicana la posibilidad de diálogo con el Presidente para buscar una respuesta compartida al drama de la inseguridad.
La respuesta presidencial no ahorró nada en la misma línea, a tono además con el repetido estilo tuitero que coloca todo en términos de grieta. También dijo que es imposible el diálogo por una cuestión de diferentes concepciones, rudimentariamente ideológicas. Ese dato es central: frente a lo que algunos, en sus propias filas, definen como crisis de seguridad, el mensaje a la sociedad es que no hay margen ni intención de buscar puntos mínimos de coincidencias, operativas para empezar.
Eso mismo habría sido lo más alarmante sino hubiera añadido el desafío de la intervención federal de la provincia -y la renuncia del gobernador- como camino para resolver rápidamente -habló de un año de plazo- el enorme y complejo cuadro de la seguridad. Eso último, le dio mayor categoría de discurso de campaña a una consigna que, de todos modos, no deja de generar inquietud por lo que expresa en materia institucional.
Está claro, después de la reforma de la Constitución en el 94, que una medida de esa naturaleza depende finalmente del Congreso. No es ese el escenario que podría imaginar siquiera Olivos. Pero, en todo caso, el sólo hecho de plantearlo resulta grave: como advertencia con algún grado de intención cierta o como simple chicana.
Por supuesto, las cargas cruzadas entre Milei y Kicillof traducen movimientos que superan la cuestión de la inseguridad. Resulta evidente que el gabinete libertario viene apuntando a jugar en la interna kirchnerista, es decir, no sólo a trabajar sobre gobernadores peronistas para quebrar o fisurar a los bloques de UxP en el Congreso. Colocar la mira en el gobernador bonaerense descoloca a Cristina Fernández de Kirchner, que por momentos sube la intensidad de sus tuits para tratar de mantenerse como extremo excluyente en el esquema de polarización del oficialismo.
La reacción del peronismo frente al disparate de la intervención federal ofrece por eso mismo al menos dos lecturas, además de la razonable condena dentro y fuera del PJ. La primera refiere al grado de “unidad” expresado en la respuesta a Milei. Y la segunda registra que Kicillof ocupa por primera vez el centro en la interna nacional. Se trata, claro, de un episodio que no distiende el cuadro doméstico, cuyo trazo más potente aún no está definido: las elecciones en la provincia, desdobladas o no.
El rechazo y condena a los dichos presidenciales colocó en la misma línea al sector que viene armando Kicillof, a CFK y Máximo Kirchner -con declaraciones del PJ nacional y bonaerense-, y a Sergio Massa y su espacio, además de trascender a los bloques nacionales, cuya unidad quedó dañada en las recientes sesiones extraordinarias. En todo caso, la reacción confirma lo ocurrido en el Congreso: el peronismo/kirchnerismo se unifica frente a ofensivas duras del oficialismo. Al revés, expone matices y hasta fisuras cuando el Gobierno negocia temas con los jefes provinciales. En ningún caso, eso significa mecánicamente cambios de liderazgos.
En el final de una semana tensa, que ya había anotado el decreto presidencial sobre la Corte y expone estribaciones del criptogate, Kicillof se encargó de colocar en el lugar del discurso de oportunidad los pronunciamientos con énfasis institucional. Decidió escalar en la confrontación: dijo que impulsará una denuncia penal y acusó a Milei como “el principal responsable del narcotráfico” en el país. En conjunto, un contrapunto de dudoso beneficio para cada vereda, un juego patético.
06/03/2025 a las 1:29 AM
Demasiadas disquisiciones de observadores muy informados.
La realidad es que todos los politicos, los periodistas, salvo alguna excepción, son los autores de la degradación y caos material y moral de la Argentina y nadie ofrece un programa de gobierno que vuelva a piner de pie la república caida.
La decadencia y la pobreza no tendrán fin.
No hay salidas potables para Argentina que no está siquiera en terapia intensiva.