Por Hernán Andrés Kruse.-
UNA CONCEPCIÓN TOTAL Y GLOBALIZADORA DE LA TECNOLOGÍA
“La concepción de Elon Musk de la «tecnología total» se basa en una ideología a la vez libertaria y tecnocéntrica. Dos símbolos de la visión del mundo de Musk, un híbrido de libertarismo y neoconservadurismo, son su plan de comprar Twitter y sus satélites Starlink como la respuesta definitiva a todos los problemas del mundo. Los satélites de órbita baja Starlink son una de las piedras angulares del proyecto de tecnología total de Musk. Al captar la nueva infraestructura de conectividad del mundo, está reinventando el panóptico a escala global: el mundo visto desde el cielo. Y aprovecha alegremente sus satélites para intentar resolver casi cualquier problema: ganar la guerra en Ucrania, luchar contra la deforestación en el Amazonas o superar la pobreza y el hambre en África. Verlo todo, captarlo todo, desde todos los ángulos posibles, para supervisar, vigilar y controlarlo todo.
La otra pieza clave de su proyecto tecnológico total es la adquisición de Twitter. Pero más allá de la dimensión ideológica, la compra de Twitter es el primer ladrillo de otro proyecto industrial crítico para el empresario: la «x App para todo». Basada en el modelo chino de WeChat , la x App de Musk es un ecosistema tecnológico total: totalmente cerrado en sí mismo, donde todos los servicios digitales estarán interconectados, concentrando así todos los usos, un efecto de sistema sin costuras que organizaría con confinamiento algorítmico y permitiría la captura continua de datos. La base tecnológica principal de la x App se apoyaría, por tanto, en la arquitectura existente de Twitter. Con el tiempo, si ampliamos el razonamiento, la x App podría convertirse en un espacio híbrido que compitiera directamente con el metaverso de Meta, entre otros. Y si Musk sigue contando con el beneplácito de Beijing, el proyecto podría acabar compitiendo con la big tech china, de la que el Partido Comunista Chino (pcch) empieza a desconfiar.
Estratégicamente, permitir que Musk penetre en una parte controlada del mercado chino permitiría al pcch debilitar la influencia de algunos de sus batx, al tiempo que expondría al empresario a una mayor dependencia económica de China. Por lo tanto, una herramienta política contra Estados Unidos en la guerra tecnológica abierta entre ellos. Pensándolo bien, ¿es una hipótesis tan incongruente? Es quizá también en este contexto de militarización de la economía donde hay que situar la reciente declaración de Musk sobre el estatus de Taiwán. A primera vista, habría salido de su papel de geopolítico de pacotilla. En una entrevista con el Financial Times del 10 de octubre de 2022, propuso que Taiwán se convirtiera en una zona administrativa especial bajo el control de la República Popular China. La declaración le valió virulentas, y bien merecidas, críticas de Taipéi. Por otro lado, los dirigentes chinos estuvieron encantados con él y lo recompensaron tres días después con créditos fiscales para facilitar la compra de sus modelos Tesla en China en un contexto de mercado crítico para la firma –tensiones en la cadena de suministro, entrada de nuevos actores en el mercado10–.
La primera hipótesis, no necesariamente incorrecta pero tampoco la única, sugiere que la declaración de Musk fue puramente oportunista e interesada. Tal vez sea ese el caso. Pero eso sería pasar por alto el hecho de que detrás de Tesla está el proyecto total de Musk –x App, despliegue de Starlink, conquista del espacio– y, por tanto, naturalmente, Estados Unidos. A través de Musk, Estados Unidos mantiene un (pequeño) pie en China. De un lado, una declaración sumaria de un «ciudadano privado», rápidamente olvidada en la sobrecarga de información, no le cuesta mucho a Estados Unidos, pero sí refuerza la posición geoestratégica de Musk en China. Del otro, Musk se convertiría en un arma de coerción económica para China en la guerra tecnológica que la enfrenta a Estados Unidos.
Entonces, ¿es Elon Musk un hombre sin ley? ¿O un caballo de Troya? El futuro lo dirá, pero en cualquier caso, los juicios apresurados solo sirven para participar en la «niebla de la tecnoguerra» y para hacer invisibles las verdaderas cuestiones en juego, con Musk como uno de sus instrumentos. Sean o no creíbles las hipótesis planteadas en este artículo, lo cierto es que el proyecto tecnológico total de Musk es un tiro de billar de varias bandas: lo que hay detrás de la adquisición de Twitter no es Twitter per se, sino la conquista de todo o parte del mundo en un contexto en el que la economía global se está geopolitizando, militarizando y desglobalizando”.
UNA NUEVA “POWER POLITICS”
“Musk está construyendo una potencia geopolítica formal, complementaria a las actuales prerrogativas de Estados Unidos. Contrariamente a lo que se escribe o se transmite con demasiada rapidez en el debate público, las big tech no son «Estados paralelos», sino que, por el contrario, se encuentran en el mismo continuo funcional que su Estado de referencia. Esta nueva «power politics», materializada en nuevas claves de distribución del poder, no supone una dilución de la soberanía del Estado estadounidense, sino su reconfiguración. En la actualidad, por ley, la soberanía suprema sigue siendo, de forma bastante clásica, la del Estado, mientras que los gigantes tecnológicos estadounidenses son básicamente auxiliares tecnológicos (de guerra) más o menos poderosos en un ciberespacio ultramilitarizado.
En este caso, el poder tecnoindustrial no es exactamente lo mismo que el poder institucional y político. Musk pone el poder de Spacex al servicio de la política exterior de Estados Unidos, que tiene la última palabra, es decir, el poder definitivo, a través de la coacción financiera (subvenciones, órdenes gubernamentales, impuestos) o a través de la ley. Esta complejidad de las relaciones de poder proyectadas hacia el exterior no debería verse desdibujada por las operaciones de comunicación personal de Elon Musk, como su improbable plan de paz entre Rusia y Ucrania, que habría servido de sonda para Vladímir Putin, junto con Henry Kissinger y otros, según Fiona Hill. En un nivel mucho más estructural y más allá del incesante ruido de las redes sociales, no hay que olvidar las verdaderas cuestiones políticas que plantea esta nueva dinámica de poder entre Estados y big tech y lo que implica en términos de transparencia democrática.
Es este último aspecto aquel en el que Musk es más divisivo. Al comienzo de la guerra de Ucrania, en febrero de 2022, a petición del gobierno ucraniano y con la aprobación de la administración estadounidense, Musk envió sus famosos satélites Starlink a las zonas ocupadas. El objetivo era garantizar una conectividad redundante –vital para la logística militar y la coordinación de las acciones sobre el terreno– y eludir el sabotaje de la red en las zonas atacadas por el ejército ruso en el ámbito cinético o cibernético. Problema: el 14 de octubre de 2022, en una entrevista con cnn, Elon Musk declaró que no podía seguir financiando los satélites en Ucrania con fondos propios de Spacex (el equivalente, según una carta enviada por Spacex al Departamento de Defensa, a 20 millones de dólares al mes), una situación provocada, en particular, por el aumento del gasto en defensa y ciberseguridad para contrarrestar los ataques rusos, que tendrían como objetivo «matar a Starlink», según un tuit del propio Musk. En la carta, Spacex pide al Pentágono que pague la factura de los próximos 12 meses de funcionamiento.
Más allá de la batalla de las cifras (quién pagó cuánto) y de la batalla moral (Musk es presentado alternativamente como un héroe o un villano), la secuencia es importante porque señala tres elementos fundamentales: en primer lugar, la estrategia de cerco montada por Musk sobre una parte de la cadena de servicios y funciones del Pentágono, colocada en relativa dependencia del empresario, que a su vez necesita su financiamiento, en una relación de codependencia que será muy interesante seguir en el futuro. En segundo lugar, el papel plenamente geopolítico de las big tech; desde este punto de vista, al igual que los mucho menos ruidosos Microsoft, Palantir o Google, Musk está participando, a su manera, en la configuración del papel de Estados Unidos en la geopolítica global de principios del siglo xxi. Por último, la dualidad de la tecnología, que puede utilizarse tanto para la sociedad civil como para los ejércitos en combate, plantea importantes cuestiones de gobernanza y control de estos usos”.
CUESTIONES POLÍTICAS FUNDAMENTALES QUE QUEDAN POR RESOLVER
“Cuando se juntan todos estos ladrillos, el sistema Musk debería llevarnos a cuestionar el papel y la necesaria redefinición del Estado como construcción política y jurídica frente a los nuevos tipos de actores híbridos, que son a la vez empresas privadas, actores geopolíticos y a veces espacios públicos. En particular, el sistema Musk señala cuatro cuestiones cruciales que nos empujan a cuestionar el papel de las instituciones:
(a) El necesario control de la gobernanza interna de ciertas big tech críticas para el interés general, el claro reparto de roles entre los Estados y los actores privados, su rendición de cuentas (accountability), así como los mecanismos de control institucional que hay que imaginar o rediseñar, ya que las instituciones existentes en su mayoría han quedado obsoletas. Lo que está en juego es, evidentemente, la preservación de las prerrogativas del Estado en términos de poder y, por tanto, de soberanía, sobre todo cuando esta última depende en parte del poder tecnológico de actores privados que se han vuelto prácticamente ineludibles o que sueñan con ser gendarmes –de manera arbitraria– del mundo.
(b) El diseño y la comercialización de tecnologías duales, por el momento indiferenciados. En el perímetro de las actividades estrictamente militares de las big tech, la necesaria (y saludable) separación de los usos militares y civiles en términos de control, gobernanza público-privada (cogobernanza), confidencialidad y también modelos de financiamiento rastreables (el caso del financiamiento de Starlink en Ucrania es sintomático de todo ello).
(c) La necesaria diversificación, en un mercado tecnoindustrial por definición muy concentrado, de los subcontratistas o subcontratados del Estado para que este pueda mantener sus márgenes de maniobra y soluciones de emergencia en caso de fallo personal o industrial de uno de estos proveedores tecnológicos oficiales big tech. La idea es evitar situaciones tóxicas de codependencia de un gatekeeper del que nos gustaría deshacernos.
(d) El debate, inicialmente lanzado en torno de Donald Trump, inflamado por Musk y que seguramente será continuado por Kanye West al comprar la red social de conspiración de extrema derecha Parler, sobre la responsabilidad de la palabra pública de los líderes de opinión para que no envenenen el debate público ni creen situaciones políticas o diplomáticas inextricables.
Si Elon Musk fuese chino, la situación habría sido bastante sencilla de gestionar: habría desaparecido durante unas semanas con el beneplácito del partido para realizar un pequeño curso de «actualización» al estilo de Jack Ma. Pero ¿en una democracia? Recientemente, un parlamentario británico propuso sancionar económicamente a Musk tras sus últimas polémicas, pero ¿es esa una solución sostenible? Por ahora, Musk no está obstaculizando fundamentalmente los intereses de Estados Unidos, pero ¿mañana? Estos ajustes estarán en el centro de la estabilización del sistema político estadounidense, y por rebote del europeo, porque implican una actualización de la arquitectura del Estado, a fortiori si se trata de un Estado de derecho democrático.
Comprender el alcance político, ideológico y geoestratégico del proyecto de Elon Musk permite hacer visibles estas nuevas formas de poder y, a su vez, comprender mejor la fragilidad actual de nuestros modelos institucionales. Mejor que cualquier otro empresario de Silicon Valley, esto es esencialmente lo que Musk nos invita a pensar”.
(*) Asma Mhalla (Especialista en política tecnológica. Es profesora en SciencesPo París y en la École Polytechnique; es experta asociada en la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Comisión Europea e investigadora visitante en el Institut Mines-Télécom (imt)): “Musk 3T ¿Una economía de la posverdad?” (2022).
29/01/2025 a las 9:35 PM
En todos lados se dan estas situaciones. Contaba el turco Asís que en las charlas /discusiones entre Nestor y Magnetto el primero lo toreaba diciendo que arme un partido y se presente a elecciones a lo que don Hector respondía «presidente?, puesto menor»
30/01/2025 a las 9:34 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
La batalla porteña y el juego en
el Congreso muestran dos caras de
la tensa relación de Milei con
Macri
Eduardo Aulicino
Infobae
29 de Enero, 2025
Derivación impensada del discurso en Davos contra la “ideología de género”, Javier Milei fue por primera vez al choque directo contra Jorge Macri y lo hizo no con tono de debate sino en términos de batalla para rechazar las críticas a su mensaje. “No se pongan en nuestro camino”, tuiteó, en una escalada que incluyó, otra vez, a medios y periodistas. El cruce, en el terreno político/electoral, se sumó a las tensiones por la disputa porteña y generó impacto especial en la interna del PRO. Fue registrado como un gesto a contramano de cualquier intento acuerdista, algo parecido al efecto del fuerte documento del partido amarillo por la baja del Presupuesto 2025.
La Ciudad de Buenos Aires -antes que la provincia de Buenos Aires- se convirtió en el adelanto más significativo del año electoral. La decisión de desenganchar el comicio porteño del cronograma nacional y la intención de suspender las PASO locales -que avanzaría sin demoras en la Legislatura-, aceleraron los tiempos y sobre todo, plantaron un desafío práctico al juego desde Olivos sobre Mauricio Macri. Está claro que no dio un vuelco decisivo, pero sí lo suficiente como para escribir renglones propios en una agenda dominada básicamente por Olivos.
El mayor malestar que se hizo circular desde el propio oficialismo fue adjudicado a Karina Milei, principal armadora del espacio partidario de la LLA a escala nacional y, con foco especial, en territorio porteño. Y agregó una cuota más de recelo en Santiago Caputo que, en rigor, expondría el más áspero rechazo -personal, a la vez que político- a Mauricio Macri, que en estas horas vuelve a mostrarse activo al frente del PRO.
El pase de Diego Valenzuela al oficialismo nacional fue expuesto como una especie de respuesta a los movimientos del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires. En rigor, la decisión del intendente de Tres de Febrero constituyó un blanqueo de posiciones, pero jugó como advertencia de los corrimientos que pueden ser apurados si el quiebre porteño no tiene retorno. El próximo escenario podría ser la Legislatura local, con el pase de legisladores del PRO al bloque de LLA. Sería parte del aporte de Patricia Bullrich, en su disputa con el ex presidente. Resulta difícil imaginar que ese nivel de fractura no afecte los ánimos en el Congreso.
Sin embargo, el encadenamiento de movidas es observado como movimientos lineales, en una mesa en la que sólo contarían cuestiones hasta de competencia individual entre Milei y Mauricio Macri. Y, de hecho, eso se contradice con la realidad, bastante más compleja. El caso porteño asoma atado casi sin vueltas a lo que finalmente ocurra en territorio bonaerense, donde además se juega el partido determinante en el interior del peronismo/kirchnerismo. Lo que termine sucediendo entre CFK y Axel Kicillof afectará a todos, en especial la decisión sobre unificación o desenganche de fechas entre las elecciones nacionales y provinciales.
Milei ha sostenido públicamente, a modo de condición, que un entendimiento electoral con Macri debería expresarse en todos los distritos. Desde las filas del PRO, en el marco de sus propias tensiones, es sugerida la posibilidad de competir por separado o juntos según las características y conveniencias en cada provincia. Está a la vista de todos que las necesidades no son las mismas para cada gobernador. Algo parecido ocurre con el radicalismo. Pero en cualquier caso, también operan las apuestas de LLA a escala local, es decir, las ambiciones y chances de sus caras locales. Pesan los calendarios que se van armando. Ya hay cinco distritos con comicios anticipados: además de la Ciudad, Santa Fe, San Luis, Salta y Chaco.
Los gobernadores del PRO aparecen como la franja que, aún sin intenciones de un acuerdo a cualquier precio -que los subordinaría por completo al poder central-, no quieren quedar atados a la dinámica porteña. Y de igual modo, rechazan precipitar los tiempos y tensar la relación con Milei hasta un punto sin retorno. El año electoral también corre para ellos, en condiciones de restricciones de fondos. No les gustó aquel referido documento partidario por el Presupuesto. Tampoco, la trepada en el nivel de enfrentamiento con origen en Davos.
Jorge Macri cuestionó aquel mensaje presidencial: dijo que lamentaba que se motoricen divisiones en la sociedad y se plantó en el lugar de defensor de la diversidad, definida además como parte de la cultura porteña. No es un dato menor: el PRO enfrenta el principal desafío en lo que considera “su” distrito y es posible que la campaña coloque el foco en el conjunto de casi dos décadas de gestión.
Junto con eso, comenzaron a circular especulaciones -algunas con base real en conversaciones y tanteos, al menos locales- sobre la posibilidad de un armado electoral que reúna espacios -o fragmentos de ellos- de lo que fue JxC más algunos agregados de otro origen. Por supuesto, el dibujo de un escenario de esas características genera malestar y recelos en el oficialismo nacional, además de expectativas en el peronismo.
El punto, además, es que el juego en el Congreso añade contradicciones y también sombras. El oficialismo necesita recomponer aunque sea parcialmente -y está dando algunos pasos- las relaciones con espacios cercanos o dialoguistas para coronar algo de su temario en las sesiones extraordinarias. Y más aún, en lo que vendrá a partir de marzo. Eso no sólo incluye a los interlocutores que están a la vista, sino que además involucra contactos menos visibles -básicamente, con el peronismo/kirchnerismo- y agrega expectativas sobre el Senado y la relación con Victoria Villarruel.
El oficialismo debió realizar dos encuentros, que repitieron a algunos de los participantes, para tratar de encauzar el temario en Diputados. Uno fue en la Casa Rosada y otro, en la presidencia de la Cámara baja. Sumadas las dos citas, estuvieron casi todos los espacios, con excepción del bloque alineado con CFK. En otras palabras: el PRO, la UCR en sus dos expresiones, Encuentro Federal, MID, CC, provinciales.
La conclusión inicial es que la “reforma política” impulsada por el Ejecutivo quedaría limitada a las PASO y más precisamente, a la suspensión para el turno de este año y no la eliminación. Es un tema que divide aguas en algunos espacios opositores y se verá cómo juega el peronismo. En el caso de Ficha Limpia, todo indica que en el mejor de los casos podría avanzar en Diputados y luego estancarse en el Senado.
Ese tema, como ya ocurrió al caerse la iniciativa motorizada desde el PRO, sigue generando suspicacias en filas dialoguistas. Y las miradas se corren desde Diputados a la otra ala del Congreso por diferentes, incluido el papel del kirchnerismo y el quiebre en la relación de Olivos con la vicepresidente. No se trata sólo de la suerte de los proyectos y las especulaciones repetidas sobre la Corte Suprema, sino además del reparto en el manejo de poder de la Cámara.
En ningún ámbito aparece afirmado un sistema de alianzas o al menos un mecanismo de acuerdos. Y la perspectiva electoral añade desconfianzas. Ese es el registro del primer mes del año electoral.
30/01/2025 a las 9:40 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El arte de marear la perdiz
Aleardo Laría Rajneri
El Cohete a la Luna
26/1/025
Al cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la Fiscalía federal —cuyo titular es el fiscal Eduardo Taiano— emitió un comunicado informativo sobre el estado de las investigaciones. El informe termina con un dictamen contundente: “El fiscal federal Natalio Alberto Nisman fue víctima de un homicidio y su muerte estuvo motivada por su labor en la UFI-AMIA y, concretamente, con su accionar vinculado al Memorándum de Entendimiento con la República de Irán”. Originalmente, la causa estuvo radicada en el Juzgado Nacional de Instrucción 25 bajo la dirección de la fiscal Viviana Beatriz Fein. Al advertir que la fiscal se inclinaba por la tesis del suicidio, se buscó el modo de apartarla de la investigación. Para ello prestó su eficaz contribución la Corte Suprema, que dispuso, con una tesis muy rebuscada, que el expediente quedara radicado en el fuero federal. Esta decisión habilitó la intervención del Juzgado Criminal Federal 10 a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien delegó la investigación en el fiscal Taiano. La primera decisión que adoptó Taiano fue desconocer el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, que había determinado que no había elementos para sostener la participación de terceras personas en la muerte del fiscal. Así lo habían asegurado 13 de los 15 peritos, con la sola disidencia de los peritos de la familia de Nisman. El fiscal Taiano dispuso, sin justificación alguna, encargar una nueva pericia a Gendarmería, que dos años después de la muerte del fiscal emitió un dictamen absolutamente contradictorio con las evidencias científicas que se habían reunido. A partir de allí la cancha quedó embarrada.
En la actualidad, la causa principal cuenta con 126 cuerpos y más de 20.000 fojas. A la par, continúan en trámite ocho causas conexas al expediente principal. En lo que se refiere a los elementos probatorios recopilados, se han recibido más de 900 declaraciones testimoniales y se han incorporado más de 500 abonados telefónicos al entrecruzamiento efectuado, los que arrojan un total de más de 200.000 comunicaciones analizadas. Como desde toda lógica resulta una tarea imposible encontrar a los asesinos de un suicida, la causa está condenada a seguir engordando, dada la misión asumida por el fiscal Taiano de llevar a cabo lo que en España se denomina “marear la perdiz”, es decir, la labor de hacer perder intencionadamente el tiempo en rodeos, circunloquios o dilaciones que retrasen u obstaculicen la resolución objetiva de un problema.
LAS NUEVAS PRUEBAS
Como ha sucedido en años anteriores, cada vez que se aproxima la fecha del aniversario de la muerte del fiscal Nisman la fiscalía emite un comunicado para informar sobre “los progresos de la investigación”. De este modo se reflejan todas las acciones emprendidas para enredar la causa, abriendo vías de investigación sobre cuestiones menores que carecen de relevancia. Así, por ejemplo, se han dedicado denodados esfuerzos al análisis de las llamadas intercambiadas entre personal de distintas agencias del Estado en los días previos —que pueden obedecer a innumerables motivos— o se le da relevancia a un incendio producido en la Casa de Gobierno el día anterior a la muerte de Nisman. Según la febril imaginación del fiscal Taiano, el incendio fue intencional para eliminar una “prueba clave”, que eran los ingresos en la época en que se negoció el Memorándum con Irán: “Esa prueba, trascendental, fue destruida con el incendio relatado en los párrafos que anteceden, ocurrido precisamente horas previas al homicidio de Nisman”.
Con este tipo de actuaciones se alimenta la tesis conspiranoica. Otro indicio que se exhibe como relevante es el “descubrimiento” de una pequeña puerta metálica en la cocina, que permitía acceder al aparato de aire acondicionado, separada por una reja con el aparato de aire acondicionado del departamento contiguo. Taiano expone: “No sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación”. El departamento vecino al de Nisman estaba ocupado por un alto ejecutivo de una empresa multinacional y es difícil imaginar que pudiera estar encubriendo a los supuestos asesinos. No obstante, como el tema puede alimentar la hipótesis conspirativa, el fiscal añade que “allí residía una persona de nacionalidad extranjera que trabajaba en una empresa dedicada a servicios de control de acceso, con vínculos con el entonces secretario general de Presidencia, Aníbal Fernández, y que tenía asignada la prestación de servicios en Casa Rosada y la Residencia Presidencial”.
Varias páginas del informe del fiscal Taiano se dedican a relatar las deficiencias observadas en los primeros pasos de la investigación. Es un tema que desde el principio fue tomado por el diario Clarín para lanzar la teoría conspirativa que fue luego adoptada por el juez Ercolini, invitado por ese medio a visitar el Lago Escondido. Como la fiscal Fein, al igual que los custodios de la Policía Federal, intuitivamente se inclinaron por la tesis del suicidio, consideraron que la escena que debía ser preservada se limitaba al baño donde se encontró el cuerpo del fiscal. Sin embargo, para los partidarios del asesinato, la “escena del crimen” estaría conformada por todo el departamento de Nisman. Desde esa perspectiva, es obvio que se cometieron gran número de desprolijidades, pero carecen de relevancia si se considera que los indicios sustanciales avalan la tesis del suicidio.
El informe del fiscal Taiano dramatiza sobre las condiciones de seguridad de Nisman, pero lo hace de modo avieso. Afirma: “Nisman fue dejado solo, totalmente desprotegido. Su custodia se había retirado del lugar y el reemplazo no llegó hasta casi el mediodía del día siguiente, es decir más de doce horas después. Por más inverosímil que parezca, eso fue lo que ocurrió: el fiscal federal a cargo de la investigación del atentado terrorista más trágico de la historia de nuestro país, que acababa de denunciar a los más altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio por encubrir ese atentado en connivencia con miembros del Estado extranjero acusado de cometerlo, y que a los dos días debía presentar las pruebas pertinentes en el Congreso de la Nación, fue dejado sin custodia durante más de doce horas. Los hechos vuelven a hablar por sí mismos”. En realidad, Nisman no tenía un servicio de custodia permanente en su domicilio, sino un equipo de seguridad que debía acompañarlo en sus desplazamientos en automóvil. De modo que fue él mismo quien dio instrucciones para que el servicio se presentara a las 11 de la mañana del domingo. De igual modo, se servía de ese servicio para llevar y traer correspondencia o recoger comida preparada en algún restaurante. Luego, la sesgada descripción que hace el fiscal deja en evidencia el escaso rigor técnico de su informe.
EL ROL DE LAGOMARSINO
El informe del fiscal se ensaña especialmente con Diego Lagomarsino, el técnico informático que gozaba de la total confianza de Nisman, al punto que le solicitó el arma con la cual luego se disparó en la sien. Taiano trata de vincularlo con los servicios de información del Estado, pero termina por reconocer que “las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas y la Secretaría de Inteligencia informaron que Diego Lagomarsino no figuraba en sus registros como personal de inteligencia”. Analiza el rol de Lagomarsino en la tarde del sábado 17. Pone el acento en los intercambios telefónicos que mantuvieron para sustentar la tesis de que “ese sábado Nisman recibió a las 11.48 horas y 13.04 horas dos mensajes por WhatsApp del técnico informático, lo cual comprueba que fue Lagomarsino quien lo contactó en primera instancia al fiscal, y no al revés”. Pero luego reconoce que “el ingeniero informático Diego Ángel Lagomarsino concurrió en dos ocasiones” al departamento de Nisman. Añade un dato relevante: “No era la primera vez que Lagomarsino iba al departamento de Nisman, pero sí la primera que mantuvieron una conversación relacionada con armas de fuego”. Luego relata que Lagomarsino volvió al Complejo Le Parc Puerto Madero alrededor de las 20 horas para reingresar al departamento de Nisman y retirarse poco después.
El relato de Lagomarsino sostiene que el fiscal Nisman le solicitó un arma de fuego y que por ese motivo tuvo que regresar a su domicilio en la provincia de Buenos Aires para recogerla y hacer un segundo viaje al domicilio del fiscal para entregarla. Este relato es coherente con los registros de la guardia de seguridad del edificio que dan cuenta de que fue Nisman quien habilitó los dos accesos de Lagomarsino a su vivienda. No existe otra explicación del doble viaje que la dada por Lagomarsino y que resulta coherente con el uso que de la pistola entregada hizo luego el fiscal. Es una prueba contundente que marca claramente cuál era la intención de Nisman al solicitar un arma, pedido que también había formulado a uno de sus custodios. Para sortear la dificultad que este hecho instala en la tesis conspirativa del magnicidio, Ercolini y Taiano instalaron la tesis del “arma amiga”. Es una tesis absurda, insostenible desde la lógica y el sentido común. Se argumenta que Lagomarsino, formando parte del grupo criminal, cometió la increíble estupidez de ofrecer un arma de su propiedad para dar cobertura al propósito de disimular el magnicidio bajo la apariencia de un suicidio. Pero esta tesis tiene varios puntos flojos. Primero, no permite explicar los viajes de Lagomarsino. En segundo lugar, supone que el arma entró en el departamento del fiscal sin conocimiento de Nisman, de modo subrepticio, porque parece obvio que el fiscal no estaría de acuerdo en contribuir a la simulación de su asesinato. Pero ahora el fiscal Taiano reconoce que Lagomarsino y Nisman “mantuvieron una conversación relacionada con armas de fuego”, que obviamente no era sobre bueyes perdidos, con lo que la tesis de la entrada subrepticia del arma se desmorona.
LA HIPÓTESIS DEL SUICIDIO
Los indicios aportados por la investigación criminológica que apuntan a que Nisman se quitó la vida voluntariamente son abrumadores. El mayor obstáculo para aceptar la tesis conspirativa de Clarín-Ercolini-Taiano es, sin duda, el informe pericial del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema que, a partir de numerosas evidencias científicas —entre ellas las microscópicas manchas de la sangre proyectadas en el baño y la falta de rastros de ADN de otras personas—, ha dictaminado que en la muerte de Nisman no han intervenido terceros. No puede perderse de vista que este informe fue producido por una junta integrada por 13 profesionales considerados los máximos expertos con que cuenta el país en la materia. El dictamen posterior de Gendarmería, que lanza la hipótesis de la intervención de dos personas en la muerte de Nisman, es un bodrio inclasificable que no anula el de los forenses de la Corte Suprema. El juez Ercolini, a la vista de dos dictámenes periciales contradictorios, debió convocar a una reunión conjunta de todos los expertos para dar lugar a un debate y hacer explícitas las divergencias. Pero en vez de adoptar este camino, el juez prefirió tomar como dogma de fe el dictamen de Gendarmería, porque ya había tomado abierto partido por la tesis conspirativa sustentada por sus sponsors.
Políticamente, la tesis del magnicidio del fiscal Nisman ha sido arbitrada como un modo de atenuar los daños que el hecho suponía para la audaz denuncia presentada días antes por el fiscal, en la que atribuía a la Presidenta de la Nación una participación en una operación de encubrimiento del atentado de la AMIA. Admitir que el fiscal se había suicidado suponía aceptar que el propio Nisman dudaba de la consistencia de su denuncia. De modo que la oposición judicial y mediática al gobierno optó por doblar la apuesta y encubrir una fake con otra fake mayor. Desde la perspectiva institucional, que un fiscal y un juez se presten a embarrar la cancha en una investigación penal para satisfacer a determinados grupos de poder es una actuación que entraña un gravísimo daño institucional. El abogado y periodista Pablo Dugan escribió un ensayo titulado ¿Quién mató a Nisman?, que es una descripción minuciosa de los elementos reunidos en la investigación criminal que llevan a la conclusión de que “Nisman mató a Nisman”. Queda pendiente escribir un relato pormenorizado de las maniobras judiciales y mediáticas dirigidas a convertir un suicidio en un magnicidio. En el futuro alguien se encargará de esa labor, porque la mayor infamia que registra la historia judicial argentina no pasará desapercibida para los historiadores.
30/01/2025 a las 9:43 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
El prontuario de Nicolás Márquez, el amigo de Milei que justifica los femicidios
Sofía Hart
Prensa Obrera
28/1/025
Escuchando las declaraciones de Nicolás Márquez -biógrafo, amigo y asesor de Javier Milei- daría la impresión que él fue el encargado de dictarle al presidente cada una de las palabras que formaron parte de su bochornoso discurso en el Foro de Davos. En el afán de negar la existencia de los femicidios, el ideólogo presidencial justificó su ejecución, y, a su vez, volvió a emparentar a la diversidad sexual con la pedofilia, habiendo sido acusado él mismo de cometer abuso sexual contra su propia hija.
En una aparición televisiva, Márquez opinó sobre los dichos de Milei en Davos. Allí expresó que «nadie mata a una mujer por el hecho de ser mujer, la puede matar por infidelidades, por enconos personales…». En su enunciado, fue más allá de negar la existencia de crímenes por razones de género, directamente le dio validez a los «motivos» que llevan al femicida a actuar de ese modo. Para hablar del tema eligió emitir un juicio sobre la conducta de la víctima y no sobre el victimario, dando a entender que «los hombres matan porque las mujeres son infieles, no por el sentimiento de propiedad que los invade para con esa mujer o por cómo desprecian la vida de la víctima»; en otras palabras, el famoso «ella se lo buscó». Lo que pareciera ser un comentario nacido de la ignorancia, es en realidad una justificación de los femicidios.
No sorprende de alguien que, en 2004, fuera denunciado por su expareja, sobre quien habría ejercido golpes y amenazas para obligarla a abortar. Además de violento, hipócrita, dado que Márquez es un enemigo declarado de la ola verde y militante del aborto clandestino. Solo le interesan los derechos del «niño por nacer» pero no los del «niño nacido», ya que jamás se hizo cargo de la manutención de su hija por lo que también enfrentó demandas por deudor alimentario.
Además, avala la ridiculez del gobierno de referirse a la figura del femicidio como un «privilegio» concedido a las mujeres en detrimento de los varones. Según esta lógica, las mujeres asesinadas vendrían a ser «privilegiadas», y los femicidas, individuos desfavorecidos; un disparate. Un discurso de impunidad para los agresores, que busca deslegitimar la lucha en busca de justicia por las víctimas de femicidio y por asistencia estatal para quienes sufren violencia de género, en función de perpetuarla.
El mentor ideológico de Milei también relacionó diversidad sexual con pedofilia, mencionando un ejemplo muy desafortunado al intentar ridiculizar la transición de género: «yo que tengo 49 años, si quiero tener sexo con un menor de 8, me autopercibo de 8 años, total lo que prevalece no es mi realidad bilógica sino mi autopercepción, entonces no soy un abusador». Aquí no caben dudas que está proyectando en el colectivo LGTBI+ su propio goce en el abuso, puesto que en 2008 fue denunciado por abusar sexualmente de su propia hija. Si bien la causa quedó impune, la psicóloga infantil que entrevistó a la niña certificó el abuso, por episodios a los que Márquez catalogó como «un juego».
Que Márquez justifica las violaciones ya lo teníamos claro, también la tortura, el robo de bebés y las desapariciones forzadas. Es un férreo defensor del terrorismo de Estado, que en su juventud integró la agrupación «Jóvenes por la Memoria Completa», fundado por la exnovia de Alfredo Astiz, Karina Mujica; se formó en cursos con el ex agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, Julio Cirino, actualmente condenado por crímenes de lesa humanidad; publicó numerosos libros de contenido negacionista donde cuestiona la cifra de los 30 mil; reivindica el indulto de Menem; se refiere a los centros clandestinos de detención como «lugar de reunión de los detenidos»; es amigo del hijo del genocida Antonio Domingo Bussi; y hasta llegó a expresar en Twitter que era necesario «darle curso a las Fuerzas Armadas a entrar en operaciones de combate para aniquilar el accionar de los elementos subversivos”. Esta es la clase de sujetos con los que se rodea el presidente.
Es necesario que la conclusión de echar en las calles a Milei y a toda la lacra de su entrono vaya madurando en la conciencia de aquellos que se pusieron de pie contra esta nueva patoteada reaccionaria.
30/01/2025 a las 9:48 AM
LA ARGENTINA POLÍTICA: ENFOQUES
Un anti Estado como jefe de los defensores del Estado
Irina Hauser
Página/12
29 de enero de 2025
Santiago Castro Videla usa cada tanto la red social «X». Tiene un tuit fijado del año 2022 en el que cuenta que tuvo el «honor de participar» en la presentación de la nueva edición del libro «Control judicial de la administración pública», de Héctor Mairal. Era una forma de mostrar quiénes son sus «padrinos», porque mencionaba allí con quiénes compartía el panel, entre quienes se describía a sí mismo como el abogado joven. Estaban su socio de estudio, Alberto Bianchi, y el exdecano de Derecho de la Universidad Austral, y ahora candidato del gobierno a ocupar un cargo en la Corte Suprema, Manuel García Mansilla, además del autor. Los tres padrinos están unidos no sólo por el derecho administrativo y constitucional, sino porque se han dedicado a representar a empresas grandes y poderosas. Litigan contra el Estado. Castro Videla, de 43 años, es el nuevo Procurador del Tesoro designado por Javier Milei en lugar de Rodolfo Barra. Tiene libros y publicaciones en los que muestra claves de sus criterios: cuestiona formas de intervención estatal como los controles de precios, también la ley de abastecimiento (derogada por el gobierno) y –algo que habrá que ver cómo cinturea en su cargo– es crítico del uso desmedido de los DNU cuyo control legislativo alienta.
«DE LOS NUESTROS»
Ser el Procurador del Tesoro implica comandar el cuerpo de abogados del Estado. Es decir, su función es defender los intereses del Estado en los tribunales locales y en los internacionales. Está claro que los intereses de la versión del Estado actual se confunden con los de los privados. A Barra, exministro de Justicia de Carlos Menem y exjuez de la Corte, el gobierno lo había elegido para reforzar su imagen de culto al menemismo. Ahora dicen que se enojaron con él porque viajaba mucho, hizo solo 15 dictámenes y uno causó enojo ya que opinó a favor de una trabajadora del Ministerio de Justicia que reclamaba parte de su salario pagado como incentivo, al considerar que era remunerativo (se lo debían devolver o indemnizarla). Primero le ofrecieron el cargo al ex juez Ricardo Rojas, autor de La Inflación como Delito, libro venerado por el Presidente, pero quien rechazó el convite. El joven administrativista, nacido y criado en Universidad Austral (de ahí es graduado, magister y profesor) ya estaba en carrera. «Es de gran nivel y de ideas similares a las nuestras. Comparte el pensamiento liberal y no es pro Estado», le dijo a Página/12 un funcionario que participó en la elección.
A Castro Videla se lo ve sonriente y casi sin canas en su foto de perfil. Su principal socio, Bianchi (cabeza el estudio hasta ahora llamado Bianchi, Galarce & Castro Videla), es uno de los constitucionalistas más buscados en el país, en especial por grandes empresas y para actuar en la Corte. Pero también es contratado por grandes estudios internacionales que litigan contra la Argentina en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferendos relativos a Inversiones) o ante la CCI (Cámara de Comercio Internacional), pero también interviene como experto en pleitos en otros países. Un caso elocuente: declaró como experto para el fondo buitre Burford Capital en el caso por la expropiación de YPF. Este dato fue refrescado en «X» por el jurista Sebastián Soler, integrante del Consejo Directivo de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), así: «Bianchi trabajó para como epeto para los demandantes en el juicio en NY (Nueva York) por YPF ¿No hay conflicto de intereses? Es pregunta». El estudio ha tenido como clientas a mineras, petroleras, corboníferas. En otro rubro consiguió que la Corte anulara la distitución de la fiscala anticorrupción de Entre Ríos Cecilia Goyeneche.
LIBROS, IDEAS Y AFINES
En el mundo jurídico-académico, son varias las voces que destacan que Castro Videla tiene varios libros conocidos y publicaciones. Escribió, con Santiago Maqueda Fourcade, “Tratado de la regulación para el abastecimiento” que se presenta como un «estudio constitucional sobre los controles de precios y la producción” (Ábaco, 2015). Es un libro crítico de la ley de abastecimiento, sancionada por el peronismo y derogada por el DNU 70/2023, donde muestra una postura que cuestiona la intervención estatal en la economía, a tono con el gobierno libertario.
También con Maqueda Fourcade publicó de “La delegación legislativa y el Estado regulatorio” (Ábaco, 2018) y con Alfonso Santiago, de «El Control Del Congreso Sobre la Actividad Normativa del Poder Ejecutivo (La Ley, 2019). En este rubro es llamativo y abre la pregunta acerca de cómo compatibilizará su postura teórica con la que deberá tener en la Procuración, que representa el interés estatal en los expedientes contra el DNU 70 y sus derivaciones. Estos libros apuntan a proponer más control legislativo sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia. También tiene varios artículos en revistas jurídicas, donde plantea cuestiones como que sería conveniente que las Cámaras del Congreso tuvieran un plazo para expedirse sobre los DNUs, y que si éste expira debería caer el decreto. De todos modos, sostiene que en el escenario vigente, si las Cámaras no se pronuncian de manera «inmediata», como está previsto en la ley 26.122, esto debería aumentar las chances de que el decreto sea judicialmente invalidado. Junto con eso, su posición es que la delegación legislativa tiene que ser «restrictiva».
Según pudo rastrear este diario, Castro Videla escribió junto con Pilar Zambrano, también de la Universidad Austral, un artículo que remite a la discusión por el aborto. Era por la llamada «píldora del día después» en función de precedentes judiciales, entre ellos el conocido como «Portal de Belén», donde la Corte Suprema en 2002 prohibió una marca de ese fármaco llamada «Inmediat». El texto se titulaba «Reflexiones en torno al derecho a la vida y la píldora del día después» y remarcaba que las resoluciones en decían que la píldora «impide la anidación del óvulo fecundado» y por eso es «un atentado contra el derecho a la vida». En rigor, el efecto de esta pastilla es que evita el embarazo, no lo interrumpe. Hoy es de venta libre. Los autores se explayaban sobre «la protección del derecho a la vida de toda persona desde su concepción…». Como es conocido, esta discusión fue saldada con la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que el gobierno libertario objeta en su «batalla cultural». El texto de Castro Videla es de 2008. Su metor y socio, Bianchi, ha cuestionado y escrito contra el aborto, igual que García Mansilla, quien pidió derogar la norma.
MENSAJES POR REDES
«Agradezco profundamente al Presidente por su confianza al honrarme con la desingación en el cargo de Procurador del Tesoro de la Nación. Trabajaré incansablemente para, con esfuerzo, y la ayuda de Dios, cumplir con responsabilidad esa función tan importante para la Nación y los derechos y libertades de sus habitantes», escribió Castro Videla en «X». El vocero Manuel Adorni ya había anunciado su designación y se difundían sus variados cargos de profesar en la Universidad Austral, en la Maestría de Derecho Empresarial de la Universad Argentina de la Empresa y su papel de secretario de redacción de la revista de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, el rubro favorito de García Mansilla, que comanda la cámara del sector. Además de marcar la posición oficial en los expedientes contra el DNU 70, al Procurador le esperan al menos 30 demandas de provincias en el máximo tribunal por la coparticipación, el fondo del transporte, el de incentivo docente, entre tantos temas, y numerosas causas en el fuero contencioso por los alimentos, los medicamentos, los recortes en políticas de género de salud, de derechos humanos, y la lista crecerá.
Desde el ámbito académico hubo un tuit que pareció interpelarlo (como quien valora su trayectoria pero cuestiona la aceptación del cargo), el del constitucionalista Roberto Gargarella: «¿Por qué legitimar a un gobierno peligroso completamente desinteresado por el Derecho, que no pierde oportunidad para socavar / embestir contra los valores y principios constitucionales? No entiendo. Santiago Castro Videla, nuevo jefe de los abogados del Estado».