Por Carlos Tórtora.-

Después de los escándalos -que recién se inician- de Edgardo Kueider, Cristian Ritondo y del tratamiento del proyecto de ley de Ficha Limpia, el gobierno paralizó la agenda legislativa y ya no habla de la convocatoria a sesiones extraordinarias. El presidente está jaqueado porque no sabría si puede renovar su acuerdo con UxP para votar la eliminación de las PASO y así liquidar electoralmente al PRO. Ahora en la Rosada hay serios temores de que Mauricio Macri, ya totalmente desesperado, tire del mantel y use la caja de repercusión del Congreso para ensuciar cada vez más a La Libertad Avanza.

En realidad, Milei estaría tratando de ganar tiempo hasta la asunción de Donald Trump el 20 de enero. Confiaría que enseguida pueda conseguir algún gesto de la nueva administración que le facilite la negociación con el FMI. Por eso es que se especula con que las extraordinarias podrían convocarse recién para febrero.

De ser así, durante las próximas semanas el devenir de los escándalos de corrupción de Kueider y Ritondo pasarían fundamentalmente por lo que hagan los jueces federales que llevan las causas. En este campo contrasta la hiperactividad de la Jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, que ya pidió la extradición de Kueider y su secretaria, con la pasividad del juez federal Sebastián Ramos, que todavía no citó a declarar a Romina Aldana Diago, la esposa de Ritondo, para indagarla sobre el origen de los fondos de las numerosas propiedades que comprara con sus sociedades offshore.

Todo esto sin contar con que el gobierno sigue sin aclarar la situación de dos altos funcionarios del área de recaudación, Juan Pazo y Andrés Vázquez, también detectados con inmuebles sin declarar en Miami.

Ante todo, el control de la opinión pública

Una de las preocupaciones del oficialismo es seguir manteniendo la imagen de que cuando menos la mitad de la población tiene expectativas económicas positivas, pese a que la economía real sigue sumergida en una consistente recesión. Aunque el tema no escala en los medios, se extiende la suspicacia acerca del 2,4% de inflación que el INDEC difundió para noviembre, cuando el IPC de la Capital dio 3,2%. Nada menos que 8 décimas más.

En la construcción de una imagen ganadora a cualquier precio, el gobierno no ahorra esfuerzos.

Mediante la Decisión Administrativa 1029/2024, el Ejecutivo contrató los servicios de nada menos que 17 encuestadoras por un costo que supera los 190 millones de pesos. Entre los beneficiarios están 2R Consultoría, Núcleo Marketing, Isonomía Consultores, The Power of Data, Aurelio, Analía del Franco, Gustavo Córdoba, Opinaia, Demos, Tinargen y Barda Comunicación. O sea que, mediante jugosos contratos, el oficialismo se propone moldear la opinión pública a su gusto, controlando una buena parte del mercado de las encuestas, ya que los beneficiarios de los contratos serían indulgentes con la Casa Rosada. Una verdadera muestra de conducta antiliberal por parte de un presidente que se jacta de repudiar la intervención del Estado.

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