Por Luis Alejandro Rizzi.-

El subsidio es una prestación pública que tiene como finalidad facilitar el acceso a servicios públicos o satisfacer otro tipo de necesidades básicas, por ejemplo, los descuentos al precio de medicamentos.

Por definición, el subsidio debe dirigirse a la demanda y no a la oferta, ya que de lo contrario se beneficia a los sectores más favorecidos de la sociedad, lo que afecta el concepto de justicia social.

Sería un uso al revés del principio de justicia de la diferencia o el óptimo de Pareto.

El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley para eliminar los subsidios al precio del gas aplicado a la oferta, en zonas determinadas del país, en las llamadas zonas frías, donde se supone que el uso del gas es más intenso que en otras zonas del país, aunque luego se extendió otras provincias.

El subsidio debe tener relación con los ingresos de las personas y de su grupo familiar, a partir de un ingreso mínimo que permita satisfacer las necesidades básicas de dignidad humana.

A su vez, la gente tener un sentido real de sus prioridades tomando como referencia para sus gastos, la pirámide de Maslow en los dos niveles básicos de la base.

También se debe tener en cuenta el principio de la subsidiariedad en aquellas zonas del país de baja densidad poblacional, en las que fatalmente el estado nacional y provincial, o los dos de modo concurrente, deben estar presentes.

Es probable que en el debut parlamentario se inicie la campaña electoral de las próximas elecciones, y se pretenda mantener el subsidio generalizado a la oferta.

Seguramente se comparará el costo del subsidio en relación al PBI o a los ingresos fiscales, lo que sería erróneo.

Parece una obviedad que el subsidio a la demanda implicaría un ahorro de recursos, pero la cuestión se presentará en la imposibilidad de ponderar los ingresos generados por actividades no registradas.

Como principio debería excluirse del subsidio a toda persona no registrada, y en caso de empresas o empleadores debería relacionarse el gasto en energía con relación a su facturación.

El subsidio a la demanda es un medio también para combatir la marginalidad o economía “negra”.

Parece necesario ratificar la ley 25.345, pero modificándola prohibiendo hacer y recibir pagos en efectivo por cualquier monto.

Personalmente pienso que en el debate predominará el discurso demagógico por parte de la oposición, y por el lado del oficialismo se carecerá de empatía.

Si el debate se convierte en batalla, “todos unidos perderemos”.

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