Documentos secretos…

Entre los «documentos desclasificados relacionados con los abusos en materia de derechos humanos en la Argentina durante la dictadura» ¿figurarán los relacionados con la conducta de inmundos y cobardes terroristas como los que asesinaron impunemente a reclutas y oficiales el 5/10/75 del Regimiento de Infantería de Monte en Formosa? Es sólo un ejemplo entre miles. ¿Acaso servirán ésos papeles estadounidenses para revertir el burdo verso de «lesa humanidad» y para que los jueces juzguen en nivel de igualdad a quienes cometieron idénticas conductas delictivas, prescindiendo de «ideales» que postulen y cacareen?

Se perdió un artículo de la Constitución!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Siempre se ha sostenido que los argentinos somos súper inteligentes, al punto de lograr con un alambre y un destornillador, que un motor engranado funcione, por más complicado que sea. Y así sucede en la Argentina en todos los ámbitos. Lamentablemente ha llegado al ámbito institucional, contando con la inercia de la “complicidad” de la ciudadanía, quien por ignorancia y comodidad, más por lo primero, no alcanza a advertir la gravedad del acto que narraremos a continuación. Un acto que, confrontado con la inolvidable “Mano de Dios de Maradona” es aún más inmoral, más ilícito y un acto representativo de la “viveza criolla”.
Recordemos el popular dicho: “Dios no quiere cosas sucias”. Así opinaremos cuando leamos lo que a continuación se relata tal cual lo leí:
“Si se caía ese artículo, se caía toda la reforma”, dice Delia Ferreira Rubio, miembro de Fundación Centro de Estudios para Políticas Públicas Aplicadas (CEPPA) durante la Asamblea Constituyente y quien descubriera, a pocos días de jurada la Constitución de 1994, que en la nueva Carta Magna no había sido incluido uno de los artículos clave negociados en el Pacto de Olivos por el presidente Carlos Menem y el ex presidente Raúl Alfonsín.
Ese artículo exigía la aprobación de la mayoría absoluta del total de los miembros de las Cámaras para cualquier proyecto de ley que modificara el régimen electoral y de partidos políticos. Durante algunos días, esa ausencia puso en peligro la totalidad de la reforma. “El Núcleo de Coincidencias Básicas (del Pacto de Olivos) decía claramente que si no se aprobaba todo lo que se había negociado en el Pacto, todo era nulo. Por eso se trabajó mucho para salvar el artículo”, dice Ferreira Rubio.
Después del Pacto de Olivos, realizado en noviembre de 1993, se aprobó una ley que fijaba cuáles serían los puntos que no podrían modificarse durante la Asamblea Constituyente. Luego de pasar por distintas comisiones, el 22 de agosto de 1994, la Convención votó el texto constitucional, que dos días después se publicaría en el Boletín Oficial. Concluido todo el proceso, Ferreira Rubio armó un cuadro conceptual con los artículos publicados en el Boletín y detectó que había quedado “un agujero”: faltaba el artículo 68 bis.
“Pensé que me había equivocado o que había tirado a la basura el artículo. Volví a revisar todo y realmente no estaba”, recuerda. Tres días más tarde, Ferreira Rubio y Matteo Goretti, investigador de la Universidad Di Tella, se acercaron a una cronista parlamentaria para informarle lo que había sucedido.
“Cuando salió la nota se armó un gran alboroto, todo el mundo se echaba la culpa entre sí”, dice la periodista Graciela Guadalupe, autora del artículo “Se perdió un artículo de la Constitución”, que el diario La Nación puso en tapa el 1º de septiembre de 1994. Según Guadalupe, el ministro del Interior de entonces, Carlos Corach, “sabía del caso y no lo había querido reconocer”, aunque luego de publicada la información “tuvo que admitirlo» porque «era negar lo innegable”.
Sobre las hipótesis que se barajaban, recuerda Ferreira Rubio, una era que el justicialismo había borrado el artículo 68 bis porque podía trabar futuras leyes. Otra hipótesis planteaba que la desaparición del artículo había sido acordada entre los miembros de la comisión redactora de la Asamblea Constituyente. Ferreira Rubio dice haber hablado con Antonio Hernández, constituyente radical y miembro de esa comisión, y que este le respondió que era un “error” que, entre tanto trabajo, “podía pasar”. “Así que no se supo bien qué es lo que había sucedido y no se sabe hasta el día de hoy”, dice.
Finalmente, el desaparecido 68 bis fue incorporado a la Constitución Nacional como el artículo 77, de Formación y Sanción de leyes, mediante la ley 24.430, aprobada el 10 de diciembre de 1994. Dicha ley explica que el 68 bis había sido “omitido” por “fallas técnicas” en la comisión redactora de la Asamblea Constituyente.
El abogado constitucionalista Gregorio Badeni, una de las fuentes consultadas en la nota de La Nación de 1994, sostiene 19 años después de la reforma que la ley 24.430 con la que se incorporó el artículo perdido a la Carta Magna “no tiene validez constitucional” porque una ley nacional no puede enmendar la Constitución.”

Este prestigioso constitucionalista, dio en el clavo. Hasta allí parecería una opinión de un distinguido docente universitario. Pero lo que no se informó sino al pasar, lo que no fue resaltado como debería serlo, es que habida cuenta tales conclusiones, las reformas sancionadas en 1994 son nulas, de nulidad absoluta.

En efecto, cuando los convencionales reformadores aceptaron ser eventualmente seleccionados para integrar las Convención Reformadora de la Constitución Nacional, conocían, qué duda cabe, que se les había encomendado una tarea singular la que llevaba consigo un cargo, no disponible.
No podrían encuadrar su conducta reformadora, sino en las condiciones impuestas por el Núcleo de Coincidencias Básicas conocido popularmente como “Pacto de Olivos”.
El citado Pacto disponía una sanción, para el caso de que una de las partes no diera cumplimiento a lo acordado. Como hemos señalado decía claramente, que si no se aprobaba todo lo que se había negociado en el Pacto, se nulificarían las reformas ipso facto. Se nos podrá argumentar que, recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los convencionales reformadores habrían gozado de absoluta y plena libertad para reformar la Carta Magna, al menos es lo que se desprende del fallo de la Corte dado a publicidad por los medios. Si no hubiera existido una previa convención que no autorizaba tal conducta, podría ser opinable, pero es el caso que no era posible apartarse del texto de la convención aludida. De hacerlo no existirían las “Coincidencias Básicas”.

Siguiendo a Badeni, quien apoya esta tesis nítida, clara, ostensible y que no admite postura contraria, tenemos que la reforma constitucional de 1994 es nula ya que creada la condición, surge como inmediata consecuencia la nulidad pactada. Todo no finaliza allí, ya que si se declarara por parte de algún juez la nulidad de las reformas, cual fruto del árbol venenoso tendríamos que los tratados internacionales relacionados con los derechos humanos, privilegiados a la fecha, se retrotraerían a la situación anterior, es decir, no tendrían categoría o jerarquía constitucional.

Las consecuencias serían las lógicas. ya que dadas determinadas condiciones, o nace un derecho o se extingue. En este último caso, veríamos renacer al instituto de la prescripción de la acción penal, que fuera dejada a un lado en innumerables ocasiones, con el pretexto de la jerarquización constitucional de Tratados Internacionales, lo que derivaba en la no aplicación de tal instituto en casos excepcionales.
Los 10 tratados internacionales sobre derechos humanos, citados en la reforma de 1994, como resultado, dejarán de tener jerarquía constitucional. Con las consecuencias jurídicas del caso, ya que en las causas seguidas a los militares, puede fácilmente introducirse esta cuestión, por ser de orden público. No debe olvidarse que esta controversia se relaciona directamente con la eventual prescripción de la acción que, como es sabido, al constituir una cuestión de orden público y que se produce de pleno derecho, debe ser declarada de oficio, por cualquier tribunal, en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo (doctrina de Fallos 186:289; 311:2205; 321:1409; 322:300 y 323:1785, entre muchos otros).
El fundamento común del instituto de la prescripción, independientemente del objeto al que aluda «de la acción o de la pena», es la inutilidad de la pena en el caso concreto, en los que el transcurso del tiempo entre el hecho y el juicio, o entre la condena y su ejecución, hace que la persona imputada no sea la misma, como así también que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia vivencial conflictiva, para pasar a ser un mero hecho histórico-anecdótico. En definitiva escapa a la vivencia de sus protagonistas y afectados. Si bien la excepción a la regla lo constituirían los delitos de lesa humanidad, en el caso de las causas militares, ya que se trataría de supuestos que no han dejado de ser vivenciados por la sociedad entera dada la magnitud y la significación que los atañe. Ello hace que no sólo permanezcan vigentes para las sociedades nacionales sino también para la comunidad internacional misma. En este sentido se ha dicho que «Tanto los ‘crímenes contra la humanidad’ como los tradicionalmente denominados ‘crímenes de guerra'» son delitos contra el «‘derecho de gentes’ que la comunidad mundial se ha comprometido a erradicar» (Fallos: 318:2148, voto de los jueces Nazareno y Moliné O’Connor).

La subordinación penal a la figura de delito de lesa humanidad, que encuentra apoyatura legal, en la Constitución Nacional con las reformas de 1994, habida cuenta lo señalado respecto a una eventual nulidad de tales reformas, desaparece como por encanto y nos obliga a volver al axioma de que las leyes penales disponen, en general, para el futuro.
Lo dicho encuentra sustento legal en el artículo 18 de la C.N. ¿Algún defensor se animará a articular la defensa aludida? Esperemos que así sea.

leite DECI LA VERDAD QUE SOS NAZI Y ADMIRADOR DE LA LIBERTADORA Y QUE ODIAS AL PUEBLO LATINOAMERICANO…. ESTAS GA-GA????