Por Mauricio Ortín.-

Existen pocas dudas acerca de que, aunque aparenten   un proceso legal, los juicios por crímenes de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina constituyen una violación de los derechos humanos de los acusados. No sería la primera vez que un Estado abusara del inmenso poder que dispone para enmascarar persecuciones políticas con visos formales. Los regímenes comunistas han descollado como ningún otro en este arte del simulacro de justicia. De allí que, hechos singulares como “los juicios de Moscú” o el juicio al general Arnaldo Ochoa han devenido en modelos universales de este tipo de infamia. En este sentido la Argentina ha hecho méritos más que suficientes para reclamar el reconocimiento internacional a su propio modelo, el cual se distingue de cualquier otro conocido por la originalidad de violar los derechos humanos en nombre y por medio de una “política de Estado de Derechos Humanos” consensuada por los tres poderes de la Nación, La mencionada “política de Estado”, sin perjuicio de muchos otros, se evidencia en la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia debida por los legisladores de ambas cámaras; la abolición (de hecho) del Principio de Legalidad, por la Corte Suprema de Justicia; y en la   actitudes del Poder Ejecutivo   que se presenta como el querellante que despliega una gigantesca campaña de demonización de los acusados con fondos públicos. Hay que agregar que un simple testimonio en contra se considera suficiente para condenar a perpetua. Además, los jueces impiden a la defensa interrogar sobre sus responsabilidades en crímenes terroristas a los testigos de cargo. Sostienen que ello implicaría “revictimizar” al “testigo-víctima” frente al victimario (acusado). Ahora bien, la calidad de “víctima” debería poder adquirirse, solamente, luego de dictada la sentencia que establece la culpabilidad del que, hasta ahí, era el supuesto victimario. Llamar víctima al denunciante es, lisa y llanamente, prejuzgar y no respetar el principio de inocencia. Otro disparate de calibre semejante y que los tribunales respetan a rajatabla es el que da por hecho que la palabra del testigo de cargo tiene un plus de credibilidad a favor sobre la del acusado. Semejante despropósito dícese se funda en la figura del “testigo necesario”, según la cual, dado el tiempo transcurrido de los hechos, el ámbito de clandestinidad en que se desarrollaron y la necesidad de conocer la verdad de tales hechos, el “testigo necesario” dice la verdad. Más decoroso y menos esperpéntico hubiese sido decretar que, en casos de colisión y duda entre los dichos de un terrorista subversivo y un soldado del Ejército Argentino, el primero dice la verdad. Que estas cosas sucedan a la vista de todos y que como respuesta reciban en el mejor de los casos, la indiferencia, habla del grado de decadencia moral que afecta a los argentinos. Ni Lilita Carrió, ni Jorge Lanata, ni Nelson Castro, ni Mirtha Legrand, ni personaje alguno de la Iglesia católica se han hecho eco del estrago más grave y urgente que vive la sociedad argentina. Porque nada más grave que la injusticia, presentándosela como justicia, sea tolerada y hasta aplaudida.

El cambio de gobierno abrió una esperanza de restañar la profunda herida al Estado de Derecho. Mauricio Macri conformó su gabinete hombres del ámbito empresario   y resolvió en pocos días añejas cuestiones pendientes con el mundo que llevaban doce años o más de antigüedad (un gabinete de CEOs es incomparablemente mejor que una banda de ladrones en el gabinete). Sin embargo e incomprensiblemente, el presidente Macri se hizo cargo de la nefasta política de “Derechos Humanos” del kirchnerismo y sus cómplices. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que los juicios iban a seguir, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, que el Poder Ejecutivo seguirá siendo querellante; y, para no ser menos, la gobernadora Vidal anunció que su gobierno también será querellante en los juicios que se sustancien en la provincia de Buenos Aires. Así, por ejemplo, el brigadier Grafigna, de noventa años y preso por el “valiente” juez Rafecas, deberá pelear contra el aparato mediático y jurídico de los Estados nacional y provincial juntos. No tengo la menor duda de cuál será el resultado ¿Qué necesidad tiene Vidal de sumarse a la patota para hacer hocicar a este anciano? Algunos analistas sostienen que, en medio de la tormenta, Macri no quiere abrir otro frente de guerra con Bonafini, Carlotto, Pérez Esquivel y compañía. Es un error, ese frente nunca se cerró y la estrategia defensiva de Macri es contraproducente. Pero peor todavía serán las consecuencias personales de su defección. Tiempo al tiempo y las cosas cambian. Si las cosas avanzan en el sentido en que la ex jueza Marcotullio y Alberto Solanet advierten, cuando los argentinos recuperemos la justicia, Macri, Avruj, Peña y Vidal deberán acompañar al kirchnerismo a rendir cuentas por la comisión de crímenes de lesa humanidad.

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