Por José Luis Milia.-

“No hay contra el desleal seguro puerto, ni enemigo mayor que el encubierto”. Alonso de Ercilla y Zúñiga.

En Argentina no existe una política de derechos humanos que se pueda considerar de alcance universal. Aunque la socialdemocracia europea alabe lo que se ha hecho en el país desde 1983; aunque los Honorables Comunes del Reino Unido de vez en cuando se lancen a pronunciar discursos ensalzando los logros “humanos” alcanzados por los políticos “criollos”, y aunque los obispos católicos argentinos se hagan los distraídos día tras día, la política de derechos humanos en Argentina es una falacia. Cada alabanza es un eco vacío, cada discurso, una mascarada. La realidad, cruda y palpable, desenmascara la hipocresía de aquellos que pretenden erigirse en paladines de la justicia y la equidad.

Nadie, salvo que sea un canalla, puede ignorar que la necesidad de llevar a cabo esta política vino de afuera y tiene como fecha de nacimiento el 2 de abril de 1982, día en que, más allá de las causas que lo provocaron, Argentina generó un estado de conmoción internacional en lo que se consideraba una zona de “propiedad” británica: el Atlántico Sur.

Fuera del hecho que el Reino Unido ganara la batalla de Malvinas, los setenta días de combates, no sólo significaron para ellos un desastre bélico, sino también económico, esto hizo que la corona británica tomara las medidas necesarias para que, siguiendo la añeja tradición inglesa de comprar traidores, esto no volviera a suceder.

Ni bien asumió Alfonsín la presidencia, firmó el Decreto Nro. 158/83. Bien dice el Gral. Auel que “con ese Decreto se inicia el ‘drama estratégico’ argentino, que aún perdura” (1), a lo que cabe agregar que traería, años después, como correlato, las infames persecuciones que a partir de 2003 y hasta hoy, un matrimonio de ladrones implementó, con el único objetivo de ganarse el aplauso de la despreciable izquierda argentina y que, junto con el beneplácito imbécil del radicalismo y la Coalición Cívica, les permitieran robar tranquilos.

Sólo había un objetivo inicial en este decreto: abrir el camino a las intenciones británicas de desarmar a la Argentina. Al “padre de la democracia” -como aún lo llaman algunos retrasados mentales nostálgicos de caudillaje y comité- no le importó nada saber que con este decreto le daba uso de papel higiénico a la página de la Constitución Nacional donde está escrito el Artículo 18 -base del estado de derecho de la república- y que, operando contra las Fuerzas Armadas Argentinas, ponía de rodillas al país. La orden recibida era sumaria y se debía cumplir.

Lo que vino inmediatamente después no fue mejor. La presidencia de Menem abortó el proyecto Condor y terminó firmando el tratado de Madrid con el reino Unido, tratado que, iniciado por el canciller Caputo, confirmaba la capitulación argentina.

Como remate de esos tiempos de políticas infames y quizás porque el único país de la América Española que nos apoyó en Malvinas, fue Perú -no sólo de palabra, sino con aviones y recursos- el gobierno de Menem y su jefe de estado mayor, contrabandearon armas a Ecuador para que este país las usara en la guerra contra quienes, sin pedirnos nada, se pusieron a nuestra disposición en las duras horas de 1982.

Es hora de que nos saquemos la careta, nunca ha existido en Argentina esa tan cacareada política de derechos humanos, por más que un ex terrorista montonero, devenido en juez de la CSJ, haya dicho que ese engendro era una política de estado. Esa aberración jurídica e inconstitucional, pergeñada en una vieja universidad británica (2), sólo ha servido para perseguir, difamar y asesinar (3).

Nada ha cambiado en Argentina. Aunque lo nieguen, la desmalvinización sigue en marcha y aquellos que pusieron el pecho en una guerra que al ganarla nos salvó de ser Cuba -guerra que sólo la política rastrera y falsa niega- siguen muriendo en cautiverio; aunque cada tantos años algún mentiroso escriba en el casillero espurio de las campañas políticas que “se va a acabar con el curro de los derechos humanos”. Con dolor hemos aprendido que esto no es otra cosa que “fulbito pa’ la tribuna”.

Después de años de traición, venganza, persecución y muerte, justificados por esta política ruin, hablar de derechos humanos en Argentina es, cuanto menos, hacer referencia a una anomalía ética sin precedentes. Por eso prefiero llamarla la política de los desechos humanos, sabiendo que el término “desechos humanos” alude, simplemente, a excrementos. Así, se precisa de manera exacta la catadura moral de aquellos que -políticos, jueces y fiscales- la implementaron y ejecutaron, desde 1983 hasta hoy y también, por qué no, de aquellos que, pese a sus promesas, se hacen los distraídos.

(1) Gral. Heriberto Justo Auel “Vivimos el tercer acto de un drama estratégico”.

(2) Gral. Heriberto Justo Auel, ibídem.

(3) Al día de hoy, han muerto privados de libertad, 886 integrantes de las F.F.A.A. de las F.F.S.S. y civiles, condenados o en proceso, en los llamados juicios de lesa humanidad.

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