Por Carlos Tórtora.-

Para frenar la difusión de más audios de Diego Spagnuolo y Karina Milei, el gobierno echó mano en las últimas horas a una variada gama de recursos que habría incluido negociaciones secretas, presiones, incentivos económicos y operaciones de inteligencia. El esfuerzo dio su frutos: antes de que se vote el domingo no habría nuevos capítulos del Karinagate y durante el lunes y el martes la corrupción le cedería el primer plano al recuento de votos y la distribución de bancas obtenidas por cada fuerza política.

Pero lo mas probable es que la semana que viene la realidad obligue a que se reinstale la corrupción en el centro de la agenda pública. La actual escalada de denuncias, por la velocidad con que se están dando, es inédita en la historia argentina. Hasta hace un mes estábamos con un gobierno sospechado por el caso $LIBRA y no mucho más. Ahora, el Karinagate se expande a las compras de medicamentos no sólo a través de la ANDIS sino del IOSFA para las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Seguridad para las fuerzas policiales, así como la compra a precios escandalosos de lentes intraoculares para el PAMI, la contratación de la empresa de seguridad de los Menem, Tech Security, por el Banco Nación, la adjudicación por Luis Caputo a su primo Nicky de la licitación para construir las pilas gigantes para cubrir el déficit energético, con un aumento del 200 por ciento que se volcará sobre las tarifas que paguen los usuarios.

Esta lista incompleta también debería incluir otras formas de corrupción. Por ejemplo, la negativa del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, a suministrar a la Auditoría General de la Nación la información acerca de dónde están depositadas las reservas en oro y cuáles son la operaciones financieras que se están realizando con las mismas. Y el silencio que hasta ahora mantiene Luis Caputo ante el requerimiento del Juez Federal de Dolores Martín Baba para que informe los términos del acuerdo celebrado con el FMI.

Un sistema planificado

Afirmar ligeramente que semejante ola de corrupción se debe a la conducta delictiva del clan Menem o de Karina Milei, sería subestimar la magnitud del problema. Lo que empieza a salir a luz es un plan sistemático de enriquecimiento ilícito que se está llevando adelante en todas las áreas del Estado desde diciembre del 2023.

El plan consiste fundamentalmente en la compra de insumos y la contratación de servicios con importantes sobreprecios y generalmente obviando los procedimientos licitatorios para aplicar compras directas

La extrema facilidad con que el plan se aplicó se debe en parte a que Javier Milei creó condiciones excepcionales para que esto ocurra. Para empezar, impuso en la opinión pública la idea de que, como el Estado es el mal supremo, los controles de la administración pública para evitar fraudes al Estado son superfluos e inútiles. Para complementar esto, el presidente denigró sistemáticamente al Congreso, para anular sus facultades de controlar las contrataciones de la administración. En consonancia, se pasó a gobernar sin un presupuesto sancionado por el Congreso, convirtiéndose el gasto público en un festival de discrecionalidad y descontrol.

Siguiendo con la destrucción de los mecanismos de control institucionales, se dictaron numerosos DNUs inconstitucionales o de dudosa constitucionalidad que le dieron al Ejecutivo poderes supremos, lo que incluye la delegación legislativa por un año. Así fue que, mientras se blandía la motosierra como bandera de la revolución libertaria, se aumentaba el gasto público en forma descomunal mediante el pago de enormes sobreprecios.

Ahora este sistema de corrupción empieza a hacerse visible y, con o sin audios, sólo dos factores podrían impedir una crisis institucional: que LLA gane las elecciones del domingo y del 26 de octubre y que la crisis cambiaria no se agrave. Como están las cosas, lo que ocurra con el primer factor arrastrará al segundo.

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