Por Luis Alejandro Rizzi.-
Es difícil precisar el momento en que los problemas personales se convierten en “cuestión social”.
Hay seis millones de personas que no pueden pagar sus créditos, muchos de ellos “microcréditos”, en los que la deuda se estaciona en los 50 mil pesos.
Otro segmento de deuda se genera en la morosidad en el pago de liquidaciones de tarjetas de crédito, usadas para efectuar compras corrientes.
En los últimos años, desde que asumió Milei, el 44% de los hogares financia sus compras en supermercados y afines con tarjetas de crédito.
Entre los “morosos” se contarían 450 mil jubilados que financian alimentos y productos farmacéuticos.
No cabe duda de que se trata de un “problema grave” o “cuestión” que el estado, por medio de sus órganos competentes, debe resolver.
Una de las causas de la morosidad es el nivel de tasas de interés que se cobran.
El tema de la “tasa de interés” es una cuestión, más aún cuando se piensa que la causa de la inflación es sólo el exceso de emisión.
El sentido común diría que la “tasa de interés” de los créditos debe estar relacionada con la capacidad de pago del tomador.
Es cierto, para fijar los costos es necesario conocer el “costo de producción” de un bien o de provisión de un servicio, en este caso, el costo bancario.
Si el costo supera la capacidad de pago de la demanda, es obvio que no habrá demanda, o bien que el oferente estaría dispuesto a soportar su pérdida.
La “cuestión” es que también juega el marketing, por el cual se convence al futuro deudor que puede pagar más allá de su real capacidad.
Hay un mercado informal de créditos que son los casos de “usuras institucionales”, las llamo así, porque el poder judicial las legitima, según se puede comprobar en cientos de casos que se verifican en la página web del poder judicial, en el fuero comercial.
Pocos jueces desestiman las ejecuciones que se promueven por impagos.
Lo que no advierte el gobierno es que el endeudamiento no se puede dirigir a financiar las necesidades básicas.
Cuando ocurre ese problema, es señal de que la economía, macro o micro, no funciona bien.
Lo último, no debe haber ningún tipo de impuestos a los créditos, salvo los que tengan intenciones especulativas, dicho de otro modo, los que no se destinen para la compra de bienes o pago de servicios lícitos.
Éste es el caso.
Deja una respuesta