Por Carlos Tórtora.-

Ni bien asumida la presidencia, en diciembre del 2023 Javier Milei hizo uno de los primeros de sus muchos anuncios importantes: el congelamiento por decreto de los funcionarios nacionales desde el nivel de Director Nacional para arriba. La medida contribuyó a ensanchar significativamente la brecha existente entre los salarios de la administración pública y los de la actividad privada. Recién el 2 de este mes, un nuevo decreto dejó sin efecto el congelamiento y los sueldos de los funcionarios aumentaron un 123%.

Ahora bien, la Fiscalía Federal, cuyo titular es Gerardo Pollicita, dejó trascender en las últimas horas las cifras estimativas de gastos mensuales realizados por Manuel Adorni, en el marco de la investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito. Se trata de gastos que oscilan entre 18.000 y 20.000 dólares mensuales, aproximadamente cinco veces más que sus ingresos, primero como vocero presidencial y luego como jefe de gabinete.

Al compás de estos números empezó a instalarse la presunción de que en este caso, además de ingresos producidos por negociaciones incompatibles con la función pública, Adorni habría recibido un importante sobresueldo, al igual que la totalidad de los funcionarios de alto nivel.

Varios periodistas les preguntaron días atrás a Adorni y Luis Caputo si recibían sobresueldos y ninguno lo negó explícitamente. El procedimiento de los sobresueldos no tiene nada de nuevo y consiste en la asignación de partidas de fondos reservados a la Jefatura de Gabinete y la SIDE para el pago a cada funcionario de una suma mensual destinada a compensar la inferioridad de los sueldos públicos con relación a los privados.

De Menem a Milei

Entre los múltiples procesamientos que debió enfrentar, Carlos Menem sólo tuvo dos sentencias confirmadas en segunda instancia; la venta irregular de terrenos de la Sociedad Rural y los sobresueldos en la administración pública.

En el 2015, el Tribunal Oral Federal 4 condenó a Menem a cuatro años y medio de prisión por el delito de peculado, por haber instaurado un sistema de pagos ilegales financiado con fondos reservados de la SIDE. Los principales argumentos de los jueces fueron los siguientes: el sistema fue clandestino y desvió fondos públicos hacia el patrimonio de funcionarios de alto rango. En segundo lugar, se usaron indebidamente fondos reservados destinados a tareas de inteligencia para realizar compensaciones salariales. Tercero, Menem fue considerado el autor penalmente responsable por haber habilitado y mantenido este esquema desde la cúspide del Poder Ejecutivo. Cuarto, se optó por un método oculto para evitar el costo político de aumentar los sueldos por las vías legales. Como se advierte, de comprobarse lo que parece obvio, que este gobierno instaló el show mediático del congelamiento de sueldos mientras pagaba sobresueldos, Milei se encontraría entonces en la misma situación penal que Menem. Esto con el agravante de que la condena a este último sentó jurisprudencia.

Por su parte, en el referido juicio, los defensores de Menem argumentaron que el pago de sobresueldos con fondos reservados era una práctica histórica de los gobiernos. También dijeron que se había procedido siguiendo la normativa, ya que los fondos reservados no tienen una rendición estricta y además que no existía dolo alguno en la operatoria realizada. En el eventual caso de que en el futuro Milei resultara imputado por peculado, no podría esgrimir estos razonamientos. Cuando asumió, aseguró que iba a terminar con los privilegios en la función pública. Sostuvo también que iba a eliminar los fondos reservados de la SIDE y acabó multiplicándolos.

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