Por Carlos Tórtora.-

El gobierno tantea ahora cómo funciona su espectro de alianzas en el Congreso con el envío de los proyectos de ley de salud mental y fraude de pensiones de invalidez. Su carta fuerte, la supresión de las PASO, no la juega el oficialismo, porque los sondeos realizados con los gobernadores aliados están arrojando resultados alarmantes.

La casi totalidad de los mandatarios provinciales, más el PRO y la UCR, se resisten a suprimir las PASO, porque saben que es muy probable que las necesiten como alternativa para evitar crisis internas, ya que la casi totalidad de los partidos sufren fuertes enfrentamientos internos, en parte como consecuencia del avance de Javier Milei.

Tampoco cosechan adhesiones otros capítulos de la reforma electoral en ciernes, como el casillero de lista completa en la Boleta Única, la reducción del financiamiento estatal a los partidos y el aumento de los requisitos para su constitución y mantenimiento.

Tanto Diego Santilli como Martín Menem y Patricia Bullrich, operadores de la reforma electoral, sospecharían que lo que en realidad buscarían los socios de LLA en el Congreso es darle largas al asunto y que la reforma llegue a fin de año sin sanción. A partir de entonces, el tema sería inviable, porque hay consenso en que no se deben alterar las reglas de juego electorales en un año electoral.

Cero credibilidad

El caso es que las habituales ofertas de ayuda económica, en este caso a las provincias que respalden la reforma electoral, estarían teniendo escaso éxito. Es que los políticos se vuelven esquivos cuando, como en este caso, lo que está en juego no son intereses de terceros sino su propia subsistencia política.

Así llegamos al punto en el cual la Casa Rosada estaría intentando ya soluciones desesperadas. Entonces los operadores del gobierno les estarían ofreciendo a los gobernadores un canje: si apoyan la supresión de las PASO – o en última instancia una nueva suspensión-, LLA les retribuiría presentando el año que viene listas de candidatos poco competitivas, o sea, perdedoras.

En Córdoba ya hay negociaciones para que LLA lleve de candidato a Gabriel Bornoroni en lugar de impulsar una alianza entre Rodrigo de Loredo y Luis Juez.

El principal -e insoluble- problema de este negocio político son sus tiempos. Los gobernadores primero deberían impulsar la sanción de la reforma electoral, pero ninguno parece creer que Milei cumplirá su contraprestación. La sospecha generalizada es que el presidente, una vez que no haya más PASO, incumplirá nuevamente su palabra y se lanzará con todo a tratar de ganar las gobernaciones. Es así que la mala fama política de los libertarios haría imposible cualquier acuerdo que no sea de contraprestaciones simultáneas.

Share