Por Hernán Andrés Kruse.-

La semana pasada el Ministerio de Salud anunció el cierre del Hospital Bonaparte, una institución dedicada al tratamiento de la salud mental. Según las autoridades nacionales dicho nosocomio cuenta con una muy baja ocupación, lo que fue desmentido rotundamente por los trabajadores del hospital, quienes aseguran que los pacientes superan el millar y que son atendidos por 500 profesionales. Según fuentes oficiales el hospital Bonaparte cuenta con un presupuesto anual de 16.800 millones de pesos. Sin embargo, mantiene “una ocupación promedio de solo 30 pacientes y una tasa de internación que oscila entre 16 y 19 personas”. Estos números, afirman esas fuentes, no justifica el mantenimiento de un hospital de semejante magnitud. Los consternados trabajadores del nosocomio recibieron el inmediato respaldo de ATE, cuyo titular, Rodolfo Aguiar, expresó: “La desidia y la incompetencia del gobierno en materia de salud alarma, pero esta decisión de cerrar hospitales genera una escalada del conflicto dentro del Estado. Las medidas de fuerza comenzarán a ser más duras y esto ocurre por exclusiva responsabilidad el Poder Ejecutivo” (fuente: Infobae, 4/10/024).

En las últimas horas el Ministerio de Salud afirmó que no se cerrará el nosocomio, pero que será reestructurado. Dijo la viceministra de Salud, Cecilia Loccisano: “Llegamos a esta decisión por varias cuestiones. La primera, un informe de la SIGEN que detectó dos situaciones críticas: una tiene que ver con el incumplimiento de la Ley de Salud Mental y el otro con el incumplimiento de la Ley de Protección de los Derechos de los Pacientes”. Según la funcionaria hay “pacientes con tratamientos médicos prescritos sin intervención médica documentada”, es decir, sin la firma del médico que prescribió el tratamiento. Además, “no se custodiaban los datos de los pacientes. Las historias clínicas presentaban muchas deficiencias”. A pesar de la aclaración de la funcionaria sobre el futuro del hospital, Aguiar aseguró que, hasta tener una respuesta oficial sobre el no cierre del nosocomio, ATE continuará con las medidas de fuerza (fuente: Andrés Klipphan, Infobae, 8/10/024).

Este lamentable episodio no hace más que confirmar el desprecio del presidente de la nación por la salud pública. Para Milei el derecho a la salud es una entelequia, un gasto absolutamente superfluo e innecesario que, por ende, atenta contra el déficit O. Buceando en Google me encontré con un ensayo de María Graciela De Ortúzar y Alejandro Médici titulado “El “derecho a la salud” como derecho humano: Abordaje conceptual transdisciplinar” (Investigaciones Socio-jurídicas Contemporáneas-La Plata: Malisia-2019). Emerge en toda su magnitud la relevancia del derecho que Milei pretende conculcar. Por razones de espacio transcribiré aquellas partes del paper que me parecen más interesantes.

INTRODUCCIÓN

“En el momento presente es usual escuchar, en los discursos de expertos o funcionarios públicos nacionales e internacionales, sobre la necesidad de una mirada transdisciplinar e integral en salud para el abordaje de los problemas que plantea nuestra sociedad compleja. Sin embargo, la comprensión de lo transdisciplinario parece estar vedada por la cerrada división de especialidades a partir de la segmentación de las ciencias. Si bien se fomenta en el discurso la transdisciplinariedad y la interdisciplinariedad, en términos generales las evaluaciones de investigaciones, publicaciones y seminarios en las mismas Universidades Nacionales, Maestrías, Centros de Investigación y Revistas de Argentina exigen una mirada focalizada en cada disciplina específica. Así, el diálogo entre las disciplinas y la ampliación del universo conceptual y metodológico, se ven impedidos por la exigencia del recitado de “mantras” teóricos y estadísticas, con evaluaciones verticalistas y arbitrarias. Todo pensamiento que utilice metodologías, conceptos y enfoques que promuevan nuevos marcos teóricos interdisciplinarios y/o transdisciplinarios, son excluidos por no encuadrar en las grillas de evaluación pre-establecidas. El sistema científico incentiva a reproducir más de lo mismo.

Dicho esto, también es importante reconocer que comienzan a soplar vientos de cambio en nuestras Universidades Públicas, tanto en lo transdisciplinario y como en lo intercultural. Prueba de ello es la existencia de este mismo proyecto transdisciplinar de doble radicación titulado Bioética y derecho a la salud: análisis de la definición de salud/enfermedad y sus implicancias en las prioridades de salud en nuestra sociedad compleja (interculturalidad, violencia de género, diversidad funcional, epigenética y determinantes sociales”, e integrado por profesionales de diversas disciplinas (filosofía, derecho, psicología, sociología, ciencias de la educación). En dicho contexto, el desafío del presente trabajo es indagar, desde una mirada teórica transdisciplinaria, sobre el derecho a la salud a la luz de las demandas sociales actuales en nuestro país. Se trata de reconceptualizar el derecho a la salud desde una dimensión cultural e intercultural, comprendiendo las dimensiones históricas de este derecho, y explorando la potencialidad de la asunción del carácter pluricultural y las formas de participación democrática intercultural para lograr una relación de complementariedad mutua entre políticas públicas y perspectivas culturales acerca del derecho a la salud.

Para ello, analizaremos conceptos tales como “salud”, “equidad en salud”, “acceso universal”, y “derecho a la salud”. Es importante destacar que estos conceptos poseen fuertes implicancias al delinear políticas sanitarias que hacen al ejercicio del derecho a la salud. En aras de alcanzar mayor claridad, distinguiremos diferentes niveles de estudio, esclareciendo: (I) de qué hablamos cuando hablamos de salud (implicancias de la definición de salud en la determinación de criterios de acceso y cobertura); y (II) de qué hablamos cuando hablamos de derecho a la salud y justicia en salud (dimensiones de la justicia). En este punto será necesario problematizar el concepto de equidad en salud, considerando las discusiones históricas en el interior de las teorías de justicia en salud (justicia distributiva; justicia reconocimiento; justicia epistémica), y evaluando su aplicación a nuestras necesidades sociales. Su esclarecimiento no es un tema menor, sino clave para determinar en qué medida la concepción del derecho a la salud, vigente en nuestro país, responde a las demandas de nuestra sociedad compleja, o contribuye a generar una importante deuda social”.

ANÁLISIS DEL MARCO TEÓRICO

¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS DE SALUD?

“El concepto de “salud”, como así también los conceptos de “equidad” y “derecho a la salud” no son conceptos unívocos. Existen variadas definiciones de salud y diferentes enfoques para aproximarnos a conceptualizar el derecho a la salud, lo cual implica que no siempre nos refiramos al derecho a la salud en el mismo sentido desde diferentes disciplinas. El desafío que se plantea, en esta primera parte, es integrar estas visiones a través de un enfoque transdisciplinar, con el objetivo de justificar una mirada integral de salud basada en derechos humanos y acorde a las necesidades de nuestra sociedad compleja.

La historia de la definición de salud/enfermedad nos remonta, en primer lugar, a la concepción naturalista/biológica. Uno de sus representantes principales, Boorse, considera a la enfermedad como la desviación de la normalidad natural en el funcionamiento de la especie. Esta concepción biológica de salud/enfermedad prevalece en la formación del profesional y en la práctica sanitaria hasta nuestros días. En torno a tal modelo biomédico se ha dado un fuerte desarrollo de la industria de la salud, con centro en los países desarrollados e influencia en los periféricos. Otra consecuencia notable ha sido la división del saber médico en especialidades, cada una con sus respectivos avances técnico-científicos, que ha dado lugar a la profesionalización corporativa. Asistimos al aumento exponencial de enfermedades (disease mongering). Estas nuevas clasificaciones de enfermedades originan problemas éticos, psicosociales, y legales (estigmatización, etnocentrismo, mercantilización), olvidando las prioridades de nuestra sociedad compleja y favoreciendo al mercado de salud. Nos encontramos, entonces, con un impresionante desarrollo tecnológico en el ámbito médico, a la vez que somos conscientes de los límites del enfoque biologicista.

Las nuevas tecnologías han vuelto menos transparente la idea de normalidad. Por ejemplo, en medicina reproductiva el ciclo de vida activo es cuestionado dado que es posible que mujeres post-menopáusicas puedan tener hijos entre los 50 y los 65 años. Asimismo, surgen una serie de limitaciones al aplicar el criterio de normalidad natural a las necesidades psicosociales en salud mental. Las necesidades psicosociales no se reducen a necesidades biológicas, ejerciendo el poder médico en la salud de mujeres. Otro tanto ocurre con reducir las capacidades diversas a lo anormal, sin considerar que el no actuar oportunamente sobre el entorno social y el no promover la integración social puede generar la misma discapacidad. Por otra parte, la medicina predictiva, centrada en el perfil individual, crea nuevas enfermedades genéticas y el mismo estatus de portador, las cuáles no siempre se condicen con los avances de las investigaciones en el terreno de la epigenética.

La ausencia de una definición clara de salud/enfermedad también ha tenido consecuencias en cuanto al compromiso de los países para garantizar algunos derechos. Por ejemplo, la definición de la OMS de salud como bienestar, a pesar de sus virtudes en la ampliación de la concepción política de salud positiva, tuvo como debilidad no brindar criterios claros de evaluación del bienestar, lo cual posibilitó también una cascada de definiciones corporativas sobre enfermedad. En un claro avance sobre la concepción de la salud, los debates teóricos y políticos de los últimos cuarenta años giran en torno a repensar la salud en relación a los determinantes sociales, mostrando desde la epidemiología cómo las desigualdades sociales generan desigualdades en salud. Esta concepción nos lleva a ampliar el concepto de salud (salud social o colectiva) y a estudiar no sólo a los individuos y a sus agentes patógenos, sino también los factores o determinantes psicosociales.

Fenómenos como el estrés crónico, producto de los enormes cambios en el ambiente en el que vivimos, muestran la ineficiencia de un modelo médico biológico concentrado en los síntomas corporales, que prescinde de abordar los vínculos de las enfermedades con el medioambiente y los factores psicosociales y productivos. En este sentido, el mayor conocimiento que se tiene de la influencia de los factores psicosociales en la salud, ha permitido no sólo mostrar las limitaciones del modelo biomédico dominante, sino también dejar en claro que la política sanitaria no puede reducirse a la simple asistencia sanitaria (la atención de la salud no se reduce a la atención hospitalaria). Desde la medicina social latinoamericana, pensar la salud implica reconstruir la relación que se plantea entre el individuo y el medio ambiente en el sistema productivo. Pensar la salud no es pensar a la salud/enfermedad como un estado, sino como un proceso enmarcado en modos de producción sanos/insanos y relaciones sociales armónicas o no con la naturaleza.

Frente a dicho esquema de problemas complejos, entretejidos, no basta con responsabilizar al individuo por su enfermedad. Es necesario actuar en el entorno social, desde el Estado, organizaciones y movimientos sociales, reconociendo la responsabilidad ética y política frente a la salud y la ampliación de derechos económicos, sociales y culturales. En concordancia con este enfoque se encuentra la incorporación del “buen vivir” (Sumak Kawsay) en las constituciones de dos países: Bolivia y Ecuador. Este derecho permite distinguir los determinantes eco-sociales que afectan la salud de los pueblos originarios y comunidades tradicionales por el avance de los procesos de urbanización no planificada, ni participativa; el desplazamiento de la frontera agropecuaria, en general, la afectación de los equilibrios y resiliencias eco-sistémicos que generan bienes socioambientales a los que está vinculada la noción de salud que tienen dichas comunidades y pueblos, así como en general la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones afectadas. En este contexto, el Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina define a la salud campesina, indígena, como la defensa de la vida y del buen vivir, es estar organizados, luchar por nuestros derechos, producir alimentos sanos, cuidar el monte, la madre tierra y valorar nuestros saberes ancestrales.

A modo de síntesis, consideramos que la salud es un término relacional y multidimensional, definido en un proceso histórico y contextual determinado, donde entran en conflicto lo individual y lo social en un entramado complejo de relaciones legales, económicas, psicosociales y culturales. La salud pone en escena la vida y la subjetividad en el sentido social y singular, la cuestión del Estado y políticas sociales, las categorías de género o de pertenencia cultural-étnica, las problemáticas de la subjetividad, los debates sobre crisis y nuevos paradigmas en el campo del conocimiento científico, así como nuevos objetos complejos como la violencia. Esta concepción amplia y relacional de salud-que incorpora las categorías de género, etnia, cultura, diversidad, clase social, determinantes sociales, entre otras-; exige también repensar el derecho a la salud, la equidad/justicia en salud, en sus nuevas dimensiones”.

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