Por Luis Alejandro Rizzi.-
La calidad de un gobierno se puede ponderar desde varios puntos de vista que van desde el nivel cultural de los funcionarios hasta la eficacia de la gestión.
Un gobierno no es virtuoso por tener superávit fiscal ni pecador por tener déficit, lo que califica es el uso que se hace de “los fondos del Tesoro Nacional formado del producto de derechos de importación y exportación, del de la venta o locación de tierras de propiedad nacional, de la renta de Correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para empresas de utilidad nacional”, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución.
No se habla del resultado fiscal, y en la sana praxis política es admisible un déficit de tres a cinco puntos del PBI como lo establecen normas financieras de la Unión Europea.
Culturalmente el gobierno mide mal, en general muchos funcionarios, comenzando por el presidente, son “bárbaros”, no “emocionales” como dijo Patricia Bullrich, queriendo quedar bien con Dios y el diablo.
Ponderados por el modo de administrar descalifica el dogma del superávit fiscal, que no pasa de ser una burda excusa para justificar el pago de la deuda externa y compromisos asumidos con el FMI de imposible cumplimiento. Es obvio que no propugno ningún default ni niego la deuda, sí cuestiono el modo y plazos de pago.
La política del gobierno, subsidiando innecesariamente inversiones en energía y minería, tiene como finalidad la obtención de dólares para pagar la deuda contraída para financiar gastos corrientes.
Es legítima la deuda que se contrae con fines de utilidad pública y urgencias de la Nación. Dicho de otro modo, la deuda se contrae legítimamente para inversión en capital.
El derecho se presume conocido por todos y “la ignorancia de las leyes no sirve de excusa para su cumplimiento, si la excepción no está autorizada por el ordenamiento jurídico”, por lo que todo inversor -público y privado- debe saber que sus préstamos sólo son legítimos según su finalidad.
Mediante una decisión administrativa (sic), la gestión de Javier Milei modificó el Presupuesto 2026 con un recorte de casi 2,5 billones de pesos, que incluyó un fuerte ajuste en lo relativo a educación y universidades.
Ese “ajuste” bárbaro por su modo de decidirse y ejecutase, es una muestra de grave incultura, dicho de otro modo “falta de idoneidad”, responde a “la intención es alcanzar el superávit fiscal pactado con el FMI.”, lo que obviamente no constituye una urgencia nacional, sino un mero capricho de un déspota, persona que gobierna sin sujeción a ley alguna.
Javier Milei gobierna para pagar la deuda sin tener en cuenta que debe promover el bien común, no el bien de algunos segmentos sociales y de los acreedores financieros.
Hoy se realizó la marcha universitaria, que fue multitudinaria, que expresa una queja social.
Es cierto que hay un exceso de universidades y que su gestión deja mucho que desear, pero ello no justifica que se suspendan aportes a los hospitales universitarios, que garantizan el acceso a la salud a los segmentos sociales menos favorecidos, un principio de justicia social liberal expuesto por John Rawls.
Las Universidades administrativamente son entes autárquicos, y el estado tiene la obligación de hacer el respectivo control de gestión, sin afectar la libertad de cátedra.
Es discutible el acceso gratuito indiscriminado, pero lo que sí es criticable es mantener la matrícula al estudiante crónico.
El estudiante que no cumpla con requisitos de regularidad, como mínimo deberá pagar un arancel para continuar. En todo caso, el acceso gratuito sólo debe ser un derecho garantizado a los estudiantes regulares, es decir los que avancen según los planes de estudio de cada facultad.
Como vemos, no es una cuestión de presupuesto sino de buena administración de recursos.
Ni la discusión ni el debate público van en esa dirección.
Deja una respuesta