Por Luis Alejandro Rizzi.-

Con estas palabras intento describir este nuevo totalitarismo “libertario” que se viene imponiendo desde el gobierno de Javier Milei.

La doctrina liberal no sólo es es institucionalista y republicana sino además tiene un sentido muy concreto de la justicia distributiva, concepto elaborado, entre otros, por John Rawls, sintetizado en el principio de la diferencia.

El gobierno de Milei desde ya no califica dentro de la doctrina liberal ni de la institucionalidad republicana; conforma una versión más propia de la sofística populista y de una rancia concepción religiosa del poder político expresadas en “dogmas” cuya desobediencia convierte al infractor en “impío” o hereje.

El gobierno creó su propio tribunal inquisitivo, que denominó “Oficina de respuesta oficial”, cuyas respuestas, admítase la redundancia, permitirían, según el decreto 941/25, intervenir a “La AGENCIA NACIONAL DE CONTRAINTELIGENCIA (ANC), será el órgano responsable de la producción de INTELIGENCIA NACIONAL vinculada a actores, hechos, riesgos, oportunidades y amenazas dentro de la jurisdicción nacional a través de la obtención, reunión y análisis de la información.”

Es obvio: lo que la Oficina de respuesta considere falso se convierte en amenaza, pasa a la competencia administrativa, según el decreto citado.

«En el cumplimiento de sus funciones, la AGENCIA NACIONAL DE CONTRAINTELIGENCIA (ANC) deberá identificar y analizar, con enfoque preventivo, amenazas a la seguridad nacional, incluyendo acciones de espionaje, sabotaje, injerencia, interferencia e influencia”.

Con esta norma se cierra el círculo entre la oficina de respuesta oficial y la SIDE.

Pero lo más grave viene en este párrafo: “En el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia, el personal de inteligencia podrá proceder a la aprehensión de personas, debiendo dar aviso inmediato a las FUERZAS POLICIALES y de SEGURIDAD competentes”.

Un decreto del Poder ejecutivo autoriza la “aprehensión” de personas” en el supuesto que la “oficina de respuesta” considere falsa o simplemente amenazante, una opinión de cualquier persona.

Es cierto, se debe dar aviso a las fuerzas policiales o seguridad competente, pero se obvia el aviso al Juez penal en turno que corresponda.

Es decir, una persona podría estar detenida por un lapso de 24, 48 o más horas sin que Juez alguno esté notificado. No habría obligación de hacerlo.

Esta norma es un mamarracho que vulnera el artículo 29 de la Constitución Nacional, que dispone: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.”

Un fiscal debió ya haber radicado la respectiva denuncia.

En esos puntos, el decreto 941/25 es nulo de nulidad insanable y en mi opinión los firmantes de ese grotesco DNU quedaron incursos en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Esto es “mileísmo o mileicismo”, variantes libertarias del más oscuro nazismo y fascismo.

La temida “Lady Karina Macbeth” ordenó a los legisladores de LLA que todo proyecto enviado por Milei primero se vota y luego se lee.

Si esto no es invitación a la sedición, algo funciona mal en la Argentina.

Una paradoja libertaria, un anarquismo impuesto por el estado, una real “mileiteocracia”, antes lo llamábamos “gobiernos de facto”.

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