La Casa Rosada luce alterada. El jefe de gabinete Marcos Peña y el mismo presidente Mauricio Macri lanzan llamaradas contra la oposición después de que la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que reforma el impuesto a las ganancias, , evidenciando -como solía reclamársele- que no es una escribanía del Poder Ejecutivo,

En rigor, el oficialismo sólo admitió in extremis el tratamiento del tema pues pretendía postergarlo hasta el año próximo. Cuando la oposición exhibió una decisión unificada y numéricamente suficiente se avino y apostó sus fichas a frenar la iniciativa impulsada por renovadores y poskirchneristas en conversaciones con gobernadores peronistas o, eventualmente, a modificarla en acuerdo con alguno de los bloques del arco opositor.

El presidente de la bancada del Pro, Nicolás Massot, estimó la posibilidad de una coincidencia con el kirchnerismo (“Es posible, no sería la primera vez”) y admitió que había conversado “de manera muy amable” con Axel Kicillof (“una persona distinta a la que me imaginaba”). Actitud plausible: a su bloque no le alcanza el número propio para avanzar sin la aprobación de otros.

Sin embargo, el oficialismo legislativo recibió la instrucción de envolverse sin concesiones en el proyecto propio. Joaquín Morales Solá, un columnista bien informado sobre los designios oficiales, constató: “Por primera vez el Gobierno se negó a negociar su proyecto (…) ¿Qué pasó para que no hubiera espíritu de acuerdo esta vez?”.

Parece claro que el Poder Ejecutivo decidió (inclusive a costa de una derrota parlamentaria) responder con hechos a una propuesta que surge desde distintos sectores que le sugieren buscar una política de consensos y acuerdos para fortalecer la gobernabilidad y ofrecer un horizonte previsible hacia adentro y hacia afuera, que facilite las esperadas (y postergadas) inversiones.

Esa tesitura adquirió una voz fuerte en el seno de la propia coalición oficialista en la figura de Emilio Monzó. El presidente de la Cámara de Diputados señaló que el gobierno se encuentra en un momento oportuno para introducir cambios y oxigenar la situación política con acuerdos.

Si bien se mira, fueron acuerdos los que le permitieron a Macri gobernar este año y aprobar un centenar de leyes, algunas de ellas fundamentales. En cambio, fue la unilateralidad la que llevó al gobierno a perder la iniciativa y a sostenerse retrocediendo (un proceso que se inició con el incremento inconsulto de tarifas, cuando perdió en la calle, en el Congreso y en la Corte; y que no se ha detenido).

Para Macri, la posición de Monzó “expresa un microclima en el cual vive, que es el de la Cámara de Diputados, que es distinto al del gobierno”. Cuando dijo eso, ¿estaba el Presidente dibujando un conflicto en ciernes entre la Casa Rosada y el Congreso?

Para algunas cabezas de la Casa Rosada los planteos acuerdistas son una reiteración de los que, antes de las elecciones, atribuían al “círculo rojo”, cuando se exhortaba a Macri a acordar con Massa. “Ganamos sin ese acuerdo”, replican con orgullo. Se trata de una mirada sesgada: Macri, en realidad, perdió la primera vuelta ante Scioli y ganó en la segunda con votos de otras fuerzas (principalmente la de Massa) y merced al impulso de una victoria excepcional en la provincia de Buenos Aires. Donde hoy su gobernadora, María Eugenia Vidal, practica una política de acuerdos con el peronismo (massistas y poskirchneristas) contradictoria con la que aconsejan los puristas y ha sumado a un dirigente de ese tronco como ministro de gobierno.

Si la impulsiva reacción de Macri y de Peña es algo más que un pasajero sangrar por la herida, el gobierno probablemente se esté embarcando en una apuesta aventurada con la ilusión -como ya se señaló en esta columna- de “definir la elección de 2017 en términos de nosotros o el diluvio”, de polarizar con el peronismo y adornar al adversario con la máscara del desprestigiado kirchnerismo. Se consumiría así la mitad de su período en una estrategia confrontativa sin garantía alguna de que pueda impedir el diluvio.

La confrontación espanta a los inversores y vuelve problemática la gobernabilidad. Especialmente si las fuerzas parlamentarias propias son insuficientes, la mayoría de los gobernadores son peronistas, la calle es un territorio ajeno y las encuestas empiezan a mostrar caída de expectativas y crecientes críticas a la gestión oficial.

Jorge Raventos

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