Por Luis Orea Campos.-
El proyecto de reforma electoral que el gobierno envió de apuro al Congreso para sacar de los reflectores las cuestiones espinosas que lo están teniendo contra las cuerdas trae el mismo vicio de fábrica que la famosa “Ley de Democratización, de la Representación política, la transparencia y la equidad electoral” inventada por el extinto Jorge Landeau a pedido del extinto Néstor Kirchner que no democratizó nada ni supuso avance alguno en los inexistentes defectos que supuestamente pretendía corregir.
Desde luego no es para nada raro que los presuntos libertarios sigan los lineamientos oportunistas y ventajeros que inspiró aquel engendro kirchnerista habida cuenta de que el ex panelista televisivo que ejerce la presidencia como completo ignorante de estas cuestiones carece de los instrumentos apropiados para analizar lo que le venden colaboradores que se perciben astutos y que además abrevan en las fuentes inescrupulosas de origen kirchnerista.
Es demasiado evidente que la idea fuerza detrás de esta maniobra es el aprovechamiento en las presidenciales de 2027 del arrastre de la figura taquillera del mentalista presidencial (El mentalista) en las jurisdicciones provinciales mediante la dispersión de la oferta opositora y la desaparición de los partidos chicos.
Pasa el tiempo, pasan los gobiernos y siguen las mismas mañas infectando los instrumentos creados por la civilización para seleccionar a quienes se supone deben encargarse de dirigir los destinos de la sociedad hacia un bienestar sustentable y equilibrado.
Cuentan para ello con la abulia de un público aburrido de asistir día tras día a muestras de mugre en el escenario de la política al que termina importándole un rábano que desde el poder se siga manipulando el mazo con los más burdos pretextos con tal de tener las mejores cartas en sus manos para el cotejo electoral.
Como recordarán los lectores de el Informador Público desde esta columna en reiteradas oportunidades se ha postulado como imperativa la derogación de las PASO por inútiles, costosas y nocivas para los partidos políticos que gracias a la intrusión estatal vieron intervenida su vida interna y terminaron convirtiéndose de hecho en simples plataformas de lanzamiento de candidaturas sustentadas en la mayor o menor fama de figuras a veces farandulescas o alimentando la práctica del dedazo con los resultados que todo el país aún sufre.
Partiendo de la base de que ningún partido político que carezca de la capacidad de seleccionar a sus dirigentes sin la tutela del Estado debería existir dado que justamente el debate de ideas en su seno es lo que produce la preeminencia de uno u otro dirigente para encabezar listas, se puede advertir que la intromisión estatal viene a profundizar esa debilidad estructural del partido político en lugar de reforzar su rol como institución fundamental que le adjudica la Constitución Nacional.
En otro orden, las modificaciones al sistema vigente sin duda son necesarias en ese y otros aspectos, pero no es admisible es que se hagan mediante instrumentos concebidos y redactados sin consulta alguna por improvisados que están mas inspirados en las conveniencias de la facción oficialista que en una sana aspiración de establecer reglas de juego imparciales que aseguren la efectividad del sistema electoral para canalizar una competencia productiva para la sociedad entre las distintas propuestas partidarias.
Vale recordar en este punto la clásica sentencia del genial pensador español José Ortega y Gasset que sostenía que “La salud de las democracias, cualesquiera que sean su tipo y su grado, depende de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral. Todo lo demás es secundario”
Y ya se sabe y se palpa diariamente como anda la salud de la democracia argentina conducida últimamente por sujetos que compiten denodadamente en arrastrar por el suelo la investidura presidencial o en protagonizar discusiones de peluquería, riñas de bodegón o dantescos espectáculos de impúdica corrupción.
Por eso ningún beneficio traerá –si llegara a prosperar– una reforma del sistema viciada de parcialidad desde el inicio que además padece de inconsistencias constitucionales que es de esperar sean advertidas por quienes tienen en sus manos y en su responsabilidad convalidar o mejorar la obra de improvisados redactores de este nuevo intento de inclinar la cancha a favor del oficialismo en perjuicio de la posibilidad de establecer mecanismos que asegure la salud de esta democracia que tanto costó restablecer.
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