Por Carlos Marcelo Pintos.-

Consultado por el periodismo, un candidato a legislador de un nuevo partido respecto de qué leyes impulsaría al llegar al Congreso, para sorpresa del entrevistador, el candidato manifestó: “En la Argentina sobran leyes; yo voy por la derogación de muchas de ellas”.

Sin salir de la sorpresa, el periodista inquirió por cuál de ellas empezaría, a lo que el novel político enfatizó: “Por la Ley de Alquileres”.

A esta altura de las circunstancias, y en vista los daños ocasionados en el mercado de locaciones, una inmensa mayoría de los actores del sector (propietarios, inquilinos y corredores inmobiliarios) no dudan que la Ley 27.551, sancionada en julio del 2020, trajo más dolores de cabeza que alivios a la ya desacertadas políticas habitacionales de la última década (aunque el problema viene de mucho más atrás y ya se encarrila a la endemia estructural).

Los cantos de sirena de la “regulación estatal” sedujeron al variopinto colectivo político y, por unanimidad, los legisladores dieron curso a una ley que desde muchos sectores fue cuestionada.

Las voces de propietarios y de los corredores inmobiliarios fueron desoídas; sus advertencias soslayadas, y cual gol de Messi, primero diputados y luego los senadores, aclamaron a viva voz la aprobación de una ley que traería razonabilidad a las locaciones habitacionales, en una demostración más de lo alejados de la realidad que vive la clase política y su falta de “calle” en los asuntos cotidianos.

Sin dudas el problema habitacional en la Argentina es acuciante, un universo de cientos de miles de familias no tienen acceso a una vivienda digna o no reúnen los requisitos para tomar créditos hipotecarios (cuando la banca los disponía) y, entre el crecimiento vegetativo de la población, más los desplazamientos por razones laborales o de estudios, la exigencia de una oferta acorde y adecuada para poder, al menos, arrendar un techo que los cobije, un mentado “Estado presente” se encargó de desbaratar lo poco ordenado que estaba el sector.

Tres años han pasado de la “ley Lipovetzky” -tal el apellido del legislador de Cambiemos que tuvo la “genial” idea-, y los resultados caen por su peso:

a) Retracción de la oferta (disminuida al día de hoy a un 35 % de lo habitual).

b) Suba astronómica de los valores de locación (por la retracción de la oferta, por la incertidumbre inflacionaria y por la aplicación del índice de actualización anual).

c) Bajo nivel de construcción de nuevas unidades habitacionales por el efecto la pandemia, el alto control de la divisa norteamericana, la aceleración inflacionaria y, colateralmente, por los alcances de la ley referida.

Esta ley nació para dañar. Y a pesar que se viene discutiendo su modificación o su derogación, ninguna de las dos alternativas se pudo tratar, sino hasta hace unos días atrás, que la “oposición” (que prohijó la ley cuestionada) logró quorum parlamentario en diputados y, pese a la oposición del oficialismo, obtuvo aprobación de unos retoques cosméticos de la norma. Pasó a Senadores.

En la Cámara Alta, como no podía ser de otra manera, y a pesar que el oficialismo ya no posee la mayoría para oponerse, tampoco se logran acuerdos siquiera para tratarla. El juego de “me das esto y yo te doy lo otro” cobró vigencia inocultable. A los legisladores, realmente no les importa la gente que alquila (ni los inquilinos ni los propietarios).

Hay quienes se conforman con un “retoque” de la ley, otros que quede igual y, uno poquísimos, que se derogue. No se sabe si lo que se quiere es tirar esta “papa caliente” a los legisladores del período que viene (muchos de estos seguirán en sus bancas) y lavarse las manos como Pilato.

Quienes están expectantes de esta Ley, no saben qué sucederá. Si, en el caso de lograr los cambios (reducción a dos años de vigencia contractual, ajuste del valor de la locación cada cuatro meses, elegir el índice más conveniente para las partes y modificar las obligaciones fiscales) realmente resolverá la situación que impera o si solo será una movida “gatopardista” -que cambie y todo siga igual- o agravará la situación del mercado locativo.

Los ciudadanos -inquilinos o propietarios o ninguna de las dos posiciones- deberemos hacernos oír ante la negligencia de nuestros representantes en la legislatura, y exigirles una postura clara e inequívoca sobre este asunto, que es de importancia social insoslayable, so pena de expresar nuestro descontento en las urnas, como único camino popular para hacer notoria la voz del soberano.

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