Por Carlos Tórtora.-

El abogado Jeremías Rodríguez amplió su denuncia contra Cristian Ritondo por enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado. Hasta ahora los ejes de la investigación eran dos. Primero fue la denuncia de Rodríguez sobre la red de sociedades offshore que presidía la esposa de Ritondo, Romina Aldana Diago, con US$ 2,7 millones en propiedades en la Florida. Luego vino la denuncia de Elisa Carrió y Mónica Frade sobre las 72 propiedades en Capital, más una chacra en San Antonio de Areco y un complejo en Pinamar, que son propiedad de Emprendimientos Rivadavia, la empresa de Ritondo.

Pero la nueva denuncia escala en la magnitud del escándalo. Emprendimientos Rivadavia controlaría 14 emprendimientos inmobiliarios llamados Solares de Donato, con un total de 373 unidades funcionales. Todo esto por un monto de US$ 55.950.000.

Estamos hablando entonces de un capital que podría superar los 100 millones de dólares, lo que implica una escala de corrupción que excede ampliamente cualquier recaudación negra que Ritondo pueda haber hecho a través de coimas, ñoquis y contratos sobrefacturados del Estado. Crece en cambio la sospecha de que el presidente del bloque del PRO en Diputados sería en realidad el testaferro de una operación de lavado en gran escala, tal vez originado en el narcotráfico. De ser así, la gravedad del tema trascendería y mucho lo que resulta de un simple acto de corrupción política.

Un silencio suicida

A tres semanas de iniciado el escándalo, tanto Mauricio Macri como toda la dirigencia del PRO guardan silencio sobre el tema, en una maniobra desesperada por proteger a Ritondo. Sólo la principal aliada de éste, María Eugenia Vidal, habló para intentar minimizar la cuestión. El silencio del macrismo podría estar incubando el estallido de una crisis profunda en el partido amarillo. Es que los coletazos de las denuncias pronto se harían sentir en distintos campos. Por ejemplo, está el tema de una deuda de 315 millones de pesos que Emprendimientos Rivadavia tendría con el Banco Ciudad.

La probable crisis interna del PRO como consecuencia del destape del enriquecimiento ilícito de Ritondo, objetivamente tiene un sólo beneficiario y es Javier Milei.

El escándalo, a medida que vaya creciendo, como es inevitable, debilitaría cada vez más la capacidad del PRO para negociar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Apostar a que el tema se apagará con el correr de los días sería una aspiración trasnochada, ya que cada vez habría más información y todo se agravaría.

Es obvio que el juez Federal Sebastián Ramos -ligado al PRO- y el fiscal Eduardo Taiano parecen no tener mayor interés en activar la causa, lo que, de continuar, los colocaría en una posición difícil de sostener.

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