Por Carlos Tórtora.-

La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado realizada ayer para destrabar la sanción del proyecto de Reforma Laboral fue tan gris como se esperaba. Patricia Bullrich pudo constatar lo obvio, que siguen faltando unos cuantos votos para que salga la ley. Varios senadores aliados pidieron que se tratara primero el proyecto de Ficha Limpia y, después de un debate, breve se decidió pasar a un cuarto intermedio sin fecha de reanudación. En síntesis, muy poco avance y la sensación de que el gobierno está actuando con cierta prudencia pero que todavía se niega a resignarse a que solo podría negociar lo mínimo, es decir la suspensión de las PASO.

En este contexto habría que valorar lo implícito. Si todo va a terminar en una ley de cuatro artículos como la 27783 que el año pasado suspendió las PASO, al gobierno le sobra tiempo para maniobrar. Pero para tratar punto por punto un proyecto de 79 artículos, ya podría ser incluso tarde. Esto hace pensar que el gobierno sí está resignado a que su techo es la suspensión.

Una reforma desprestigiada

El proyecto de reforma electoral llegó a una instancia definitoria en el Senado envuelto en un clima de descrédito y sospechas. Para empezar, su capítulo central, la derogación de las PASO, se convirtió en la llave de la reelección de Javier Milei, por lo cual ya poco importan las demás reformas antidemocráticas del proyecto: lo que en realidad se está discutiendo son los cuatro años más de Milei.

A todo esto, dos semanas atrás, la fundación Eforo dio a conocer un estudio que destruyó el principal argumento del gobierno contra las PASO, su alto costo. El trabajo analiza los números y comprueba que las elecciones del 2025, sin PASO, tuvieron un costo inferior sólo en un 3% con relación a las del 2023, que sí tuvieron PASO.

La logística del Correo Argentino absorbió gran parte del ahorro y alcanzó los 225 millones de pesos.

El tercer factor nuevo es que la Cámara Nacional Electoral le advirtió al Congreso, a través de la acordada 55, que la reforma electoral debe estar sancionada entre tres y seis meses antes de que se inicie el calendario electoral, conforme lo establecen las reglas de la OEA. Habrá que ver qué actos de la justicia considera la Cámara que inician el cronograma electoral, pero tendrían que estar entre febrero y marzo. O sea que al Congreso, como mucho, le quedarían 60 días.

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