Por Luis Alejandro Rizzi.-

Así como el iliberalismo es una ideología que justifica el debilitamiento institucional, en la misma medida el fortalecimiento del poder presidencial, la “irrepresentación”, sería la integración de los poderes ejecutivo legislativo y judicial con personas que la sociedad rechaza, y entre los debe elegir, los que a su vez eligen a los jueces.

Podríamos hablar del sistema político del fruto envenenado, por lo tanto, aunque se respeten las formas institucionales, la república irrepresentativa sería ilegítima.

Con la excepción de Myriam Bregman, todos los posibles candidatos que hoy son medidos cosechan más rechazo que aprobación; precisamente es uno de los resultados de una investigación de la consultora Aresco, en la que resultan ganadores “ninguno de ellos”.

Imperan el hastío y el fastidio, y luego de años de democracia, y descartada la opción militar, sólo nos queda la opción negativa, que ya no sería el voto en blanco o nulo, sino directamente el “no voto” que es lo mismo que el voto descarte, el del “menos peor”, con el agravante que tampoco funcionaría la opción del “outsider”.

Un dato que muestra la mentira que es este gobierno lo describió Hugo Alconada Mon, el periodista cuya cuñada, que obtuvo el acuerdo del Senado para ocupar un cargo de Juez, no es designada por el presidente Milei para mostrar su desagrado con el periodista nombrado, que escribió en el diario La Nación: “Durante dos años y medio, el gobierno de Javier Milei recaudó más de 1,5 billón de pesos en el fideicomiso creado para financiar obras viales, pero sólo aplicó la cuarta parte a ese fin. A fines de mayo pasado mantenía más de $ 1 billón en inversiones financieras como plazos fijos y títulos públicos, según reconstruyó La Nación, a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y otros documentos oficiales obtenidos mediante múltiples pedidos de acceso a la información pública.”

Esta anomalía constituye, cuando menos, un desvío de fondos y una posible defraudación al estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público

El mismo gobierno, aplicando la doctrina de los propios actos, se autoinculparía, ya que el argumento usado para rechazar y vetar la ley de financiamiento universitario fue que el congreso no señalaba la fuente de financiación.

Alconada Mon explicó que “la operatoria oficial tiene como epicentro el “sistema vial integrado” (sisvial), un subsistema del fideicomiso creado por el decreto 976/01, que capta una porción del impuesto a los combustibles líquidos con un objetivo legal específico: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial.”

A su vez Barclays informó que: “En el primer semestre de este año, el gasto social se ubicó 14% por debajo del mismo período de 2023, los subsidios cayeron 61% y el gasto de capital, 85%. Esos tres componentes explican alrededor de tres cuartas partes de la reducción total de las erogaciones del sector público”, aunque el informe no habla de la subejecución presupuestaria.

El orden y el superávit fiscal parecen ser una “gran mentira” y algún fiscal debería solicitar la respectiva investigación, reitero, es muy posible que estemos ante la comisión de varios delitos en concurso real, las penas se suman.

La “irrepresentacion” de “la república envenenada” es una de las formas de cómo fuimos perdiendo la república durante el siglo XXI.

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