Milei y la seguridad

Por Hernán Andrés Kruse.-

La seguridad es una de las principales preocupaciones de los argentinos. A diario, millones de compatriotas salen temprano de sus hogares para dirigirse a sus lugares de trabajo y no saben si retornarán sanos y salvos. La calle es propiedad de la delincuencia, íntimamente vinculada con el narcotráfico. El territorio nacional se ha convertido en una jungla donde impera la ley del más fuerte. Aunque cueste creerlo, los principales candidatos, con la excepción de Javier Milei, no han dado a conocer a la opinión pública un plan concreto de combate a semejante flagelo. En efecto, una de las mayores preocupaciones del libertario es la inseguridad que mortifica a los ciudadanos de a pie. Prueba de ello es su decisión de, en caso de acceder a la Casa Rosada, entregarle a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, el manejo de la defensa nacional y la seguridad interior.

En materia de seguridad, Villarruel sostiene que “el delito es producto de una libre elección del individuo, quien debe responder por todos los actos que su decisión origina” y son las autoridades las que “detentan el monopolio de la fuerza y deben aplicarla para reprimir” el delito. Es fundamental, por ende, respaldar el accionar “de las fuerzas del orden, potenciando el Consejo de Seguridad Interior” y “recurrir a la figura del Comité en Crisis ante situaciones de emergencia”. Considera fundamental “priorizar la lucha contra el narcotráfico, incidiendo sobre todas sus fases”, y “asegurar el libre tránsito en el territorio de la nación y detener la ocupación ilegal de tierras, actuando en forma inmediata ante la flagrancia”. Además, pretende “abordar la problemática de los delitos cometidos por menores, promoviendo la baja de la edad de imputabilidad y la mejora del sistema de Institutos de Minoridad” y “reformular la Política Penitenciaria Nacional, por medio, entre otros aspectos, de la construcción y operación por gestión público-privada de nuevas alcaidías”.

Respecto a la defensa nacional, Villarruel considera que el sistema “muestra un panorama recesivo en su equipamiento e instrucción, producto de treinta años de desinterés por parte de las sucesivas gestiones de gobierno”, sumado al hecho de que “el personal sufre una acentuada frustración vocacional”, por lo que cree necesario revalorizar a las fuerzas armadas” ante la ciudadanía, en su rol de instituciones fundamentales de la república”. De ahí la importancia de “crear un instrumento militar ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas” y “reformular el diseño de las fuerzas y su despliegue, suprimiendo escalones innecesarios y burocráticos”. Es fundamental, por ende, financiar el área de manera eficiente para “revertir el deficiente estado de equipamiento e instrucción”, como así también “recomponer el presupuesto militar, llevándolo progresivamente en un proceso de 8 años al 2% del PBI y reglamentar la ley del FONDEF”.

Finalmente, será prioridad del gobierno “recobrar el prestigio de las fuerzas armadas en el plano nacional e internacional, y elevar el estado moral de sus integrantes con acciones que apunten a su bienestar humano. Adaptaremos los planes de carrera y la capacitación permanente, favoreceremos el acceso a la salud y a la vivienda y mejoraremos los niveles de ingresos que permitan la retención y potenciación de los recursos humanos, equiparando inmediatamente sus atrasados salarios, jubilaciones y pensiones con los del personal de las fuerzas de seguridad. Llevar a cabo la activación operacional de las fuerzas, dándole sentido a las aspiraciones vocacionales de sus efectivos, desactivar la politización del sistema de inteligencia, la progresiva suspensión de los ejercicios militares con países con los que tenemos firmados acuerdos de cooperación, el abandono de la mayoría de las misiones de paz en el plano internacional, la ideologización de los centros universitarios de formación, el intento de eliminar liceos militares y la caída abrupta de los salarios de las fuerzas” (Fuente: Infobae, Federico Galligani, “Las propuestas de Javier Milei para defensa nacional y seguridad interior: revalorizar a los militares y bajar la edad de imputabilidad, 21/8/023).

Victoria Villarruel le habla, qué duda cabe, a la familia militar y a la familia policial. Pretende garantizar su apoyo en las elecciones de octubre, ya que sus votos, que son varios millones, pueden ser cruciales a la hora de determinar un triunfo en primera vuelta o la obligación de ir a un balotaje. Lo notable es que no hace alusión alguna a una cuestión por demás delicada y polémica pero que forma parte del anarcocapitalismo: la privatización de la seguridad. Por el momento Milei no se ha referido en concreto al asunto pero seguramente coincide con Gustave de Molinari (1819-1912), un economista belga que formó parte de la Escuela Liberal Francesa, cuyos miembros más destacados fueron, entre otros, Hippolyte Castille y, fundamentalmente, Frédéric Bastiat. De Molinari escribió un ensayo titulado “La producción de seguridad”, done exhibe su concepción liberal de la seguridad. A continuación paso a transcribir partes de su escrito.

LA MONOPOLIZACIÓN Y LA COLECTIVIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD

“¿No es lo que se acaba de decir acerca de la sal visiblemente aplicable a la seguridad? ¿No es esta la historia de todas las monarquías y de todas las repúblicas? En todas partes, la producción de seguridad comenzó organizándose como monopolio, y en todas partes tiende, hoy en día, a organizarse de manera comunista. He aquí el porqué. De entre todos los bienes materiales o inmateriales necesarios para el hombre, ninguno, con la posible excepción del trigo, es más indispensable y puede, en consecuencia, soportar una tasa de monopolio más alta. Tampoco puede ningún bien caer con tanta facilidad en el monopolio. ¿Cuál es, en realidad, la situación de la persona que necesita seguridad? La debilidad. ¿Cuál es la situación de aquellos que se comprometen a proveerles la seguridad necesaria? La fuerza. Si fuese de otra forma, si los consumidores de seguridad fueran más fuertes que los productores, es evidente que prescindirían de su auxilio. Pero, si los productores de seguridad son, en su origen, más fuertes que los consumidores, ¿no sería sencillo para aquellos imponer un régimen de monopolio a estos últimos? En todas partes se ve que en el origen de las sociedades, las razas más fuertes y guerreras se atribuyen el gobierno exclusivo de las sociedades; por todas partes se ve a estas razas atribuirse, sobre una circunscripción más o menos extensa, en función de su número y de su fuerza, el monopolio de la seguridad. Y puesto que este monopolio, por su propia naturaleza, es extraordinariamente rentable, vemos también por todas partes a las razas investidas con el monopolio de la seguridad librar luchas encarnizadas con el fin de aumentar la extensión de su mercado, el número de sus consumidores forzosos y, por lo tanto, la cuantía de sus beneficios.

La guerra ha sido la consecuencia necesaria e inevitable del establecimiento del monopolio de la seguridad. Como otra consecuencia inevitable de lo anterior, este monopolio tenía que engendrar todos los demás. Al examinar de cerca la situación de los monopolistas de la seguridad, los productores de otros bienes no podían dejar de reconocer que nada hay en el mundo más ventajoso que el monopolio. En consecuencia, debían quedar tentados por su parte de aumentar los beneficios de sus industrias a través de los mismos procedimientos. Pero, ¿qué les hacía falta para acaparar, en detrimento de los consumidores, el monopolio del bien que producían? Les hacía falta la fuerza. Ahora bien, no poseían esa fuerza, necesaria para reprimir la resistencia de los consumidores en cuestión. ¿Qué fue lo que hicieron? La tomaron prestada, a cambio de pagos, de quienes la poseían. Solicitaron, y obtuvieron, el privilegio exclusivo de ejercer su industria dentro de los límites de determinada circunscripción al precio de ciertas contraprestaciones. Dado que la concesión de estos privilegios reportaba una buena suma de dinero a los productores de seguridad, muy pronto el mundo se cubrió de monopolios. El trabajo y el intercambio fueron estorbados y encadenados por todas partes y, como resultado, la situación de las masas permaneció en la mayor de las miserias. Sin embargo, tras largos siglos de sufrimiento, a medida que la ilustración se fue extendiendo poco a poco por el mundo, las masas, a las que asfixiaba esa red de privilegios, comenzaron a reaccionar contra los privilegiados y a demandar la libertad, es decir, la supresión de los monopolios (…)”.

GOBIERNO Y SOCIEDAD

“Pero, ¿puede concebirse que la producción de seguridad sea organizada de otra manera que como monopolio o de forma comunista? ¿Puede concebirse que sea dejada a la libre competencia? De acuerdo con la teoría comunista, de la que Rousseau es su gran sacerdote, la autoridad no desciende desde arriba, sino que viene de abajo. El gobierno ya no la demanda a la Providencia, sino a los hombres reunidos, a la nación una, indivisible y soberana. Esto es lo que asumen los comunistas, los partidarios de la soberanía del pueblo. Suponen que la razón humana tiene el poder de descubrir las mejores leyes y la más perfecta organización que conviene a la sociedad; y que, en la práctica, es como consecuencia del libre debate entre opiniones opuestas que estas leyes se descubren; que si no hay unanimidad, si tras el debate hay aún desacuerdo, la mayoría es quien tiene la razón, puesto que comprende un mayor número de individuos razonables (estos individuos son, por supuesto, considerados como iguales, pues de lo contrario el andamiaje se desploma); en consecuencia, afirman que las decisiones de la mayoría deben convertirse en ley, y que la minoría está obligada a someterse a ella, incluso si hiere sus convicciones más profundamente enraizadas o sus más preciados intereses. Tal es la teoría; pero, en la práctica, ¿tiene la autoridad de las decisiones de la mayoría ese carácter irresistible y absoluto que se le supone? ¿Es respetada siempre, en todos los casos, por la minoría? ¿Puede eso ser así? (…)”.

EL RÉGIMEN DE TERROR

“Mas supongamos que los partidarios de una organización artificial, monopolistas o comunistas, tengan razón; que la sociedad no esté organizada de manera natural, y que a los hombres incumbe sin demora la tarea de hacer y deshacer las leyes que la rigen. Veamos en qué lamentable situación se hallaría el mundo. Dado que la autoridad moral de los gobernantes no se apoya, en realidad, más que en el propio interés de los gobernados, y dada la tendencia natural de éstos a resistir a todo lo que dañe su interés, hará falta que la autoridad no-reconocida recurra incesantemente a la fuerza física. Por lo demás, monopolistas y comunistas han comprendido perfectamente esta necesidad. Si alguien intenta, dice M. De Maistre, sustraerse a la autoridad de los elegidos de Dios, que sea entregado al brazo secular y que el verdugo haga su trabajo. Si alguien no reconoce la autoridad de los elegidos del pueblo, dicen los teóricos de la escuela de Rousseau, si se resiste a una decisión cualquiera de la mayoría, que sea castigado como un criminal para el pueblo soberano, que el patíbulo haga justicia. Estas dos escuelas, que toman como punto de partida una organización artificial, conducen necesariamente a un mismo término: al terror”.

EL MERCADO LIBRE PARA LA SEGURIDAD

“Permítasenos formular ahora una simple hipótesis. Supongamos una sociedad naciente: los hombres que la componen se ponen a trabajar y a intercambiar los frutos de su trabajo. Un instinto natural revela a estos hombres que su persona, la tierra que ocupan y cultivan, así como los frutos de su trabajo, son su propiedad, y que nadie, a excepción de ellos mismos, tiene derecho a disponer de ella o a tocarla. Ese instinto no es hipotético, existe. Pero al ser el hombre una criatura imperfecta, sucede que ese sentimiento de derecho de cada uno sobre su persona o sobre sus bienes no se encuentra en un mismo grado en todas las almas, y que ciertos individuos atentan, por medio de la violencia o del fraude, contra personas o contra las propiedades de otros. De ahí la necesidad de una industria que prevenga o reprima estas agresiones abusivas de la fuerza y del fraude. Supongamos ahora que un hombre o una asociación de hombres viene y dice: Yo me encargo, a cambio de una retribución, de prevenir o de reprimir los atentados contra las personas y las propiedades. Así pues, aquellos que quieran ponerse al abrigo de toda agresión contra su persona o contra su propiedad, que se dirijan a mí. ¿Qué harán los consumidores antes de cerrar un trato con ese productor de seguridad? En primer lugar, indagarán si es lo bastante poderoso como para protegerlos. En segundo lugar, si ofrece las garantías morales tales que no pueda temer de su parte una agresión como las que se encarga de reprimir. En tercer lugar, si ningún otro productor de seguridad que presentando iguales garantías, esté dispuesto a proveerles de este producto en mejores condiciones.

Esas condiciones serán de diversos tipos. Para estar en situación de garantizar a los consumidores la plena seguridad para sus personas y sus propiedades y, en caso de perjuicio, de distribuirles una indemnización proporcional a la pérdida sufrida, será en efecto necesario: 1. Que el productor establezca ciertas penas contra los ofensores de personas y los usurpadores de la propiedad, y que los consumidores acepten someterse a esas penas, en caso de que ellos mismos cometan alguna infracción contra las personas o contra la propiedad; 2. Que, con el objeto de facilitar el descubrimiento de los autores de los delitos, imponga a los consumidores ciertas normas molestas; 3. Que perciba con regularidad una prima para cubrir sus gastos de producción así como el beneficio natural de su industria. Esa prima será variable según las circunstancias de los consumidores, las ocupaciones particulares que desempeñen, y la extensión, el valor y la naturaleza de sus propiedades. Si estas condiciones, necesarias para el desempeño de esta industria, convienen a los consumidores, el negocio se llevará a cabo; en caso contrario, los consumidores renunciarán a la seguridad, o se dirigirán a otro productor.

Ahora bien, si se considera la particular naturaleza de la industria de la seguridad, se advertirá que los productores estarán obligados a restringir su clientela a ciertas circunscripciones territoriales. Es evidente que no serían capaces de cubrir sus costes si se les ocurriese mantener servicio de policía en localidades donde no contasen más que con unos pocos clientes. Su clientela se agrupará, como sería de esperar, en torno a la sede de su industria. A pesar de todo, no podrán abusar de esta situación para prescribir la ley a los consumidores. En efecto, en caso de un aumento abusivo del precio de la seguridad, éstos siempre tendrán la facultad de conceder su clientela a un nuevo empresario o a un empresario vecino. De esta facultad que tiene el consumidor de comprar la seguridad allí donde bien le parezca, nace una constante emulación entre todos los productores, esforzándose cada uno por aumentar o por mantener su clientela a través del incentivo de un buen precio o de una mejor, más rápida, y más completa justicia. Si, por el contrario, el consumidor no es libre de comprar la seguridad donde bien le parezca, enseguida verán como se da rienda suelta a la arbitrariedad y a la mala gestión. La justicia deviene cara y lenta, la policía vejatoria, la libertad individual deja de ser respetada y el precio de la seguridad es abusivamente exagerado e impuesto con desigualdad de acuerdo con la fuerza o la influencia de que disponga esta o de aquella clase de consumidores, las aseguradoras emprenden una lucha encarnizada por arrebatarse mutuamente los consumidores; en una palabra, aparecen en fila todos los abusos inherentes al monopolio y al comunismo.

Bajo el régimen de la libre competencia, la guerra entre los productores de seguridad deja por completo de tener razón de ser. ¿Por qué se harían la guerra? ¿Para conquistar a los consumidores? Pero los consumidores no se dejarían conquistar. Sin duda, se guardarían de hacer asegurar sus personas y sus propiedades por los hombres que hubiesen atentado sin escrúpulos contra personas o contra propiedades de sus competidores. Si un vencedor audaz quisiera imponerles la ley, pedirían de inmediato ayuda a todos los consumidores libres, amenazados como ellos por esa agresión, y se ocuparían de hacer justicia. Del mismo modo que la guerra es la consecuencia natural del monopolio, la paz es la consecuencia natural de la libertad. Bajo un régimen de libertad, la organización natural de la industria de la seguridad no se diferenciaría de aquella de las otras industrias. En los cantones pequeños, un solo empresario podría ser suficiente. Ese empresario legaría su industria a su hijo o la traspasaría a otro empresario. En los cantones extensos, una compañía reuniría por si misma suficientes recursos como para ejercer de manera conveniente esa importante y difícil industria. Bien dirigida, esta compañía podría perpetuarse fácilmente, y la seguridad se perpetuaría con ella. En la industria de la seguridad, así como en la mayor parte de las demás ramas de la producción, este último modo de organización terminará probablemente por sustituir al primero. Por un lado esto sería la monarquía, por el otro la república; pero una monarquía sin monopolio y una república sin comunismo. Por cualquiera de los dos lados sería una autoridad aceptada y respetada en nombre de la utilidad, y no la autoridad impuesta por el terror. Que tal hipótesis pueda llegar a realizarse, será sin duda una cuestión que se disputará. Pero, aun a riesgo de ser calificado de utópico, afirmamos que esto no es discutible, y que un atento examen de los hechos resolverá más y más a favor de la libertad el problema del gobierno, del mismo modo que ocurre con todos los demás problemas económicos. Por lo que a nosotros concierne, estamos totalmente convencidos de que un día se establecerán asociaciones para reclamar la libertad de gobierno como han sido establecidas para reclamar la libertad de comercio. Y no vacilaremos en añadir que, después de que este último progreso haya sido llevado a cabo, y todo obstáculo artificial a la libre acción de las leyes naturales que rigen el mundo económico haya desaparecido, la situación de los diferentes miembros de la sociedad devendrá la mejor posible”.