Por Luis Alejandro Rizzi.-

Miguel Ángel Pichetto declaró en “X” que el proceso que condenó a Cristina -se refiere a la causa vialidad-, «alteró las reglas desde el primer día: se incorporó a un juez que venía de otro tribunal, se trajo a un fiscal cuyo destino era Rosario para juzgar narcos y se limitó la posibilidad de apelar. Tampoco hubo imparcialidad: los jueces de la Corte debieron apartarse porque venían de enfrentar un juicio político promovido por el propio partido de la acusada». (sic)

Ese proceso, agregó, «pone a la democracia en una situación de extrema fragilidad».

Desde luego respeto la opinión de Pichetto, pero al mismo tiempo la considero disparatada, ya que, en todo caso, Cristina sería quien debería promover la respectiva acción judicial de nulidad del proceso, pero es obvio que el Congreso no tiene atribuciones para calificar su calidad.

Lo único que podría hacer Pichetto, como diputado, es promover el respectivo juicio político contra los funcionarios judiciales que habrían incurrido en “mal desempeño”. Incluidos los jueces de la Corte.

Precisamente, una intervención del congreso anulando el proceso judicial sería inconstitucional y afectaría a la institución política de la República.

Cuesta entender que Pichetto no haya promovido el juicio político o proceso de censura al tal Manuel Adorni.

Desde aquel “Todo lo que yo tenga que declarar a la fecha está declarado”, se acreditó que Adorni mintió de modo descarado.

Por otra parte, recurrió al régimen simplificado de impuesto a las ganancias, previsto en la ley de inocencia fiscal, una vez que la investigación judicial descubrió sus maniobras ilícitas y sus “ahorros en negro”, generalizando el hecho para justificar su inocencia, realmente es una expresión de cinismo e hipocresía inaceptable.

Pues bien, para Pichetto, estas conductas de funcionarios públicos no serían investigables por su nivel jerárquico.

No tengo duda alguna, Pichetto, otro que fue.

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