Por Hernán Andrés Kruse.-

EJES DEL ACUERDO FINANCIERO DE CAMBIEMOS CON EL FMI

“El acuerdo de Cambiemos con el FMI representaba un enorme salvataje financiero por 50000 millones de dólares, el más importante en la historia del organismo. A cambio de la firma del multimillonario préstamo, el Fondo reclamó el congelamiento de la base monetaria en términos nominales y la aplicación de medidas contractivas en el gasto público y social para alcanzar un equilibrio de las cuentas públicas. De esta forma, el FMI encomendó sus clásicas recetas de ajuste monetario y fiscal recesivos.

Cambiemos se comprometió a un recorte del gasto primario del 1.5% en 2018, 1% en 2019 y 1.2% en 2020, así como a una reducción del déficit fiscal por porcentaje del PBI del 2.7% en 2018, a 1.3% en 2019 y 0% en 2020. El gobierno aceptó profundizar el ajuste en la inversión pública (incluyendo la quita de transferencias a las provincias, reducción de subsidios en energía y transporte y en gastos de capital) y en la masa salarial de empleados públicos, para reducir el déficit fiscal primario y alcanzar el objetivo del déficit 0 en 2020.

En la “Carta de intención y Memorándum de Políticas Económicas y Financieras”, el FMI estableció metas de ajuste fiscal, activos y reservas del Banco Central e inflación, y las acciones fiscales, monetarias y cambiarias que el gobierno de Cambiemos debía implementar para alcanzarlas:

REDUCCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

“El FMI estipuló que durante 2018 la contracción del déficit fiscal se concentre en la reducción del gasto público. El 88.2% del monto involucrado en las medidas fiscales debía basarse en el recorte del gasto, y un 11.8% dirigirse a la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El ajuste del gasto público debía centrarse en: 1. Reducción de las transferencias corrientes y discrecionales a las provincias (estimado en 0.5 puntos del PBI, cuando en 2017 el total de las transferencias corrientes y de capital alcanzaron 1.6% del PBI). 2. Reducción de subsidios a la energía y transporte y en gasto de capital (cada uno proyectado en 0.3 puntos del PBI, frente a cerca del 2% que dichas erogaciones representaban en 2017). 3. Recorte de la masa salarial de los empleados públicos, tanto por la vía de la caída del salario real, como del achicamiento de la planta (estimado en 0.2 puntos del PBI). 4. Ajuste en las compras estatales y eliminación de las transferencias orientadas a cubrir el déficit de las empresas públicas. 5. Límites al crecimiento nominal de los salarios del sector público (incluidos los beneficios no salariales y otros pagos) a un promedio de 8% durante junio de 2018.

Para el año 2019 el FMI fijó un ajuste en el gasto público como vía de reducción del déficit primario del 64% del monto involucrado en ese año. Además, estableció un aumento en el recorte en las transferencias a provincias y subsidios, estipuló que se mantendría la misma reducción en gastos de capital y se reduciría el ajuste salarial en el empleo público. La merma del empleo público debía realizarse en áreas no prioritarias y congelarse las contrataciones en la administración federal (excluidas las Universidades) en 2019 y 2020. De acuerdo a los datos de CIFRA, en solo dos años el gobierno debía ajustar en las transferencias corrientes y de capital a las provincias en un 75%, reducir la tercera parte de los subsidios y del gasto de capital, achicar la masa salarial del empleo público en 9.4%, y las compras estatales en un 20%”.

METAS DE INFLACIÓN

“La inflación, objetivo del acuerdo para el 2018, se fijó en 27%, pero a través de bandas de flotación que podían alcanzar un 29% (banda interior del límite superior), hasta un máximo de 32% anual (banda exterior del límite superior). Para 2019 se estableció un 17% de inflación y una banda con un límite superior de 19%, hasta un máximo de 21% anual”.

POLÍTICA CAMBIARIA

“El Banco Central se comprometió a mantener un tipo de cambio flotante, salvo que “disfunciones del mercado” obligaran a realizar ventas en moneda extranjera. El informe del FMI sostenía que “se permitirá que la tasa de cambio se ajuste completamente a las condiciones reinantes en el mercado”. El programa incluía, además, un piso de reservas internacionales netas del Banco Central. El piso de reservas netas ―en comparación con el stock de junio de 2018― debía aumentar más de 7500 millones de dólares en junio de 2019. De este modo, las reservas se incrementarían de 27900 millones de dólares en 2017 a 29700 en 2018; ascenderían a 33400 millones en 2019, 44000 millones en 2020, y concluirían el programa con 54600 millones de dólares en 2021. El acuerdo estipuló, a su vez, una reducción en el stock de futuros no entregables de tipo de cambio (denominado “dólar futuro”) desde 2300 millones de dólares al 4 de junio de 2018, a 1000 millones a fines de junio de 2019. Además, el stock de LEBAC, en porcentaje del PBI, debía achicarse del 8.9% en 2017, a 5.5% en 2018, 3.4% en 2019 para llegar a 0% en 2020”.

POLÍTICA MONETARIA

“El FMI estableció como meta una reducción de la base monetaria interanual de 25.9% en 2018, a 21.3% en 2019, 18% en 2020 y 14.5% en 2021. La tasa de interés debía reducirse a 17.2% en 2018, 8.4% en 2019, 6.2% en 2020 y 5.7% en 2021”.

REFORMA DE LA CARTA ORGÁNICA DEL BANCO CENTRAL

“El acuerdo estipulaba un compromiso de implementar una Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central en marzo de 2019. La reforma debía fijar a la estabilidad de precios como objetivo clave del Banco Central, prohibir el financiamiento del Banco Central por parte del gobierno y fortalecer su autonomía.20 Por último, la línea base del programa con el FMI estimó una meta de crecimiento anual del PBI de 0.4% en 2018 y 1.5% en 2019”.

EL DISCURSO DE LEGITIMACIÓN DEL ACUERDO CON EL FMI DEL GOBIERNO DE MACRI

“El gobierno macrista intentó justificar el salvataje del FMI en la necesidad de “transitar las turbulencias internacionales, minimizando el impacto sobre la economía argentina” y “proteger a los más vulnerables”, a través del “gradualismo”. Además, sostuvo que “el plan es consistente y sostenible económica, social y políticamente”. De acuerdo al informe de Presidencia de la Nación, “el nuevo sendero de convergencia fiscal permite que la ratio deuda pública a PBI comience a reducirse a partir de 2019”. A su vez, lograría recorrer “un sendero de crecimiento sostenido, creación de empleo y reducción de la pobreza”.

El 8 de mayo de 2018 Macri brindó un discurso en la Casa Rosada para anunciar el inicio de un acuerdo crediticio con el FMI, el cual se difundió a través de cadena nacional de radio y televisión. La alocución comienza expresando un compromiso de decir la verdad (“Ustedes saben que tengo un compromiso de decirles la verdad siempre”), con un fuerte grado de asertividad (“Mi convicción es que”). Según Macri, el gobierno estaba implementando una política económica “gradualista”, que buscaba alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, cuidar a los “sectores vulnerables” y crecer, para generar trabajo y desarrollo. El presidente apela a la metáfora del “recorrido” de un “camino”, al que sitúa como el único posible (“estamos recorriendo el único camino posible”). De este modo, elimina la posibilidad de alternativas. A su vez, relaciona implícitamente continuar en ese sendero con una condición para avanzar económicamente, ya que salirse del camino implicaría “retroceder” y generar una fuerte crisis que afectaría al conjunto de la sociedad (“buscando siempre evitar una gran crisis económica, que nos haría retroceder y dañaría a todos”).

En el discurso macrista, el retroceso, metaforizado biológicamente como un “daño”, implica retornar al desequilibrio fiscal, asociado implícitamente al gobierno anterior. Macri apela aquí a otra metáfora, la del “equilibrio” (fiscal), como un objetivo deseable, frente a una herencia recibida (de desequilibrio de las cuentas) que define como un desastre (“equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas”). El contradestinatario indirecto es, nuevamente, el kirchnerismo. En esta lógica del recorrido en el sendero correcto hacia un futuro mejor, Macri construye una frontera entre el presente de estancamiento y el peligro de ir hacia una crisis económica mayor, y un futuro de crecimiento a partir del equilibrio fiscal, al que relaciona equivalencialmente con más trabajo y desarrollo.

Según el presidente, la política económica gradualista del gobierno requiere en gran medida de financiamiento externo: “Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica, que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista, que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y, al mismo tiempo, creciendo, generando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo” (Discurso oficial del presidente Mauricio Macri, 8 de mayo del 2018).

Macri construye una narrativa política que sostiene que, en los primeros dos años de gestión, el contexto internacional era muy favorable para la Argentina. Sin embargo, a través del uso del conector adversativo “pero”, constata que ahora hubo un cambio (“hoy eso está cambiando”). Menciona una serie de variables “que nosotros no manejamos” en el contexto internacional: aumento de las tasas de interés en Estados Unidos, incremento en el precio del petróleo y devaluación de las monedas de países emergentes: “Durante los dos primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable. Pero eso hoy está cambiando, las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores: están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos” (Macri, 8 de mayo del 2018). Según Macri, estos cambios en las “condiciones mundiales” excedían la capacidad de control del gobierno. Se trataba de transformaciones que se sucedieron en el contexto internacional. De este modo, el presidente se quitaba agentividad ante acontecimientos internacionales situados como imprevistos e incontrolables, que respondían a causas externas y fuera de su voluntad.

Desde un discurso fiscalista, Macri relacionaba la necesidad de financiamiento externo con el aumento del gasto público, que había generado desequilibrio fiscal, el cual era necesario “ordenar”. A través del uso de componentes descriptivos y constatativos (Verón), el presidente construía una cadena de equivalencias (Laclau) entre la dependencia del país del financiamiento internacional y el gasto público recibido, adjetivado negativamente mediante el reforzador “enorme”: “El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando” (Macri, 8 de mayo del 2018). Al encadenar el endeudamiento externo con el “enorme” gasto público “heredado”, Macri criticaba, implícitamente, al gobierno kirchnerista, y pretendía justificar las políticas de recorte de la inversión pública y social.

Al mismo tiempo, se desentendía de la estrecha relación que existía entre la deuda externa tomada por su gobierno y su rol clave en el financiamiento de la fuga de capitales del sector privado; también del vínculo entre las políticas de desregulación financiera de su gestión y la creación de una burbuja especulativa en torno a las LEBAC, y la corrida cambiaria que desencadenó cuando redujo las tasas en abril de 2018. Luego de constatar la “nueva situación” que se sucedía a nivel externo, Macri sostenía que había decidido actuar de manera “preventiva” e “iniciar conversaciones” con la titular del FMI para obtener un acuerdo crediticio del organismo. Según el presidente, el acuerdo fortalecía el “programa de crecimiento y desarrollo” del gobierno, otorgaba un respaldo frente a las nuevas condiciones internacionales y evitaba la crisis económica: “Frente a esta nueva situación, y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia” (Macri, 8 de mayo del 2018).

A nivel enunciativo, Macri situaba al acuerdo con el FMI dentro de una estrategia discursiva más amplia que construyó desde antes de su llegada a la presidencia, que definimos como un ethos de la sinceridad y el decir la Verdad, frente a la permanente mentira, asociada al kirchnerismo. En el marco de esta estrategia de “dicotomización” y de “descrédito hacia el otro” (Amossy), la decisión de iniciar conversaciones con el Fondo buscaba cumplir con un compromiso (“cumpliendo con los compromisos”). El cumplimiento de la palabra empeñada establecía una frontera política (Laclau) frente a las mentiras recurrentes (“no mintiéndoles, como tantas veces nos han hecho”) y la demagogia (“alejándonos de la demagogia”). Este “compromiso” del gobierno con la Verdad lo situaba como un presidente que supuestamente actuaba de modo responsable, sensato y realista.

Además, el presidente sostenía, de un modo asertivo (“estoy convencido”), que el acuerdo era beneficioso para todos (“pensando en el mejor interés de todos los argentinos”) y permitiría alcanzar un futuro mejor que favorecería al conjunto de la sociedad (“un mejor futuro para todos”): “Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles, como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, y en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos” (Macri, 8 de mayo del 2018).

El 20 de junio de 2018 el directorio del FMI anunció la aprobación del acuerdo stand-by con Argentina por 50000 millones de dólares, por un lapso de 36 meses. El primer desembolso alcanzó los 14965 millones de dólares. Además, estableció una suma de 5820 millones en desembolsos trimestrales a partir de septiembre de 2018, para un total de 20785 millones de dólares durante 2018. El monto restante del acuerdo se desembolsaría trimestralmente hasta mediados de 2021 (en torno a los 2910 millones de dólares por trimestre), supeditado a exámenes a cargo del FMI, hasta alcanzar un total de 11640 millones de dólares durante 2019, 11640 en 2020 y 5820 en 2021. De este modo, comenzó a desplegarse una segunda etapa en la política económica cambiemita que, a diferencia de la fase 2015-2017, enfatizó en las medidas de endeudamiento público externo con ajuste fiscal e intensificación de la política monetaria contractiva”

(*) Hernán Fair (Universidad Nacional de Quilmes): “De la revolución de la alegría al acuerdo con el FMI. Neoliberalismo, endeudamiento externo y dependencia durante el gobierno de Macri” (Revista STULTIFERA de Humanidades y Ciencias Sociales-Universidad Austral de Chile-2024).

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