Por Carlos Tórtora.-

El impacto del Criptogate comienza a hacerse sentir en las distintas esferas institucionales y hay dos hechos que sobresalen en las últimas horas. El primero es que el Juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, suspendió la aplicación del Decreto 116/2025, que dispuso la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima, como paso previo a su privatización. El año pasado, un grupo de trabajadores del Banco pidió la nulidad de una resolución del directorio del mismo que habilitaba la reestructuración de la entidad y de todo proceso conducente a la privatización. Ramos Padilla consideró abstracto el pedido, ya que la Ley Bases excluía al Banco Nación de los organismos a privatizar. Pero el nuevo decreto cambió la situación y los empleados recurrieron otra vez al juez, que les dio la razón dictando una cautelar que sostiene que el Decreto 116 podría haber excedido los límites de la delegación de facultades establecidos por el Congreso.

Este freno de Ramos Padilla a uno de los ejes de la política de privatizaciones de Milei es significativo por sus alcances y por el momento en que se produce. Y además, porque Ramos Padilla es nada menos que el juez electoral de Buenos Aires, donde en octubre próximo se dará la batalla electoral decisiva para el futuro del gobierno libertario.

Un avance contra la corrupción

La otra decisión judicial que es notoria, la tomó el Fiscal Federal Eduardo Taiano, que, por otra parte, tiene imputado a Milei por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA.

Luego de casi dos meses de silencio, Taiano dispuso una serie de medidas de prueba en la causa iniciada contra Cristian Ritondo por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el abogado Jeremías Rodríguez denunciara que la esposa del presidente de la bancada del PRO había comprado una serie de propiedades en La Florida a través de una serie de sociedades offshore y que las mismas no se encuentran registradas en su declaración jurada. Taiano dispuso ahora las siguientes medidas de prueba: 1) compulsa de bases de datos financieros internacionales sobre sociedades offshore. 2) Requerimiento a la UIF para conocer si existen investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. 3) Pedido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero de las declaraciones juradas de Ritondo, su esposa y Emprendimientos Rivadavia S.A. desde el 2012. 4) Pedido de informes a los registros de propiedad de CABA y PBA sobre los bienes registrados a nombre de Ritondo y de su sociedad. 5) Investigación sobre posibles cuentas bancarias en el Banco Santander vinculadas a Sunstar Point LTD, una de las sociedades offshore ahora detectadas. 6) Requerimiento a la Inspección General de Justicia para acceder al legajo de la empresa constructora.

Como se desprende de la sola lectura de las medidas, es probable que las mismas conduzcan a la comprobación de maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero, lo que es muy importante, es que una versión de fuentes judiciales consigna que la caída de Ritondo arrastraría a otra figura de primera línea del PRO. Según otra interpretación, la debacle que el caso Ritondo desataría en el partido amarillo produciría una conmoción pública que ayudaría a que el gobierno distraiga al menos parcialmente la atención del escándalo de $LIBRA.

De un modo y otro, todo indica que el país ingresa en una etapa signada por el destape de la corrupción.

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