Por Luis Alejandro Rizzi.-
Decía un viejo editorial de “The Guardian” que “en el periodismo los comentarios son libres y los hechos son sagrados”.
La libertad de los comentarios no tiene que ver con lo correcto o lo equivocado, sino más bien con lo equívoco, con la buena fe de quien comenta.
Lo segundo, la sacralidad de los hechos, no tiene que ver con lo divino o lo sobrenatural, sino, como decía Ortega, “con las cosas”, que son como son.
Los periodistas, así me considero, más que abogado, en general informamos, comentamos sobre lo que les pasa “a los otros”, sea bueno o malo, hacemos crónicas de lo que pasa, no de lo que nos pasa.
Somos más bien observadores, por eso molestamos y “merecemos ser odiados”.
Sin embargo, en esta página leerán lo que me ocurrió a mí con la enfermedad mental de una de mis hijas.
Desde ya no lo cuento para generar compasión, gracias a Dios no la necesito, sino para que su divulgación sirva para evitar que a “los otros” les pase lo mismo que a mí.
Una de mis hijas tuvo un brote psicótico el pasado viernes 24 a partir de las siete de la tarde. y comenzó mi odisea y la de mi familia.
El primer obstáculo fue la ley 26657, que legisla sobre los derechos del “internado” como si el paciente pudiera ser juez de su enfermedad.
La persona internada tiene “derecho” para decidir “por sí misma el abandono de la internación”. ¿Se puede entender el disparate de este falso “derecho”?
La verdad, me cuesta entender a nuestros legisladores, esclavos de ideologías perimidas.
El artículo 34 del Código Penal legisla sobre la inimputabilidad, pero según la ley 26657, una persona inimputable puede disponer el cese de su internación.
Extremando el razonamiento un inimputable penalmente, tendría derecho para cesar su internación y cometer un delito del cual no podría ser juzgado.
Me refiero a internaciones por enfermedades mentales. La otra cuestión es la inversa, una persona inimputable tiene el derecho para negarse a una internación prescripta por personal médico.
En el caso de mi hija, el brote psicótico constituye un caso de “flagrancia” cuando la sintomatología es obvia, que exige una acción privada y pública amalgamada, en protección del propio paciente y de terceros.
En el caso de mi hija, se solicitó la intervención de su prepaga -OSDE- y concurrió una ambulancia con una médica psiquiatra que aconsejó su internación, coincidiendo con la prescripción del psiquiatra personal de mi hija, y desde luego la mía, su padre.
Desde luego, no es una decisión alegre, pero son esas decisiones que imponen el cariño y el amor filial
Llamamos también, por razones de urgencia, al SAME, pero primero concurrió un ejército policial compuesto por seis persona y dos autos patrulleros que pudieron comprobar de hecho el estado de mi hija pero se negaron a proceder. Negaron la sacralidad de la flagrancia y la necesaria “fuerza pública” para proteger a mi hija.
En un momento, a eso de las once de la noche, mi hija accedió a ser conducida en internación preventiva, pero durante el trayecto escapó de la ambulancia que la conducía al Centro Gallego para su evaluación clínica y psiquiátrica.
La ambulancia regresó al domicilio de mi hija y la médica psiquiatra actuando por OSDE aconsejó su internación.
Mi hija estuvo virtualmente desaparecida hasta el sábado, que se comunicó conmigo muy alterada.
El día lunes promovimos la acción de internación involuntaria y el juzgado, a las 13.44, notificó a OSDE mediante oficio su resolución que esencialmente disponía la internación.
El día lunes no se pudo localizar a mi hija; el día 28 concurrí al tribunal, donde se levantó un acta explicando la gravedad de la situación y que habían transcurrido 72 horas sin poder cumplir con su internación.
Para colmo, mi hija en la madrugada del 28 a las 3.30, concurrió al Hospital Rivadavia, porque consideraba que había sido envenenada, consecuencia de su paranoia, y fue derivada al
Hospital Fernández.
Lo grave es que ella llamó a una cuadrilla del Gobierno de la Ciudad que circulaba por el lugar atendiendo gente en situación de calle; mientras hablaba conmigo, explicó la situación su estado psíquico, la medición psiquiátrica que tenía prescripta pero el servicio público no sólo negó atención, sino que ni se preocupó en disponer que se la atendiera clínicamente para determinar su estado.
Se le fletó.
Escuché la conversación que mantuvo.
El gobierno prácticamente abandonó a una persona en un hospital que gestiona.
El martes 28 concurrí al Tribunal, como dije, y desde allí me dirigí a la comisaría 14, donde fui atendido por una señora, Cintia Berón, que me atendió con la displicencia propia de los burócratas que representaba Antonio Gasalla, y un mediocre inspector que me pedía “papeles” negándose a consulta la página web del poder judicial donde podía ver el expediente por el cual tramitaba la acción de internación involuntaria radicada por mí y por mi otra hija. Obvio, le suministré el número de expte. judicial “xx149/26”.
Les hice saber, con un dejo de ironía, que estábamos en la época de la informática y que los “papeles” ya no existían. Trump diría la vieja edad del papel, y su sirviente Javier Milei retuitearía con plena sensación de orgasmo.
Le exhibí a la funcionaria Cintia la resolución judicial y no entendía el texto y la parte donde se hablaba de “auxilio de la fuerza pública”, que se la tuve que hacer leer nuevamente.
Tuve la suerte del cambio de turno y los nuevos funcionarios que nos atendían se movilizaron.
Ahora el dolor de cabeza nos lo causó OSDE, que remitió una ambulancia de “Acudir” sin personal especializado en psiquiatría, pese a que su propia enviada anterior había aconsejado la internación.
Recibí a eso de las 16.30 un WhatsApp que me informaba que la psiquiatra llegaría “en las próximas horas” (sic), en tanto mi hija estaba en pésimo estado de salud y esposada.
Finalmente, el médico psiquiatra, pese a los reiterados llamados a OSDE y la afirmación en uno de las 17.33 que la psiquiatra (Dra. Gómez) llegaría en 30 minutos, según me dijo el personal de la ambulancia avisó que no concurriría dando una orden que le aplicaran alguna medicina que la dopara y que la trasladaran al Centro Gallego.
Deplorable lo de OSDE y la desaprensión de parte del personal de la comisaría 14 A vecinal del turno mañana.
Esta odisea se prolongó desde las 19 horas del día 24 hasta las seis de la tarde del 28.
Esa es la Argentina de todos los días gobernada por funcionarios incultos que conforman esta nueva barbarie del Excel, que creen que todo empieza y a acaba con el superávit fiscal.
Estamos gobernados por “bárbaros”.
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