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"Juzgo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos". Maquiavelo

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Opinión

Sistema institucional argentino: su modificación

Por Mario Meneghini.-

La grave crisis que afecta a nuestro país, provoca, además de quejas, numerosas propuestas de cambios en el orden político. Es frecuente leer o escuchar sobre la necesidad imperiosa de modificar radicalmente la manera de seleccionar a las autoridades públicas. Esto merece un análisis serio y objetivo, examinando la manera de perfeccionar el sistema, evitando caer en un mero soñar con un futuro deseable, pero imposible de alcanzar.

Recordemos que la última reforma a la Constitucional Nacional, se efectuó en 1994; en los 28 años transcurridos, ningún sector político y ningún constitucionalista ha puesto en duda la legitimidad de dicha Constitución. Por lo tanto, las reformas que se propongan deberán someterse al procedimiento respectivo, fijado en el propio texto constitucional (CN, art. 30), de manera que no podrá concretarse sin el apoyo explícito de la mayoría de dos tercios del total de los diputados y senadores. En síntesis, no habrá ninguna reforma institucional sin la participación activa de los partidos políticos.

Uno de los aspectos más criticados de la política contemporánea es el de la representación; la crítica al sistema contemporáneo de partidos está, obviamente, justificada. Dicho sistema se basa en la llamada democracia indirecta o representativa, consistente en que, como todo el pueblo -en quien se supone reside la soberanía- no puede gobernar por sí mismo, debe delegar en sus representantes la función de gobierno, sin abandonar por ello la soberanía. Como el gobierno -especialmente el Congreso- debe representar la Voluntad General, se establece por medio de una ficción jurídica que cada representante representa, no a los ciudadanos que lo han elegido, sino a todo el pueblo. Con lo cual se invalida en la práctica la figura invocada del mandato, según la cual los gobernantes reciben, al ser elegidos, un mandato del pueblo, para ejercer en su nombre el gobierno.

En los parlamentos modernos -y ya desde la Revolución Francesa- se prohíben los mandatos imperativos, y los representantes ejercen una representación “libre”, es decir que, una vez elegidos -si bien alegan actuar en nombre del pueblo-, no reciben órdenes de sus electores y actúan con total independencia.

Por otra parte, todos los representantes son propuestos al electorado por los partidos políticos, únicas entidades que tienen acceso legal a los cargos públicos electivos, no permitiéndose ni las candidaturas de ciudadanos independientes ni la representación de otros grupos sociales (CN, art. 38). Al ser reemplazada la monarquía por el sistema republicano, surge la necesidad de sustituir a la nobleza en dicho rol, y este lugar lo ocupan -aunque imperfectamente-, los representantes del pueblo, elegidos a través de los partidos políticos.

La alternativa que proponen distinguidos profesores y publicistas, consiste -explícita o tácitamente- en sustituir el régimen de partidos por: a) una participación activa en la vida socio-política de los cuerpos intermedios; y b) la dictadura como forma de gobierno.

Los cuerpos intermedios son las asociaciones ubicadas entre la familia y el Estado, que persiguen un fin común (sindicatos, entidades profesionales, cámaras empresarias, centros vecinales, cooperativas, mutuales, cooperadoras escolares, etcétera). Toda sociedad contiene en su seno infinidad de entidades y grupos mediante los cuales los hombres tratan de lograr objetivos que sirven a su perfección. Un sano orden social requiere la aplicación del principio de subsidiariedad que demanda que el Estado no absorba las actividades que pueden realizar eficazmente las asociaciones inferiores. En virtud de este principio, los cuerpos intermedios deberían gozar de la mayor autonomía posible y ocuparse de muchas tareas que hoy el Estado tiene a su cargo y le impiden ejercer correctamente el rol que le compete como gestor del Bien Común. Asimismo, mediante la interconexión y colaboración mutua, los cuerpos intermedios pueden constituir organismos que resuelvan por sí mismos ciertos problemas sociales y económicos, evitando la lucha de clases: es lo que se llama corporativismo u organización profesional.

En este sistema, los grupos intermedios se van articulando hasta formar un Consejo o Cámara nacional en la que se hallan representados todos los grupos e intereses sociales existentes en la sociedad, con la finalidad de asesorar al gobierno, o, incluso, cumplir funciones legislativas. No cabe duda de que este sistema, recomendado por el magisterio pontificio -especialmente en la Encíclica “Cuadragésimo Anno”-, permite un mejor funcionamiento de la sociedad y a la vez impide los posibles abusos del Estado, pero no puede asumir -en exclusividad- la conducción de éste, ni ocuparse de la actividad específicamente política.

“Es verdad que estos grupos, si bien necesarios, cada uno según su propia finalidad específica, representan sólo intereses delimitados y parciales, no el bien universal del país. No tienen, por consiguiente, competencia para participar en aquellas decisiones superiores que son peculiares del supremo poder político, primer responsable del bien común” (Carta de la Secretaría de Estado del Vaticano a la XXVI Semana Social de España, 18-3-1967).

Es por eso que, inevitablemente, cuando no se quiere aceptar la existencia de los partidos, se busca una monarquía sin corona: la dictadura. Pero ocurre que, por definición, la dictadura es una fórmula de transición, que no puede prolongarse indefinidamente. Sus creadores, los romanos, limitaban su duración a seis meses; aunque aquí se prolongó durante seis años, en dos ocasiones, ¿bastó ese lapso para producir los cambios necesarios? Tampoco las dictaduras nacionales de Franco, en España, y de Oliveira Salazar, en Portugal, que se extendieron por más de 30 años, pudieron modificar el sistema. Por todo lo explicado, la alternativa comentada, como reemplazo de la partidocracia, no nos parece satisfactoria como solución factible y útil.

Hecho el análisis precedente, se advierte que la empresa de reconstruir el orden social no es sencilla ni fácil. En materia de regímenes políticos, cada persona puede preferir uno u otro, incluso se puede llegar a precisar –en el plano teórico- cuál es el mejor. Pero, en cada sociedad, las circunstancias históricas van creando una forma política específica, que rige la selección y reemplazo de los gobernantes. En nuestro país, existe desde hace 169 años la forma republicana de gobierno, que no podemos desconocer, pues es uno de los llamados contenidos pétreos, que no pueden ser abolidos ni alterados por ninguna reforma constitucional. (1)

A partir de estas realidades es que debemos desplegar nuestro esfuerzo por mejorar el funcionamiento de la sociedad en que la Providencia nos ha colocado.

Por otra parte, la actuación de los partidos no es necesariamente mala. En efecto, en todos los tiempos, los hombres se han agrupado en torno a líderes, ideas o intereses, para tratar de influir en la conducción de la sociedad, incluso cuando regía la monarquía y existía la aristocracia. La parte no siempre constituye una facción, ni la discrepancia afecta al bien común, mientras se mantenga dentro de ciertos límites. Ahora bien, ya hemos dicho que los grupos sociales intermedios -que, por ser intermediarios entre la familia y el Estado, son infrapolíticos- no pueden asumir la conducción del Estado ni ejercer la actividad específicamente política. Por ello, la conducción global de la sociedad, que compete al Estado, debe estar reservada a un tipo de personas con características especiales.

“El hecho natural de la existencia de un estamento dirigente de la vida política… se conecta con la doctrina clásica de la vocación, según la cual en los hombres existen aptitudes naturales para los diversos oficios que requiere la comunidad, incluso para el más elevado, esto es, el oficio político, pues, como decía Aristóteles, hay hombres cuya tarea propia parece ser la de gobernar a los demás”. (2) Entonces, ¿a través de qué medios pueden seleccionarse a los hombres que habrán de gobernar en un sistema republicano, y en qué tipo de entidades habrán de agruparse de acuerdo a sus preferencias políticas? En el mundo contemporáneo, en la casi totalidad de Estados, existen sistemas pluripartidarios o de partido único; las pocas excepciones consisten en Estados con gobiernos militares. Pero, aún en esos casos, la experiencia del último siglo indica que, luego de períodos transitorios, se produce “el eterno retorno de los partidos” (3). No se ha logrado articular todavía una forma de convivencia que pueda prescindir de los partidos en la actividad política.

El profesor Félix Lamas ha explicado, con mucha claridad, que los partidos: “Pueden considerarse de existencia necesaria en la misma medida en que es inevitable una cierta dosis de discordia en toda comunidad…”, y por ello es que hay “un margen funcional admisible en los partidos: pueden constituir vehículos de opinión o canales del querer sobre cuestiones opinables, cuando éstas no encuentren adecuada expresión a través de las comunidades naturales, vgr.: la postulación de candidatos o el sostenimiento de un determinado programa conforme con el bien común” (Cabildo, setiembre de 1982).

Creuzet añade: “Acontece también que su existencia resulta el único medio de contrabalancear el poder tiránico de un Estado descarriado… En este caso, los partidos de la oposición se transforman en verdaderos cuerpos intermedios, apoyo de las personas, de las familias, de los otros cuerpos sociales, en su justa resistencia contra la tiranía” (4).

Debe reflexionarse, además, en que hoy, más que nunca, la actividad gubernamental es tremendamente compleja y requiere una formación adecuada, que se adquiere luego de muchos años de estudio y experiencia. Precisamente, porque no aceptamos la ilusión populista de que cualquier persona puede desempeñar un cargo público, ni bastan la honestidad y el patriotismo para gobernar con eficacia, es que pensamos que resulta imprescindible constituir grupos de hombres con auténtica vocación política, que se preparen seriamente para gobernar. Y, por ahora, no hay otra vía idónea que la que ofrecen los partidos, que se fundamentan -o deberían hacerlo- en una cosmovisión global y elaboran programas con las soluciones que proponen para cada uno de los problemas que debe afrontar el Estado. Los aspectos negativos del funcionamiento de los partidos en la Argentina, podrían corregirse fácilmente, con una modificación de la ley orgánica respectiva, para lo cual, debe existir, por supuesto, la previa decisión de un número suficiente de patriotas dispuestos a intervenir en el único ámbito donde se pueden mejorar las instituciones públicas.

Para finalizar, deseo citar al único argentino, elegido tres veces Presidente, el General Perón. En su testamento político – “Modelo Argentino”, segunda parte, cap. 3- reproduce una frase del papa Pablo VI: “la apelación a la utopía es con frecuencia un cómodo pretexto para quien desea rehuir las tareas concretas refugiándose en un mundo imaginario. Vivir en un futuro hipotético es una coartada fácil para deponer responsabilidades inmediatas.” (5)

Agrega el texto citado: “Nuestro modelo político propone el ideal no utópico de realizar dos tareas permanentes: acercar la realidad al ideal y revisar la validez de ese ideal para mantenerlo abierto a la realidad del futuro”.

Córdoba, 29-11-22

1) Bidart Campos, Germán. “Manual de Derecho Constitucional Argentino”; Ediar, p. 33.

2) Sampay, Arturo. “Introducción a la Teoría del Estado”; Bibliográfica Omeba, p. 490.

3) Lucas Verdú, Pablo. “Principios de la política”; Tecnos, T. III, p. 48.

4)  Creuzet, Michel. “Los cuerpos intermedios”; Speiro, p. 101.

5) Octogesima adveniens, p. 37.

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Mario Meneghini

Miembro Correspondiente de la Academia Sanmartiniana Centro de Estudios Cívicos Córdoba www.foroazulyblanco.blogspot.com

Un comentario en «Sistema institucional argentino: su modificación»

  • Pensar por fuera de lo que ya hay es soñar con imposibles. Los partidos politicos son los vehiculos imprescindibles y no pueden ser dejados de lado. Democratizar es sinonimo de algo bueno. La representacion en politica es algo real. Y si solo hacemos unos pocos cambios constitucionales todo funcionara mejor.

    Obvio, no comparto la nota.

    Se habla de cambiar para no cambiar nada. Como se piensa todo en peronia.
    Nada puede ser tocado, hay que insistir en los mismos ideales que suenan tan bonito, y esperar que esta vez si de resultado.

    Paso. No hay pensamientos novedosos. Es el insistir en «lo que esta bien» y «cambiar lo que esta mal».

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